miércoles, 22 de febrero de 2012

REINVENTAR LA DEMOCRACIA


            No sé si será la crisis, la cercanía del fin del mundo anunciada por los mayas, el gélido invierno inesperado, el final de la constelación planetaria Zapatero-Obama de Pajín, el próximo bicentenario de “La Pepa” o, vaya usted a saber qué otro fenómeno, lo que está provocando en algunos una epidemia de revisionismo democrático al descubrir de la noche a la mañana, después de treinta y tantos años, que la tan elogiada transición española, modelo incluso para otros países del mundo, fue una chapuza. Como tal, su resultado final, es decir, nuestra Constitución y su entramado institucional, que nos iguala al resto de países democráticos, ya no sirve para seguir viviendo en paz y libertad. Nadie explica por qué, pero así es. Nadie, salvo que recurra al pecado original de la transición, entiende que nuestras reglas de juego democrático, similares a las de nuestros socios en la UE, sean tan perversas para nosotros y tan benéficas para ellos. Nadie, salvo que se trate de reinventar la democracia occidental en nuestro país para después exportarla al resto del mundo. En este caso, al menos, deberían explicarnos el innovador proyecto, supongo que democrático, el proceso para conseguirlo de forma pacífica y las ventajas que aportará a la ciudadanía frente al que tenemos.
            El caso es que, de pronto, nuestro Sistema Judicial no es democrático y, por ende, nuestro sistema de convivencia, tampoco. El Tribunal Supremo, su máximo órgano jurisdiccional, así como tribunal superior en todos los órdenes –civil, penal, social y contencioso-administrativo-, resulta ahora que es fascista y, como tal, arbitrario y corrupto. Así las cosas, qué decir del resto de tribunales, jerárquicamente inferiores, con jurados populares o no, si, al final, por la vía del recurso sus sentencias acaban en lo que decida el fascista y corrupto TS. Ni siquiera quedan al margen de tanta perversidad los juicios con jurado popular, tan reivindicado por el pueblo, pues resulta ahora que, por puro cálculo estadístico de probabilidades, según la mayoría político-social de la circunscripción correspondiente, está contaminado de izquierdismo o derechismo, amén de que, al no ser profesionales del derecho, están abocados al error. Todo esto es lo que se deduce de las declaraciones que estos revisionistas de última hora vienen haciendo últimamente cuando las sentencias de los tribunales no se ajustan a sus expectativas, que proclaman públicamente durante el proceso para que todo el mundo, incluido el tribunal, conozca su predeterminado y justo veredicto. Así las cosas, no se entiende muy bien que, cuando se trata de tribunales inferiores, se utilice la vía del recurso para dejar la última palabra a tan perverso TS. En todo caso, prefieren que el “pueblo” se reúna en el ágora como en la Grecia clásica –pero convocados de forma misteriosa- para que proclame inocentes a los declarados culpables por los tribunales y culpables a los declarados inocentes. Obviamente como, por razón de espacio, todos los españoles no cabemos en el ágora, basta que acudan a ella unos cuantos para dar por válidos tan razonados veredictos, elevándolos a la categoría de democráticos, es decir, de lo que quiere el pueblo. Es la mejor garantía para restaurar la democracia y acabar con el totalitarismo que denuncian, finiquitando esta justicia al revés que, según ellos, condena a los inocentes y libera a los culpables. El “pueblo”, bien entendido, siempre tiene razón.
            Hay que dejar constancia de que este innovador revisionismo democrático no lo protagonizan, aunque lo parezca, movimientos anti-sistema, existentes en los demás países como en el nuestro, pues entre sus voceros destacan personajes que han ejercido o ejercen como miembros de diversas instituciones del Estado, algunos desde hace varios lustros y con aspiración de jubilarse en ellas, sin reparar hasta ahora en su perversidad, que ahora descubren, a la que, en todo caso, como miembros activos han colaborado de forma inapelable, tanto mientras gobernaba el PSOE como el PP. Nadie, con sentido común, entiende, por ejemplo, que un parlamentario, elegido en listas de un partido democrático, pudiendo debatir en el parlamento o en asambleas territoriales las iniciativas que quiera plantear con arreglo a la normativa vigente, recurra al insulto callejero, que no a la crítica razonada, para denigrar sin argumentos la propia esencia de las instituciones que él mismo ha colaborado a instituir de acuerdo a la fuerza representativa que el pueblo haya dado en cada momento a su opción política. Nadie, que lo haga un magistrado que forma o ha formado parte de este sistema judicial que ahora tilda de fascista. Nadie, que lo haga un líder sindical que disfruta de todas y cada una de las ventajas que le otorga nuestro sistema democrático, como debe ser. Nadie, que todo esto suceda únicamente en nuestro país. Está claro que, en efecto, hay comportamientos fascistas y totalitarios en España. El problema es averiguar exactamente dónde se practican y quiénes los protagonizan. Esperemos que estos revisionistas, reinventando la democracia, sean capaces de detectarlo lo antes posible. Aunque es probable que el pueblo, no el del ágora sino el de las urnas, aplicando simplemente el sentido común, ya lo haya detectado. O ¿es que éste se equivoca?. Sería lamentable si así fuera.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

