viernes, 21 de enero de 2011

EL PINGANILLO

Como otros muchos inventos, que pretenden hacer más cómoda la vida y las relaciones humanas, los intercomunicadores, coloquialmente conocidos como “pinganillos”, tienen como finalidad, entre otros usos, posibilitar -con un sistema de traducción simultánea- el entendimiento inmediato entre personas que hablan diferentes lenguas. Para eso –y no para otra cosa- en cualquier foro internacional se hace necesario usarlos. Todo el mundo, con un mínimo sentido común, entiende que, quienes los utilizan no comprenden la lengua del orador al que están escuchando y que, quienes no los utilizan le entienden perfectamente, bien por compartir lengua natural con él, bien por haberla adquirido mediante el aprendizaje. Pues bien, esta obviedad para cualquier mortal no lo es para nuestros senadores, quienes, elevados a la quintaesencia de lo absurdo, han decidido inundar el Senado de “pinganillos” para poder entenderse entre ellos cuando todo el mundo sabe –menos ellos, por lo visto- que todos, absolutamente todos, comparten una lengua común -no aprendida, sino natural-, el español, aunque algunos de ellos tengan la ventaja añadida de ser bilingües.
            ¿Qué pensaríamos al cruzarnos con una persona sana que lleva un marcapasos? La respuesta es obvia: que está loco o que es un farsante. Salvando las distancias, es lo que se nos viene a la mente si un senador se coloca el pinganillo cuando le están hablando en una de sus lenguas, que entiende perfectamente. Incluso llegaríamos a pensar que se ha vuelto loco de remate –o está representando una magnífica farsa- si al hablarle en español se coloca el pinganillo para oír, por ejemplo, el discurso en catalán y, acto seguido, cuando, por ejemplo, le hablan en gallego se coloca el pinganillo para oír el discurso en español, que no en catalán. Es precisamente lo que hacen nuestros altos representantes, ya que los citados pinganillos sólo tienen traducción del español al resto de lenguas españolas y viceversa, pero no entre éstas. Como es evidente que nuestros senadores no están locos, al menos de momento, sólo cabe pensar que están representando una farsa innecesaria, arropada, eso sí, con absurdos argumentos de política lingüística, que nada tienen que ver con la defensa de las otras lenguas hispanas. Ni siquiera el de que cada cual se exprese en su lengua materna, ya que tan materna de los españoles es el castellano, que todos conocen y utilizan, como el resto de lenguas territoriales que algunos españoles tienen. Menos mal que, al menos de momento, han tenido el acierto –seguramente por razones económicas- de no convertir todo el Senado en el Sancta Santorum de esta Farsa, reservando la representación de la tragicomedia sólo a las mociones, y excluyendo del elenco de actores a los miembros del gobierno.
            En todo caso el asunto de los pinganillos podríamos tomarlo hasta como una chirigota más si el espectáculo nos resultara gratis a los españoles. Pero no es así, cada sesión de pinganillos nos cuesta al parecer unos doce mil euros (el sueldo anual de un mileurista) con lo que, según las sesiones anuales en que se prevé utilizar los pinganillos, el innecesario gasto será de unos 360.000 euros, cantidad que el mismísimo Manuel Chaves, probablemente acostumbrado a cantidades mucho más grandes, califica de “gasto ínfimo”, olvidando que para conseguir ese dinero tienen que trabajar durante un año –si es que encuentran trabajo- nada más y nada menos que trescientas sesenta personas para poder mantener a sus familias. Es la evidencia del irrealismo en que se mueve nuestra clase política y su falta de sensibilidad social.
            Flaco favor le hacen al propio Senado -institución actualmente innecesaria con aspiración de convertirse en cámara territorial- quienes entienden su configuración final como un absurdo foro del desencuentro lingüístico-cultural, iniciando el camino con medidas como las del pinganillo, parcialmente utilizadas ahora para extenderlas después a la totalidad de sus sesiones. ¿Cuánto costaría la broma? Seguramente una cantidad no tan ínfima que, en todo caso, sería inaceptable en una economía en crisis, haciendo el proyecto inviable, especialmente por su innecesariedad, y provocando una progresiva desafección popular hacia la propia institución, tal como viene sucediendo ya con otras instituciones del estado, necesitadas de una urgente renovación para poder hacer viable su propio futuro. Este debiera ser el verdadero papel del Senado como cámara territorial. Un foro de encuentro en el que las diferentes autonomías pusieran el acento en todo lo que les une, para beneficio de todos, y no en lo poco que les separa, para beneficio de nadie. Precisamente entre todo lo que les une está en lugar muy destacado el idioma español, hablado como primera lengua en más de veinte países y, en otros, como segunda o tercera, al extremo de que más de quinientos millones de personas pueden comunicarse entre sí sin necesidad de recurrir al pinganillo. ¡Qué pena que nuestros senadores no quieran hacerlo y nos obliguen a asumir un gasto innecesario por ínfimo que sea!
