jueves, 28 de junio de 2012

MI ÚLTIMO CURSO ESCOLAR


            Como todos los años por estas fechas asistimos a la finalización de un nuevo curso escolar, pero éste tiene para mí un significado especial, es mi último curso escolar. El tiempo va pasando y, casi sin darme cuenta, me llega la hora de la jubilación. Con casi cuarenta años de servicios, aunque algunos de ellos excedente para dedicarlos a la política, estoy satisfecho de haber dedicado mi vida profesional a dos de las tareas más apasionantes por su incidencia en el futuro de nuestra sociedad que, obviamente, ha cambiado mucho. Pero también estoy frustrado por la progresiva devaluación social que maestros y políticos han sufrido progresivamente. Es obvio que algo hemos hecho mal y lo seguimos haciendo, pues estamos a la cola en resultados escolares y los políticos están cada vez más desprestigiados según todas las encuestas. Desde mi experiencia personal en ambos terrenos he manifestado públicamente mi opinión al respecto en varias decenas de artículos, colgados en mi blog o publicados en algunos medios, que, escritos ante algún hecho puntual destacable, en definitiva, no eran la excepción, sino la evidencia de lo que cotidianamente sucede. Bien lo sabemos quienes trabajamos en esto. Está claro que las dos tareas que han ocupado gran parte de mi vida son manifiestamente mejorables y asumo la parte alícuota que me corresponda.
            Como todos los años, tras las evaluaciones finales de curso, hemos constatado el alto índice de fracaso escolar, que intentamos amortiguar siendo benevolentes con aquellos alumnos que, sin conseguir los objetivos mínimos, al menos han mostrado cierto interés y están cerca de lograrlos. Hemos identificado las causas crónicas del fracaso (absentismo, desmotivación, desarraigo familiar, ausencia de medidas disciplinarias…), mayoritariamente inimputables al trabajo en el centro educativo, para comprobar su identidad con las de cursos precedentes. Como todos los años, aunque en éste yo quede liberado para siempre, mis compañeros intentarán preparar el nuevo curso con sus mejores intenciones, apostando por nuevos agrupamientos, nuevas medidas de atención educativa y de acción tutorial, nueva distribución de aulas, nuevos materiales y técnicas educativas… y otros tantos asuntos que, como siempre, tendrán una incidencia mínima en el resultado del siguiente curso, generando una nueva frustración, pues, siendo importantes dichas medidas, lo que falla es el propio sistema educativo, teóricamente aceptable pero prácticamente inviable, al menos, en su tramo obligatorio, especialmente en la secundaria. Si el Estado es incapaz de garantizar la asistencia regular