miércoles, 23 de febrero de 2011

23F. . .¡YA HACE TREINTA AÑOS!


            Era una tarde normal, si desde la perspectiva actual se puede considerar como normales aquellos días; era la tarde del día 23 de febrero de 1981. Sin embargo un acto político de primera magnitud tenía expectantes a todos los españoles. Adolfo Suárez, primer presidente de nuestra recién estrenada democracia, había sido fagocitado por sus propios compañeros de partido, la UCD, y, para evitar un adelanto electoral, se iba a votar en el Congreso la investidura de otro correligionario, Calvo Sotelo, para presidir el gobierno el tiempo restante de la primera legislatura. No era la mejor forma de echar a andar en libertad bajo el marco constitucional que acabábamos de darnos gracias al esfuerzo de un ejemplar consenso político mayoritario. Sectores minoritarios de extrema derecha y de extrema izquierda –o simplemente asesinos- se empeñaban en romper la incipiente concordia sembrando el terror con frecuentes atentados terroristas. Una grave crisis económica amenazaba la esperanza de la ciudadanía hacia una pronta mejora de su lamentable situación personal. Un tenso debate constitucional sobre el desarrollo del título octavo, cogido con pinzas, provocaba un ácido enfrentamiento entre fuerzas centrífugas y centrípetas sobre el futuro diseño de la estructura del estado. Elementos que, en su conjunto, generaban un caldo de cultivo para que los poderes fácticos, especialmente el ejército, abonaran una serie de justificaciones, las de siempre, para presentarse como los salvadores de la patria. Por todo ello, como muchos ciudadanos, decidí seguir la votación nominal con cierta preocupación. ¿Sería capaz Calvo Sotelo de liderar el proyecto en el que Suárez había fracasado? ¿Qué cualidades le avalaban frente a las de Adolfo? La preocupación no era baladí.
            Como militante de la izquierda ya había sufrido los efectos nefastos de los intransigentes que habían quemado una librería de mi propiedad. Como miembro de la asamblea preautonómica valenciana había experimentado un episodio violento en la que una considerable multitud de ciudadanos nos impidieron durante varias horas en Valencia salir del Palau; era su forma agresiva de convencernos de su particular visión del naciente Estatut. Como secretario de formación de la ejecutiva del PSPV dirigida por Lerma había celebrado, meses antes, un curso de formación socialista en Polop con varias decenas de compañeros en la que desde Valencia me alertaban sobre  movimientos sospechosos de los militares de Bétera; era uno más de los rumores que venían sucediéndose sobre un posible levantamiento militar. Así eran los días normales de aquellos tiempos a los que con frecuencia se añadía la triste noticia de una nueva víctima mortal. Por ello no descartaba que saltara la noticia de un levantamiento cuartelero esporádico o de un atentado terrorista en cualquier momento; no me hubiera sorprendido que se suspendiera la retrasmisión momentáneamente para anunciarlo. Sin embargo, sucedió lo peor, dejando en mi memoria para siempre un nombre, el de mi compañero Núñez Encabo, y su casi imperceptible voz, ahogada por la barbarie, para manifestar su voto negativo a la investidura. Unos gritos indecentes, mezclados con el sórdido ruido de unos disparos, llenaron el hemiciclo de oscuridad y silencio. Un matón, vestido con el uniforme de la guardia civil y acompañado de otros de semejante calaña, profanaba el altar de la libertad y, pistola en mano, se subía a la tribuna dando órdenes a diestro y siniestro, mientras sus colegas zarandeaban al anciano general y vicepresidente del gobierno Gutiérrez Mellado, que les ordenaba, como superior en el escalafón militar, que depusieran su abominable actitud. Después, la noche, la incertidumbre y el temor a un baño de sangre. También la tristeza y la desilusión de comprobar que algunos, envalentonados por los acontecimientos, mostraban su rostro verdadero sin reprimir sus gestos de alegría –cuando todo era tristeza- e incluso sus comentarios amenazantes –cuando todo era impotencia. Al día siguiente, la vuelta a la normalidad. El esperpento liberticida quedaba definitivamente abortado aunque con una serie de incógnitas sobre su origen y su final. Las grandes manifestaciones por la libertad, celebradas luego en todas las ciudades, recompensaron a la ciudadanía de los sinsabores de semejante espectáculo. Mi partido me dio un plus de satisfacción al encargarme de coordinar, junto a los representantes de los demás partidos democráticos, la celebrada en Alicante. Fue un éxito. De nuevo me sentí muy feliz.