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 14 de enero de 2011

¿PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIAL...O EFICACIA?


¿PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIAL O EFICACIA?
                   En el dislocado y variopinto escaparate de ocurrencias al que el Gobierno de Zapatero nos tiene acostumbrados, el tercero de sus vicepresidentes, el Sr. Chaves, acaba de colocar la enésima, que no la última, consistente en que una parte del salario de los funcionarios se calcule evaluando la productividad de su trabajo. Al instante, el flamante ministro de trabajo, el Sr. Gómez, dice desconocer tal propuesta, aunque esto ya no sorprende a nadie; demuestra, una vez más, la magnífica coordinación que caracteriza al Gobierno. Lo sorprendente es que sigan empecinados en anunciar de forma espontánea, según se le ocurre a cada cual, una serie de medidas, que no han sido previamente evaluadas y, a la postre, sólo valen para crear mayores incertidumbres en los que supuestamente habrán de soportarlas, muy especialmente si, como es el caso, se presumen de muy difícil aplicación.
          La productividad es la relación entre la producción final -de bienes y servicios- y los factores productivos que se utilizan para producirlos, entre los que está el trabajo, pero no es el único factor (primera dificultad para calcular la productividad salvo que el resto de factores sean idénticos para todos los trabajadores), de ahí que, generalmente, al hablar de productividad nos referimos a la generada por el factor trabajo basándonos en una serie de indicadores como puede ser la producción real de cada trabajador, la que realiza en un tiempo determinado, etc. Sin embargo, medir la producción resulta relativamente fácil en el sector primario y secundario –productores de bienes-, pero es más complicado calcularla en muchos grupos del sector terciario –productores de servicios-, donde están encuadrados los funcionarios. En roman paladino: es fácil calcular las barras de pan que fabrica un panadero, pero difícil medir la educación que un profesor imparte a sus alumnos (segunda dificultad para medir la productividad en este sector por lo difícil que resulta calcular la producción del trabajador). Incluso así, ya no es tan fácil, ni siquiera para el sector primario o secundario, calcular la productividad ya que, para ello, se ha de tener en cuenta el rendimiento total de la actividad productiva de los demás factores y no sólo los del trabajo –no es igual fabricar pan de forma artesanal que con máquinas supermodernas en que el factor “capital” juega un importante papel-, lo que,  para gran parte del sector terciario, se traduce no en dificultad sino casi en imposibilidad de calcularla. Ello, sin añadir, las específicas normativas a las que los funcionarios están sujetos según los distintos grupos de nivel funcionarial, ni los complejos componentes de sus salarios a base de una serie de complementos específicos, de destino, etc. Así las cosas, la propuesta de Chaves, a priori, consistiría en añadir una nueva variable en el componente salarial  del funcionario como resultante de calcular lo incalculable, salvo que entienda que mejorar la productividad consiste, por ejemplo, en que cada policía ponga diariamente un mayor número de multas, que cada médico atienda a más enfermos en el mismo tiempo, o, que cada profesor imparta clases en un aula abarrotada de alumnos. Si es así, que nada tiene que ver con la productividad, conseguiría cierto ahorro ya que menos funcionarios prestarían servicios a mayor número de personas -¡qué buena propuesta para reducir el gasto!-, pero a costa de que dichos servicios empeoraran sustancialmente como es obvio. Y, si sigue siendo así, ¿por qué no piensa en la productividad de su tercera vicepresidencia o en la de algunos ministerios? ¿por qué no en la productividad de la caterva de asesores de los diferentes despachos, desde el menor cargo político hasta la del Presidente del Gobierno?. Perdón, me olvidaba de que la productividad de los cargos políticos y asesores a dedo es muy difícil de calcular, prácticamente imposible.
