jueves, 27 de octubre de 2011

UN POCO DE CORDURA


            ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada y se convierte en principal protagonista de la campaña electoral, ya iniciada “de facto”, eclipsando los verdaderos y graves problemas que padece el pueblo español. Nuestros políticos –al menos los democráticos-, quienes una y mil veces han declarado que el terrorismo no sería utilizado como reclamo electoral, se afanan en inventar todas las sutilezas posibles para posicionarse de forma distinta ante un asunto que debiera gozar de unanimidad, y punto. Sin embargo, coincidiendo en la obviedad de que, de entrada, se trata de una buena noticia, intentan buscar las diferencias en su significado de cara al futuro y en quien lo hizo mejor o peor en el pasado para conseguir que ETA por fin la anunciara. Mientras que desde instancias europeas instan a ETA a su disolución y desarme, aquí, en España, un abanico variopinto de declaraciones animan la ceremonia de la confusión sobre lo que algunos políticos ya han dado en denominar el posterrorismo. Curiosamente, de la noche a la mañana se acabó el terror. Ya no hay asesinos, ni memoria histórica reciente, ni cuentas pendientes que saldar. Todo ha sido un mal sueño, una pesadilla infernal, que se ha desvanecido con el despertar a este nuevo periodo de concordia.
            En este nuevo amanecer, preludio de una democracia inmaculada, quedan atrás todas las estrategias practicadas por los diferentes gobiernos en la lucha antiterrorista, desde los contactos directos o indirectos hasta la negociación, desde la persecución legal hasta el uso de métodos ilegales. Todos dicen con la boca grande que la derrota de ETA es el triunfo de todos los demócratas, por tanto de todos los gobiernos que se han sucedido; pero con la boca pequeña cada uno pretende apuntarse un plus de eficacia de cara al electorado. Todos hablan de unidad de acción futura con la boca grande, pero con la boca pequeña cada uno prepara su propia estrategia. Pero nadie puede, ni debe, dejar atrás y olvidar el triste balance de la pesadilla. Un balance real de más de ochocientas personas asesinadas y sus respectivas familias rotas para siempre, miles y miles de personas amenazadas y huidas del País Vasco, otras tantas saqueadas con el tristemente famoso impuesto revolucionario y, en definitiva, toda una sociedad, la vasca, sometida al miedo y a la falta de libertad por una minoría violenta, bajo el pretexto de una serie de reivindicaciones políticas que podían haber reivindicado, como el resto de vascos y españoles, desde la convivencia pacífica. Desde aquel consenso político, modélico ante el mundo, que finiquitó la dictadura y dió paso a la libertad hace ya más de treinta años. Un consenso que algunos dirigentes políticos pretenden incluir como parte de la pesadilla y no de la realidad en este mágico despertar.
            Entendiendo las sutilezas de algunos para afrontar la buena nueva en plena campaña electoral, es intolerable que otros rebasen descaradamente los límites de la cordura. Las dificultades que atraviesan los partidos políticos en el nuevo escenario electoral no pueden avalar un discurso irresponsable, olvidando que, tras las elecciones, es cuando queda todo por hacer al respecto. En este ranking de irresponsabilidad, hasta el momento, ocupan el liderazgo los peneuvistas Urkullo y Anasagasti. Como si el PNV no hubiera tenido nada que ver en la gobernabilidad española y vasca en todos estos años de democracia, abducidos por este nuevo ciclo posterrorista, regresan a los años setenta del pasado siglo, reniegan de la transición e, instalados en la predemocracia, se declaran genuinos paladines de una nueva y necesaria transición democrática que permita el paso a un proceso constituyente en Euskadi. Sin rubor alguno, desde una especie de amnesia patológica, abogan por un adelanto electoral en el País Vasco, por una amnistía política a todos los presos etarras –incluidos los condenados por delitos de sangre, ya que los mayores son los de Franco- y por una petición de perdón a todas las víctimas en un escenario nuevo sin vencedores ni vencidos. Se olvidan de forma indecente del periodo democrático más largo de toda la historia de España –y por tanto vasca-, del papel importante que ellos mismos y su partido han desempeñado en el mismo. Se olvidan de que en este tiempo todo, absolutamente todo lo actuado, goza de plena legitimidad y, por tanto, no cabe ningún tipo de amnistía política, menos aún un proceso constituyente y otras barbaridades por el estilo. Franco, afortunadamente, murió hace ya mucho tiempo. Ahora, sólo cabe responder ante la ley de los delitos cometidos, acatando las correspondientes sentencias y respetando a todas las instituciones del Estado siempre que actúen sobre las competencias que cada una de ellas tiene encomendadas. Lo contrario es regresar a un oscuro pasado que todos, a estas alturas, ya tenemos olvidado. Ellos, parece ser que no.
            Si no se pone un poco de cordura para evitar estas enajenaciones mentales, espero que transitorias, el radiante amanecer posterrorista que algunos proclaman se puede convertir en un negro anochecer, preludio de nuevas y horrendas pesadillas.
          Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 25 de octubre de 2011