¡Por fin la normalidad que deseábamos! Al año siguiente, tras el triunfo electoral socialista en octubre, se confirmaba la solidez democrática con la alternancia política. Algunos de los que en la fatídica noche del 23-F dejaron ver su verdadero rostro, reconociendo por fin su derrota, apostaron por ella e incluso engrosaron las filas socialistas, necesitadas de refuerzos para afrontar la tarea que los ciudadanos nos habían encomendado. Apostando a caballo ganador, pronto, muchos de ellos, se auparon a determinados puestos de responsabilidad, tanto política como administrativa, olvidando para siempre dónde estaban o qué hacían aquella tarde “normal” de febrero que, en gran medida, supuso un antes y un después para muchos españoles. Algunos ya sabíamos dónde estábamos y qué teníamos que hacer. Afortunadamente ya han pasado treinta años de aquello. Pero conviene no olvidarlo.
                            Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 19 de febrero de 2011

CORRUPCIÓN POLÍTICA, PESADILLA INFERNAL


            Que la corrupción está instalada en nuestra sociedad es obvio. Se percibe en amplios sectores sociales y en todos los territorios con más o menos intensidad, convirtiéndonos en un país de tramposos. Baste echar un vistazo a la economía sumergida, las facturas sin IVA, los falseos del IRPF y otras tantas triquiñuelas de nuestra vida cotidiana en que la tradicional picaresca juega un papel relevante. Siendo esto muy grave, pues menoscaba el interés general, es una minucia comparada con la corrupción política –es decir, con el abuso del poder público para beneficio personal-, manifestada de forma generalizada en sus múltiples facetas. Corrupción que comienza precisamente desde el instante en que, pudiendo hacerlo, no se persigue de forma contundente la citada picaresca para que aflore, en beneficio de todos, el dinero defraudado. ¿Tan difícil es conseguirlo? Bastaría con penas mucho más duras para todos los tramposos y con una inspección más eficaz. Y, por supuesto, con dar ejemplo de honradez para erradicar culturalmente esta lacra. A la vista está que nuestros políticos no están dispuestos a hacer ninguna de las dos cosas. A los hechos me remito.
            Nuestros dirigentes se empeñan en emborronar nuestra reciente historia, la más acertada de todas, salpicando el mapa de España con demasiados casos de corrupción, que dejan como simples aprendices a verdaderos maestros en la materia de épocas pasadas. No sorprende en absoluto que la clase política se haya convertido hoy en una de las principales preocupaciones de los españoles. Demasiados pueblos y ciudades, diputaciones y autonomías están afectados por casos de corrupción; demasiados altos cargos ministeriales, autonómicos, provinciales y locales están condenados, imputados o investigados por los mismos. La ciudadanía, impotente, se resigna a observar como cambiaron sus vidas y fortunas, así como la de familiares y amigos, tras su llegada a la política, actividad que raramente abandonan para regresar a su anterior trabajo, si es que tenían alguno. Una pesadilla infernal que pone en muy difícil situación a los políticos honrados, que también los hay, quienes suelen ser relegados de los cargos de decisión al quedar al margen de las redes de clientelismo e influencia social surgidas del entramado corrupto. El corrupto necesita ser emprendedor, es su propia esencia ya que cuanto más dinero maneje más posibilidades tiene de detraer una parte del mismo para sus fines ilícitos. Por ello, al margen de la legalidad y la decencia, desde su cargo, emprende un proceso de transformación vertiginosa, necesaria o no, en el entorno que dirige –recalificaciones, servicios, dotaciones, infraestructuras, etc-, sabedor de que su actuación tendrá, de momento, una alta aceptación ciudadana por las expectativas generadoras de actividad laboral y de mejora medioambiental. Su ideología es el enriquecimiento personal y necesita dicho proceso transformador para conseguir sus fines ya que ello le garantiza disponer de ingentes cantidades de dinero público y privado; su posición privilegiada le permite manejarlas a su antojo. Cualquier partida presupuestaria, proyecto, obra, dotación o servicio es susceptible de convertirse en un suculento botín del que detraer una importante tajada para fines ilícitos. En el peor de los casos para él, un lento y largo proceso judicial puede condenarle, pero sabe que, en todo caso, no le obligará a reponer todo lo malversado o apropiado; así, la ley juega a favor de su objetivo final, el enriquecimiento, que queda más que garantizado y a buen recaudo en paraísos fiscales, sociedades anónimas o a nombre de terceros. Entretanto la presunción de inocencia le permite seguir en activo en la política para continuar ejerciendo sus fechorías, por lo que borra de su diccionario la palabra dimisión y no tiene reparos en popularizar otras con significado delictivo -cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, financiación indebida, malversación, etc-, generando una alarma social, una pesadilla que atenta directamente contra el sistema democrático.
