miércoles, 17 de agosto de 2011

MENORES DESPROTEGIDOS


            La espeluznante noticia de la muerte de un bebé de cinco meses, supuestamente a manos de su propio padre, menor de edad como él, requiere una reflexión, una vez más, sobre la hipócrita legislación que en nuestro país protege a los menores de edad. De confirmarse el luctuoso suceso –tal como, al parecer, dice la madre del niño-, el presunto homicida –perdón, es menor y probablemente sea excesivo aplicarle tal calificativo- será internado -como en otros muchos casos que permanecen en nuestra memoria- en un centro de menores por las fechorías cometidas y, tras un periodo de reeducación, volverá a integrarse en la sociedad, reeducado o no, como si nada hubiese pasado. Sería bien distinto si  hubiese matado a su propia hija algunos meses más tarde -o algún año después- en que ya, mayor de edad, le serían aplicables todas las responsabilidades penales con sus respectivos agravantes y atenuantes hasta ser condenado por delitos tan graves a una pena de muchos años de cárcel, que, no obstante, podría ver reducidos por su buena conducta, como viene siendo habitual en nuestro sistema penitenciario. Es la respuesta generosa, a simple vista, de una sociedad avanzada, preocupada por la protección de sus menores y, en todo caso, por la reinserción de sus delincuentes en general por sanguinarios que estos sean. Nuestras conciencias así quedan tranquilas. Hacer pagar más alto precio por conductas tan aberrantes se considera deshumanizador ¿Quién se atrevería a negar una protección especial a los menores? ¿Quién sería capaz de negar el perdón a cualquier delincuente? Nadie, pero siempre que no medie ningún tipo de hipocresía social.
            Sin embargo, basta detenerse un instante en cualquiera de los casos -y muy especialmente en el que nos ocupa- para desenmascarar que la legislación sobre menores, tal como está reglamentada, es una farsa o, al menos, requiere de grandes reformas para convertirla en una eficaz ley protectora de menores, comenzando por el propio concepto de la definición de menor. Es inadmisible que un menor, en este caso un bebé, se desarrolle bajo la custodia de otro menor, en este caso su padre, quien, a su vez, es susceptible de protección, según la ley, a causa de su inmadurez por razón de edad. Si la paternidad no es reconocida legalmente como una situación de mayoría de edad –podría ser, entre otras, una de las posibles reformas de la ley- es obvio que los hijos de menores, que no son pocos en España, están totalmente desprotegidos, tanto ellos como sus padres, salvo que se designe, en tales supuestos, un tutor a quien exigir todas las responsabilidades que la situación requiere. El bebé en cuestión, que debiera tener un plus de protección, ha sido sometido lamentablemente a una situación de riesgo, evitable en todo caso, al no poder exigir a sus progenitores una paternidad responsable, dejándolo en manos de no responsables, penalmente hablando. Poner ahora a su padre bajo el paraguas de la ley de protección de menores, resulta, como mínimo, grotesco. ¿Qué protección concedía dicha ley al bebé en este caso?. Ninguna. Como siempre, cargando las tintas de la benevolencia hacia los verdugos –en este caso, menores- y no hacia las víctimas para ser políticamente correctos.
            Es obvio que considerar la edad –al menos a partir de la adolescencia- como único indicador para atenuar o eximir a los jóvenes de responsabilidades penales es una aberración, especialmente en el tramo de los dieciseis-dieciocho años. Máxime cuando, por otra parte, se les reconocen legalmente actuaciones que requieren grandes dosis de madurez y responsabilidad -como la paternidad o el aborto, por ejemplo- sin ningún tipo de tutela. Nadie entiende que si una joven es considerada legalmente madura –y por tanto responsable- para decidir ser madre o abortar, se la considere legalmente inmadura, como menor de edad, para asumir las responsabilidades que su decisión exige. De entrada, el tránsito de la minoría a la mayoría de edad no puede ser, para muchas cuestiones, sólo la fecha de nacimiento, salvo que, mientras tanto, se exija una tutela legal a quien pedir las correspondientes responsabilidades derivadas de todos sus actos. No hacerlo así supone, de una u otra forma, desproteger a los menores –y a la sociedad en general- incitándoles además a la irresponsabilidad como forma habitual de conducta. No sorprende que cada vez sean más frecuentes los casos de delincuencia a manos de menores, conscientes de que, como tales, no pueden ser condenados. Incluso muchos mayores los utilizan al efecto.
En la situación actual, no sería descabellado admitir que, en el caso que nos ocupa, hay, en el fondo, dos víctimas, dos menores desprotegidos, el bebé y su padre, por más que a éste se le ampare ahora con la aplicación de la famosa ley del menor, que sólo servirá para que pague muy barato su abominable delito, gracias a su irresponsabilidad legal ¿No hubiera sido más sensato reconocerle como mayor de edad desde el momento en que decidió y asumió ser padre? Al menos, la muerte de su hija, doblemente desprotegida, no quedaría prácticamente impune.   
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