martes, 14 de febrero de 2012

GARZÓN, PREVARICADOR


            Por decisión unánime de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdicional de nuestro Estado de Derecho, el juez Baltasar Garzón ha sido condenado por prevaricación al restringir los derechos de defensa en el caso Gúrtel por ordenar escuchas de las conversaciones entre los imputados y sus abogados defensores. El juicio, como los dos que aún tiene pendientes, se ha celebrado bajo una presión mediática y política irresponsable que, en una especie de ceremonia de la confusión, ha creado en la opinión pública un caldo de cultivo peligroso, convirtiéndolo en un debate maniqueo entre buenos y malos, entre izquierdas y derechas, cuando sólo se trata de un asunto judicial: un juicio. Los excesos verbales, que se siguen vertiendo tras la condena, exceden los límites de lo tolerable, en especial los vertidos por dirigentes políticos y sindicales, que debieran ser defensores del marco democrático, en el que participan, y de sus reglas de juego, en vez de incitar al desacato a las resoluciones que se encargan de aplicarlas y de velar por su cumplimiento. Nuestro Estado de Derecho y su sistema judicial, susceptible de mejora como cualquier otro, está homologado con los del resto de países democráticos, especialmente con los de nuestro entorno, lo que desacredita a quienes irresponsablemente arremeten contra las instituciones que, democráticamente, nos hemos dado; un fenómeno inexistente en cualquiera de los citados países.
            Ni los corruptos han condenado a Garzón, como dice Llamazares entre otros, ni se le condena por luchar contra la corrupción, como ha hecho en casos anteriores. Al juez instructor le condena el TS por prevaricación: delito que cometen los funcionarios públicos al faltar a sabiendas o por ignorancia inexcusable a las obligaciones y deberes de su cargo. Algo que cualquier persona mínimamente informada debiera saber. Se le condena a instancias de la demanda interpuesta por el abogado defensor de un imputado por corrupción tras constatar que se vulneraba su derecho en el ejercicio de su profesión y el de la defensa de su cliente por haber ordenado el juez grabar las conversaciones entre ambos de forma ilegal. Salvo excepciones que contempla la ley, escuchar conversaciones entre abogado y cliente es muy grave en cualquier estado de derecho; hacerlo de forma genérica e indiscriminada, como ha sido probado en el juicio, es todavía peor. Se están violando derechos fundamentales que, tal como dice la sentencia, son prácticas propias de estados totalitarios y, por tanto, inaceptables en estados democráticos. Estos son los hechos concretos al margen de especulaciones.
Garzón es condenado, como cualquier otro ciudadano, tras un juicio con todas las garantías y todas las libertades para la comprobación de la prueba. Es más, por la calidad suprema del tribunal que le juzga debido a su aforamiento, ha gozado, si cabe, de un plus de privilegio legal que no tiene la inmensa mayoría de ciudadanos. Dicho tribunal, que todos quisiéramos si nos viéramos incursos en un proceso penal, basa su demoledora sentencia, técnicamente inapelable y por unanimidad, en hechos probados, al extremo que hacen casi lógica la unanimidad, pues los hechos probados que relata son tan meridianamente claros que impiden la defensa de cualquier voto particular por parte de cualquiera de sus miembros, circunstancia que, de haberse dado, tampoco invalidaría la sentencia, aunque, al menos, daría algún crédito a las críticas, que no a los insultos, por los argumentos expuestos en la defensa del voto particular. Ni siquiera es el caso de esta sentencia que, haciendo referencia a jurisprudencia internacional en temas de derechos humanos y garantías, consagra el derecho de defensa que cualquier demócrata debiera apoyar, pues una justicia sin garantías ni límites es una injusticia.
            Se supone que todo demócrata, al margen de su ideología, entiende que nadie debe ser impune, independientemente de su perfil o su trayectoria; que nadie debe estar por encima de la ley; que un pasado brillante no exime de un futuro error grave; y que el fin, por loable que sea, no justifica los medios. Asimismo, que mezclar ideología con justicia es perverso, pues, al margen de la ideología que personalmente tenga cada uno de los magistrados, imputados o abogados defensores, la aplicación de la justicia ha de ser objetiva, concreta y puntual con arreglo a la legalidad vigente tras la comprobación de los hechos imputados. Es preocupante que, estando de acuerdo con estos principios, se esté dando semejante espectáculo callejero y mediático; sería incluso peligroso si los protagonistas del mismo estuvieran en desacuerdo con ellos. Pero lo realmente grave, que debiera preocuparnos a todos, son las consecuencias procesales que puedan derivarse de la delictiva actuación del juez Garzón en la instrucción del caso Gürtel, no vaya a ser que quienes le califican ahora frívolamente como su “primera víctima”, tengan que reconocerlo después como su mejor defensor, por más que su intención fuese lo contrario. Si un elemento probatorio es nulo cuando se obtiene de forma ilegal, ya que sólo en procesos inquisitoriales se utiliza cualquier método para descubrir la verdad, está en riesgo declarar nulo el caso Gúrtel o parte del mismo, lo que impediría o dificultaría esclarecer uno de los casos más graves de presunta corrupción. ¿Quién sería el responsable si así fuera, el TS o Garzón, quien aplica la ley o quien delinque?
            Calificar “a priori” de fascista al TS y, “a posteriori”, de prevaricador y corrupto, o manifestar que no se respete ni se acate la sentencia, es sencillamente delictivo. Al menos lo sería en cualquier otro país democrático. En el nuestro, como es totalitario, no lo es.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

