miércoles, 20 de julio de 2011

DIMISIÓN E INHABILITACIÓN

            ¿Dónde están los límites para que la ciudadanía tenga que soportar ser gobernada por personajes bajo sospecha? En nuestro país, por lo visto, ni siquiera está claro que estén en el Código Penal, salvo que una determinada sentencia -tras un largo y complejo proceso judicial- les condene taxativamente a la inhabilitación. Teniendo en cuenta que el verbo dimitir no suele ser conjugado en primera persona por nuestros gobernantes -aunque sí en segunda y tercera para que dimitan los contrarios-, no es extraño que los políticos sean uno de los principales problemas de nuestra sociedad, cuando debieran ser la posible solución de los demás problemas que la sociedad padece. Para ello les pagamos y ponemos a su disposición la administración de los recursos públicos conseguidos con el esfuerzo y el trabajo de todos. Por ello mientras ejercen sus respectivos cargos dejan de ser ciudadanos normales al ser investidos de una especial autoridad que implica, junto a una serie de privilegios, un plus de eficacia y responsabilidad frente al resto de los mortales. Sin embargo, una endémica ceguera, instalada en los diferentes partidos políticos y, por ende, en las instituciones que controlan, impide clarificar esta cuestión, única forma de estirpar el cáncer social de la corrupción política, que socaba gravemente los propios cimientos de nuestro sistema democrático. ¿Es tan difícil legislar al respecto con extrema claridad? No debiera serlo si se tienen muy claras las cualidades que han de adornar a las personas que deciden libremente ejercer el noble oficio de la política, entre las que ha de ocupar un lugar privilegiado la honestidad, que lleva implícita la coherencia y la sinceridad. Es decir, la verdad. Por ello en cualquier país civilizado, cuando un gobernante miente, dimite inmediatamente o es cesado de su cargo. ¿Sucede lo mismo en el nuestro? Obviamente, no. Por tanto es urgente establecer una legislación que clarifique específicamente los límites que nuestros políticos jamás deben rebasar si quieren seguir ejerciendo como tales, al margen del veredicto final que, ya como personas normales, finiquite el proceso judicial en el que estén inmersos.
            El procesamiento de Camps es el último y más elocuente ejemplo de una praxis perversa por la que, los políticos que están inmersos en un proceso judicial –es decir, bajo sospecha-, amparándose en la presunción de inocencia –como cualquier ciudadano normal, que no son-, mantienen sus cargos durante las diferentes fases del mismo, sin tener en cuenta que, como gobernantes, se les exige un plus de honestidad por el que debieran dimitir en el momento en que se les imputa la comisión de un delito, lo que supone que hay claros indicios de haberlo cometido o participado en él. A la vista está que esta forma de proceder es aquí una excepción ya que ni siquiera lo hacen cuando son procesados, como es el caso. Es más, incluso están dispuestos a permanecer en el cargo aunque la sentencia sea condenatoria, si no contempla la inhabilitación. Un despropósito que se resolvería legislando en el sentido de que, ante la imputación de un delito o, al menos ante el procesamiento, la dimisión se produjera “ipso facto”.
            Pero, siendo muy grave lo anterior, es aún peor lo que esta praxis perversa lleva implícito. Al actuar el imputado como un ciudadano normal, utiliza la mentira -al igual que suele hacer el común de los mortales- como estrategia de defensa para intentar eludir su responsabilidad, olvidando ese plus de honestidad que le es exigible como gobernante, lo que de inmediato le inhabilita para seguir ejerciendo no sólo el cargo que ocupa sino cualquier otro cargo político. Un despropósito que se resolvería legislando en el sentido de, ante una mentira manifiesta, inhabilitación “ipso facto”. Todos los indicios apuntan a que esta es la situación de Camps, quien, si por los hechos por los que se le procesa ya debiera haber dimitido como Presidente de la Generalitat, ahora ya no sería suficiente y debiera ser inhabilitado para cualquier otro cargo público.
            Es obvio que, si pretendemos un regeneracionismo político, hemos de exigir una legislación contundente que impida el libre albedrío de cada gobernante a la hora de valorar su propia honestidad y someter a la ciudadanía, a la que representa, a tener que soportarla. ¿Por qué no se legisla al respecto? Por lo visto, a ningún partido le interesa. Prefieren, en cada caso, activar el ventilador de la basura para minimizar la suya propia, mientras la ciudadanía mayoritariamente quiere barrerla allá donde esté. Estamos cada vez más hartos del “y tú más”, aunque algunos se empeñen en defender lo indefendible en los medios de comunicación. Por eso no vale sacar ahora en las tertulias ni el Faisan, ni la hípica de Bono, ni las mentiras de Barreda sobre las facturas sin pagar. . . ni tantos y tantos asuntos indecentes que hemos de soportar diariamente. De momento Camps debe dimitir y ser inhabilitado; los demás, en la medida que les toque, debieran hacer lo propio. Algunos así lo manifestamos siempre con absoluta imparcialidad, aunque nos sea imposible escribir un artículo en cada caso. Son tantos, que no daríamos abasto ni habría espacio suficiente en los periódicos para publicarlos.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena            