            Inmersos en esta escalada degradante, centrada principalmente en casos de corrupción urbanística y político-financiera, los políticos corruptos no ponen freno a su voracidad. Se sienten impunes. El último episodio de corrupción, los famosos ERE irregulares de la Junta de Andalucía, es el colmo de esta degradación desvergonzada. Si se confirma que parte de los fondos destinados a los parados –de momento, unos 700 millones de euros- se ha utilizado para indemnizaciones suculentas por prejubilación –y concesión indebida de pensión- a familiares, amigos y sindicalistas –o a otras personas- que ni siquiera trabajaban en la empresa afectada por el ERE y, por ende, sin ninguno de los dos derechos, y si además se cobraban comisiones a los falsos trabajadores para colocarlos como prejubilados, estamos ante el más degradante espectáculo de corrupción por su baja catadura moral. Quien es capaz de utilizar como botín el dinero destinado a los más desfavorecidos no sólo merece ser repudiado como político sino también como persona. La organización que mantiene a semejantes sujetos en sus filas e incluso los presenta como candidatos merece el rechazo generalizado de la ciudadanía. Es la única fórmula de recuperar la decencia política. Es decir, la verdadera democracia. El pueblo tiene la última palabra.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 17 de febrero de 2011

MENORES DE EDAD Y VIOLENCIA


                            Cada vez que aparece la noticia de algún monstruoso acto de violencia extrema protagonizada por menores de edad se disparan todas las alarmas en la opinión pública, proliferando, durante algunos días, los debates televisivos al respecto, las propuestas de los diferentes partidos políticos y las recetas mágicas de los expertos; pasada la tormenta y el lucimiento o bochorno de algunos por sus pintorescas y genuinas opiniones, todo sigue igual, nada nuevo se hace, quedando para siempre el inmenso dolor de las familias de los agredidos y, probablemente, también de los agresores. El fondo del debate siempre es el mismo: rebaja de la edad penal, educación, desarraigos familiares, asistencia adecuada, reinserción, cárcel… un “totum revolutum”, jamás considerado de forma global, en el que cada uno carga las tintas sobre alguno de sus componentes, según un posicionamiento ideológico predeterminado (los más punitivos son de derechas y los más permisivos de izquierdas), situándose en la esfera o en la periferia del partido del gobierno o de la oposición. Estos debates televisivos maniqueístas son el peor método de concienciación de la opinión pública sobre el problema de los menores violentos, un problema de toda la sociedad; se convierten simplemente en bochornosos espectáculos, que causan repugnancia, en los que determinados periodistas y tertulianos de piñón fijo, sin ningún tipo de escrúpulos, hacen méritos propios para seguir en el candelero, al extremo de ser capaces de acusar de demagogia a una madre que ha tenido que denunciar a su hijo violento de trece años y defiende por ello la rebaja de edad penal a los doce años.