sábado, 11 de febrero de 2012

SIN PENA NI GLORIA


            Como era de esperar ha finalizado el trigésimo octavo congreso del PSOE sin pena ni gloria. Después de un par de semanas recaudando votos a lo largo y ancho de toda España, Rubalcaba y Chacón han llevado a Sevilla sus respectivas recaudaciones para hacer el recuento definitivo y comprobar quién ha obtenido mejor rédito por tan arduo esfuerzo. Nada nuevo a debatir. Se trataba de dar continuidad al proyecto político zapaterista, que ha fracasado estrepitosamente, pero con un nuevo liderazgo a elegir entre dos de sus más genuinos representantes. Los únicos alicientes, elegir entre hombre o mujer, entre madurez o juventud, entre zapaterismo adulterado o puro y entre fracaso a nivel nacional o sólo a nivel catalán. Ya ven, un atractivo elenco de propuestas de cara a un futuro esperanzador. Una gran incógnita, la indecisión de unas decenas de delegados para respaldar a uno u otra, pues el piñon fijo del resto, casi nueve centenas de delegados, ya traían las orejeras puestas y se repartían casi mitad por mitad antes de comenzar el evento. Al final, el decantamiento a última hora de unos cuantos indecisos a favor del candidato oficial, nombrado a dedo en su día por ZP y, como tal, apoyado hasta el último instante por gran parte de su aparato, da una pírrica victoria a Rubalcaba, que se alza con el liderazgo de una organización partida en dos por cuestiones personales pero unificada en la nadería política, ideológica y programática de los últimos años. Todo un éxito sin lugar a dudas. En todo caso, hay que reconocer que los delegados, obligados a elegir entre lo malo y lo peor, han acertado al apostar por lo primero. Lo bueno, óptimo o, al menos, lo deseable, no estaba en juego; ni se lo habían planteado.
            Rubalcaba -perdedor en todas las batallas, pero siempre triunfador en la guerra- ha salido victorioso en esta reyerta familiar, causando demasiados dannificados entre quienes, hasta hace bien poco, compartían con él idéntico proyecto, lo que, de entrada, le diferencia del manido “talante” de su exjefe ZP que, en su momento, le acogió en su genuino proyecto, a pesar de haber jugado en su contra. Ahora, como heredero advenedizo del zapaterismo, en su nueva versión rubalcabista, no cabe ninguno de los herederos naturales si han osado disputarle la herencia. Sólo quienes han apostado sin fisuras por el nuevo jefe tienen cabida para pilotarlo. No cabe duda, es el mayor de sus aciertos. Rubalcaba, el más listo de la clase, sabe por pura experiencia personal que es nefasto dar protagonismo a quienes, aunque sólo sea por razones personales, juegan en contra del vencedor y no quiere cobrar en el futuro con la misma moneda con la que él ha pagado a quienes le acogieron tan generosamente para ser protagonista del proyecto al que se oponía. Nefasto para el líder, que ahora es él, y nefasto para el proyecto, que ahora es el suyo. Aplicando la táctica de quien gana, lo gana todo y quien pierde lo pierde todo, quedan fuera de la dirección los opositores, contrincantes o enemigos, quienes, si quieren plantear en el futuro una alternativa real, habrán de hacerlo desde fuera, con una actitud crítica, leal y trasparente. Evita así el mercadeo de la proporcionalidad, que sólo sirve para que unos cuantos listos, por razón de su cuota, sólo busquen su acomodo personal sin más y, una vez instalados, para mantenerse, se presten a un falso silencio y a una burda obediencia que salta por los aires cuando el jefe sufre claros indicios de debilidad o deterioro. Entretanto, la falsa unanimidad y la inanición; al final, la lucha personal sin ninguna motivación ideológica o programática creíble. Si ZP hubiese aplicado con Rubalcaba la táctica que éste aplica ahora con sus contrincantes, otro gallo cantaría, pues si hoy el proyecto de Rubalcaba o de cualquier otro dirigente hubiese triunfado frente al de Chacón que, obviamente, representaría la continuidad del zapaterismo decadente, gozaría de credibilidad ciudadana, y, en caso contrario, el PSOE gozaría al menos del crédito suficiente para afrontar la travesía del desierto en la oposición como un partido vivo capaz de regenerarse en el futuro. Si se sigue aplicando la táctica de Rubalcaba, es posible que, en caso de fracaso, su futura sucesión sea menos decepcionante que la de ZP y genere mayores esperanzas.
            No obstante, ni todo empieza ni acaba con este congreso sin pena ni gloria. Los próximos congresos de las distintas federaciones tienen la última palabra para cerrar el círculo. Basta saber si la táctica de Rubalcaba será aplicada por los barones territoriales, acostumbrados a mantener sus inestables liderazgos por la vía del mercadeo para lograr ejecutivas con el mayor apoyo posible, aceptando en ellas a sus enemigos personales. ¿Serán capaces de entender que la excepción de Rubalcaba con Griñán obedece sólo a razones electorales? Probablemente no. ¿Acaso no ganó Rubalcaba casi treinta puntos más de apoyo y se vanaglorió por haber cumplido su compromiso de “unidad”? Este es su error y la contradicción de su táctica. Seguramente para conseguir la unidad es por lo que en algunas federaciones ya están todos los jefes, jefecillos y jefezuelos con las espadas en alto movilizando a sus gentes para la contienda. Habrá que esperar para saber si el cerramiento del círculo pasa con más pena que gloria. En eso estamos.
         Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 5 de febrero de 2012

