domingo, 27 de mayo de 2012

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y RECORTES


            Que la calidad de la enseñanza en España deja mucho que desear es obvio. Basta leer los informes internacionales, los indicadores de calidad europeos o cualquier otro estudio al respecto para comprobarlo. Estamos a la cola o en puestos muy bajos en el ranking de resultados entre los países de la OCDE y la UE. Sin embargo, reducir el problema a una mera cuestión económica es simplificarlo a niveles de irresponsabilidad. La España democrática viene haciendo un progresivo esfuerzo en este terreno sin haber obtenido, desgraciadamente, los objetivos esperados. Es necesario pues, reflexionar sobre las últimas reivindicaciones, basadas en el binomio “recortes, no; calidad, sí”, que todos apoyamos como slogan, pero sabiendo que cuanto más azúcar se ponga el pastel es más dulce, pero no necesariamente mejor. Hay estudios internacionales e informes que demuestran que, conseguido el nivel mínimo imprescindible de gasto, la incidencia de su incremento sobre la calidad es mínima, ya que países con un gran gasto por alumno obtienen peores resultados que otros con un gasto muy inferior. Por ello, como todos los países europeos, incluido el nuestro, superan ese mínimo exigible, hay que saber con datos objetivos oficiales la situación en que estamos para atribuir o no a factores estrictamente económicos la baja calidad educativa con conocimiento de causa.
Sin pretender ser exhaustivo (el espacio no lo permite), datos del Ministerio de Educación (Instituto de Evaluación) y los informes PISA, constatan que, tanto en Primaria como en Secundaria, España gasta más que la media de los países de la OCDE y la UE en gasto medio por alumno, tanto en términos absolutos como relativos respecto al PIB, pues con un crecimiento del gasto medio anual similar a la media de estos países desde 1995 España ha tenido una menor tasa de matriculación por su mayor regresión de natalidad. Asimismo, respecto a la media de la OCDE y la UE, España imparte más horas totales de clases obligatorias en menos días lectivos; tiene menor ratio profesor-alumno en los centros públicos, que no en los privados, y menos alumnos por clase; y destina más proporción del gasto corriente educativo al pago del profesorado. Sin embargo, las mismas fuentes nos colocan, entre otras variables negativas, como campeones o cerca de serlo en abandono y fracaso escolar (con la agravante de que sigue aumentando, mientras los demás lo están reduciendo), en alumnos que no continúan estudios postobligatorios, en repetidores y en absentismo escolar. Son datos objetivos, sin ningún tipo de valoración subjetiva, que, al menos, requieren hacer una mínima reflexión sobre la contradicción que manifiestan.
            Si estamos por encima de la media de la OCDE y la UE en inversión por alumno ¿cómo es posible que estemos muy por debajo de la media en resultados positivos? Es obvio pues que una mayor inversión no garantiza “per se” más calidad, por lo que habrá que reivindicar, en todo caso, no sólo gastar más sino también gastar mejor para que, quienes conozcan los datos objetivos de la situación, lo asuman como creíble. Si la calidad actual es pésima, a las pruebas me remito, ¿por qué se habla de atentados contra una calidad que no existe? Es más honesto aclarar ante la opinión pública que, en todo caso, se reivindica una calidad educativa digna de un Estado de Bienestar que no tenemos. En definitiva, si realmente se pretende abrir un gran debate, necesario y urgente desde hace tiempo, pero sin demagogia por parte de nadie por razones políticas, para mejorar de verdad la situación sin utilizar la educación como arma arrojadiza, de las mismas fuentes citadas se deduce que hay que revisar el sistema educativo en su conjunto. Bien lo sabemos quienes, como docentes, lo sufrimos a diario en nuestro centro de trabajo. En otros países, incluso con menor gasto por alumno, funcionan algunas medidas, que no requieren incrementar el gasto, entre ellas, mayor autonomía de los centros, menores injerencias políticas, mayor disciplina, evaluaciones externas de resultados, remuneración docente asociada al rendimiento y no sólo a la antigüedad, mayor exigencia de responsabilidades familiares y sociales… Por supuesto, todo ello integrado en un único sistema educativo común para toda España, que contemple las peculiaridades territoriales, y no en diecisiete sistemas diferentes.
Un sistema educativo que, en la práctica, deja la decisión de su propia educación a los alumnos que por edad no les corresponde; que se basa en la uniformidad, sin incentivar el esfuerzo y sí la mediocridad; que pone en el mismo plano de igualdad a profesores y alumnos, resquebrajando la autoridad y el respeto al docente ante alumnos y padres; que dificulta medidas disciplinarias para corregir las conductas indeseables; que carece de fórmulas eficaces para exigir a los padres que hagan cumplir a sus hijos las mínimas actitudes que exige el proceso educativo, comenzando por la asistencia a clase, tareas, etc.; que incentiva derechos a alumnos y padres sin exigirles deberes; que es permisivo con los incumplidores de las normas y restrictivo con los que han de hacerlas cumplir..., un sistema educativo con tales ingredientes aboca a un fracaso inevitable por muchos euros que se pongan para financiarlo. Cambiarlo, no requiere más gasto, sino voluntad política. ¿La tienen quienes, al margen de ideologías, matriculan a sus hijos en la privada, aunque algunos de ellos se pongan al frente de las pancartas? En una de ellas a la entrada de mi instituto se dice “Sin educación es más fácil la manipulación”. ¡Cuánta razón tiene! A la vista está.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