lunes, 8 de agosto de 2011

POR EL BIEN DE ESPAÑA


            Por fin Zapatero acaba de dar una buena noticia: las elecciones generales se adelantan y se celebrarán el 20-N. Es lo que la inmensa mayoría le venía pidiendo desde hace algún tiempo y lo que él, por el bien de España, venía negando hasta ayer mismo. Hoy, precisamente, por el bien de España, según él, por fin las adelanta. ¿Qué ha cambiado de ayer a hoy para que tal decisión y la contraria se tomen por el bien de España? Que sepamos, nada importante ha sucedido para justificar este radical cambio de rumbo, de lo que se deduce que, para darlo, poco o nada ha tenido que ver el bien de España -salvo que ZP, desde su superior conocimiento, nos desvele qué circunstancias de última hora avalan su giro copernicano- o que, en su defecto, reconozca que, hasta el día de hoy, no tenía ni idea de lo que es bueno para España, ya que, en caso contrario, estaría mintiendo ahora o habría mentido días atrás. Cuestiones todas que, bien por incapacidad o por mentir, confirman, una vez màs, que su salida del gobierno lo antes posible es una excelente noticia. En todo caso, tales contradicciones de ZP no causan ninguna sorpresa, es su forma de actuar desde que accedió a la Presidencia del Gobierno en que, de la noche a la mañana, dando un giro de ciento ochenta grados, ha venido modificando sus decisiones políticas con el argumento -antes y después de tomarlas- de hacerlo siempre por el bien de España, mientras España se asomaba inexorablemente a un profundo abismo. Basta recordar los bandazos en política exterior o europea, en las relaciones bilaterales con EEUU, en la crisis económica, en la política antiterrorista, en el antibelicismo, en las políticas sociales y en las territoriales, por no ser más extenso en otros asuntos de menor relieve en los que la rectificación, sin dar ninguna explicación añadida a los españoles, ha sido igualmente el ideario zapaterista.
Sí que es por el bien de España, al margen de quien gane las próximas elecciones, que ZP deje de gobernarnos cuatro meses antes de lo que los españoles nos temíamos. Menos mal que, desde antesdeayer, ya no es necesario esperar hasta marzo, como él defendía, para aprobar las medidas en curso que nos sacarían de la crisis o, en caso contrario, nos hundirían aún más en la miseria. Era el argumento universal, que públicamente esgrimía ZP, para agotar la legislatura y que amplificaban con entusiasmo los dirigentes del PSOE y los miembros del gobierno, desde Blanco y Rubalcaba, hasta Valenciano y Pajín, pasando por la mayoría de barones territoriales recientemente destronados de sus baronías, como Marcelino Iglesias o Patxi Lòpez. Obviamente, para todos ellos, quienes pedían el adelanto electoral eran antipatriotas que sólo pensaban en sus intereses partidarios. ¿Quiénes son ahora los antipatriotas? ¿También lo son los