martes, 28 de agosto de 2012

CONGRESO OCUPADO, CONGRESO LIBERADO


            El título del artículo puede ser un buen slogan para animar la totalitaria convocatoria “Ocupa el Congreso”, promovida en Internet y apoyada por Llamazares, quien matiza que debiera denominarse “Libera el Congreso” ya que, como diputado, se siente ocupado desde dentro. Si, como parece, el objetivo es rodear “indefinidamente” la Cámara Baja hasta conseguir “la dimisión del Gobierno en pleno”, “la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado” y “la apertura de un proceso constituyente trasparente y democrático para redactar una nueva Constitución”, en el fondo, se trata de un intento de golpe de Estado, aunque su forma difiera de los realizados anteriormente. Sus objetivos son idénticos: una minoría de ciudadanos – que se sepa, varios miles que lo apoyan desde las redes sociales-, más Llamazares, pretenden disolver el Parlamento y secuestrar la soberanía popular mediante la coacción y la fuerza. Sólo falta que algunos militares se dispongan a secundarlo y proporcionen medios contundentes. ¿Recuerdan la trama civil del esperpéntico 23-F de Tejero? Pues, eso. Menos mal que ahora falta la trama militar, pues la proclama civil está servida.
            ¿De quién pretende liberar Llamazares el Congreso? ¿De los diputados elegidos recientemente, entre ellos, él mismo? ¿De la composición actual del Congreso elegida por los ciudadanos? El señor Llamazares, como legítimo representante de la soberanía popular, debe aclarar estas cuestiones y explicar por qué, como diputado, dentro de la Cámara se siente violento en un “Estado de Excepción y de Estado de Emergencia”. Sólo así la ciudadanía podrá entender su pintoresco discurso político, para evitar que, siendo líder de IU en legislaturas precedentes, su formación política estuviera a punto de quedar fuera del Parlamento al obtener los peores resultados electorales de toda su historia. Pero además, los actuales dirigentes de IU, con quienes la formación ha vuelto a remontar el vuelo hacia sus mejores éxitos en tiempos de Anguita, deben manifestar si avalan o no las declaraciones de Llamazares, al tratarse de un militante cualificado. Deben dejar muy claro si, como dice Llamazares, “estar con los ciudadanos” significa ponerse al lado de los miles que apoyan la ocupación del Congreso por coacción o alinearse con los más de 24 millones que, con sus votos en 2011, decidieron ocuparlo legítimamente a través de sus representantes, incluidos los de IU. Si algunas plataformas vinculadas al 15M, entre ellas “Democracia Real Ya”, se han desvinculado como tal de la esperpéntica convocatoria, lo menos que debe hacer IU, tras las manifestaciones de Llamazares, es aclararle a la ciudadanía su posición política al respecto como grupo político. Es lo mínimo exigible por mera higiene democrática, pues las legítimas movilizaciones sociales en democracia tienen sus límites y dirigirlas hacia el Parlamento para ocuparlo nada tiene que ver con presiones al poder económico o al poder político de un gobierno errado; es un ataque directo al sistema democrático. En esencia, un golpe de estado al margen de quienes sean sus protagonistas. El objetivo esencial de cualquier golpista es acabar con el Parlamento o, en su caso, forzarlo a un funcionamiento restringido.
            En enero de 1874 el general Pavía, republicano progresista, disuelve por la fuerza y sin apenas resistencia el Congreso de los Diputados. Su presidente, Salmerón, en un duro enfrentamiento con Castelar, Presidente de la República, ha obtenido una pírrica victoria en una moción de censura contra el Gobierno de Castelar. Son tiempos difíciles que, como ahora, requieren un esfuerzo común de entendimiento en vez de agrios enfrentamientos, descalificaciones e intransigencias ideológicas. Salmerón interrumpe el escrutinio para elegir a un nuevo Presidente, anunciando que Pavía, quien mantiene buena relación con Castelar, marcha hacia el Congreso y ordena que se desaloje la Cámara de inmediato. Algunos diputados huyen por las ventanas. Castelar sube a la tribuna: “Yo, señores, no puedo hacer otra cosa más que morir aquí el primero con vosotros”. Los escasos diputados que quedan le aplauden y proponen concederle un voto de confianza. Castelar, obviamente, lo rechaza y, cuando aparecen los golpistas, se enfrenta a ellos: “Yo declaro que me quedo aquí y aquí moriré”. Los golpistas le desalojan junto a sus pocos seguidores. Pavía le ofrece seguir en la Presidencia pero Castelar no acepta mantenerse en el poder por medios antidemocráticos. Así moría el primer régimen republicano español tras una corta y turbulenta existencia de once meses con cuatro presidentes. Pavía convoca a los partidos que quiere para formar un gobierno de concentración nacional con el general Serrano a la cabeza. Casi un año después otro general, Martínez Campos, finiquita con un pronunciamiento esta especie de dictadura republicana, dando paso a la restauración monárquica.  
            Salvando todas las distancias, este lamentable episodio histórico, ilustra sobre el correcto proceder de los demócratas ante cualquier agresión al santuario de la democracia, el Parlamento. Minimizarla o justificarla por la condición de sus agresores o cualquier otra circunstancia es, sencillamente, antidemocrático.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 17 de agosto de 2012