UNA BUENA NOTICIA


            Tras meses y meses de malas noticias causa satisfacción que, de vez en cuando, aparezca una buena y, como tal, puede calificarse el acuerdo alcanzado entre gobierno y CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que algunos califican como “pacto de Estado”. Y no lo es sólo por el compromiso de reducir el déficit este año sino también porque, bajo la recuperada Ley de Estabilidad Presupuestaria, puede suponer el principio del fin de los caóticos y descontrolados desequilibrios autonómicos, causantes, según las instituciones europeas, de buena parte de los males que nos aquejan. A falta de estructuras federales consolidadas, que delimiten con claridad las competencias territoriales y las nacionales, es bueno que, al menos de vez en cuando, se establezcan fórmulas de garantía para que el gobierno nacional pueda ser creíble y solvente en sus compromisos con la Comunidad Internacional. Si la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el acuerdo en el CPFF consiguen ese plus de credibilidad y solvencia en dichas políticas, se debería hacer lo mismo en otras, pues, al igual que las CCAA han sido capaces, como no podía ser de otra forma, de aparcar sus diferencias para alcanzar el objetivo nacional del déficit, hay otros muchos objetivos nacionales por conseguir para que en el concierto internacional nos consideren un país serio, creíble y fiable. Ojala que esta buena noticia suponga un cambio de actitudes políticas para que los intereses nacionales prevalezcan ante los legítimos intereses territoriales, pues el interés general, en caso de discrepancias, siempre ha de prevalecer sobre el particular.
            Pero, dicho lo anterior, me temo que tan buena noticia, tan responsable forma de proceder, es flor de un día. Nuestros políticos, lamentablemente, no se caracterizan por  ejercer cotidianamente la responsabilidad, salvo en circunstancias extremas que ellos mismos han provocado, como es el caso. Suelen utilizar el victimismo y la demagogia para culpar a otros de las incompetencias e irresponsabilidades propias tras ofertar proyectos inviables con fines meramente electorales que se desvanecen si gobiernan. Y luego, pasa lo que pasa. Ya va siendo hora de que cada palo aguante su vela, de que cada gobernante asuma sus responsabilidades sin confundir sus deseos con la realidad, pues, como dice el pueblo “una cosa es predicar y otra es dar trigo”. El acuerdo de reducir el déficit, con sus  correspondientes recortes -que nadie se engañe, ni engañe a nadie-, viene impuesto por una necesidad ineludible y urgente que todos conocen, pues lo contrario, bien lo saben, es una falacia por la imposibilidad de conseguir financiación suficiente para mantener políticas expansivas de gasto. Conclusión: o ajustas, o te ajustan; es el dramático destino de la globalización económica en tiempos de crisis. Así, cualquier promesa en sentido contrario queda obsoleta en el instante en que su promotor se