CAUTELA Y PRUDENCIA ANTE EL COMUNICADO DE ETA


            Tras la insultante Conferencia de paz de San Sebastián -en la que han tratado a la ciudadanía española como menor de edad, necesitada de tutelaje internacional para resolver un conflicto armado inexistente- los asesinos etarras declaran el “cese definitivo de su actividad armada” que sustituye a su anterior declaración de “alto el fuego permanente”. Una excelente noticia, como la anterior, porque mantiene y reafirma el statu quo de cese de la violencia, existente desde entonces, que, en definitiva, es lo que desea la ciudadanía, bien definitiva o permanente, ya que, en todo caso, viene a significar lo mismo. Precisamente por esta sinonimia no se entiende muy bien la euforia generada por este último comunicado –comparada con la del anterior- al extremo de que casi todos los dirigentes políticos proclaman la derrota de ETA y el triunfo del Estado de Derecho. ¡Ojala así sea!. Pero no hay que olvidar que la declaración procede de personajes tan poco fiables que, en plena negociación con el gobierno, asesinó de nuevo a personas inocentes de forma traidora y repugnante, como han hecho siempre para enguarrar nuestra convivencia democrática. Por tanto, aun recibiendo el comunicado como muy positivo, convendría ser más cautelosos y prudentes para no generar en los ciudadanos excesivas expectativas que, en cualquier instante, pudieran tornarse en lamentables desilusiones. Lo permanente o definitivo, en cualquier momento, puede dejar de serlo en boca de esta gentuza. ¿Por qué ahora hay que darles plena credibilidad, si antes nuestros gobernantes siempre pidieron lo contrario?
            Los dirigentes de los distintos partidos políticos, del gobierno o la oposición, han coincidido, al menos últimamente, en que la única salida para la debilitada ETA era su disolución, la entrega del armamento, la petición de perdón a las víctimas y la puesta a disposición de la justicia. Una derrota en toda regla. El propio Rubalcaba, siendo ministro de Interior, no dió ningún crédito al comunicado anterior de “alto el fuego” precisamente porque no iba en dicha dirección. Todos los demás le apoyaron acertadamente. Pero curiosamente ahora, al contrario de entonces, todos aplauden el anuncio de “cese definitivo” cuando el comunicado no va en esa dirección, sino que incluso homenajea a los asesinos muertos –que no a los asesinados- y presos etarras, únicas víctimas, según ellos, de la crudeza de una lucha de la que se sienten orgullosos. Ningún arrepentimiento, ningún reconocimiento de error, ninguna disculpa. Ni siquiera renuncian a ninguna de sus reivindicaciones políticas, incluida la autodeterminación, que, obviamente, tienen todo el derecho de plantear, siempre que lo hagan por vías estrictamente democráticas, es decir en el marco de la Constitución, que, precisamente rechazaron en su momento a pesar de que, gracias a ella, fueron amnistiados como presos políticos por sus acciones anteriores. Sin embargo ahora, siendo los únicos responsables de romper la concordia constitucional española -y por tanto vasca-, apelan en el comunicado a una “solución justa y democrática al secular conflicto político” y a que “frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo” en el que “el reconocimiento de Euskal Herría y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición”. Obviamente se refieren a la voluntad popular sólo de los vascos, lo que tiene difícil encaje constitucional. Es decir, ni siquiera  borrón y cuenta nueva para volver a la libertad. Los violentos y represores seguimos siendo los españoles, incluidos los vascos que no piensan como ellos, cuya voluntad popular inmensamente mayoritaria jamás respetaron y siguen sin respetar. ¿Cuál es la solución justa y democrática para ellos? Finaliza el comunicado con un llamamiento a los gobiernos de España y Francia a un diálogo directo -es decir, de tú a tú con ellos- para superar “la confrontación armada” y resolver las “consecuencias del conflicto”. Es decir, que finiquite la guerra civil, inventada por los ilustres mediadores de San Sebastián, que la califican como “la última confrontación armada en Europa”. Ya ven.
            Analizando pues todo el comunicado, no se entiende, salvo que haya cuestiones ocultas de alta política, que, precisamente cuando ETA está más debilitada, se acepte como creíble y válido el apartado referente al cese de la violencia, ya incluido en el anterior comunicado, y se le saque de todo el contexto, cuyas reivindicaciones en su conjunto debieran al menos plantear bastantes incertidumbres y recelos. ¿Es qué se van a aceptar todas las reivindicaciones? ¿cuántas de ellas? ¿Es que se les va a exigir la disolución, la entrega de armas, el perdón a las verdaderas víctimas y la puesta a disposición de la justicia? ¿todas ellas? ¿cuales sí y cuáles no? Cuando se despejen, entre otras, dichas incógnitas será cuando se pueda hablar o no del triunfo del Estado de Derecho, en este caso de dos, el español y el francés, frente a una banda de asesinos. Entretanto sólo cabe la cautela y la prudencia. Y la unidad de todos los demócratas, de todos los partidos democráticos, frente a errores cometidos en el pasado que sólo sirvieron para prolongar este calvario insoportable. Para ello conviene no confundir el deseo con la realidad. El comunicado de ETA, dice lo que dice y no lo que todos quisierámos que dijera. De momento sólo ha servido para priorizar en el debate electoral un problema que había quedado muy lejos entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. ¿No estaba ya ETA derrotada? A tenor del comunicado, da la impresión de que no.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