domingo, 17 de julio de 2011

NADA QUE TEMER


            Aunque lamentablemente todos los datos económicos desvelan que vamos de mal en peor para salir de la grave crisis en que nos han metido, hay que ser optimistas y creer que, derrota tras derrota, conseguiremos la victoria final. De momento nada hay que temer. Si hasta el sábado pasado, para cambiar de forma radical el rumbo del gobierno de Zapatero, sólo nos dejaban la alternativa de Rajoy –Cayo Lara queda muy lejos en las encuestas-, desde entonces contamos también con Rubalcaba, que nada ha tenido que ver con los gobiernos de ZP, para liderar este necesario cambio de rumbo, reconocido por él mismo ante el Comité Federal y avalado por todos los miembros de éste. Resulta ahora que Rubalcaba, al igual que Rajoy, sabe perfectamente cómo sacarnos de la crisis, pues dice tener “una idea clara de lo que España necesita; lo que hay que mantener y lo que hay que cambiar” para “el tránsito hacia una nueva economía, más productiva, más sana y equilibrada, más capaz de crear empleo y también de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades” sobre la base de “más democracia, más política y más Europa”, marcándose como objetivos para su legislatura “crear empleo, una economía sana, igualdad de oportunidades y cambios en la política y en la democracia”. No está nada mal si tenemos en cuenta que también Rajoy, al igual que Rubalcaba, confía en la recuperación de España, según él “un país solvente” que “tiene solución y los españoles tienen futuro” con “un proyecto nacional” que consiga los objetivos de “empleo y ofrecimiento económico, reforma y modernización del sector público, fortalecimiento institucional y regeneración política, proyección exterior de España, mantenimiento del Estado del Bienestar y apuesta por la educación”. Ya ven, todo perfecto, pues, si tan claro lo tienen cualquiera de los dos posibles vencedores de las próximas elecciones generales, nada hay que temer de cara al futuro y sólo cabe preocuparse por cuándo las va a convocar Zapatero. Un mal menor, en todo caso, ya que, en el peor de los supuestos, habrán de celebrarse el próximo mes de marzo, aunque desde todas las instancias políticas –excepto desde el PSOE de Rubalcaba- le estén pidiendo adelantarlas por el bien de España.
            No obstante, los mal pensados, que son casi todos –desde los líderes del PP hasta IU, pasando por los del resto de partidos-, se muestran muy críticos con Rubalcaba por no haber aplicado, siendo miembro destacado de los gobiernos de ZP, las recetas que dice tener ahora para sacar a España de la crisis, evitando así el sufrimiento que padecemos los españoles; también por haber apoyado sin fisuras, precisamente las recetas contrarias y, en todo caso, por no pedirle ahora a Zapatero que convoque urgentemente las elecciones o aplique entretanto sus recetas para que el deterioro de nuestro país no siga creciendo, evitando así la contradicción entre lo que hace el gobierno socialista y lo que el Comité Federal del PSOE dice que hay que hacer. Incluso los bienintencionados, como yo, hemos dado cierta credibilidad a las críticas, desde que la coordinadora de la campaña del candidato socialista, Elena Valenciano, ha aclarado al respecto que el PSOE quiere hacer “una política distinta porque el momento es distinto y exige cosas diferentes” y el propio ZP ha añadido que “el Gobierno gobierna y tiene como motivo fundamental de su tarea la recuperación de nuestro país y como es natural, el partido tiene que formular su proyecto político”. Todos nos preguntamos: ¿acaso el proyecto político no pretende como tarea fundamental la recuperación? ¿acaso, si el momento es distinto, no es mejor que las políticas diferentes se practiquen desde ya?. La respuesta de los mal pensados ha sido acusar a Rubalcaba de demagogia, pero los bienintencionados preferimos creer que no hemos entendido bien lo que Valenciano y ZP han querido decir, ya que uno de los graves problemas que ha tenido este gobierno ha sido la comunicación, pero ahora, con las dotes oratorias de Blanco como portavoz, estamos seguros de que pronto entenderemos nítidamente los mensajes. Quedarnos sólo con Rajoy como único posible ganador devalúa el proceso electoral. Incluso el propio Rubalcaba ya dijo en el Comité Federal que no prometería nada que no pudiera cumplir, lo que le diferencia de las promesas que en su día hizo ZP, por lo que acusarlo de demagogo me parece excesivo.
            Que Rubalcaba ha sido un importante baluarte en los gobiernos de ZP y corresponsable de sus resultados; ya lo sabemos. Él mismo lo reconoce al afirmar que pretende “continuar la labor de los gobiernos de ZP y de Felipe González”, lo que contradice las diferentes políticas que ahora plantea. Pero todo, absolutamente todo, se puede explicar, aunque cueste creerlo, desde otra perspectiva: que ZP impidió que sus propuestas prosperaran, que las ha descubierto recientemente y ZP no quiere aplicarlas, que votó las de ZP por corresponsabilidad. . . Que ¿por qué no abandonó el gobierno? Es obvio, de haberlo hecho seguramente ahora no sería candidato y los españoles jamás hubiéramos conocido su “idea clara de lo que España necesita”. Si casi todos consideran a ZP como el malo de la película, ¿por qué no considerar a Rubalcaba como el bueno de la misma? No hay que ser tan mal pensados. ¿O sí?.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 12 de julio de 2011