convierte en gobernante y deja de ser oposición. Se puede estar de acuerdo o no, pero es la triste realidad en la que, a lo sumo, cabe un debate sobre el cómo pero no sobre el qué, aunque la urgencia deja poco margen a elucubraciones ideológicas y menos aún a demagogias. Son momentos duros que requieren soluciones urgentes, que cada gobernante, en cualquier instancia administrativa, está obligado a tomar y a exigir en su ámbito de responsabilidad que las tomen las instancias dependientes.
            Por ello quienes, como el gobierno PSOE-IU de Andalucía, basan su proyecto en lo contrario, sin tener en cuenta la realidad, claudican en la primera reunión de la Junta, aunque para mantener su falacia, imposible de sostener como gobernantes, su vicepresidente, Valderas, explique cínicamente lo inexplicable. Tras afirmar a los cuatro vientos que hay que mantener la expansión del gasto para salir de la crisis, IU, que considera a PP y PSOE como las dos caras de una misma moneda, decide gobernar en Andalucía con el PSOE para evitar que lo haga el PP y aplique los recortes que viene aplicando a nivel nacional. De entrada, bienvenida sea la decisión. Pero la Junta en su primera actuación hace los mayores recortes de toda la historia de la autonomía, semejantes en líneas generales a los del gobierno y otros entes territoriales (subida del IRPF, bajada de sueldo a funcionarios, incremento de jornada lectiva a profesores…..) y Valderas, sin el menor sonrojo, dice que es “por imposición” del Gobierno, para “reequilibrar el déficit”, que no se siente responsable de “una herencia” recibida, pero que no tiene otra opción para evitar que Andalucía “se arrastre a una situación de no retorno” aunque dichas medidas “generarán más paro y serán inútiles para salir de la crisis” que evitaría “con otro tipo de políticas” por lo que insta a los andaluces a una “gran movilización social”, que apoyará, contra la política de Bruselas que “calca” el gobierno de Rajoy. ¿Acaso los demás no tienen imposiciones? ¿No tienen herencias? ¿No quieren evitar un camino sin retorno? Pero los demás, acertados o no, asumen estas políticas inevitables como la solución posible, mientras Valderas dice que tiene otras. ¿Por qué no las aplica si éstas son inútiles para salir de la crisis? ¿Por qué libremente acepta una herencia para no hacerse responsable de ella si podía seguir en la oposición y no aceptarla? ¿Por qué apela a movilizaciones sociales contra los demás y no contra él? Si quería mantener su falacia ante la ciudadanía ¿por qué eligió salir de la oposición para formar gobierno si nadie le eligió por mayoría para hacerlo? Se ve que aún no se ha enterado de que “una cosa es predicar y otra es dar trigo”, pero el pueblo si sabe que soplar y sorber a la vez es imposible y que, al final, con este tipo de planteamientos hasta las buenas noticias se tornan, si no en malas, en regulares.
         Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 22 de mayo de 2012