viernes, 21 de octubre de 2011

INDECENCIA INDIGNANTE


            La autodenominada “Conferencia de paz de San Sebastián” sólo merece, desde principio a fin, el apelativo de indecencia indignante desde cualquier punto de vista con que se quiera analizar. Desde su título a sus conclusiones, la terminología utilizada, la frivola puesta en escena, la ausencia de análisis y argumentos, y hasta el momento de su celebración en precampaña electoral, suponen una indignante falta de honestidad con nuestro proceso democrático, con las víctimas del terrorismo, con el esfuerzo de la lucha antiterrorista, con las instituciones del Estado y, en definitiva, con el sistema democrático que, salvo ETA y su entorno, decidimos los españoles para vivir en paz y libertad. Una farsa incomprensible e impensable en cualquier estado europeo y, menos aún, en cualquiera de los que, junto al nuestro, integran la UE. Lamentablemente aún está vigente para algunos la teoría de que “unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas” ¡Menuda desvergüenza!
            Que mediadores internacionales, a sueldo y en plena crisis, celebren en nuestro propio territorio una conferencia de “paz”, como si estuviéramos en guerra, y que tengan la osadía de calificar el terrorismo de ETA como “confrontación armada”, justo cuando menos capacidad asesina tiene ETA, es una afrenta indignante para nuestra ciudadanía. Que hablen de “bandos enfrentados”, que insten a los gobiernos de Madrid y París –pero desde aquí- a promover un “diálogo” con el bando etarra para tratar “exclusivamente las consecuencias del conflicto” y a que den la “bienvenida” a una supuesta declaración de “cese definitivo de la actividad armada” con el inicio de “conversaciones” y “pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas” para que, acabada ETA, se realice “una consulta a la ciudadanía” sobre la independencia del País Vasco, es, sencillamente, intolerable. Y que para una supuesta supervisión internacional de todo el proceso, se declaren dispuestos a “organizar” el correspondiente “comité de seguimiento”, que reclama ETA para su desarme, y poner fin así a “la última confrontación armada en Europa”, es un insulto inaceptable. En definitiva nos tratan como si de la noche a la mañana, democráticamentes hablando, hubiéramos dejado de ser mayores de edad y necesitásemos la pertinente tutela para garantizar nuestra propia convivencia en libertad, equiparándonos con cualquier república bananera. Por tanto, el bando demócrata, es decir el Estado democrático, ha de ponerse, según ellos, en un plano de igualdad con el otro bando en litigio, el antidemocrático, para finiquitar una guerra civil que dura cincuenta años. Por ello omiten en su lenguaje vocablos como terrorismo, banda armada y asesinato. En las guerras sólo hay ejércitos y víctimas legales de uno u otro bando. ¿Cómo es posible semejante desfachatez?.
            Pero lo más indignante es que tamañas barbaridades se hayan expuesto en un foro con representantes peneuvistas y socialistas, y, para colmo, hayan menospreciado sus tímidas intervenciones en el sentido de que el fin de ETA llegue “sin contrapartidas políticas de ningún tipo”, de que “ETA nunca debió existir” y de que “nunca ha habido un conflicto armado de dos bandos, sino el ataque sistemático de una minoría totalitaria y violenta que atenta contra la convivencia democrática y la pluralidad”. Una lamentable representación que, como se veía venir, sólo ha servido, “a priori”, para avalar la indecente farsa del entorno etarra y, “a posteriori”, para dejar en ridículo a los partidos políticos democráticos implicados. Tanto el PNV como el PSE, por su actitud permisiva y colaboradora con semejantes despropósitos, han servido como tontos útiles al objetivo etarra de zarandear una vez más nuestra democracia, provocando el regocijo en el intolerante mundo abertzale y la desazón en el resto de la ciudadanía, incluidos muchos de sus propios militantes. Una desazón “in crescendo” muy preocupante ante la falta de autoridad del PSOE que, gobernando en España y en Euskadi, se declara incapaz de controlar a sus propios dirigentes territoriales, especialmente a los del PSE y del PSC, para integrarlos en un proyecto político nacional común, propiciando una peligrosa deriva nacionalista -impensable hace unos años- que le aleja de la solvencia que tuvo antaño como instrumento vertebrador de la gobernabilidad de España, para erigirse en protagonista de catastróficos experimentos nacionalistas como el que nos ocupa o como el deplorable y extinto gobierno tripartito catalán.  
               ¿Acaso la Constitución española no es homologable con las del resto de su entorno? ¿no garantiza los derechos y libertades individuales, colectivas y territoriales al mismo nivel que las demás? ¿no es la que hemos elegido democráticamente los españoles? Es inadmisible pues que aquí, y sólo aquí, se soporten tamañas afrentas que atentan directamente a nuestra convivencia pacífica y laminan nuestro prestigio exterior. Ningún otro gobierno admitiría en su propio territorio foros tan insultantes como el de San Sebastián; ningún otro pueblo se lo habría tolerado. Ningún supuesto mediador se hubiera prestado a participar sabiendo que, ipso facto, provocaría la más enérgica condena gubernamental. ¿Por qué aquí sí? Esa es la cuestión.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

