miércoles, 25 de mayo de 2011

SIN PRECEDENTES


La debacle electoral del PSOE en las elecciones locales y autonómicas es el colofón, sin precedentes, de una campaña electoral en la que, desde su inicio, han ido apareciendo, sin precedentes, una serie de circunstancias que conviene tener en cuenta a la hora de hacer un análisis más pormenorizado del resultado de las mismas. Así, en esta campaña, sin precedentes, se han  presentado muchas listas altamente contaminadas de tránsfugas y presuntos corruptos; se han aceptado listas ilegales según el Tribunal Supremo pero avaladas por el Constitucional; se ha vetado la presencia de Zapatero en algunas circunscripciones por sus propios compañeros; se ha eclipsado la campaña electoral por la irrupción en la escena política del movimiento de indignados 15M y no se ha acatado la resolución de la Junta Electoral sobre su actitud de rebeldía el día de reflexión. En un contexto de crisis económica, sin precedentes, a la que se culpa de todos los males del planeta, hemos celebrado unas elecciones en las que, sin precedentes, no ganan todos, como es habitual en casos anteriores, ya que a los socialistas no les ha quedado más remedio que reconocer sin paliativos el exagerado triunfo del PP y la correspondiente pérdida, sin precedentes, del poder local y autonómico socialista.
Pero de todas las circunstancias citadas ha llamado poderosamente la atención, por su impacto mediático, la aparición en plena campaña del movimiento 15M -cuya plataforma de agravios podemos avalar una gran mayoría de ciudadanos- y su actitud de desobediencia civil ante las decisiones de la Junta Electoral con el beneplácito de quien democráticamente, guste o no, tiene la responsabilidad de impedirlo –actitudes ambas rechazables por la inmensa mayoría de ciudadanos-. La celebración de elecciones es el acto supremo de la Democracia ya que supone el derecho del ciudadano a elegir libremente a sus gobernantes, y cualquier demócrata entiende que, para ello, se requiere que cada uno de nosotros, guste o no, acate contundentemente el veredicto de las urnas; pero también requiere que, durante el proceso electoral, se juegue limpio dentro del marco legal que democráticamente nos hemos dado, acatando las decisiones de nuestras instituciones al respecto, en este caso el de la Junta Electoral. No hacerlo es contaminar el sistema democrático; permitir desde las instancias gubernamentales que algunos no lo hagan, es pervertirlo a riesgo de un futuro incierto y peligroso. La Historia, aquí y en otros lugares, avala lo anterior de forma contundente. Es cierto que la Democracia –sin apellidos- es un sistema de convivencia, imperfecto y mejorable, pero es el que ha conseguido las mayores cotas de bienestar y progreso en los pueblos que lo han practicado –incluido el nuestro- sin menoscabo de la libertad individual, intrínseca para la ciudadanía. Por muchas razones que tenga cualquier colectivo en sus reivindicaciones, su legitimidad queda anulada si pretende imponerlas desde fuera del marco legal establecido, que la inmensa mayoría de ciudadanos respetamos. Por muchas cautelas que tenga el ejecutivo a las consecuencias de imponer a todos el respeto a dicho marco legal jamás debe hacer dejación de la autoridad legítima que democráticamente le hemos dado. La mayoría no está en las plazas de algunas de nuestras ciudades por miles y miles que sean todos ellos, sino en los millones de votos que se han depositado en las urnas para elegir libremente entre las opciones políticas que se han presentado. Su veredicto en las urnas, inapelable, obedece a muy diversos factores, entre los que, sin ninguna duda, han influido las circunstancias sin precedentes –entre ellas la del 15M- que se han dado en esta campaña y la actitud que cada partido político ha adoptado ante las mismas.
Ya habrá tiempo de valorar minuciosamente el impacto de cada una de estas circunstancias. En todo caso los resultados han rebasado cualquier expectativa de éxito o fracaso hecha “a priori” por unos y por otros, conformando un mapa político novedoso en el que se resquebraja en cierta forma el tradicional bipartidismo con la representación en muchas de las instituciones de opciones minoritarias, que pueden dar mucho juego en el futuro, aunque ello haya sido a costa exclusivamente del descalabro del PSOE, lo que, a todas luces, ha conllevado a una sobredimensión del éxito obtenido por el PP. Los socialistas están obligados a hacer una profunda reflexión autocrítica y no pueden seguir achacando su estrepitoso fracaso a factores externos; de no hacerlo así se corre el riesgo de consolidar una tendencia hacia la eliminación del tradicional bipartidismo y la implantación del partido único-hegemónico si los populares, a su vez, son capaces de entender que su espléndido éxito está basado, más bien, no en los méritos propios sino en el error de los ajenos. De unos y otros, así como del resto de formaciones políticas más minoritarias, depende que en futuros comicios los ciudadanos podamos optar entre lo bueno y lo mejor. Hasta ahora, desgraciadamente, estamos resignados a hacerlo entre lo malo y lo peor. A pesar de ello seguimos apostando por la Democracia, eso sí, sin apellidos. Es el dato más positivo de estas elecciones, ojalá que ello sirva como precedente en el futuro.
                            Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 11 de mayo de 2011

