miércoles, 21 de septiembre de 2011

NO, SEÑORA CHACÓN; NO, SEÑOR MAS


Los graves incidentes en Cataluña durante la celebración de la Diada son muy preocupantes para nuestra salud democrática en el futuro. No me refiero a la quema de la bandera española y la foto del rey, actos protagonizados por minorías descerebradas que se descalifican así mismas con sus comportamientos violentos e intransigentes –antidemocráticos y totalitarios, en definitiva- frente a la inmensa mayoría de españoles, catalanes o no. Me refiero a la deriva ultramontana que algunos cargos institucionales han protagonizado con declaraciones y actitudes de clara rebeldía ante la legalidad democrática vigente, la que, precisamente, les permitió acceder a tan altas responsabilidades y, obviamente, les obliga no sólo a acatarla sino también a defenderla y obligar a que todos la cumplan, tal como prometieron o juraron en el momento de tomar posesión de sus cargos a los que voluntariamente accedieron amparándose en ella. Especialmente graves son las protagonizadas por la señora Chacón y el señor Mas quienes, por su alta responsabilidad institucional -como Ministra de Defensa y Presidente de la Generalitat, respectivamente- no deben, ni pueden, permitirse la frivolidad de apelar, al menos públicamente, a la insumisión frente a la legalidad, máxime cuando, tanto el PSOE como CiU, partidos a los que pertenecen, fueron y son instrumentos clave como copartícipes de la elaboración de nuestra Constitución y del posterior desarrollo institucional y legislativo que de ella se deriva.
Salvo que el señor Mas considere que las reglas del juego constitucional y la legalidad derivada de las mismas sólo debe cumplirse cuando a uno le interesa –lo que le situaría en la esfera del totalitarismo-, es inaceptable que declare públicamente no reconocer a la Constitución como punto de encuentro por el simple hecho de haber sido reformada según los requisitos que precisamente se establecieron en ella para hacerlo. Salvo que la señora Chacón, coincidiendo con el señor Mas, no crea en la división de poderes que establece la Constitución –lo que la situaría en la esfera del absolutismo- es intolerable que, ante una sentencia del TSJC, desfavorable al modelo educativo de inmersión lingüistica que relega al castellano –constitucionalmente oficial junto al catalán- como lengua vehicular en la enseñanza, se adhiera al desacato judicial, proclamado por el gobierno catalán, con el argumento de que los tribunales no pueden interferir en lo que los parlamentos decidan. Olvidan ambos que básicamente en un Estado de Derecho, como es el español, la función esencial del poder legislativo es promulgar y revocar las leyes; las del judicial, interpretarlas y hacerlas respetar o invalidarlas; y, las del ejecutivo, hacer cumplir las que estén vigentes. Olvidan ambos que, como miembros del ejecutivo que son, hacen grave dejación de las funciones que voluntariamente han asumido poniendo en grave peligro la paz social y la estabilidad democrática e institucional cuando están obligados precisamente a hacer todo lo contrario. Ningún estado democrático homologable con el nuestro –desde los más centralistas, como puede ser Francia, hasta los más descentralizados, como puede ser Alemania o EEUU- toleraría a sus gobernantes semejantes irresponsabilidades; por ello seguramente ninguno de ellos incurre en las mismas aunque muchas de las decisiones que democráticamente se tomen no sean de su agrado. Saben perfectamente que hay líneas rojas que jamás puede saltarse un gobernante, pues, de hacerlo, estaría resquebrajando el sistema de convivencia que ellos mismos se han dado como garantía, entre otras cosas, de su propia autoridad institucional. Por eso es obligado que, como demócratas, exijamos un no rotundo a tan impresentables comportamientos.
 Tanto la señora Chacón, como el señor Mas, pueden hacer del victimismo su bandera política y permitirse el lujo de interpretar la historia en dos etapas, poniendo el año 1714 como el antes y el después de todos los males de Cataluña, como si los catalanes no hubieran tenido nada que ver en el devenir histórico de la España actual en todos los acontecimientos anteriores y posteriores a dicha fecha. Pueden hacer bandera política de la cultura y de la lengua si consideran que con ello rebañan votos a otras opciones más radicales o claramente independentistas. Lo que no pueden hacer desde sus cargos gubernamentales, salvo que tengan aspiración de marginalidad antidemocrática, es engañar a los catalanes con el falso sueño de una Cataluña independiente –viable o no-, que, en todo caso, tiene difícil encaje, por la vía pacífica, en nuestro marco legal –requiriendo el voto mayoritario de todos los españoles y no sólo de los catalanes- y en el de la UE –requiriendo la unanimidad de todos sus estados miembros para integrarse en ella-, por lo que, en caso de conseguirlo por cualquier otra vía, el resultado final sería una Cataluña aislada cuyos habitantes quedarían como las principales víctimas. La otra vía, obviamente, sería la de la violencia que, probablemente, aportaría a nuestra historia una nueva fecha negra y dejaría sin discurso político a quienes hacen del nacionalismo trasnochado su programa de gobierno, salvo que, dando un paso más, se decidieran a reivindicar los territorios catalanes al norte de los Pirineos. Está claro que si no lo hacen es porque saben perfectamente con quien se pueden jugar los cuartos. Francia es Francia y España, como dicen ellos, es otra cosa.
                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