          La solución del problema de los comportamientos indeseables de muchos menores es tan complejo que no puede reducirse a uno o varios de los factores que tienen alguna influencia al respecto y, en todo caso, como en otros muchos problemas de esta sociedad, no se trata de erradicarlo definitiva y totalmente, ya que siempre habrá algún caso de violencia se haga lo que se haga. Pareciendo obvio lo anterior, se trata pues de cómo convivir con el problema y cómo intentar reducirlo al máximo; para ambas cuestiones, es meridianamente claro que su tratamiento ha de ser globalizado, utilizando medidas educacionales, familiares, económico-sociales, culturales, médico-siquiátricas y judiciales, aplicadas no sólo al menor sino también a los responsables del mismo y a su entorno. Incluso haciendo todo lo anterior se trataría de un proceso lento, con resultados positivos a largo plazo, ya que las fórmulas mágicas no existen; sin embargo, lo cierto es que lo que se ha hecho hasta ahora parece ir hacia un proceso totalmente contrario ya que cada vez hay más actos violentos y más graves protagonizados por menores. Empecemos por reconocer que algo se está haciendo mal, muy mal. Sigamos reconociendo que nadie está dispuesto a detraer de la tarta de los presupuestos el gran trozo que se necesitaría para poner en práctica eficazmente las medidas citadas, hay demasiados gastos muy importantes, entre ellos los suntuarios, que dan mejor resultado a corto plazo. Concluyamos que lo más conveniente, para que todo siga igual y parezca que se quiere hacer algo nuevo, es politizar el problema, situando las necesarias medidas punitivas en el marco de las trasnochadas derechas y las, igualmente necesarias, no punitivas en el de las trasnochadas izquierdas. El circo está servido para que los políticos y sus interesados portavoces mediáticos, de forma indecente, prostituyan un debate tan complejo acusándose mutuamente de que sus respectivas medidas no valen para solucionar el problema, sin reconocer que ambas son complementarias para poder afrontarlo con la seriedad que requiere.  
          En todo caso para convivir con el problema, al margen de la magnitud que en cada momento tenga y de las medidas de reinserción que se utilicen, lo impresentable es la ausencia de responsabilidad ante gravísimos actos violentos como el homicidio o la violación, entre otros, provocando una alarma social por la indefensión a la que está sometida la sociedad en estos casos, lo que explica la postura mayoritaria de rebajar la edad penal. La gente entiende que semejantes monstruos, mayores o menores de edad, no deben circular libremente como si nada hubieran hecho; ni siquiera vale aplicar la frase bíblica de “Perdónalos, que no saben lo que hacen” cuyo beneficio se recoge después de la muerte y, como tal, para los creyentes, puede tener un cierto valor, pero durante la vida, habría que añadir al menos “pero que paguen por el daño que han hecho hasta que aprendan sobradamente lo que deben hacer”. El pago, ya se sabe, es la ausencia de libertad en el centro de reclusión que corresponda; otra cuestión es lo que se haga dentro de ellos. No hay que olvidar que estos centros, al margen de su papel sancionador para el delincuente, son también centros de protección para el resto de la ciudadanía que no delinque, pues de lo contrario el falso buenismo místico-político de algunos de nuestros gobernantes debiera dar un paso más suprimiéndolos y dedicando dicho ahorro a medidas no coercitivas exclusivamente en plena libertad.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena

VIOLENCIA JUVENIL. . .SUMA Y SIGUE

Coincidiendo con las comparecencias en sede judicial del asesino confeso de Marta del Castillo y sus supuestos cómplices con motivo del pertinente juicio, un nuevo asesinato conmociona a la opinión pública; un eslabón más en la dramática cadena de la violencia instalada en nuestra sociedad. Una lacra social que, en sus diversas facetas, va dejando un reguero de muerte y sufrimiento sin que, al parecer, la ciudadanía pueda hacer nada para evitarla o, al menos, reducirla. Ahora es María Esther, con apenas catorce años, hace dos lo fue Marta, algo mayor; ahora en un pequeño pueblo malagueño, Arriate, entonces en una gran ciudad, Sevilla; ahora y entonces, los presuntos asesinos son jóvenes del círculo de amigos de las víctimas, miembros de sus respectivas pandillas. Circunstancias que, al margen del escenario, confluyen en lo que hemos dado en llamar “violencia juvenil”, la más preocupante de todas, ya que atenta directamente contra el futuro, y la más inexplicable, ya que a tan tempranas edades se supone que a la vida no le dio tiempo para llenar sus corazones de odios y rencores. Sobre todo si, como dice el propio alcalde, el presunto asesino pertenece a una familia “muy trabajadora y muy luchadora” y los vecinos añaden que “es un chico normal y de una familia normal”, lo que le aleja de otras tipologías más previsibles, como en el aberrante caso de Sandra Palo en que sus asesinos ya acumulaban más de setecientas denuncias por diversos delitos. Salvo que hayamos perdido el concepto de normalidad -lo que, tal como están las cosas, no es nada descabellado-, ni puede ser normal un chico capaz de cometer semejantes atrocidades, ni que delincuentes reincidentes campen a sus anchas antes de cometerlas y, algunos, poco después. Enderezar lo primero tiene que ver bastante con la educación; lo segundo, con la justicia. Dos ámbitos sensibles que requieren una profunda transformación mediante un amplio consenso político, despojado de demagogia, que sea capaz de sacarlos de los vaivenes electoralistas.
