jueves, 8 de marzo de 2012

NADIE ES CULPABLE


            El bochornoso espectáculo que tanto el gobierno como la oposición, así como los dirigentes autonómicos, están protagonizando por el déficit público del conjunto de las administraciones públicas en 2011, requiere que los ciudadanos sepan los datos concretos y objetivos para identificar, sin demagogias, a los culpables o responsables de tan pésima gestión. Según Montoro nadie es culpable, sólo hay que hablar de responsables, que, según él, es España, aunque matiza que no era él quien estaba en el gobierno. Rubalcaba, sintiéndose aludido, contesta que Montoro lo que tiene que hacer es buscar soluciones y no culpables, recordando que, en todo caso, él salió del gobierno en julio, antes de que estallara la crisis de deuda. Ambos se quitan las pulgas de encima y ninguno quiere entrar en el fondo de la cuestión. Los dirigentes de las CCAA, generadoras de la mayor desviación del déficit, culpan al gobierno central porque les debe vaya usted a saber qué. Es decir, entre todos la mataron y ella sola se murió.
            En efecto, de una previsión global del 6% para el conjunto de administraciones públicas la desviación al alza ha sido el 2´51%, desglosada de la siguiente forma: la administración central el 0´30, las CCAA el 1´64, las entidades locales el 0´08 y la Seguridad Social el 0´49. Es obvio que la mayor desviación está en las CCAA, pero, al hacerlo de forma dispar, cada una de ellas tiene distinto grado de responsabilidad. Mientras Madrid con el 1´13% es la única que está por debajo del 1´30% previsto para las mismas y Castilla-La Mancha con el 7´30% es la que más lo rebasa, el resto lo hace de la siguiente forma: Galicia, 1´61; Canarias, 1´78; Navarra, 1´89; Rioja, 1´97; País Vasco, 2´16; Castilla-León, 2´35; Aragón, 2´78; Andalucía, 3´22; Comunidad Valenciana y Asturias, 3´64; Cantabria, 3´72; Baleares, 4´00; Cataluña, 4´04; Murcia, 4´33; Extremadura, 4´59. Todas, excepto Madrid, rebasan el límite del 1´30 -impuesto por el Gobierno y la UE- exagerada e irresponsablemente -en especial Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña, que rebasan el 4%- y sólo Galicia, Canarias, Navarra y Rioja lo hacen de forma moderada, más o menos aceptable, al no rebasar el 2%.
            Esta dinámica de endeudamiento de las CCAA, que no ha parado de crecer desde 1995 y se ha disparado desde 2008, es uno de los principales problemas que hoy tienen las finanzas en España. En términos absolutos las comunidades con más población son las más endeudadas, ya que obtienen mayores ingresos y, por ende, mayor capacidad de endeudamiento. Así, entre Cataluña, con 39.268 millones de deuda, C. Valenciana con 20.469 y Madrid con 15.191, acumulan el 55´4% del total de la deuda autonómica, seguidas por Andalucía con 13.738. El resto de comunidades se mueven entre los 6.971 millones de Galicia y los 933 de La Rioja. Pero el endeudamiento objetivo requiere tener en cuenta la distinta riqueza de cada territorio, analizándolo según la ratio deuda-PIB, es decir, dividiendo la deuda de cada CA por su