COMPORTAMIENTOS FASCISTOIDES PRO GARZÓN


            Ni es la primera vez, ni será la última, que un juez es procesado. Como cualquier otro ciudadano -¡faltaría más!- ha de someterse a la Justicia si, ante una acusación de comisión de un posible delito, hay claros indicios de que está implicado y es imputado por ello. Es lo normal en cualquier país democrático, menos en el nuestro. Lo pone de manifiesto el alboroto callejero y mediático surgido tras los procesos abiertos al juez y político Baltasar Garzón, quien, con las mayores garantías, comparece ante el Tribunal Supremo como aforado para defenderse de acusaciones interpuestas contra él. En definitiva, tres causas abiertas por unanimidad por la Sala Penal del Supremo que le imputa presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Tres procesos que, como todos los demás, juzgarán sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Es improcedente menospreciar a los demandantes y a sus intenciones, así como ensalzar al demandado y a su trayectoria. Arremeter contra el juzgador, intolerable. En un Estado de Derecho, como es el caso, se ampara a todo ciudadano, por abominable que sea o parezca a algunos, en su derecho a interponer las demandas que considere oportunas, al igual que al de defenderse de ellas con arreglo a la ley. El juzgador no juzga trayectorias personales ni actitudes morales o ideológicas, sino hechos concretos denunciados. Trata de saber si el imputado, en este caso Garzón, actuó de acuerdo a la legalidad o no, pero sólo en los casos que se juzgan y al margen de lo honorable que sea o parezca el personaje o su trayectoria. Lo contrario es propio de una Justicia totalitaria y dictatorial, especialmente si lo hace el TS, único órgano jurisdicional con jurisdicción en todo el territorio y tribunal superior en todos los órdenes, incluido el penal, salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales que compete al Tribunal Constitucional. El TS pues concluirá si Garzón prevaricó, erró o acertó en su actuación.
            Sin embargo algunos personajes con cierta proyección mediática, tergiversando los hechos, presentan el proceso a Garzón como “el juicio de la vergüenza” que pretende impedir la investigación de los crímenes franquistas y favorecer a los corruptos frente a sus perseguidores. Autodenominándose “progresistas” y agrupándose en torno a una pintoresca plataforma, “Solidarios con Garzón”, tachan al Tribunal Supremo como “un instrumento del fascismo español…aliado de la corrupción y de la extrema derecha” y, erigiéndose en jueces supremos al estilo fascista, concluyen que “Garzón es inocente, diga lo que diga el Tribunal Supremo” y le declaran “la última víctima del franquismo y la primera del Gürtel”. Todo un ejemplo de democracia por su respeto y acatamiento a las instituciones democráticas que nos hemos dado. ¿Qué irregularidades ha cometido el Supremo para merecer trato tan vejatorio? Tan insignes personajes no denuncian ni una sola, se limitan a descalificarlo de forma genérica sin ningún argumento concreto. Ocultan que lo que se juzga es si Garzón prevaricó