a clase de los alumnos, el alto índice de absentismo así lo demuestra, hablar de obligatoriedad del sistema es una broma de mal gusto. Si es incapaz de garantizar la implicación de las familias, responsables directas de la educación de sus hijos ¿qué sucede con aquellas que no quieren o no pueden hacerlo? Absolutamente nada. Tienen su puesto escolar reservado para no ocuparlo o hacerlo cuando y como les venga en gana, generando una distorsión en el proceso educativo que conduce a la mediocridad inevitablemente.
            En este caótico laberinto de derechos teóricos sin recíprocas obligaciones los centros educativos se convierten en guarderías de niños y adolescentes, vigilados por profesores que, despojados de autoridad para imponer medidas disciplinarias, a duras penas mantienen las mínimas pautas de convivencia que le permitan desarrollar su verdadero trabajo educativo con aquellos alumnos, cada vez menos, que, en ambiente tan hostil, se esfuerzan para educarse. Raras avis que no merecen que los recursos, siempre escasos, se destinen mayoritariamente a quienes entorpecen su trabajo de aprendizaje condenándoles a un fracaso sistemático. Lo lógico sería hacer todo lo contrario. El Estado debe garantizar el derecho a la educación de todos, para que nadie quede excluido por razones socioeconómicas, habilitando los recursos necesarios. Pero, si además pretende convertirlo en una obligación universal, debe incluir medidas eficaces para imponérselo a quienes no quieran ejercer tal derecho o pasen de él. Es hipócrita obligar a que todos los menores se matriculen y concluir que con dicho trámite ya se están educando, convirtiendo la obligatoriedad en una pantomima, pues, en la práctica, una vez matriculados, el Estado carece de instrumentos para obligar a los padres a una implicación permanente en la educación de sus hijos. Los centros quedan como compartimentos estancos que reproducen la realidad social, cuando debieran ser correctores de las conductas perniciosas que se dan en ella con el objetivo de mejorarla en el futuro. Quienes tenemos la experiencia docente de sólo tiza y pizarra con las aulas a reventar de alumnos, cuando la educación ni siquiera era obligatoria pero sí un valor en alza, sabemos que sin esfuerzo, ni disciplina, ni autoridad, es imposible obtener resultados globales satisfactorios, pues, lamentablemente, no todos somos buenos y benéficos. Despojados los docentes de medios para imponer dichos valores, no se les exige un trabajo, sino un milagro. Es en lo que estamos. Bueno, yo, ya no, pero como si lo estuviera. Aunque sea imposible, vale la pena intentarlo.
                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