PIB, para saber el nivel real de saneamiento financiero de cada una de ellas. Si además se compara con los datos de 2008 -inicio del salto cualitativo del endeudamiento- se calcula la progresión de cada CA al respecto. En 2008 la media española era del 6´6% de su PIB, pasando a finales de 2011 al 12´6%, es decir, un 6% más. La evolución de cada CA ha sido: Madrid, del 5´5 al 7´9, un 2´4% más; País Vasco, del 1´5 al 7´9, 6´4% más; Canarias, del 4´4 al 8´2, 3´8% más; Asturias, del 3´2 al 8´8, 5´6% más; Castilla-León, del 4´5 al 8´8, 4´3% más; Andalucía, del 5´4 al 9´5, 4´1% más; Cantabria, del 3´7 al 9´7, 6% más; Murcia, del 2´7 al 10, 7´3% más; Aragón, del 4´5 al 10´3, 5´8% más; Extremadura, del 5 al 11, 6% más; Navarra, del 4´7 al 11´1, 6´4% más; Rioja, del 4´9 al 11´8, 6´9% más; Galicia, del 7 al 12´4, 5´4% más; Baleares, del 8´9 al 16´8, 7´9% más; Castilla-La Mancha, del 7 al 18´3, 11´3% más; Cataluña, del 9´7 al 19´7, 10% más; y Comunidad Valenciana, del 12´3 al 19´9, 7´6% más. Por tanto, Madrid y País Vasco son las menos endeudadas o mejor saneadas financieramente, seguidas por Canarias, Asturias y Castilla-León; la más endeudada y peor saneada es la C. Valenciana, seguida por Cataluña, Castilla-La Mancha y Baleares. Las de progresión más positiva son Madrid, Canarias y Andalucía; las de más negativa son Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares.  
            Según estos datos, sí hay culpables o responsables, unos más que otros, pero, como se ve, nada tiene que ver con su respectivo color político, y, aún menos, con que, casi todos, quieran descargar toda la culpa en el gobierno central, que sólo la tiene a medias. Las verdaderas causas, al margen de las irresponsabilidades personales de cada uno, hay que buscarlas, entre otras, en no partir de déficit cero, sino de barra libre desde 2004; en la caótica estructura del estado español, pues las CCAA son parte del mismo y no deben seguir compitiendo sólo por su bienestar territorial; en las refinanciaciones y financiaciones extras que, concedidas por el gobierno central por coincidencia ideológica con el autonómico o por necesidad de apoyos parlamentarios, generan tratos discriminatorios; en la ausencia de mecanismos eficaces de control; en las duplicidades competenciales… En definitiva, en la inviabilidad de un sistema caro, inoperante, injusto y suicida, consistente en dinamitar desde las CCAA al Estado del que forman parte, caso insólito incluso en estados federales. Por ello, si no se afronta la verdadera causa, es difícil identificar a los culpables, que, en todo caso, son la consecuencia inevitable de las estructuras perversas que hemos puesto en sus manos. Así las cosas, lo más fácil es identificar a las víctima que han de pagar tal desaguisado, el pueblo español, sabiendo incluso que, sólo con los recortes, su esfuerzo conseguirá a lo sumo algo de pan para hoy y hambre para mañana. El más grave de los recortes ha sido el que se ha hecho en el mapa de España. A las pruebas me remito.
         Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 2 de marzo de 2012