ATENTADOS CONTRA LA DEMOCRACIA


            No es la primera vez, ni, desgraciadamente, será la última, que manifiesto públicamente que nuestro Estado de Derecho está más que anémico y abocado a un desenlace muy peligroso. El saqueo de un supermercado andaluz, dirigido por Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y diputado de la Junta de Andalucía, es el último episodio de una serie de hechos ilegales que, protagonizados por cargos públicos con el respaldo de formaciones políticas o sindicales legales, quedan impunes. Si hasta ahora la mayor parte de estos hechos se circunscribían al ámbito del nacionalismo radical y atentaban sólo contra la integridad territorial de España, la crisis económica ha abierto nuevos horizontes a la ilegalidad, cometida por cargos públicos e instituciones, que atentan directamente, como es el caso, contra el conjunto de nuestro sistema político, social y económico. Es decir, contra el sistema democrático que, homologado con el del resto de países de nuestro entorno, garantiza una convivencia en paz y libertad bajo el imperio de la ley democráticamente legitimada. Cualquier mejora del mismo o regeneración para corregir sus carencias, que las tiene, sólo son legítimas si se plantean desde el más escrupuloso respeto a la legalidad vigente. Lo contrario sólo conduce al caos.
            Pero, siendo grave e intolerable el espectáculo protagonizado por Gordillo y sus iluminados seguidores, sus posteriores declaraciones, el apoyo prestado por IU, formación a la que pertenece, así como la comprensión y justificación que algunos tertulianos televisivos, generadores de opinión, están prestando a tan ilegal comportamiento, son aberrantes e inadmisibles. Una vez más las ilegalidades de tan pintoresco alcalde, experto en la ocupación de fincas y ahora aficionado a saquear supermercados, emborrona sus aciertos políticos como gestor municipal, que también los tiene. Una vez más queda patente que la impunidad ante actos antidemocráticos es el peor cáncer con metástasis que corroe hasta la muerte las estructuras de un sistema de convivencia pacífica y libre. Si, tanto el alcalde Gordillo, como su sindicato, como IU, forman parte consustancial del sistema político que los españoles nos hemos dado, recogido en nuestra Constitución, no sólo deben someterse a las reglas de juego establecidas, incluso para modificarlo, sino, además, han de ser ejemplares en el cumplimiento de la legalidad vigente, respetando los derechos de las personas, entre ellos el de la propiedad privada. Si, como cargos o instituciones públicas, gozan de aforamiento, legitimidad representativa, sueldos sustanciosos, subvenciones que pagamos todos los españoles y otra serie de privilegios y derechos inherentes a sus cargos, lo mínimo exigible es que, aunque sólo sea por coherencia, respeten los deberes que el sistema les exige, al menos, con la misma intensidad que lo hacemos la inmensa mayoría para no convertirnos en delincuentes. Lo contrario sería como poner zorras en un corral cuidando de las gallinas.
            Los hechos protagonizados por Gordillo en el supermercado y, especialmente, los apoyos de algunos dirigentes de IU, en vez de tomar serias medidas contra los comportamientos de tan insigne militante, suponen un atentado en toda regla contra el Estado de Derecho. Cayo Lara, Valderas, Llamazares y otros tantos responsables de IU, que llevan siglos viviendo de la política en tan nefasto sistema democrático y, como corresponde, disfrutando de los sueldos y privilegios pertinentes, debieran saber que saquear propiedades públicas o privadas es un delito tipificado en el Código Penal y que no condenarlo o minimizarlo es, al menos, un pésimo ejemplo para el ciudadano al que representan. Así lo ha decidido el legislativo con la valiosa participación que las urnas han dado a la formación política a la que ellos pertenecen, siendo corresponsables del mismo en la parte alícuota que los ciudadanos les han asignado. Debieran saber que en democracia el partido que gana las elecciones y conforma una mayoría parlamentaria es quien forma el gobierno legítimo y que, aunque algunos no apoyemos su proyecto, hemos de rechazar a quienes lo tilden de franquista o lo simbolicen con esvásticas, pues quienes así se comportan suelen estar más próximos a regímenes dictatoriales antidemocráticos que los así calificados; que, porque haya cierta tolerancia hacia robos de guante blanco, estafas, corrupción política u otras figuras delictivas, la solución no puede ser responder con conductas similares o buscar justificación a las mismas, ya que incitan a los demás a cometerlas, sino perseguirlas política y judicialmente, comenzando por no cogobernar con partidos que no las erradican de sus propias filas o son permisivos cuando los suyos las practican. ¿Se han preguntado estos personajes por qué en las urnas obtienen tan escasos apoyos? ¿Acaso consideran que el pueblo se equivoca al elegir a sus gobernantes? No importa, acaba de aparecer una noticia que puede interesarles. Un grupo de jóvenes, incluido algún menor, han asaltado otro “super” y lo justifican refiriéndose a lo actuado por Gordillo. Está claro que su forma de hacer política está dando sus frutos, aunque la mayoría no lo entienda.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 10 de agosto de 2012