SIETE MILENIOS


            Tras conocer la noticia, se me ocurre proponer al consistorio del pueblo alcarreño de Pioz para el récord Guinness de la irresponsabilidad, aunque, bien pensado, casi es mejor no proponerlo, vaya a ser que, indagando, indagando, se encuentren datos suficientes para hacerlo extensivo a otros municipios y gobiernos de ámbitos superiores y, al final, sea España en su conjunto la merecedora del récord. El caso es que, según el Secretario de Estado Sr. Beteta y la actual alcaldesa de Pioz, el citado pueblo castellano-manchego tardará siete milenios (exactamente 7.058 años) para saldar la deuda contraída por su Ayuntamiento en los últimos años. Menos mal que el alcalde saliente, principal responsable del desaguisado, ha dicho que no se debe tanto dinero y que la deuda es exactamente la mitad, lo que, por pura lógica, supone que sólo en tres milenios y medio (3.529 años, exactamente) se habrá podido liquidar la deuda. Un gran alivio para los proveedores, quienes ven mejoradas de forma sustancial sus expectativas de cobro. Supongo que para hacer el cálculo de pago ya se habrán incluido los intereses de la deuda, pues si no se ha tenido en cuenta este pequeño detalle el plazo para saldarla podría demorarse hasta límites manifiestamente intolerables.
            Obviamente tan desproporcionado endeudamiento no obedece a inversiones productivas que, por ende, generarían un posterior incremento de ingresos para poder afrontar los correspondientes pagos. En efecto, llama la atención que un municipio con poco más de 3.500 habitantes, tenga facturas impagadas por fiestas de 140.000 euros; por toros de 45.588, por orquestas de 23.069, por fuegos artificiales de 14.000 y por bailes de 11.000; así como 2´8 millones de euros por construir la piscina municipal o 5 millones de euros por una depuradora dotada para 20.000 personas. Son los datos más llamativos, proporcionados por la alcaldesa, quien, tras reconocer que el pueblo “está para ser intervenido”, anuncia que, para reducir la deuda, hará un presupuesto de fiestas de 17.000 euros, provocando división de opiniones entre sus conciudadanos.  
            Pero todo ello se reduciría a mera anécdota si tan desastrosa gestión fuese la excepción que confirma la regla. Lamentablemente no lo es. El ayuntamiento de Pioz es simplemente el mejor ejemplo de una moda de gestionar lo público desde la incompetencia, el despilfarro, el egoísmo y la insolidaridad generacional que, al amparo de una absoluta impunidad, permite a los gestores blindar sus irresponsabilidades en cualquier ámbito territorial. A lo largo de toda la geografía española se extiende un sinfín de proyectos faraónicos e innecesarios que, tras sobrecostes exagerados por su construcción, añaden elevados costes por mantenimiento y se muestran doblemente ruinosos, improductivos e insostenibles. Aeropuertos fantasmagóricos