VIVIR EN TIEMPOS REVUELTOS


            Tras varios años de calma casi sepulcral, en los que, al final, todas las variables económicas nos conducían inexorablemente al abismo, toca ahora vivir en tiempos revueltos. Y es que el nuevo gobierno de Rajoy, recién llegado, ha decidido exponer crudamente la caótica situación y tomar drásticas medidas para cambiar el rumbo. Esta nueva estrategia gubernamental ha despertado a la sociedad civil de un letargo, alimentado por los agentes sociales, que nos mantenía inermes a pesar de la frustración experimentada cuando, periódicamente, las optimistas previsiones del gobierno ZP se desvanecían una y otra vez frente a una progresiva y cruda realidad: la insostenible parálisis económica y la descomunal escalada del paro. Ante los claros síntomas de deterioro, siempre negados por el gobierno, sus anunciados brotes verdes se secaban antes de brotar, mientras la urgente negociación patronal-sindicatos dormía el sueño de los justos eternizando un desacuerdo permanente irresponsable. El falso sueño, basado en gastar desmesuradamente hasta dejar las arcas vacías y agotar después todas las posibilidades de crédito, se convirtió en pesadilla cuando ya no quedó nada propio que gastar y ninguna posibilidad de que nos prestasen más para seguir gastando lo ajeno. Como era previsible, los propios creadores del ficticio estado del bienestar sin límites se encargaron de iniciar su desmantelamiento. Atrás quedaron los dos mil quinientos euros por nacimiento, los regalos de cuatrocientos euros, las dotaciones para dar viabilidad a leyes como la dependencia, las obras públicas y servicios impagados por las administraciones públicas… y, al fin, llegaron los recortes del salario de los funcionarios y la congelación de las pensiones por primera vez en democracia, al extremo de que quienes habían establecido la barra libre, eliminando el techo del gasto, acabaron por establecer, ya sin remedio, un tope del mismo con rango constitucional.
            La ciudadanía, atrapada en esta orgía del gasto de todas las administraciones públicas y harta de tanta incompetencia e irresponsabilidad, decide cambiar el rumbo y apuesta por una cómoda mayoría absoluta al partido de la oposición. Los cinco millones de parados “in crescendo”, las miles y miles de PYMES quebradas por la morosidad de la propia administración, la indecente evasión fiscal, el incremento de contratos temporales y de despidos con indemnizaciones mínimas vía FOGASA, el eterno desacuerdo dialogante entre sindicatos y patronal… pesaron más que las rígidas y protectoras leyes laborales inservibles, que el silencio cómplice de los sindicatos, que el halago de la patronal y que el talante socialista inoperante. En un ambiente de absoluta calma social, incomprensible ante la grave situación, el PSOE pierde el gobierno por méritos propios y lo gana el PP por deméritos ajenos. Su decisión de exponer la cruda realidad sin falsas previsiones evidencia que la situación es mucho peor de lo que se intuía, lo que requiere una reforma global urgente que abarque todos los ámbitos (financiero, fiscal, administrativo, laboral, judicial, educativo, etc). En definitiva, un cambio profundo que nos acerque a lo que hace la mayoría de nuestros socios europeos que, salvo excepciones, afronta la crisis con muchos menos costes, dejándonos como líderes de casi todas las variables negativas. Unas reformas, duras e impopulares, que, en su conjunto, nos saquen urgentemente del negro pozo en que nos han metido. Todo, menos seguir por la senda que nos ha conducido al mismo.  
            Es obvio que un país con más del 23% de su población activa en paro, entre ellos el 50% de los jóvenes, con las instituciones públicas en las listas de morosos y sus empresas acreedoras arruinadas por ello, con los mayores índices de fracaso escolar, de pobreza, de endeudamiento privado, de diferencial entre riqueza y pobreza, de inversión improductiva, de malversación de caudales y corrupción… -entre otros muchas variables que no caben en este espacio-, no goza del estado de bienestar adecuado, sino, más bien, de un estado de malestar generalizado. Por ello hay que dar urgente respuesta a todos y cada uno de estos problemas si no queremos liquidar lo poco que nos queda del tan cacareado estado del bienestar. Para ello ya no valen las bonitas palabras, vacías de contenidos concretos, ni las falsas promesas, sino los hechos, por dolorosos que sean. Ahora toca que quienes hace unos días narcotizaban las conciencias con cómplices silencios, se recuperen de la amnesia para reconocer que, por acción u omisión, son los responsables directos o indirectos de tan desesperada situación y que, en todo caso, si es que tienen soluciones concretas para mejorar las decisiones dífíciles que el gobierno debe adoptar, han de negociarlas por el bien de todos. En caso contrario, lo más decente es permanecer en silencio. Lamentablemente han decidido cínicamente tirarse al monte, liderando las lógicas y legítimas protestas de los ciudadanos, como si el caos hubiera surgido por generación espontánea y nada hubieran tenido que ver en su gestación. Es paradójico que nos hayan buscado la ruina desde la calma y ahora pretendan salir de ella desde la revuelta callejera. Sin duda, la peor de las respuestas. Pero, es lo que hay.
         Fdo. Jorge Cremades Sena

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