JUGANDO CON FUEGO


            El devastador incendio de la crisis económica está convirtiendo en cenizas no sólo nuestro estado del bienestar –ya convertido en malestar para millones de españoles- sino también nuestro sistema democrático. Entretanto, los dirigentes de las distintas instituciones del Estado, ebrios de sus propios egoísmos, son incapaces de esforzarse en coger la manguera y, jugando con fuego, prefieren quemarse entre los escombros del edificio que les alberga. Cuando más se necesita un amplio consenso por el que tirios y troyanos, dejando sus intereses particulares, unifiquen sus esfuerzos para reforzar los cimientos del ruinoso edificio, unos y otros se empecinan en atrincherarse en sus respectivas habitaciones como si la extinción del fuego nada tuviese que ver con ninguno de ellos. Se está jugando con fuego desde hace demasiado tiempo y ahora, reavivado por los vientos de la crisis, se pone en evidencia el dicho popular de que quien juega con fuego al final acaba quemándose.
            Se está jugando con fuego por hacer recaer los mayores sacrificios de la crisis en los trabajadores, autónomos y funcionarios –productores de bienes y servicios- manteniendo intactas las viciadas estructuras institucionales y el decadente modelo productivo que la ha provocado; por prostituir los procesos electorales dando un giro copernicano a los proyectos mayoritariamente votados; por gobernar enérgicamente sólo para los más débiles y negligentemente para los más poderosos; por buscar la alternancia política sólo para, como actor o acusador, tirarse los trastos a la cabeza por idénticos comportamientos viciados en vez de buscar un acuerdo para erradicarlos definitivamente; por desacatar los preceptos constitucionales desde las instituciones mientras las de instancia jerárquicamente superior hacen dejación de sus funciones permitiéndolo; por actuar la administración como coladero laboral de clientelismos políticos o familiares del gobernante de turno al margen de los preceptivos requisitos de mérito y capacidad; por eternizar un entramado institucional mastodóntico que se ha convertido en una losa burocrática insostenible en vez de un motor para resolver los problemas de los ciudadanos. En definitiva, se está jugando con fuego cuando gobernar en democracia supone un progresivo empeoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos y una sustancial mejoría de la de unos pocos, provocando una mayor distancia entre pobreza y riqueza en vez de reducirla. Es, entre otras muchas cuestiones lamentables, lo que está sucediendo en nuestro país desde hace demasiado tiempo.
            Así las cosas, no sorprende que, tras el paro y los problemas económicos, la clase política sea la tercera preocupación de los españoles, desatando en la opinión pública un rechazo progresivo hacia los políticos y, por ende, hacia las propias instituciones donde trabajan, que se perciben como entes creados para satisfacer sus egoístas intereses y no para servir a la ciudadanía. Así las cosas, lo que sorprende es que, abierto el debate, los dirigentes políticos, al margen de sus colores, no entiendan que conjuntamente han de acometer un proceso regeneracionista, para evitar que proliferen los “salvapatrias” de turno, quienes, aprovechando la situación, actúan como verdaderos pirómanos, pretendiendo convertir en cenizas los cimientos de nuestro sistema de convivencia. Para evitarlo, no basta con proclamar que no todos los políticos son iguales y que, en un estado democrático, son imprescindibles; los demócratas bien lo sabemos. Hay que añadir mecanismos eficaces para expulsar “ipso facto” del sistema a quienes, siendo más iguales que otros, no sólo son prescindibles sino nefastos, pues “haberlos haylos” y demasiados. Hay que ajustar la estructura territorial del Estado a las necesidades reales de la ciudadanía, obligando a sus instituciones a un cumplimiento estricto de la legalidad vigente y a una estricta actuación en el ámbito de competencias que cada una tenga encomendado.
            El último espectáculo protagonizado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer. El gobierno español, ante la rebelde actitud de algunas CCAA a cumplir su proyecto de calendario de lucha contra el déficit, que, adecuado o no, es de su competencia y de su responsabilidad, recuerda que el art. 155 de la Constitución le permite tomar medidas para obligarlas a cumplirlo; la oposición le acusa de dar un “golpe constitucional” tratando de intervenir a las CCAA. Clamoroso error de ambos. El gobierno no tiene que recordar el citado artículo, lo que debe hacer es, si llega el caso, aplicarlo; la oposición, si no está de acuerdo, criticar la medida y aportar otra mejor, pero jamás tildar al gobierno de golpismo porque aplique un precepto constitucional. Los errores gubernamentales son fácilmente subsanables en las urnas, pero los errores democráticos tienen muy difícil solución. Se está jugando con fuego si en un Estado de Derecho los gobernantes amenazan con aplicar el imperio de la ley pero no lo aplican o lo hacen de forma arbitraria; más aún si son tachados de golpistas por aplicarlo.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

Google+ Followers