jueves, 20 de octubre de 2011

CÓDIGO ÉTICO PARA GOBERNANTES, YA


            Por enésima vez la opinión pública es zarandeada por un nuevo presunto caso de corrupción política, la “operación Campeón”, que, como en otros casos anteriores, cuya lista sería interminable, supone un nuevo varapalo a la ya escasa credibilidad que el pueblo tiene en sus gobernantes. El mismo guión, el mismo argumento, la misma puesta en escena y el mismo final. Sólo cambian los protagonistas: un ministro socialista –D. José Blanco-, un exconselleiro y diputado autonómico del BNG –D. Fernando Blanco-, un parlamentario del PP –D. Pablo Cobián- y, ¡cómo no!, un exitoso empresario de dudosa honestidad, D. Jorge Dorribo. El resto de actores secundarios de esta película interminable en blanco y negro es una serie de personajes secundarios en su papel de amigos –del alma o no-, familiares o intermediarios, necesarios para desarrollar la trama argumental. ¿Les recuerda algo a Gürtel, Brugal y otros tantos ejemplos?
            Aunque Pablo Cobian y Fernando Blanco han dimitido para, según ellos, no “ocasionar daños” a sus respectivos partidos, no seré yo quien reclame idéntica actitud a José Blanco quien, como los anteriores, dice que son falsas las acusaciones que hace Dorribo de haberles entregado dinero a cambio de agilizar trámites administrativos en relación a sus proyectos empresariales. Una práctica muy extendida a nivel de rumor entre la ciudadanía que se da en los distintos ámbitos político-administrativos. ¿Por qué será? No obstante, cada cual es libre, a nivel personal, de elegir la forma de afrontar la situación embarazosa en que se ve involucrado y proclamar su inocencia hasta que los tribunales decidan, bien asumiendo responsabilidades políticas o sin asumirlas. Por tanto, las peticiones de dimisión de Blanco -el ministro- con clara intencionalidad política quedan reservadas en este caso a los dirigentes del PP, al igual que los dirigentes del PSOE, incluido el propio Blanco, han venido haciendo en otros casos en que los gobernantes acusados eran populares. Como ven, un ejercicio mutuo de coherencia y honestidad partidaria –para el común, de cinismo indecente- que provoca una desconfianza ciudadana cada vez mayor en los propios partidos políticos. Es obvio que, en este contexto de paranoia normalizada, sean coherentes –o cínicas- las declaraciones de Saenz de Santamaría, exigiendo la dimisión de Blanco, así como las de Rubalcaba, creyendo a Blanco y no a Dorribo, porque éste ha estado preso y su trayectoria empresarial es de dudosa reputación. ¿No debiera ser la coherencia una de las cualidades exigibles a un gobernante? Blanco, a nivel personal, debe gozar de la más escrupulosa presunción de inocencia ante las acusaciones, como en su día Camps y tantos otros. Cuestión bien distinta es su responsabilidad política, no por ser acusado, sino por su irregular conducta como gobernante, como en su día Camps y tantos otros.
La entrevista de Blanco con Dorribo en una gasolinera, que el propio Blanco admite, no es justificable. ¿Qué pinta un ministro reuniéndose en tales circunstancias con un empresario supuestamente corrupto? ¿Es su forma habitual de proceder con el resto de la gente? Esta actuación impresentable, al margen de haber cometido o no un delito, es la que, ipso facto, merece una contundente reprobación popular y la exigencia de que asuma responsabilidades políticas dimitiendo como ministro. La dignidad del cargo que ejerce es incompatible con actuaciones pintorescas que, como mínimo, invitan a la sospecha de parcialidad. ¿No debiera ser la imparcialidad otra de las cualidades exigibles a un gobernante? Lamentablemente conductas similares son muy frecuentes en muchos de ellos, lo que exige acabar con tales irresponsabilidades.
            Sería buen momento, ya que se acercan elecciones, que los diferentes partidos asumieran en sus respectivas campañas electorales el compromiso público de elaborar en la próxima legislatura una especie de código ético para los gobernantes. En definitiva, una declaración de principios y de conducta, tal como existe en muchos lugares para la función pública, que, aceptada a nivel general, inhabilite a quien, al margen de imputaciones civiles o penales, actúe de forma descaradamente inadecuada a las exigencias de la dignidad del cargo que ocupa. Ya que, especialmente en cargos ejecutivos de nombramiento, no se requiere requisito alguno, salvo la decisión personal de quien los nombra, y el criterio para ello suele ser el amiguismo y no otras cualidades innatas o adquiridas, que sí se exigen para cualquier nivel de la función pública, conviene que, tras ser nombrados, no se deje su permanencia en el cargo al libre albedrío de su valedor si sus conductas rebasan claramente los límites de lo mínimamente exigible desde la decencia. Se puede soportar que un gobernante sea mediocre, pero no incapaz de entender que gobierna para todos y que la alta dignidad de su cargo está muy por encima de su persona, de sus intereses y de su partido. En definitiva, lo que eufemísticamente el pueblo califica como “el cargo le viene grande” por no calificarlo como impresentable a nivel personal. Así lo entienden en otros lugares donde por mucho menos el gobernante dimite o es cesado. Algo que tienen asumido los políticos y los partidos en que militan. Aquí, por lo visto, será necesario imponerlo como norma, cuando debiera ser impuesto simplemente por el sentido común.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