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA


            La ilegalización de las listas de Bildu por el Tribunal Supremo y su posterior legalización por el Tribunal Constitucional pone de manifiesto de forma contundente la supeditación de la Justicia a los intereses políticos. El traslado para tomar la decisión desde la Sala Segunda del TC -compuesta por tres magistrados progresistas y tres conservadores-, que debería por turno estudiar el recurso de Bildu, al Pleno del TC –compuesto por siete magistrados progresistas y cuatro conservadores- avala aún más lo anterior. No es la primera vez que el TC, más politizado por la forma de provisión de sus miembros, da un giro radical a las decisiones del TS, más jurídico, lo que provoca que, cada vez más, las decisiones de éste se recurran para conseguir el triunfo del ámbito político sobre el jurídico de forma descarada. Así, el fallo del TS, basado en sólidos informes de la Guardia Civil y Policía Nacional, que concluyen que Bildu –como otros antecedentes- es un instrumento manejado por ETA-Batasuna, queda anulado por el TC. ¿Cómo es posible que las pruebas aportadas por las fuerzas de seguridad del Estado sean tan contundentes para unos magistrados y no para los otros? ¿Es o no Bildu un instrumento de los terroristas? ¿Qué sucedería si la composición del TC fuese mayoritariamente conservadora? ¿Hubiera recurrido Bildu en caso de serlo? Las respuestas sinceras a tales preguntas evidenciarían hasta qué punto la carga subjetiva de las decisiones judiciales rebasa la razonable interpretación individual de cada uno de los juzgadores sobre las pruebas objetivas aportadas.
            Es de suponer que tanto la decisión del TS como la del TC se ajustan a derecho; lo contrario sería perverso. También es de suponer que los jueces y magistrados que integran dichos tribunales gozan de la solvencia suficiente para ocupar tan importantes oficios; lo contrario sería lamentable. Al tratarse de tan altas instancias se supone que sus posibles errores judiciales, más comprensibles en primeras instancias –para corregirlo están precisamente las instancias superiores-, han de ser prácticamente nulos. No es de recibo pues que la resolución del TS no se ajuste a la Constitución, única causa que explicaría su anulación por parte del TC. ¿Tan incompetentes son los miembros del TS que no tienen en cuenta la inconstitucionalidad de su fallo? o ¿Tan politizados están los magistrados del TC que anulan una resolución jurídicamente correcta y ajustada a derecho? Necesariamente una de las dos respuestas ha de ser afirmativa –o las dos-, ya que responder negativamente a ambas supondría que nuestro Estado de Derecho se basa en una normativa tan subjetivamente interpretable que nos somete a una inseguridad jurídica intolerable. Es urgente pues que el Legislativo, por pura higiene democrática, tome medidas para que este bochornoso espectáculo, cada vez más frecuente, no vuelva a repetirse. La Justicia, salvo que estemos pensando en volver al Antiguo Régimen, no puede estar sometida a los vaivenes políticos del lógico juego de mayorías y minorías del Estado de Derecho. Su cometido es aplicar las leyes vigentes de forma objetiva, amparándose en su propia independencia y profesionalidad y al margen de lo que en cada momento sea más o menos conveniente políticamente.
            Hay que tener en cuenta que el TC -órgano constitucional que ejerce como supremo intérprete de la Constitución Española- no es de mayor rango que el TS –órgano de mayor rango dentro del Poder Judicial-, ya que su relación no es orgánica sino competencial, aunque en la práctica puede anular, como es el caso, las decisiones de éste y no al revés. Nada que objetar pues a la decisión del TC. Sin embargo cuesta entender que el TS estime en su totalidad los recursos contencioso-electorales por los que Fiscalía y Abogacía del Estado solicitan la anulación de las listas de Bildu por tratarse de un fraude electoral al ser “un instrumento para permitir la entrada a las instituciones de la ilegalizada Batasuna” y que el TC, por una ajustada mayoría, revoque la decisión por “vulnerar los derechos fundamentales de los integrantes de la coalición”. Cuesta entender que el TS no tuviera en cuenta el atropello que su fallo suponía a los derechos fundamentales citados. Si aceptamos el recto proceder de ambos tribunales, hemos de concluir que, en definitiva, la ilegalizada Batasuna tiene todo el derecho a participar en las instituciones democráticas y, obviamente, financiarse con los impuestos que aportamos todos los ciudadanos en beneficio del funcionamiento del Estado de Derecho que ellos pretenden eliminar a través de la violencia. Es una conclusión a todas luces incomprensible para el común de los mortales aunque para algunos sea la mejor forma de defender nuestra democracia. Cabe preguntarse ¿para qué ilegalizar entonces a Batasuna?, estéticamente hubiese quedado mejor no hacerlo y, políticamente hablando, sería incluso mucho más correcto. Al menos nos hubiésemos ahorrado el bochornoso espectáculo protagonizado por tan antagónicos altos tribunales.
Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 8 de mayo de 2011