martes, 26 de junio de 2012

FALACIA INDEPENDENTISTA


En los muros de un cortijo situado a orillas de la carretera Albacete-Manzanares se puede leer en letras bien grandes y en ambas direcciones “El Bonillo es una nación”. Cuando la vi por vez primera, hace ya tiempo, lo consideré una chanza que alguien gastaba al citado pueblo manchego vaya usted a saber por qué. Pero los argumentos de algunos políticos independentistas, especialmente catalanes y vascos, para justificar su reivindicación, avalan la posibilidad de que en El Bonillo, como en cualquier otro lugar, se pueda consolidar una opción nacionalista con finalidad independentista. Si, olvidando el proceso histórico de construcción del estado español y la legislación internacional, tan ilustres politólogos afirman que el futuro de Cataluña o de Euskadi será el que decidan catalanes y vascos, no es de recibo negar idéntico derecho a los pobladores de El Bonillo. Al fin y al cabo sólo se trata de consolidar una falacia, tergiversando los hechos históricos y sacándolos de contexto, para eludir las responsabilidades propias si el resultado es adverso y crear un futurible desde entonces que te convierta en víctima de todos los males presentes y futuros. Seguro que El Bonillo tiene más posibilidades que Cataluña o el País Vasco de eludir sus responsabilidades en el proceso histórico de construcción del actual Estado Español, pues, obviamente, son infinitamente menores. Sólo es cuestión pues de ponerse manos a la obra. Además, si en España hace unos años había sólo dos falacias independentistas y ahora hay diecisiete, la que pueda consolidar El Bonillo no debe ser motivo de preocupación especial.
            Lo preocupante es que quienes han sido protagonistas históricos, junto al resto de españoles, del proceso histórico de construcción de España como actual modelo de estado, la consideren ahora no sólo ajena sino también perniciosa para sus intereses territoriales. Que además lo hagan quienes jamás tuvieron status jurídico independiente, pues siempre fueron territorios subordinados a algún reino histórico desde el Medievo, es inadmisible. Que, siendo parte de España, se autoexcluyan, se autoproclamen la esencia del progresismo, insulten y se mofen de los símbolos del estado y se declaren en rebeldía ante la legalidad vigente es intolerable. Y que, además, nieguen cualquier crítica a sus paranoicos planteamientos, tachando de fascistas a los españoles que se atrevan, ya no a mofarse sino sólo a poner en cuestión su simbología independentista, es esquizofrénico. Que el estado español tolere todo esto, caso único entre los estados modernos, no tiene calificativo. Lo extraño es que no arraigue el independentismo en territorios con justificación histórica como estados independientes y arraigue en  Cataluña o el País Vasco que jamás lo fueron.
 Salvo que nos remontemos a los pueblos prerromanos, la génesis de elementos políticos diferenciadores hay que buscarla en el complejo proceso histórico medieval de la reconquista. La Hispania Romana o Visigoda poco ofrece al respecto. Con el proceso de expulsión de los musulmanes sí van apareciendo diversos entes territoriales diferenciados. Curiosamente, tanto Cataluña como Euskadi, al igual que Aragón o Navarra, lo hacen como la Marca Hispánica, ¡quién lo diría!, subordinados al Reino Franco –posterior Imperio Carolingio- en su frontera sur, a diferencia de Asturias que se constituye en Reino de forma autónoma. Y, curiosamente, mientras con el avance reconquistador van surgiendo diversos reinos (Navarra, León, Aragón, Castilla, Galicia, Portugal) ni vascos ni catalanes hacen lo propio y permanecen como territorios subordinados, en el caso vasco a Navarra y definitivamente a Castilla, en el caso catalán a Francia. El Señorío de Vizcaya pasa a ser un título más del Rey de Castilla y se integra definitivamente en la Corona de Castilla; el Condado de Barcelona, por vía matrimonial, conforma la Corona de Aragón para evitar la unión castellano-aragonesa y se convierte en un título más del rey de Aragón. La posterior unión dinástica de la Corona de Castilla y Aragón, decidida libremente por los Reyes Católicos, integra ambos territorios como parte del Reino de España, sin que jamás hayan gozado de status jurídico independiente de primer orden, aunque manteniendo determinados fueros o privilegios concedidos por sus titulares. La Guerra de Sucesión, con los vascos en el bando vencedor y los catalanes en el perdedor, no justifica el independentismo, menos aún en el actual estado autonómico. Catalanes y vascos, como el resto de españoles, son corresponsables directos de lo que hoy es España, incluido el periodo franquista en el que, por más que pretendan camuflarlo, muchos catalanes y vascos no sólo colaboraron con el dictador y su régimen, sino que, al igual que otros españoles, figuraron de forma destacada como precursores de dicha ideología, propagandistas de la misma y gestores de su aparato administrativo e institucional; incluida la elaboración de nuestra Constitución que no contempla, obviamente, planteamientos independentistas. El futuro de España será lo que decidan los españoles, incluidos vascos y catalanes; también los de El Bonillo.
Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 21 de junio de 2012