Precisamente, coincidiendo con estos últimos sucesos luctuosos, varios informes sitúan casi a la cola de los países desarrollados el nivel educativo de los jóvenes españoles, poniéndolos a la cabeza del abandono prematuro del sistema educativo. Una preocupante realidad que, sin necesidad de pormenorizar aquí los porcentajes de fracaso, vivimos a diario los que nos dedicamos a la enseñanza, impotentes para reconducir la situación de forma eficaz. Nada puede hacerse ante un absentismo muy elevado, cuyo control por parte del profesorado no acarrea ninguna sanción eficiente para el absentista o sus padres; nada, ante actitudes chulescas e incívicas de muchos alumnos, cuyos padres, advertidos de las mismas, consideran normales o manifiestan su impotencia para corregirlas; nada, ante actos violentos entre los alumnos y, a veces, hacia algún profesor, cuya sanción, en el mejor de los casos, consiste en trasladar al alumno al IES vecino; nada, en definitiva, ante insultos y vejaciones sexistas, xenófobas o de cualquier otra índole. . .Conductas protagonizadas, desde muy temprana edad, por chicos y chicas, considerados normales, quienes, con frecuencia, ya desobedecen constantemente a sus propios padres y les amenazan con irse de casa o denunciarlos ante cualquier método coercitivo que intenten utilizar para corregir sus conductas, considerando que ello les hace insoportables sus cortas vidas. Es la consecuencia directa de un sistema perverso que pretende educar desde la libertad y no para la libertad, despojando a los que tienen la responsabilidad de impartirla –padres y profesores- de cualquier mecanismo de autoridad que les obligue a asumir pautas de conducta basadas en el esfuerzo, el respeto y la tolerancia.
Fracasados en su primera experiencia responsable, su formación, y habituados a la irresponsabilidad sin pautas de conducta arraigadas, se convierten en víctimas de un círculo vicioso que les aboca al desempleo o, en el mejor de los casos, a un trabajo anodino que, según sus vivencias de estudiantes fracasados, les exige mucho más de lo que les compensa. Pronto entienden que es posible mantener su irresponsable experiencia educativa como modelo vital ya que, como entonces, ahora es casi gratuito saltarse la norma; delinquir les sale muy barato. Así lo perciben entre sus círculos de amistades o a través de determinados programas televisivos en los que, muchas veces, delincuentes y protagonistas de conductas indeseables aparecen como modelos de éxito. Sin ningún freno a sus instintos primarios y sin ningún proyecto atractivo de futuro, en definitiva, maleducados desde su más temprana edad, son incapaces de respetar cualquier norma o principio de autoridad, palabra maldita en nuestra sociedad, que percibe, como es el caso, semejantes conductas como normales. Lamentablemente muchos de estos chicos “normales” convierten sus propios hogares en un verdadero infierno de convivencia familiar sin que la sociedad haga nada por atajar un maltrato “in crescendo” de semejantes sujetos hacia sus propios padres. ¡Qué esperamos que hagan en sus demás entornos! Lamentablemente, de vez en cuando, se les va la mano en la dosis de violencia que suelen utilizar en sus cotidianas conductas, manifestando entonces una frialdad, que da pavor, y una carencia absoluta de arrepentimiento o sentimiento de culpabilidad. ¿Acaso alguna vez les culpamos de algo? Es el resultado final de un modelo que nosotros mismos estamos creando y que consideramos normal. Un modelo que aboca a nuestra sociedad a un tenebroso futuro si no ponemos remedio lo antes posible. Sandra, Marta y María Esther, entre otras, no lo vivirán, chicos normales segaron sus vidas cuando empezaban a vivirlas.