domingo, 9 de octubre de 2011

EL PSOE NO QUIERE GANAR LAS ELECCIONES


            Iniciada esta larga precampaña electoral sin precedentes, da la sensación de que el PSOE no sólo perderá las próximas elecciones, tal como dicen todas las encuestas, sino que, además, sus dirigentes no quieren o no saben ganarlas, tal como se desprende de sus primeras actuaciones, supuestamente tendentes a intentarlo. Instalados en un escenario irreal, que sólo existe en sus mentes, son incapaces de afrontar la dramática situación que sufre la mayoría de españoles, quienes, en gran medida, les consideran responsables de la misma por su incompetente gestión gubernamental. Por ello les han desalojado recientemente de los gobiernos locales y autonómicos y, por ello, se han visto obligados a anunciar un adelanto electoral que no deseaban. Pero, a pesar de todo, sin la más mínima autocrítica a su desastrosa gestión y sin el más elemental análisis de la tozuda realidad, pretenden, desde su limbo particular y en plena desbandada, hilvanar en la precampaña un vano discurso, basado en viejas recetas ideológicas que ya nadie cree, con la absurda esperanza de recuperar así parte de la credibilidad perdida. Haciendo gala de la más ilusoria simplicidad ideológica, por el simple hecho de autodeclararse de izquierdas, comparecen ahora como paladines de la defensa de los pobres y los trabajadores, frente a una derecha empeñada en defender a los ricos, y como garantes del mantenimiento del estado del bienestar, frente a una derecha empeñada en destruirlo. Vaticinan, si gana la derecha, los más aviesos recortes sociales y el finiquito de los servicios públicos básicos, como la educación y sanidad pública, en beneficio de la iniciativa privada. Es decir, como en Francia y Alemania donde gobiernan. 
            Es un discurso político, según las encuestas, que carece de credibilidad para la gran mayoría de los españoles, siendo válido exclusivamente para los más fieles adictos al propio partido, quienes se mueven por otros derroteros. Ni el contexto social, ni los protagonistas, ni la estrategia elegida aportan nada nuevo para atraer el voto de los todavía indecisos. En un escenario de aguda crisis económica la prioridad es cómo salir de ella lo antes posible, quiénes ofrecen más solvencia para hacerlo y cómo van a conseguirlo. Es lo que realmente preocupa. El pueblo sabe que la salida de la crisis será lenta y costosa, lo que requiere grandes dosis de realismo y no de elucubraciones ideológicas, que, en definitiva, se han mostrado inútiles en la gestión gubernamental socialista agravando la crisis, al extremo de claudicar a las mismas haciendo recortes sociales sin precedentes como la congelación de las pensiones y la bajada de sueldos a los funcionarios públicos. No es creíble que quienes desde el gobierno han sido incapaces de evitar semejantes recortes sociales, se presenten ahora como garantes de no volver a hacerlo, pase lo que pase, si se les revalida la opción de seguir gobernando. Menos aún si su nuevo líder, Rubalcaba, es uno de los miembros más importantes