sin aviones, puertos deportivos sin barcos, tramos de vía de alta velocidad sin pasajeros, parques temáticos ruinosos, urbanizaciones mastodónticas sin servicios y sin gentes… son unos pocos ejemplos –citarlos todos requeriría demasiadas páginas- de un desolador paisaje de ruina colectiva y enriquecimiento de unos cuantos. Si España es el segundo país del mundo –China es el primero- en longitud de vías de alta velocidad, si es el primero de Europa en número de aeropuertos, en autopistas y otras infraestructuras en términos relativos, para prestar servicios a una sustancial menor cantidad de usuarios ¿por qué Pioz va a renunciar a depurar aguas para 20.000 personas aunque sólo tenga 3.500 habitantes? Si todas estas inversiones se han hecho sin evaluación previa de rentabilidad socio-económica y sólo se han basado –siendo benevolente- en criterios político-electorales ¿por qué Pioz va a renunciar a hacer lo mismo? Si el dinero público no es de nadie –tal como afirmó allá por 2004 la ministra Carmen Calvo-, se deduce que su despilfarro a nadie perjudica; por lo visto sólo las deudas son de todos…y en eso estamos. Un modo de gestionar que en cualquier país civilizado llevaría a los responsables a la cárcel. Aquí ni siquiera dimiten del cargo.
            Entretanto, mientras pasan los siete milenios para Pioz, nuestros políticos, acusándose verbalmente unos a otros, gastan sus energías en señalar culpables –como sí no lo fueran todos ellos- en vez de sumarlas para encontrar soluciones, que es lo que requiere el crítico momento que estamos atravesando. Ya no hay margen, ni dinero –que, tras gastar el nuestro, nunca lo hubo, nos lo prestaron- para mantener esta perniciosa moda de gestión pública. Ahora toca todo lo contrario. Así lo exigen las instituciones europeas para, reduciendo el déficit, llegar al equilibrio presupuestario. Por ello cada ayuntamiento, diputación o autonomía, con el gobierno central a la cabeza que es quien está obligado a cumplir el compromiso de reducción del déficit de España, no tiene más remedio que recortar gastos e incrementar ingresos. Dónde y cómo hacerlo es el único debate político viable, lo demás, hoy por hoy, son cantos de sirena que sólo buscan el deterioro de quien tenga la responsabilidad de la gestión en los distintos territorios. Por ello la crítica razonable, para ser creíble, requiere alternativas claras y cuantificables ya que las teórico-ideológicas de largo plazo no sirven para resolver lo urgente. Nuestros socios y nuestros acreedores no están dispuestos a concedernos siete milenios para saldar el derroche, exigen, al menos, que urgentemente cambiemos de rumbo y, como hemos sido tan irresponsables, ya no se fían de nosotros, salvo que auditores independientes diagnostiquen el estado de nuestras finanzas. ¿Qué más podemos pedir?
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