                           
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 6 de febrero de 2011

DERRAPE IDEOLÓGICO DE LA SECRETARIA DEL PSPV


                   Los resultados finales de la confección de la candidatura socialistas para las próximas elecciones locales en Benidorm, me retrotraen a un artículo de la señora Ana Barceló en que argumentaba las razones para acoger en ella a la caterva de tránsfugas, una perversión democrática que se veía venir desde el instante en que éstos desalojaron al anterior alcalde democráticamente elegido, nos guste o no. Obviamente, las razones de tan democrática autoridad socialista, parecían un derrape ideológico transitorio de la señora Barceló, ya que, por entonces, contradecía a otras autoridades de su partido, entre ellas al propio Secretario General del PSPV y candidato a la Generalitat, el señor Alarte. ¿Quién no tiene un mal día?, pensé entonces. Desgraciadamente los hechos me confirman ahora que el posible derrape ideológico no era transitorio y personal, sino permanente y, por acción u omisión, de toda la organización socialista, que, definitivamente, da luz verde a los tránsfugas para dirigir la ciudad de Benidorm. Obviamente con honestidad democrática, la justa.
          El artículo citado “Benidorm: la responsabilidad o la convicción”, publicado en el Diario Información el 27-9-2010 y escrito por doña Ana Barceló, Secretaria Provincial del PSPV-PSOE, con la finalidad de defender el posible regreso de los tránsfugas a la candidatura socialista, no tenía desperdicio. Comenzaba con un demagógico ejemplo, que ella misma consideraba “exagerado o simplista”, sobre las opciones que tendría el gobernante pacifista de un país cualquiera ante la amenaza del gobernante violento de otro país, para avalar, obviamente, el abandono de sus convicciones pacifistas por parte del primero aunque mucho le desagradase. Proseguía relatando una serie de sucias prácticas políticas del PP y, tras unas reflexiones más o menos pintorescas acerca de la política y la actividad de los políticos, concluía que, en el caso de Benidorm el PSPV-PSOE debía “guardarse mucho de parecerse a ese líder pacifista dispuesto a desmantelar su ejército mientras los Estados vecinos y pendencieros afilan contra él sus armas”. Olvidaba la señora Barceló que ni Benidorm es un Estado, ni hay otros Estados que le amenazan con sus armas, sino que estamos en un escenario de paz y libertad del que, en todo caso, hay que erradicar las prácticas antidemocráticas –como es la del transfuguismo político-, que son las que, en definitiva, pueden generar brotes de violencia, y la peor forma de erradicarlas es, precisamente, sumarse a las mismas cuando existe la posibilidad de denunciarlas para que los votantes tengan claro qué opción política han de apoyar: la que juega limpio o la que hace trampas. Pero, si tanto la introducción como la conclusión del artículo era desacertada y demagógica, lo realmente grave para los principios del socialismo democrático estaba en los argumentos y reflexiones que, como dirigente socialista, utilizaba para defender su pintoresca teoría, más próxima al bolchevismo que a la socialdemocracia occidental.