en su actuación en el proceso que inició por la desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo, cuando antes rechazó hacerlo sobre lo acaecido en Paracuellos con sólidos argumentos que ahora no contempla. Saben que no se le juzga por perseguir los crímenes franquistas, sino por no hacerlo presuntamente con arreglo a la legalidad vigente. Ocultan que lo que se juzga es si prevaricó al autorizar escuchas de las conversaciones en prisión entre imputados por el “caso Gürtel” y sus abogados, vulnerando el derecho fundamental a la defensa. Saben que no se le juzga por perseguir a los corruptos, sino por no hacerlo conforme a derecho, lo que puede incluso beneficiarles si se anula lo actuado de forma incorrecta. Nada dicen sobre la presunta prevaricación y cohecho por la financiación de las actividades de Garzón en Nueva York, nada por inadmitir sin abstenerse una querella interpuesta a uno de sus financiadores, el señor Botín. Nada de nada sobre este caso que, obviamente, tiene menos encaje que los otros para manipularlo políticamente.
            Es intolerable que, con comportamientos tan fascistoides, estos individuos, por muy progresistas que se autodeclaren, acusen de fascista incoherentemente al TS y, por tanto, al actual Estado español, que, en caso de serlo mínimamente, no les permitiría semejantes libertades tan indecentemente usadas. ¿Quieren que el TS desestime las demandas interpuestas, si en ellas hay indicios de delito, por ser el demandado tan ilustre personaje? Eso es precisamente lo fascista. ¿Dudan de las garantías de su defensa teniendo Garzón muchos más recursos para ello que cualquier otro ciudadano normal? ¿Acaso no le han aceptado incluso la recusación de una decena de magistrados en dos tribunales distintos? ¿Se ha vulnerado alguna de sus garantías procesales? Si es así, dígase y denúnciese. Si no es así, proclamen la confianza en un veredicto justo de inocencia o culpabilidad conforme a derecho que habrá que acatar. ¿O es que tienen previas dudas de culpabilidad y por ello anticipan tan impresentables algaradas?. No se entiende que estos personajes hayan hecho mutis por el foro en tantos casos juzgados por el TS en democracia, gobernando el PSOE o el PP, y ahora irrumpan en el escenario de la demagogia con tanta virulencia. Menos aun cuando algunos, como profesionales del derecho, han sido y son parte del Sistema Judicial. Y es totalmente incompresible que lo hagan miembros destacados del PSOE sin sonrojarse por no haber denunciado o eliminado el supuesto fascismo que ahora denuncian cuando gobernaron incluso con mayoría absoluta. Que se sume a la farsa la señora Chacón, ministra de Defensa antesdeayer y aspirante a Presidenta de Gobierno pasado mañana si su partido no lo impide, no merece calificativo, refleja el sentido de Estado que tiene el personaje -¿o se dice personaja?-. No obstante, lleva razón al decir que “algo falla en este país”, el problema es que no se entera o no quiere enterarse de lo que está fallando.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

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