          Como no me cabe duda de la buena intención del Sr. Chaves, seguramente es que confunde productividad con eficacia, que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera; en este caso, el de prestar buenos servicios públicos. Si es así, comparto con él el deseo de hacerlos más eficaces, especialmente los que tienen peores resultados, como educación, justicia o seguridad ciudadana. Pero la causa principal de la actual ineficacia no está en la supuesta baja productividad del trabajo del funcionario, a quien la Administración debe exigirle, en todo caso, el cumplimiento de la función encomendada y, para ello, tiene suficientes mecanismos si es que no la cumple; más bien está en otros ámbitos -legislativos, inversiones, etc- que le garanticen condiciones de trabajo adecuadas. Dicho de nuevo en roman paladino, no puede ser eficaz, por ejemplo, dar clases en barracones y aulas prefabricadas, carecer de mecanismo para erradicar el alto absentismo o la dejadez de muchos padres para que sus hijos hagan las tareas, etc, juzgar en los juzgados con pasillos repletos de expedientes por falta de personal y de medios, o velar por la seguridad ciudadana desde un autobús porque no funcionan los vehículos policiales y nadie los repara. Miles de ejemplos que demuestran las principales causas de la ineficacia de determinados servicios públicos, en que los funcionarios que los prestan, en circunstancias precarias y con muy poca cobertura legal de autoridad, han de trabajar soportando insultos y vejaciones, cuando no agresiones físicas, de demasiados usuarios, quienes son conscientes de que, con un poco de suerte, encontrarán cierto amparo legal a sus propias irresponsabilidades. Si lo que quiere Chaves es mejorar la eficacia de los servicios públicos ya sabe por donde van los tiros. . . Otra cuestión es que yo me equivoque y no sea esto lo que quiere el tercero de los vicepresidentes de ZP.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

LEY ANTITABACO, DEMAGÓGICO CONTRASENTIDO


LEY ANTITABACO, DEMAGÓGICO CONTRASENTIDO
            Vaya por delante que el tabaco “perjudica gravemente su salud y la de los que están a su alrededor”, lo que hace necesario, como mínimo, proteger a los no fumadores y no someterles a ser “fumadores pasivos”, cuando, obligatoria o voluntariamente, comparten un espacio cerrado con los fumadores. El sentido común nos dice por tanto que hay que legislar para evitar que haya espacios compartidos por ambos grupos –si lo que se pretende es proteger la salud de los no fumadores- o prohibir la venta y consumo del tabaco –si lo que se pretende es proteger la salud de todos-. Ya la ley anterior optó por lo primero y, con más o menos acierto, prohibió fumar en los lugares públicos de obligada asistencia (hospitales, centros educativos, de trabajo, etc) y obligó a los de asistencia voluntaria de más de cien metros cuadrados (restaurantes, bares y demás recintos de ocio) a crear zonas separadas para fumadores y no fumadores, lo que supuso, en este caso, grandes inversiones para adecuar los citados locales. Dicha ley, al aceptar como legal la práctica de fumar, delimitaba con buen criterio dichos espacios y respetaba la lógica libertad individual de fumadores y no fumadores; los primeros no someten a los segundos a respirar el humo de su tabaco (no fumando en los lugares y zonas prohibidas) y éstos mantienen la libertad de asistir y disfrutar de locales de ocio –igual que los fumadores- con la garantía de no tener que compartir un espacio con humo (salvo que voluntariamente así lo quieran). Dicha ley no menoscababa la libertad de nadie, simplemente prohibía fumar en los lugares de obligada convivencia y cuando voluntariamente iba a la zona de no fumadores -prohibición lógica, sensata y comprensible-, dejando a los fumadores espacios correspondientes para hacer uso de una práctica legal sin alterar para nada su vida. No obstante la ley tenía una grave laguna ya que los locales de ocio con superficie reducida, que son la mayoría y especialmente bares, al no poder dividirse, quedaron como zonas habilitadas para fumar, dejando pocos espacios a los no fumadores para disfrutar de ellos sin humo. Precisamente por ello dicha ley no tuvo el resultado esperado, lo que justifica que el gobierno decida hacer una nueva regulación sobre el uso del tabaco, bien con una nueva ley, bien mejorando la anterior. Así, se abre de nuevo la posibilidad de asumir con valentía y trasparencia el reto de proteger a toda la población, haciendo una ley nueva que ilegalice el tabaco y, por lo tanto, prohíba su venta y aísle su consumo al estricto ámbito privado –como se hace con otras drogas-, o también se abre la posibilidad de mantener sólo la protección de los no fumadores, regulando su venta y lugares de consumo.