SEGURIDAD INTERNACIONAL Y NACIONAL


                        La muerte de Osama bin Laden, fundador y máximo dirigente de la red terrorista Al Qaeda, que viene aterrorizando tanto al mundo musulmán como al cristiano, ha provocado un revuelo nacional e internacional sobre el modo en que se ha producido y las consecuencias que pueda acarrear para la seguridad internacional. La convulsa situación política del norte de África y Oriente Próximo acrecienta la incertidumbre al respecto. A ello se añade además en nuestro país el debate sobre la anulación o no de las candidaturas de la coalición Bildu, que aglutina a partidos políticos legales y a la izquierda abertzale ilegalizada, para concurrir a las próximas elecciones, dando una pintoresca pincelada a nuestra particular versión terrorista “made in Spain”. Un siniestro panorama que, salvando todas las distancias, genera un falso debate formal en el ámbito democrático que, en definitiva, sólo beneficia a los violentos. Es pues necesario, de una vez por todas, ir al fondo de la cuestión de forma cruda y tajante aunque ello no sea políticamente correcto. Y el fondo de la cuestión es acabar con el terrorismo o, al menos, reducirlo a la mínima expresión. Para ello es imprescindible desenmascarar su juego sangriento que apela, cuando le conviene, a las instituciones democráticas y a los principios que las generan para beneficiarse de los mismos con el único objetivo de destruirlas de forma violenta. Por ello, dichas instituciones y principios no deben utilizarse como paraguas de protección a semejantes sujetos, dando lugar a un juego desigual en beneficio de los liberticidas.
            La muerte de bin Laden no altera la situación de la seguridad internacional. Al Qaeda seguirá matando bajo las órdenes de su nuevo jefe, Aymán al-Zawahirí, o cualquier otro. El yihadismo en que se sustenta no necesita ninguna excusa para sembrar el terror en el mundo cristiano o musulmán. Sin embargo es una buena noticia que un terrorista quede fuera de circulación y si es un importante dirigente, como es el caso, tanto mejor. Así lo ha percibido de forma generalizada la comunidad internacional. Pero algunos, una vez más, sin atreverse a rechazar la actuación norteamericana, ¡faltaría más!, prefieren sembrar sombras de duda sobre la misma. Así, frente a la versión oficial de una muerte en el tiroteo tras el asalto, los más osados o insensatos hablan de asesinato; los menos, de ejecución, y, en todo caso, unos y otros, critican que le hayan matado en vez de haberle detenido para hacerle un juicio justo. ¿Quién sale beneficiado de semejantes disquisiciones? No avalar sin fisuras y de forma contundente la versión dada por quienes se han jugado la vida frente al mayor asesino en serie del planeta es, como mínimo, un ejercicio irresponsable de hipocresía. ¿Acaso debían haberle solicitado con todo respeto su identidad para detenerlo a continuación? ¿Por qué quienes así piensan no se arriesgan a hacerlo ellos personalmente?