jueves, 1 de septiembre de 2011

REFORMA CONSTITUCIONAL, SIN DEMAGOGIA


            Reformar la Constitución no es baladí y, por tanto, es necesario que todos los ciudadanos tengan una información objetiva y despojada de todas las demagogias que, unos y otros, quieran añadirle con un claro objetivo político-electoral. La reforma del artículo 135, pactada entre Zapatero y Rajoy –es decir, entre el PSOE y el PP-, ha desencadenado una serie de reacciones que no van, a mi juicio, en la dirección correcta hacia esa información objetiva a la que la ciudadanía tiene derecho. Hablar de ruptura del consenso constitucional, de exigencia de referéndum, de triunfo de la derecha, de eliminación del Estado del Bienestar, de hacerlo a espaldas del pueblo… y otras tantas exageraciones, me parece un ejercicio demagógico excesivo que sólo pretende pescar en el río revuelto de un electorado que pronto tendrá que pronunciarse en las urnas.
            La propia Constitución –por lo tanto, el consenso constituyente- acepta dos métodos para su reforma, según los artículos afectados. Ambos requieren una mayoría de dos tercios del Congreso y el Senado. Además, si la reforma afecta al Título Preliminar, al Capítulo II-Sección I del Título I o al Título II, se exige la disolución de las Cámaras, el refrendo de éstas tras las elecciones y el posterior sometimiento a referéndum popular. Sin embargo, para el resto de títulos y artículos no se requiere disolver cámaras ni convocar referéndum, salvo que éste sea solicitado por un diez por ciento del Congreso o del Senado. Teniendo en cuenta que la presente reforma afecta al artículo 135, ubicado en el Título VII sobre Economía y Hacienda, es obvio que la reforma se ajusta perfectamente al más escrupuloso respeto a la Constitución, resultado del consenso inicial entre todos los españoles, salvo que el citado porcentaje de senadores o diputados exija la convocatoria de un referéndum. Es por tanto descaradamente demagógico manifestar que la reforma se hace a espaldas del pueblo y, mucho menos, rompiendo el consenso que, en su momento, acordaron todas las fuerzas políticas.
            La reforma pretende, elevándolo a rango constitucional, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando al respecto a todas las Administraciones Públicas, reforzar el compromiso de España con la UE y garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país. En definitiva, evitar en el futuro un despilfarro incontrolado que, en estos últimos años, nos ha llevado al borde de la ruina. Así lo tienen establecido algunos países, como Alemania, sin que ello signifique la quiebra del Estado del Bienestar como aquí dicen algunos. La cuestión no es gastar más, sino gastar