Pues bien, el gobierno opta de nuevo por proteger sólo a los no fumadores, ya que no ilegaliza el tabaco, pero, en vez de hacer una ley reguladora, hace una ley prohibitiva en la práctica para las personas que legalmente quieren seguir fumando al permitirles hacerlo sólo en el ámbito privado o en plena calle con determinadas restricciones. ¿Acaso no es idéntica en la práctica a la normativa vigente sobre el consumo de otras sustancias prohibidas? Un contrasentido legal que, por un lado es extremadamente restrictivo, y, por otro, habilita miles de puestos nuevos de venta para facilitar su adquisición y, por tanto, su consumo. ¿Por qué no ha ilegalizado el tabaco, prohibiendo su venta, en vez de habilitar miles de lugares más para venderlo y facilitar su consumo, mientras elimina los lugares donde hacerlo? Inexplicable, la única explicación posible es perder la recaudación de los miles de millones que los impuestos del tabaco aportan a las arcas del estado. Esa parece ser la verdadera razón y no la del interés general en pro de la mejora de la salud pública, argumento que esgrime el gobierno demagógicamente para defender su contradictoria ley y, así las cosas, lo más razonable sería dar un paso más y aplicar dicha ley a esas otras sustancias, cuyos consumidores, ahora ilegales, quedan en idénticas condiciones de consumo que los fumadores legales pero sin que el estado se beneficie de ningún tipo recaudatorio.
Para proteger la salud de los no fumadores hubiera bastado con modificar la ley anterior en el sentido de que los locales de pequeña superficie optaran por ser de fumadores o no fumadores, o, simplemente, declarando a todos ellos “de no fumadores” con lo que, al menos, los fumadores podrían hacerlo en los que tienen zona habilitada, como exigía la anterior ley. También es demagógico descartar esto porque obligaría a los trabajadores a inhalar el humo ya que en otros muchos trabajos poco saludables (minería, centrales nucleares, etc), se resuelve con un plus por actividad peligrosa. Cualquier persona, fumador o no fumador –salvo los grupos radicales antitabaco- sabe que se puede proteger a los no fumadores sin eliminar ninguna libertad individual innecesariamente, como es el caso. Así lo hacen muchos países que tienen leyes al respecto y normativas de protección de la salud pública de sus ciudadanos más ambiciosas incluso que las nuestras; pero nosotros, una vez más, nos empeñamos en destacar por ser pionero de lo pintoresco, en definitiva, más papistas que el Papa, y así nos va. Es a lo que ya nos tiene acostumbrados este gobierno en otros muchos casos.
            Para colmo, es curioso que la ley derogada siga siendo válida sólo en cárceles, psiquiátricos y residencias de ancianos. ¿Por qué allí sí se protege a los no fumadores con las zonas habilitadas para fumar? ¿Por qué allí sí se respeta la libertad individual de los fumadores y en los demás lugares de España no? Ya no sólo es inexplicable, sino paranoico. Puede dar lugar a pensar que la población carcelaria, demente y anciana queda fuera de la protección de la salud pública o, viceversa, que es susceptible de mayores cotas de libertad que el resto de los mortales. Según se mire, habrá que valorar muy seriamente los inconvenientes y ventajas que tendremos si nos convertimos en delincuentes o enloquecemos mientras vamos envejeciendo. Ya ven, un ejercicio surrealista.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 13 de enero de 2011

LA CUESTA DE ENERO


LA CUESTA DE ENERO
Ya es tradicional que al finalizar cada año, como es el caso, se generalice la frase “ahora viene la cuesta de enero”. Es la forma popular de manifestar las dificultades económicas que se han de afrontar tras los excesos realizados con motivo de la celebración de las fiestas navideñas y de fin de año. Siendo enero pues un mes difícil, no es menos cierto que también es un mes de esperanza, de nuevos proyectos e ilusiones para realizar en el nuevo año. Psicológicamente, diciembre siempre es pasado, y enero, futuro; atrás queda todo lo malo del año que agoniza y en el horizonte se vislumbra todo lo bueno que se espera del año que comienza. Por ello la “cuesta de enero”, en definitiva, se suele convertir en un trampolín hacia un futuro mejor, en un pequeño bache para saldar los excesos transitorios a los que también tenemos derecho y con propósito de enmienda afrontar un futuro de esperanza. Sin embargo, la cuesta de este enero de 2011, para