miércoles, 16 de mayo de 2012

IMPERATIVO LEGAL


            El Estado de Derecho –surgido por oposición al Estado Absolutista, en el que el rey está por encima de los demás y puede mandar sin ningún contrapeso de poder- está compuesto, como su nombre indica, por un Estado –forma de organización política- y un Derecho –conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad- que limita precisamente el poder estatal, el cual, a diferencia del anterior, emana del pueblo, quien elige a sus representantes para gobernarlo. En definitiva, y sin mayor disquisición al respecto, el Estado de Derecho deviene en sinónimo de Imperio de la Ley, ya que ésta debe prevalecer sobre cualquier principio gubernativo y todos, absolutamente todos, están sujetos a ella, especialmente el gobierno, sus funcionarios y demás cargos institucionales. Es mal asunto pues que algunos de éstos manifiesten que actúan por “imperativo legal”, que es una obviedad innecesaria, y, por tanto, lo que realmente significa es una actitud antidemocrática en toda regla. Es lo que viene sucediendo en España desde que, al final de los ochenta, los candidatos electos de Herri Batasuna se inventaron dicha fórmula para justificar el requisito de promesa o juramento de acatamiento a la Constitución –de la que renegaban- con el único objetivo de obtener la condición de diputado, y, ante la negativa del presidente del Congreso Félix Pons, obtuvieron del Tribunal Constitucional un fallo favorable. Se daba vía libre para convertir el contrato democrático de adhesión constitucional –incluso para quienes, como parlamentarios, pretendan modificarla con los requisitos establecidos al respecto- en un trámite expreso de desacuerdo constitucional con apariencia de acuerdo, válido para obtener una legitimidad institucional que, según ellos, conseguida desde la imposición y no desde la convicción, justifique sus posteriores actitudes antidemocráticas.
            Convertido el acatamiento a la Constitución en una farsa, se han ido sumando a ella una serie de formaciones políticas (Esquerra Republicana, Eusko Alkartasuna, PNV, Nafarroa Bai, BNG, IU, Amaiur, Geroa Bai, ICV-EUiA…) al extremo de convertir la última sesión constitutiva del Congreso en un espectáculo variopinto de propaganda política, una especie de prolongación de la campaña electoral, ya finalizada, añadiendo al “imperativo legal” las coletillas más llamativas del proyecto político de cada uno. Y es que, como manifiesta el republicano Joan Tardá, “Se ha perdido el miedo a decir las verdades. Basta de falsedades e hipocresías”. Eso, una manifiesta hipocresía política, pues el acatamiento constitucional ni pretende callar a nadie, ni impedir ningún proyecto político, sino garantizar que para conseguirlo se ha de actuar en todo momento dentro del marco legal constituido. Ese es el compromiso del acatamiento, sin fisuras ni matices, que se debe exigir a quienes, libremente, deciden participar en las instituciones del Estado de Derecho. La falsedad y la hipocresía es aprovechar el marco de libertades democráticas para, desde sus instituciones, intentar destruirlo. Por ello no se entiende bien que Durán i Lleida considere tan pintoresco acatamiento como un reflejo normal del pluralismo político, ni que Rubalcaba lo vea como una simple llamada de atención para los medios de comunicación, ni que el propio presidente del Congreso, el señor Posada, deje pasar las coletillas al considerar que lo básico, es decir, el acatamiento, se ha cumplido. Interpretaciones benévolas que se contradicen con las actuaciones concretas protagonizadas después en otras instituciones, incluidas las de función ejecutiva que obligan no sólo a cumplir la legalidad sino también a hacerla cumplir a los demás. Basta recordar, a título de inventario, las que protagonizaron el gobierno tripartito en Cataluña, el gobierno vasco de Ibarretxe, el gobierno balear de coalición PSOE-Bloc-Unió Mallorquina…, amén de la de tantos y tantos gobiernos locales vascos y catalanes, que, asumiendo competencias que no tienen, desacatan la normativa vigente con actitudes y actuaciones claramente antidemocráticas.
Este desafío intolerable al Estado de Derecho, que por higiene democrática debiera ser erradicado de forma contundente, hace cada vez más difícil la gobernabilidad de los españoles en sus diferentes territorios. Andalucía es el último caso. Mientras Griñán anuncia un gobierno alegre PSOE-IU, que cumplirá las leyes, su flamante socio y vicepresidente, Valderas, apela al “imperativo legal” para acatar la política de recortes aunque no en su totalidad ni en la aplicación a todos los andaluces, ya que, al parecer, de los efectos de la reforma laboral han de quedar exentos los empleados públicos de la Junta de Andalucía, especialmente los de las empresas y entes públicos pendientes de consolidar su puesto de trabajo. Es decir, de aquellos que, a dedo, han entrado en la administración autónoma por la puerta falsa. Entretanto, el camarada de Valderas, Sánchez Gordillo, que no ha apoyado la investidura de Griñán por el asunto de los EREs -tan esgrimido en campaña electoral por IU-, ocupa una finca que la Junta había expropiado con anterioridad. Lo que nadie aclara es si, aunque sea por “imperativo legal”, se van a esforzar en cumplir el objetivo del déficit, que en Andalucía supone unos recortes de gasto de casi 3.000 millones de euros, en una situación de paro que supera el 30%, la tasa más alta de toda Europa. El gobierno alegre de Griñán, lamentablemente, sólo puede generar tristeza.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