mejor, ajustando al máximo posible el diferencial entre gastos e ingresos, lo que también exige una mejora en la recaudación. Por tanto, desde esta perspectiva, no es razonable hablar de triunfo de la derecha, salvo que algunos piensen que una política de izquierdas es gastar y gastar incluso lo que no tenemos, endeudándonos hasta las cejas e hipotecando a las generaciones futuras. La orientación ideológica de la Economía sólo depende de dónde se carguen las tintas a la hora de gastar y a la hora de recaudar, dentro de las capacidades reales de riqueza que cada país tiene. Establecer un tope máximo de gasto en relación a dichas capacidades no es ni de derechas ni de izquierdas, es simplemente de sentido común.
            Otra cuestión distinta es el momento y la forma en que Zapatero ha planteado la reforma, solicitada por Rajoy desde hace tiempo. Hacerlo cuando está a punto de irse y en precampaña electoral es darle oxígeno a Rajoy y dejar a Rubalcaba entre las cuerdas. Pactarlo con Rajoy al margen de Rubalcaba es dejar muy tocado al desnortado PSOE, que venía rechazando hasta hoy la propuesta del PP tachándola de derechas, como hacen otros, de forma demagógica. Sólo desde esta contradicción del PSOE se puede considerar que la reforma suponga un triunfo de la derecha. Pero es la consecuencia lógica del caótico proceso de sustitución de liderazgo que han decidido los propios socialistas, ¿no sigue siendo ZP el secretario general del PSOE? ¿no ha sido la rectificación su ideología? Rubalcaba y el resto de barones socialistas, quienes hasta ahora obedecían ciegamente al sacrosanto Zapatero, están siendo ahora víctimas de sus propios errores y, para evitar males mayores, no tienen más remedio que seguir acatando sus decisiones hasta el final, aunque sólo sea de puertas hacia fuera y esta decisión esté cargada de sentido común. ¡Cómo no van a hacerlo si aplaudieron sumisos otras muchas decisiones cargadas de sin sentido! Pero rectificar en estos momento sobre un asunto tan importante y de la forma en que lo ha hecho ZP, plegándose a lo que la derecha venía planteando de forma razonable desde hace tiempo, es dar una baza electoral a los partidos de izquierdas y nacionalista, de la que, por mera decisión de ZP, queda inerme el PSOE -y su candidato Rubalcaba-, susceptibles de ser atacados por las demás opciones de izquierdas y nacionalistas, que utilizarán todo tipo de argumentos ideológicos, por demagógicos que sean, para arrebatarle un buen puñado de votos. Ya dice la sabiduría popular que “a perro flaco, todo son pulgas”, sobre todo si el perro lleva mucho tiempo sin comer y no encuentra dueño que le proporcione alimentos.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