IZQUIERDA UNIDA, UN DILEMA EXISTENCIAL

            El resultado electoral en Extremadura ha puesto a IU en el ojo del huracán, convirtiéndola en el blanco de todas las críticas y todos los halagos, según el color y el interés de quienes lo hagan. El PP gana las elecciones pero sin mayoría absoluta (32 escaños), por lo que el PSOE, segundo partido más votado (30 escaños), necesita el apoyo de IU (3 escaños) si quiere seguir gobernando, cuestión que todos daban por hecho. Pero el Consejo Político de IU en Extremadura, tras consultar a sus bases, ha decidido abstenerse en la investidura, permitiendo que el PP, como lista más votada, gobierne por primera vez a los extremeños y desaloje a los socialistas que lo venían haciendo desde siempre. Una decisión política controvertida y arriesgada que levanta ampollas incluso en la dirección Federal de IU que, por todos los medios a su alcance, intenta impedirlo al considerarlo perjudicial. Paralelamente, un aluvión de argumentos, a favor y en contra de la medida, inunda las tertulias políticas, las entrevistas y los artículos de opinión en los distintos medios de comunicación. La mayoría de los argumentos son generalizadores, de tipo procedimental o ideológico –que gobierne la lista más votada, que lo haga la izquierda, etc-, que, curiosamente, se focalizan en el gobierno de Extremadura, cuando en la constitución de cientos de gobiernos municipales y algunos autonómicos, sin mayorías absolutas –como es el caso-, se acaban de producir todas las combinaciones posibles, incluso el apoyo explícito de IU al PP y no sólo la abstención para dejar que gobierne la lista más votada. Si todos los partidos juegan libremente al pacto que les interesa, por encima de los planteamientos generales de tipo ideológico ¿por qué, si lo hace IU, es acusada de traición a la izquierda, considerando que sus votantes lo que quieren es que gobierne el PSOE? Si es así, ¿por qué no votaron a los socialistas? ¿acaso la propia IU no les acusa de aplicar una política de derechas?. No querer analizar el dilema existencial que padece IU desde el momento de su fundación en 1986 es lo que trae estas contradicciones argumentales.
            En efecto, desde que, en plenas movilizaciones para sacar a España de la OTAN, se aglutinan todos los partidos de izquierdas -excepto el PSOE- y muchos de ellos deciden formar IU con el protagonismo del PCE de Gerardo Iglesias, tan variopinta coalición padece un dilema existencial, constatable en los diferentes vaivenes sufridos desde entonces, no sólo electorales sino también internos. Su vocación de aglutinar el voto de izquierdas, especialmente de la izquierda del PSOE, obtiene cierto éxito a partir de 1989 con Julio Anguita, coincidiendo con el inicio del declive del PSOE de Felipe González, y va en aumento, paralelamente al PP de Aznar, al erosionar al PSOE entre ambos por la izquierda y la derecha, hasta que los populares derrotan al PSOE en 1996 