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA


            Cuando probablemente tarde, aunque más vale tarde que nunca, se asume y se evidencia que España no puede salir por sí misma del abismo en que sus irresponsables gobernantes la han metido, necesitando un préstamo de hasta 100.000 millones de euros sólo para sanear el sistema financiero, la respuesta de nuestros dirigentes políticos, su gran preocupación, es hacer un debate semántico que defina con precisión si se trata de un rescate, ayuda, línea de crédito o vaya usted a saber qué, así como precisar si lo ha impuesto la UE al gobierno o viceversa. Nada sorprendente, pues, desde hace tiempo, nos confunden con sus precisiones lingüísticas, al extremo de que aún no sabemos si lo que vienen practicando en los presupuestos, tanto el gobierno anterior como éste, son ajustes, recortes o reformas, pues semánticamente dicha terminología depende de la posición política (gobierno-oposición) del usuario y no de las relaciones entre significado y significante. Y mientras tan interesante debate enriquece nuestro léxico y el bolsillo de algunos, se van empobreciendo los bolsillos de la mayoría en proporción directa al deterioro de nuestra economía. Una vez más los intereses generales quedan supeditados al interés político-partidista, consustancial a la partitocracia vigente.
La realidad es que España es el cuarto país intervenido de la eurozona. Asunto que se intuía desde que Zapatero, negando la crisis, claudicara en 2010 a su programa populista, inaugurando la política de recortes sociales, y que se confirmó cuando Rajoy expuso y asumió la cruda realidad económica nada más ganar las elecciones, lo que, de entrada, era positivo ya que la posible solución del problema pasa inevitablemente por reconocer que el problema existe. Obviamente, algún tipo de intervención era cuestión de tiempo, pues un país en caída libre, campeón del paro, empobrecido progresivamente y en plena recesión económica es incapaz “per se” de aguantar “in aeternum” las presiones especulativo-financieras internacionales en una economía globalizada y exageradamente competitiva. Bien dice el común que “a perro flaco todo son pulgas”. Y la intervención ha llegado finalmente. Es baladí lamentarse ahora de lo que pudo haber sido y no fue. Pero, siendo cierto que algunos países adoptaron medidas preventivas en tiempo y forma para afrontar la crisis internacional que se avecinaba, siendo cierto que nosotros, entre otros, hicimos justo lo contrario, lo prioritario ahora es analizar con realismo el presente para afrontar un futuro difícil de la mejor forma posible. Aunque también es cierto que la caótica situación que padecemos no surge por generación espontánea y, por tanto, tiene responsables con nombre y apellidos, quienes han de ser identificados para que asuman sus culpas, tanto civiles como penales, y las paguen, como el pueblo está pagando con creces las consecuencias de las gestiones irresponsables o delictivas de quienes consideraban que la deuda pública es de todos pero el dinero público de nadie. Sólo así cobrará sentido el sacrificio popular.
Por todo ello, es inadecuado un debate baladí entre gobierno y oposición con finalidad propagandística, cuando lo adecuado, urgente y necesario es un consenso para evitar el deterioro progresivo del euro, asunto que pasa, entre otras cuestiones, por detener la caída libre de la economía española, que no se consigue con eufemismos, exabruptos o debates estériles, sino con la búsqueda de soluciones, asumidas por todos, que optimicen al máximo los escasos recursos. Ya perdimos demasiado tiempo y ahora no podemos permitirnos el lujo de demorar ni un segundo más el cambio de rumbo. Todos sabemos que nadie da nada gratis y, por tanto, al margen del nombre que se le quiera dar, la intervención supone esfuerzos añadidos, pero, al tratarse de una intervención parcial, es una oportunidad aprovechable, si se gestiona bien, para evitar un rescate global de la economía como ha sucedido en Grecia, Irlanda o Portugal. De momento, cuando aún se está negociando las condiciones del préstamo, nadie se fía de nosotros, sigue subiendo la prima de riesgo y nuestra deuda soberana se sitúa en los límites de los bonos-basura. ¿Hay otra fórmula para conseguir financiación? Está claro que no es momento de elucubraciones mentales, sino de propuestas urgentes consensuadas que hagan creíble nuestra voluntad y nuestra capacidad para poner orden y seriedad en la gestión pública presente, así como de exigir las pertinentes responsabilidades a quienes lo hicieron desordenada y frívolamente en el pasado. Es la única forma de hacer creíble nuestro futuro tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Pero el espectáculo que gobierno y oposición están protagonizando al respecto favorece precisamente todo lo contrario, sin entender que la realidad es muy tozuda y que, antes o después, se verán obligados a rectificar. El riesgo es que, si lo hacen demasiado tarde, será inevitable el rescate global, cuando ahora aún pueden evitarlo; aunque sea tarde, vale la pena intentarlo, pues “más vale tarde que nunca”.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