viernes, 4 de mayo de 2012

DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO


            Desde hace demasiado tiempo nuestros gobernantes, sean del signo político que sean, vienen haciendo de la popular frase “donde dije digo, digo Diego” su modelo de gobierno, que, planteado así, abre todas las posibilidades al cinismo, a la incoherencia y a la mentira como principios básicos de actuación. Se ha consolidado tanto esta forma de gobernar que, a medida que pasa el tiempo, nuestros gobernantes bien podrían sustituir el “dije”, que señala un pasado lejano, por “he dicho”, que indica una mayor proximidad en el tiempo, o, incluso, por “acabo de decir”, que implica inmediatez, pues cada vez les importa menos hacer lo contrario de lo que “dijeron” en su campaña electoral, de lo que “han dicho” en su investidura o en una sesión parlamentaria, o de lo que “acaban de decir” en una rueda de prensa. Una perniciosa conducta gubernamental que, “de facto” aunque no “de iure”, prostituye la democracia al no respetar los compromisos electorales con los ciudadanos que legitimaron su autoridad para que los cumplieran –y no para hacer lo opuesto- concediéndoles una mayoría parlamentaria, incluso, a veces, absoluta. ¿Acaso legitimaron a Zapatero para congelar las pensiones y bajar el sueldo a los funcionarios si prometió por activa y pasiva que jamás haría estos recortes? ¿Acaso está legitimado Rajoy para recortar en sanidad y educación si ha prometido electoralmente y ha reiterado en la investidura que eran las únicas partidas intocables en los presupuestos? A mi juicio, no. Tales actuaciones, practicadas sin rubor y de forma descarada por ambos gobernantes, producen una generalizada frustración ciudadana y un creciente desapego a la democracia. A este modo de entender la democracia con absoluta impunidad gubernamental tras la investidura.
            Para evitar estas conductas y otras peores es necesario revisar el concepto de legitimidad democrática para gobernar que, adquirida tras las elecciones, debiera ser cuestionada cuando la gestión suponga un fraude al compromiso programático con la ciudadanía. ¿De qué vale que un gobierno sea sustituido por otro cada cuatro años si se conduce durante los cuatro siguientes con la misma incoherencia que el anterior? De nada, a la vista está. Se corregiría introduciendo mecanismos pacíficos y eficaces de control ciudadano sobre la gestión gubernamental (por ejemplo, iniciativas populares de convocar referendums) para expresar de forma fehaciente el rechazo o no a la misma cuando ésta sea claramente errada, abusiva o contraria al compromiso programático adquirido con los votantes, obligando al gobierno, en caso de rechazo, a rectificar su gestión o convocar elecciones anticipadas. Sería más eficiente políticamente y menos gravoso socialmente que manifestar el rechazo durante cuatro años mediante huelgas y manifestaciones que sólo reflejan el malestar de forma difusa sin efectos inmediatos, ya que el veredicto ciudadano, claramente cuantificable, acabaría con la comodidad de la clase política que, obviamente, prefiere obtener un cheque en blanco para dicho periodo, amparándose en la legitimidad original de las urnas sin ningún control ciudadano entretanto. Reducir la democracia al derecho popular al voto cada equis años es una invitación al abuso gubernamental en toda regla y, en caso de practicarse –como viene siendo habitual-, se debería ilegitimar tal abuso de poder, pues la legitimidad es para gobernar pero no para abusar –en vez de usar- del poder que dicha tarea lleva implícito.
             La mentira se ha instalado de tal forma en el quehacer político que ya hasta se utiliza como argumento para justificar cualquier otra mentira posterior, convirtiendo el proceso electoral en un mero trámite burocrático de legitimización gubernamental para actuar de espaldas a la ciudadanía, condenada durante toda la legislatura a soportar las políticas contrarias a las que en su día apoyaron sin posibilidad alguna de evitarlo. Por ello, ni gobierno ni oposición, tienen reparo alguno en enzarzarse en un debate público sobre quién es más mentiroso o más infiel a su programa electoral, mientras el país está en estado catatónico. Rubalcaba, vicepresidente del gobierno anterior, acusa al actual presidente Rajoy de mentir a los ciudadanos por adoptar medidas contrarias a su programa de gobierno, mientras Rajoy las justifica por las mentiras del gobierno anterior sobre el déficit y acusa a Rubalcaba de que, en todo caso, su gobierno también hizo lo propio. Rubalcaba, sin poder desmentir lo obvio, asume la mentira sobre el déficit pero lo justifica alegando que Rajoy también lo sabía, acusándole por ello de aprovecharse para hacer su política de recortes. Un espectáculo bochornoso en el que ninguno de los dos asume que la mentira, sea por ignorancia o con intencionalidad, debiera incapacitar a cualquier gobernante democrático por incompetente o deshonesto. Ya Maquiavelo en su día aconsejaba a su príncipe de que “un gobernante prudente no debe cumplir lo que promete cuando ello vaya en contra de sus intereses, ni cuando ya no existan las razones que lo llevaron a comprometerse”. Está claro que nuestros gobernantes pecan de prudencia, que sus intereses son seguir gobernando y que las razones del compromiso, las elecciones, ya no existen hasta dentro de cuatro años. Además, según Maquiavelo, “jamás han faltado excusas legítimas a un príncipe que deseara incumplir honorablemente su promesa”. Está claro que la legitimidad de las urnas, legislatura tras legislatura, convierte esta forma de gobernar en la más honorable de las causas. El problema es que ya no estamos en el Renacimiento, aunque algunos no se hayan enterado.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

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