e IU consigue la mayor aceptación popular con 21 escaños en el Congreso. Después, durante los gobiernos del PP, IU inicia un declive que le coloca de nuevo con Llamazares a niveles inferiores a 1986 en las elecciones de 2004 con sólo 5 escaños, mientras el PSOE de ZP triunfa, y, entretanto, IU toca fondo en 2008 con sólo dos diputados. Es obvio que cuando peor le va al PSOE mejor le va a IU y viceversa, ya que ambos, en buena medida, se disputan el mismo electorado y, además, la ley electoral premia a la opción mayoritaria que, hasta el momento, siempre ha sido el PSOE frente a IU. En las recientes elecciones se pone en evidencia de nuevo la obviedad de que, desde un punto de vista pragmático-partidario, el contrincante de IU es el PSOE y no el PP, contrincante ideológico de ambos. Si IU utiliza el pragmatismo partidario se le acusa de “pactos antinatura” y si utiliza la ideología, el “voto util”, para que gobierne la izquierda, se condena a ser correa de trasmisión del PSOE, que, desde su hegemónica posición, no repara en usar su apoyo, cuando lo necesita, para su interés pragmático-partidario, poniendo en evidencia que el verdadero “voto util” para la izquierda no es el que se produce “a posteriori” del proceso electoral, sino “a priori”, es decir, el hundimiento o la desaparición de IU. Es el talón de Aquiles de IU, su dilema existencial: o intenta erigirse en fuerza mayoritaria frente al PSOE -su verdadero objetivo a batir como organización política-, o desaparece y se integra en el PSOE para aglutinar el voto de izquierdas.
Por tanto, el declive actual del PSOE –como en 1993- explica, por sí mismo, la posición que IU tiene en Extremadura y en otros lugares; basta recordar la famosa “pinza” de Anguita con Aznar frente al deteriorado Felipe González. Si el PSOE gobernara con el apoyo de IU, tras hacerlo durante mucho tiempo por mayoría absoluta y relegarla al desprecio, quien saldría beneficiado como partido en el futuro sería el PSOE ya que votar IU para el entreguismo carece de sentido. Si ambos pasan a la oposición frente al PP, la disputa del voto de izquierdas recobra sentido para desalojar del poder a la derecha como enemigo común, aun con el riesgo de que el voto se decante por el PSOE, como sucedió a partir del 2000, provocando de nuevo el hundimiento de IU. Pero es la única alternativa que tiene IU de sobrevivir, siempre que no aparezcan traiciones de militantes significativos –como viene sucediendo-, quienes, obviamente, serán acogidos de forma entusiasta por el PSOE y les premiará con cargos importantes para seguir manteniendo a IU en una posición minoritaria como apéndice de los socialistas. ¿Es esto lo que le conviene a IU como organización política partidaria? ¿Es lo que le conviene a la izquierda? En sus filas tendrán que descubrir las respuestas a su dilema existencial.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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