del gobierno que lo hizo, impidiendo así al PSOE presentar un nuevo proyecto político, surgido de una reflexión profunda y liderado por nuevos protagonistas capaces de añadir ciertas dosis de credibilidad. Y es más increíble, con la que está cayendo, una estrategia de captación de voto basada en el miedo a un posible gobierno de Rajoy que nos conducirá al caos. Como si ya no viviéramos en el caos, como si el PP no hubiera gobernado nunca o no lo esté haciendo en la mayoría de ayuntamientos y CCAA, ganadas a los socialistas seguramente porque el pueblo es partidario de desmantelar el estado del bienestar que disfruta bajo la gestión socialista. Menuda paradoja.
            El pueblo lo que tiene muy claro es que el nuevo gobierno -socialista o no- tendrá que reducir el déficit y para ello es imprescindible recortar los gastos, sobre todo cuando es muy difícil incrementar los ingresos. Lo sabe porque es lo que viene haciendo en sus economías familiares desde hace ya demasiado tiempo -especialmente si perdió su trabajo- y no por ser de ciencias como Rubalcaba. Sabe que hay que acabar con el despilfarro de los últimos años, pagar las deudas y dejar de vivir por encima de las posibilidades a base de créditos que ya ni le dan. Por ello le interesa un discurso pragmático y realista que, con toda crudeza, hable de estos asuntos; un discurso exento de demagogias e incoherencias. Por eso, entre otras muchas razones, no entiende que, tal como dice Alarte, si el PSOE baja el sueldo a los docentes se trata de un “ajuste”, un esfuerzo necesario y generoso, para poder mantener la educación pública, pero si el PP les exige dos horas más lectivas semanales se trata de un “recorte” intencionado para acabar con la enseñanza pública y favorecer a la privada. Y lo entiende menos aún si Blanco, entre otros muchos, educa a sus hijos en la privada –como los de derechas, según ellos- y no en la pública que tanto dicen defender, mientras que los demás han de educarlos en el centro público que, según la normativa, les corresponda. No entiende, en definitiva, que quien vive y se comporta como rico encima pretenda proclamarse como defensor a ultranza de los modelos reservados al pueblo llano que, sin embargo, no utiliza. Es un sarcasmo, tan indecente, que el pueblo no se merece. Sólo falta ya que con lo que el pueblo está soportando, encima lo tomen por imbécil.
            No sé por qué me acaba de venir a la memoria la leyenda sobre una junta militar de una minúscula república bananera, cercana a los EEUU, que, ante el rechazo popular a su gestión y en plena convulsión social, se reunió para solucionar tan desastrosa situación. Al fin encontraron la solución: declarar la guerra a EEUU que, obviamente, les derrotaría y convertiría a la república en un estado más de los EEUU. Pero el problema surgió de nuevo cuando el presidente de la junta, poco antes de levantar la sesión, preguntó con gesto de preocupación: ¿Y si ganamos la guerra nosotros?.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

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