socialistas o ya no hay ninguno? Salvo que piensen que los españoles somos idiotas, lo que es evidente para el bien de España es erradicar esta forma de hacer política, que, desgraciadamente, puede no extinguirse tras la retirada de ZP, salvo que alguien, de una vez por todas, esté dispuesto a desenmascarar lo que realmente está sucediendo, al parecer, en las filas socialistas y tomar las riendas. Es la única forma de iniciar un proceso de credibilidad en el PSOE, desacreditado por el zapaterismo, para evitar que, incluso sus militantes más ilustres, como Felipe González, dejen de ser simpatizantes.
            Por el bien de España es necesaria una renovación profunda del PSOE de ZP, que, obviamente, no pueden liderar sus más íntimos colaboradores. Si ZP se permite el lujo de irse como llegó, es decir, rectificando permanentemente sin dar explicaciones convincentes, Rubalcaba no puede hacer lo mismo. Debe decir a los españoles por qué él también defendía hace poco, junto a su jefe, la necesidad de agotar la legislatura por el bien de España, que ahora pasa por acortarla. Si es cierto, como se dice, que él mismo ha presionado internamente a ZP para que las adelante, debe exponer las razones por las que le apoyaba públicamente en su errónea decisión anterior hasta hace unos días, siendo ya candidato y apartado del gobierno. Y si es que ZP se equivoca ahora, debe manifestar, en calidad de candidato, públicamente el error que su jefe está cometiendo y defender, como hizo antes, el agotamiento de la legislatura por el bien de España, dejando claro que el adelanto electoral, que compete a ZP, es una decisión personal suya, que él no comparte. Cualquiera de estas explicaciones –o todas ellas- es el mínimo exigible a Rubalcaba para que, al menos, aporte ciertas dosis de credibilidad a su hipotético distanciamiento del coro de ángeles zapateristas que, como siempre, ahora defenderá, sin ningún rubor, el adelanto electoral anunciado por ZP, al igual que defendía agotar la legislatura cuando él lo hacía. El problema es que abandonar el coro de ángeles se hace muy difícil cuando en ese cielo eres un arcángel.
            Si rectificar alguna vez y de forma razonada es de sabios, hacerlo muchas veces y sin ningún razonamiento es de necios. Pero cualquiera que conozca a Rubalcaba sabe que, si algo no es, precisamente es ser necio, aunque en su dilatada vida política haya tenido que rectificar demasiadas veces, consiguiendo en todas ellas salir airoso. ¿Saldrá también indemne avalando la última rectificación de ZP, que es la suya propia, y asumiendo sus contradicciones, que son también las suyas? Hasta ahora así ha sido, pero siempre actuando entre bambalinas. Ahora es el protagonista. Esa es la gran diferencia. Menos mal que todo, absolutamente todo, se hace por el bien de España.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