          Argumentaba que el tránsfuga popular, que permitió la toma del poder de los socialistas –convirtiéndose como él en tránsfugas-, dejó en situación de minoría al alcalde y, ante la ingobernabilidad de la institución, el señor Navarro –jefe de la oposición porque así lo habían decidido los ciudadanos-, responsablemente y con el mismo desagrado del gobernante pacifista citado, renunciaba a sus principios en pro de acabar con la parálisis institucional. Es decir, se convertía en un salvador de la patria -con la ayuda del antidemocrático tránsfuga popular- asumiendo el poder con un alto sentido de la responsabilidad para evitar el caos. ¿Cuántos ejemplos hay de salva-patrias alegando lo mismo? ¿Hay algún dictador o golpista que no haya alegado la responsabilidad para poner su orden en el caos? Y, en todo caso, de ser así, ¿por qué no concedía la señora Barceló idénticas buenas intenciones y alto sentido de la responsabilidad cuando Zaplana en su día hizo algo parecido? o ¿acaso la famosa tránsfuga socialista, Maruja, no dejó en minoría a Catalán Chana provocando el caos? o ¿es que no ha sucedido igual en las demás alcaldías que el PP ha arrebatado al PSOE? Adornar de virtudes a los propios y acusar de vicios a los ajenos ante acciones similares es más propio de personas con mentalidad totalitaria que democrática. Lo democráticamente correcto es denunciar ante la opinión pública las prácticas antidemocráticas –como hicimos todos los demócratas en el desalojo de la alcaldía de Catalán Chana por parte del señor Zaplana- y jamás sumarse a ellas.
          Asimismo, la señora Barceló, aunque admitía que la política se basa en confrontar ideas y formas de entender el mundo y la vida, manifestaba que no basta con explicarlas, que el político debe pasar a la acción con el objetivo de alcanzar el gobierno para, desde allí, transformar la realidad según sus convicciones y no esperar a que éstas encajen en la realidad por arte de magia. ¿A qué tipo de acción se refería? ¿Les suena a algo? En democracia, como es el caso, sólo cabe la acción de intentar convencer a la mayoría de la ciudadanía para alcanzar el poder y ello sólo se consigue a base de explicar tus proyectos, denunciar desde la minoría las prácticas perversas del que lo detente y tener una conducta personal acorde con lo que predicas.
          Finalmente, la señora Barceló mantenía que la responsabilidad de un político ante la ciudadanía le exige, sin dejar sus principios morales, velar por los intereses de los electores y se preguntaba “¿cómo va a convencer el PSPV-PSOE a los votantes de la validez de sus ideas…de sus proyectos y de la capacidad de sus dirigentes si no alcanza el gobierno…si renuncia a poner todo ello en práctica alegando un puritanismo moral que choca brutalmente con la realidad?” y se contradecía añadiendo que “los ciudadanos necesitan políticos decididos, que resuelvan sus problemas…que con convicciones firmes y dignas sean capaces de proceder con contundencia cuando la ocasión lo requiere”. Me pregunté y ahora me pregunto, ¿se vela por los intereses de los electores prostituyendo su mandato democrático? ¿Sólo se convence a los votantes si se está en el gobierno? ¿Vale todo para conseguirlo?. Desde esta visión miope de la democracia, es coherente apelar a la renuncia de los principios cuando choquen con la realidad, es decir, cuando los votantes no los apoyen al ser incapaces de entender la bonanza de los mismos –los de los demás, por definición, son perniciosos-; en tal caso con votantes susceptibles de ser engañados, una vez conseguido el gobierno como sea, ya habrá tiempo de derramar sobre ellos todos los parabienes de los programas y proyectos que, en su momento, fueron incapaces de comprender.
          Por este peligroso camino del pragmatismo sin escrúpulos, adobado de un ideario cuando conviene, se está cerca de asumir que el fin justifica los medios. Es la teoría de los visionarios, de los populistas radicales, de los salvapatrias y salvapueblos, de aquellos que, creyéndose poseedores de la verdad absoluta, han cometido las mayores atrocidades a lo largo de la Historia cuando, de una u otra forma, han conseguido auparse a las más altas instancias del poder, único modo, según ellos, de transformar la realidad según la particular visión que tengan de la misma.
          En todo caso, el pueblo, afortunadamente, tiene la última palabra. Incluso la de optar por caminos peligrosos. Es la grandeza de la democracia, que incluso ampara a aquellos que no creen en ella y, en el mejor de los casos, simplemente la utilizan. No sería la primera vez que en la Historia algunos pueblos han elegido el camino equivocado aunque después hayan tenido que lamentarlo. A veces, demasiado tarde y con muchos sufrimientos.
          Yo, a pesar de todo, prefiero seguir pensando que lo sucedido en Benidorm es sólo un derrape ideológico de la señora Barceló, aunque, desgraciadamente y como excepción, lo haya asumido todo el partido en esta ocasión.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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