la inmensa mayoría de los ciudadanos (las minorías acomodadas no entienden de cuestas), se va a convertir en un tremendo terraplén difícil de salvar, después de recorrer todo un año, el 2010, en cuesta permanente de un desnivel cada vez más pronunciado. A casi cinco millones de parados, con escasas perspectivas de encontrar trabajo y agotando el periodo de prestación por desempleo, les quitan hasta la esperanza de prolongar su agonía con la retirada de los subsidios posteriores; a algunos millones más de pensionistas les congelan sus pensiones o no les garantizan su nivel de consumo; a miles de funcionarios les reducen el sueldo; a otros tantos autónomos les cortan las vías de financiación para seguir manteniendo su actividad, corriendo el riesgo de engrosar las filas de los que ya cesaron sin percibir ningún tipo de prestación o subsidio; y, a los millones de trabajadores por cuenta ajena les condenan a trabajar más pero cobrando menos y, encima, dando gracias de que su empresa no cierre o haga un ajuste de plantillas. ¿No conforman entre todos éstos la inmensa mayoría de la población? Además, todo ello, ha de afrontarse en un contexto de subida de impuestos, de encarecimiento de precios, de recortes o eliminación de servicios sociales, de dificultad de las condiciones de jubilación y de suavización de las del despido.
Siendo lo anterior dramático, lo agrava aún más que dichas medidas las tome un gobierno que se dice socialista, generando un plus de desilusión infinita en todos aquellos que, en su día, confiaron en el programa electoral ofertado para conseguir, precisamente, todo lo contrario del resultado obtenido. Un gobierno que, a lo largo de estos años, no ha querido o no ha sabido ver los primeros síntomas de la crisis que se avecinaba y, en consecuencia, no sólo no ha adoptado paulatinamente las medidas necesarias para suavizarla –como han venido haciendo otros gobiernos-, sino que ha preferido prolongar con un discurso fácil –e incluso acrecentarlo- el falso sueño de una realidad idílica que nada tenía que ver con el negro abismo en el que progresivamente muchas gentes iban cayendo. Un gobierno que, finalmente desbordado por la tozuda realidad e impotente para seguir manteniendo su falso discurso, da un giro radical y, de golpe y porrazo, decide transmutar el sueño en una verdadera pesadilla. Ahora resulta que sí hay crisis –negada hasta hace poco-, que los que la anunciaban no son antipatriotas sino realistas, que es muy grave –no sólo una recesión-, que salir de ella será tarde y difícil –cinco años, no el siguiente trimestre-, que la van a pagar los trabajadores –sí a los recortes sociales, no a mantenerlos todos-, y que suben los impuestos y los precios. Un giro global e instantáneo sin asumir la más mínima responsabilidad gubernamental –la responsable es la crisis y los gobiernos anteriores, nunca los de ZP-, ni siquiera la de reconocer sus manifiestos errores en la previsión de los problemas y su tardanza en afrontarlos, yendo a remolque de los acontecimientos y dando bandazos hasta convertir las soluciones en medidas traumáticas.
            Pero, a pesar de todo, lo imperdonable no es lo que el gobierno ha hecho, sino cómo lo ha hecho. No tenía ninguna necesidad, para afrontar la crisis, de matar de repente las ilusiones y esperanzas de tantos millones de ciudadanos; simplemente le hubiera bastado con gobernar día a día con los pies en el suelo, explicando las sucesivas dificultades y tomando las medidas necesarias para ir superándolas. Todos las hubieran entendido, todos las hubieran ido aceptando y la mayoría le seguiría apoyando con más o menos entusiasmo; ahora no se sentirían defraudados y engañados por un gobierno a la deriva en el que ya no confían y al que ya no sienten como suyo. Un gobierno que les ha robado de forma clandestina hasta la tradicional “cuesta de enero” al despojarla de la necesaria dosis de ilusión y esperanza para afrontar las dificultades de los excesos transitorios cometidos, sencillamente porque demasiada gente ni siquiera ha podido permitírselos; su preocupación esencial es cómo conseguir el milagro de llegar a fin de mes en un país que, según el propio gobierno, estaba hace bien poco en las mejores condiciones para superar pronto la crisis ya que había superado a la mismísima Italia y estaba a punto de alcanzar a Francia.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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