PERMISIVIDAD O CONTUNDENCIA POLICIAL


            Es obvio que en un Estado de Derecho las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen toda la legitimidad para intervenir dentro de la legalidad contra aquellos que, por una u otra razón, actúan al margen de la misma o alteran el orden público. Es uno de sus cometidos. Para eso están y para ello se les paga del erario público, es decir, de nuestros impuestos, como al resto de funcionarios para el desempeño de sus funciones. Prestan un servicio al pueblo, a toda la ciudadanía, lo que las diferencia de las existentes en países antidemocráticos donde actúan al servicio del dictador de turno y, por tanto, contra sus respectivos pueblos. Por el bien común, de entrada, es necesario pues que cuenten con nuestra colaboración, individual y colectiva, en todas sus actuaciones para corregir las perversiones de la legalidad que democráticamente nos hemos dado. Pero en los últimos tiempos se están produciendo demasiados espectáculos deplorables en los que, de forma irresponsable, algunos pretenden empañar las actuaciones policiales tachándolas de inadecuadas, lo que provoca un malestar generalizado en las mismas que, en definitiva, perjudica a nuestra convivencia pacífica. ¿Dónde está el límite para juzgar una actuación policial como permisiva, correcta o contundente? La respuesta sería la clave para valorar de forma objetiva en cada intervención policial los defectos o excesos que se hayan podido cometer. Sin embargo, permisividad y contundencia son conceptos subjetivos, siempre discutibles, por lo que, para acercarnos a una cierta objetividad, sólo nos queda recurrir a las imágenes globales del acto en el que han intervenido –sobre todo si se trata de manifestaciones o concentraciones susceptibles de alteración del orden público- para conocer el comportamiento de unos y otros, no sólo el de la policía, y evaluar quienes han actuado de forma incorrecta.
            En los últimos meses algunas de estas imágenes hablan por sí solas. ¿Procede que un grupo de gente impida la identificación de una persona, que se niega a ser identificada e intenta huir, y encima acusen al policía de xenófobo porque el sujeto no es de raza blanca? ¿Procede que, ante la pertinente dotación policial y el oficial judicial, se impida por la fuerza una orden de desahucio? ¿Procede que la policía enviada a una manifestación sea desobedecida, insultada, escupida y vejada por manifestantes que, campando a sus anchas, intentan asaltar edificios públicos, impedir el trabajo de cargos gubernativos o buscar enfrentamientos con otros manifestantes de signo contrario? Es obvio que, en estos y otros muchos casos, los policías están cumpliendo con su obligación -para ello se les envía a dichos lugares- y quienes están de momento actuando de forma incorrecta y al margen de la legalidad no son precisamente ellos, aunque, ante tal provocación e impotencia, pueda producirse alguna extralimitación por parte de algún agente. Por lamentable que sea la situación de un inmigrante “sin papeles” o una orden de desahucio, por loables que sean las reivindicaciones de cualquier grupo, no procede arremeter contra los agentes policiales que simplemente están cumpliendo con su difícil trabajo y ejerciendo la autoridad que nuestra legislación les otorga. Más bien cabe arremeter contra los legisladores y gobernantes, únicos responsables del malestar de muchos ciudadanos y de la precaria situación en que viven muchos otros. Los policías, en definitiva, simplemente cumplen sus órdenes –las del Ministerio de Interior- que, en muchas ocasiones, son difíciles de cumplir, especialmente cuando les obligan a soportar ciertas dosis de permisividad frente a actuaciones o situaciones de ilegalidad y desobediencia civil que, “in crescendo”, desembocan finalmente en la necesidad de usar la contundencia para prevenir males mayores. Si la legalidad y el orden público fuera la vara de medir en todos los casos, se entendería cierta contundencia para restablecerlos frente a quienes la incumplen o se niegan a acatar las indicaciones de los responsables de hacerlo, los policías, ya que la permisividad por parte de ellos, la dejación de autoridad, conduciría al caos.
            Afortunadamente los tiempos de Fraga y su famosa frase “la calle es mía” han pasado, aunque algunos se empeñen ahora en aplicársela a ellos mismos sin entender que la calle tampoco es suya, sino de todos. Si entonces la policía actuaba para imponer el silencio del pueblo desde la ilegitimidad, ahora, desde la legitimidad, lo hace para garantizar, desde la legalidad, la libertad de expresión; pero de todos y no sólo de unos pocos. Al Ministerio de Interior corresponde la responsabilidad de cómo hacerlo. ¡Claro que es esencial para nuestra democracia, tal como afirma el ministro Camacho, que todos puedan expresar al mismo tiempo sus ideas aunque sean contrapuestas! Pero cabe preguntarle si todos han de hacerlo también en el mismo lugar, máxime si, como él dice, los últimos disturbios en Sol los ocasionaron “radicales con actitudes violentas”. Precisamente, para evitar los previsibles disturbios envió allí a los antidisturbios, seguramente pensando que con ciertas dosis de oratoria les harían deponer sus violentas actitudes. Lo que no le quedó claro seguramente es cómo tenían que actuar en caso de no conseguirlo. ¿Lo tiene claro ahora? Eso es lo que realmente importa.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

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