jueves, 4 de agosto de 2011

RENDIR CUENTAS

            Los cambios de gobiernos locales y autonómicos, que se han producido tras las últimas elecciones, ponen sobre el tapete la falta de trasparencia a la hora de rendir cuentas por parte de los gobernantes salientes, lo que da pie a la sospecha de que también lo hacen los que permanecen –al margen de su color político- hasta que la alternancia política les desaloje. Conducta inadmisible y muy grave si quien la practica es un administrador privado de recursos ajenos, cuyos dueños tienen derecho a saber de forma clara y pormenorizada el uso que ha hecho de los mismos y, por supuesto, a exigirle, si de los datos se observan graves irregularidades, las responsabilidades civiles y penales pertinentes. Sin embargo, al conjunto de todos los españoles se les niega en la práctica este derecho –salvo como miembros de cualquier asociación, sociedad o comunidad de vecinos- cuando el administrador es el gobierno –nacional, autonómico o local- y los bienes administrados son los recursos públicos, es decir, de todos nosotros, que más bien utilizan como recursos de nadie sobre los que pueden actuar con total impunidad. Un panorama insostenible que urgentemente requiere reformas legislativas que, más allá de las responsabilidades políticas, permitan exigir a los gobernantes responsabilidades civiles y penales por actuaciones negligentes o despilfarradoras en la gestión del dinero público que se les ha encomendado. Es la única forma de acabar con actuaciones repudiables, bastante generalizadas, que pueden ejemplarizarse, por su impacto mediático, con la gestión de Barreda en Castilla-La Mancha y sus posteriores explicaciones. Un claro ejemplo de lo que jámas debe suceder.
Barreda, durante el pertinente traspaso de poderes a Cospedal, manifiesta que, a la desmesurada deuda oficial que deja, hay que añadir unos setecientos millones de euros en facturas pendientes. Días después, Cospedal las evalúa en unos dos mil seiscientos millones. El desfase es tan dispar que, si no miente Cospedal, es obvio que Barreda no sabe lo que dice o no dice lo que sabe, es decir, miente con rotundidad. ¿Qué le sucedería a cualquier administrador privado en caso similar? ¿Se conformaría la sociedad gestionada con su cese tras haberla arruinado? Las respuestas son obvias. Sin embargo, al tratarse de un gobernante, en este caso autonómico, los afectados por su pésima gestión –los manchegos de forma directa y el resto de españoles indirectamente- han de conformarse con su obligado cese al perder las elecciones y mantenerlo en activo como jefe de la oposición. Ninguna responsabilidad añadida de tipo personal ante semejante desaguisado, inevitable, por lo visto, a pesar de los distintos organismos fiscalizadores (Tribunal de Cuentas, Intervención, etc) que dan la sensación de actuar al dictado del que manda, convirtiéndose en cómplices del oscurantismo que empaña la credibilidad de nuestra deteriorada economía en el exterior.
Barreda, como única explicación, achaca semejante desfase a la tensión de los días de traspaso de poderes. Es decir, unos dos mil millones de euros que aparecen como deuda en breves días de tensión y que, obviamente, no hubieran aparecido en caso de que dicho traspaso no se hubiera producido. Por lo visto es lo que sucede cuando no hay alternancia política. Chaves, como vicepresidente del Gobierno, expone simplemente que hay herencias buenas y malas, con lo que el problema lo tiene el siguiente gobierno autonómico por haber ganado las elecciones. Es decir, que si no hay alternancia no hay herencia y por tanto no hay ningún problema. Finalmente, Salgado, responsible directa de la economía española, se molesta con la actuación de Cospedal –y no con la de Barreda-, advirtiéndole que debe actuar con prudencia a la hora de hacer manifestaciones públicas que puedan perjudicar nuestra imagen. Es decir, que oculte la caótica ruina económica que le han dejado como herencia para que todo parezca lo que no es. Con semejantes actitudes nos iria mejor si nos gobernara un partido único, que no deja herencias y puede permitirse el lujo de mantenernos a todos en la hinopia. En definitiva, un disparate democrático.
Nadie es responsible de tan nefasta gestión. Nadie, de la ruina económica que ha provocado. Nadie, de la ocultación o engaño al respecto. Desde el señor Barreda –y anteriormente Bono-, pasando por los distintos consejeros económicos, hasta los que conforman las diferentes instancias fiscalizadoras, se lavan las manos, cuando debieran ser susceptibles de sanciones severas, a título personal, por el daño causado y las mentiras u ocultación de datos vertidos sobre el mismo. Pero lo más grotesco es que esta situación se puede generalizar al resto de CCAA y Ayuntamientos, sin que podamos hacer nada para remediarlo. Ni siquiera la actitud de Cospedal –que es digna de elogio- haciendo públicos los catastróficos datos, alivia nuestra desazón, pues para ello sería necesario que su partido, el PP, no sólo actuase así cuando asume la alternancia política, sino también cuando gobiernan ellos, como es el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo. La solución no pasa por el capricho arbitrario en un concreto lugar y momento determinado, sino por una legislación distinta que exija a todos una verdadera trasparencia, especialmente a los órganos de control, y, en caso de no cumplirla, imponga graves penas personales a los responsables, incluso más severas aún de las que ya existen para el ámbito privado. ¿Están dispuestos a hacerla?. Esa es la cuestión.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

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