jueves, 7 de junio de 2012

INÚTILES O CHORIZOS


            Crece la sospecha ciudadana de que la mayoría de gobernantes, dirigentes políticos y gestores públicos son una banda de inútiles, si los juzgan benévolamente, o una banda de chorizos, si son malévolos al juzgarlos. O ambas cosas a la vez, que es aún peor. En consecuencia, las encuestas sitúan a la clase política española como uno de los principales problemas. En los últimos años, sus pronósticos, cálculos y balances, especialmente en temas económicos, son errores gigantescos, por no calificarlos como mentiras descomunales, sólo explicables desde la incompetencia o la mentira, que suele utilizarse para ocultar intereses espurios. Así nuestro sistema financiero, en la Champions League según Zapatero, ni nos permite jugar un campeonato local, pues, según Rajoy necesita, sólo para el agujero de Bankia, 4.000 millones de euros, que aumenta día a día hasta 23.500 millones; del 6% de déficit público en 2011 de Zapatero, se pasa al 8% de Rajoy, que eleva un mes después al 8´51% y deja en el 8´9% tras descubrir desfases de comunidades gobernadas por su partido. ¿Son inútiles o mienten?  Ambos supuestos les inhabilitarían como gobernantes. Pero ni a ellos, ni a los gestores bajo su control, se les exige responsabilidad civil o penal por arruinar con tan irresponsable gestión a la mayoría de ciudadanos mientras unos pocos se hacen multimillonarios con la ruina de todos.
            De la interminable lista de ejemplos de incapacidad o choriceo en diferentes facetas de la gestión pública merece matrícula de honor la del sistema financiero y especialmente la de las Cajas de Ahorro en su mayoría. Los datos conocidos –y los que nunca se conocerán- evidencian que las Cajas de Ahorro son el paradigma de una gestión financiera al servicio de intereses políticos del rey taifa de turno –los hay de casi todos los colores- en colaboración con las principales organizaciones políticas, sociales y sindicales de su territorio, que participan en los Consejos de Administración a través de representantes, nombrados sin criterios técnicos, de la parte alícuota de privilegios crediticios, sueldos escandalosos, indemnizaciones millonarias y jubilaciones de lujo que tan dignos gestores deciden autoadjudicarse por la alta responsabilidad que su trabajo lleva implícita. Sin embargo, descubierto el agujero negro por sus manifiestas irresponsabilidades, ninguno devuelve lo percibido indebidamente, sino que reclama incluso lo que aún le queda por percibir aunque sea escandaloso e indecente. Saben que el sistema les otorga impunidad y que, en el peor caso, sólo puede causarles algún daño personal colateral, pues, si entre todos la mataron y ella sola se murió, a nadie le interesa llegar hasta las últimas consecuencias. Siempre habrá alguna razón de estado, algún argumento de interés general, alguna conveniencia de prudencia o cualquier otra virtud para que cualquier investigación quede entre las penumbras. Y, en todo caso, siempre se encontrará algún recoveco legal de forma o de fondo como prescripción de delitos, inaplicación retroactiva u otra figura jurídica para que las cosas queden como están y se consoliden los hechos consumados.  
Ya ven, como en otros tantos casos, la ceremonia de la confusión acaba de comenzar en el Congreso de los Diputados sólo para el asunto Bankia (¿Comisión de investigación? ¿Subcomisión a puerta cerrada? ¿Comparecientes? ¿Y…?). Entretanto, la fiscalía del Estado permanece en silencio. Los españoles, a pagar los 23.500 millones de euros para sanear Bankia y para que algunos de sus gestores disfruten de por vida de las decenas y cientos de millones que tan honradamente han ganado por los servicios prestados. Otros, de otras Cajas ya intervenidas, así lo vienen haciendo. La UE no se fía y nos impone auditar nuestras finanzas ante la manifiesta ineficacia de nuestras autoridades supervisoras, instando a Rajoy a que siga vaciando los bolsillos de los españoles. El desempleo crece y crece hasta límites insostenibles. En paralelo, la pobreza y la indigencia. La prima de riesgo obliga a financiarnos con intereses de lujo. La fuga de capitales aumenta de forma alarmante en paralelo al fraude fiscal. Siguen las duplicidades administrativas, los sueldos escandalosos de sus gestores, los ejércitos de asesores, las embajadas y las televisiones autonómicas al servicio del político de turno, etc. etc. Los agujeros negros de nuestras finanzas son más misteriosos que los galácticos. Y, a pesar todo, se nos pide calma y confianza. Se nos exige prudencia. Y más sacrificios. Lo contrario no es políticamente correcto; te convierte en antipatriota por crear una alarma que genera desconfianza. ¿Acaso hay motivos para dudar de la capacidad o la honradez de nuestros gobernantes? ¿Acaso no hay alternativa en la oposición? No, si al final va a resultar que nos quejamos por puro capricho.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

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