            Igualmente, la ilegalización de las listas de Bildu para nada altera la seguridad nacional ni la estabilidad democrática. ETA, si puede, seguirá matando, estén o no sus correligionarios en las instituciones. Su historia así lo avala. Sin embargo es bueno que los terroristas o sus defensores estén ausentes en las instituciones democráticas a las que pretenden eliminar. Pero, una vez más, algunos prefieren poner en entredicho su exclusión del proceso electoral. Los más osados o insensatos, prestándose a una estrategia perversa de coaligarse con ellos y contaminar sus propias candidaturas; los menos, dando cobertura a esta perversión con el pretexto de defender una escrupulosa limpieza democrática ya que opciones legales quedarían fuera de la contienda electoral. Así, frente a la ilegalización decretada por el Tribunal Supremo, que para eso está entre otras cosas, se rasgan las vestiduras, amenazan con romper la estabilidad parlamentaria que vienen prestando al Gobierno y presionan al Tribunal Constitucional para que enmiende tamaño despropósito. No entienden, ni quieren entender, que el despropósito está en los partidos legales que se prestan a albergar en sus listas a personas vinculadas con el terrorismo etarra, siendo así susceptibles dichas listas de quedar, como es el caso, en la ilegalidad democrática. ¿Por qué estos partidos se prestan a una defensa de aquellos otros que colaboran directamente con la estrategia etarra?
            El verdadero problema es que la seguridad internacional y de cada nación, en definitiva, la paz mundial y local, está amenazada por el terrorismo. Combatirlo de forma contundente debe ser el principal objetivo de cualquier persona que ame la libertad y la convivencia pacífica. Por desgracia algunos no lo entienden así. Lo preocupante es que estos personajes carguen las tintas en la defensa de discutibles derechos de personajes que sólo quieren tener derecho a matar impunemente. Esta actitud sí altera la seguridad y la paz, disminuyendo la legítima capacidad de defenderlas al poner en entredicho las acciones encaminadas al respecto y, con ello, dotar de cierta legitimidad a los violentos. Por tanto, si algún debate democrático sobre la repercusión en la seguridad de los citados acontecimientos tiene sentido, no hay que basarlo en la muerte de bin Laden ni en la ilegalización de las listas de Bildu –ambos sucesos repercuten en todo caso de forma positiva-, hay que hacerlo sobre las actitudes de quienes, siendo demócratas, no quieren verlo como un éxito de los demócratas.
Fdo. Jorge Cremades Sena

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