sábado, 29 de septiembre de 2012

SINRAZONES INDEPENDENTISTAS


            Cada uno de los estados que conforman la vieja Europa es el resultado de procesos históricos complejos, traumáticos y conflictivos, pues siempre alteran el “statu quo” establecido, afectando no sólo a la entidad territorial-gubernamental de origen, sino también al entorno geopolítico, por lo que, en definitiva, se convierten en un problema internacional. Quienes venden la idea de que para independizar un territorio pacíficamente basta conseguir el refrendo mayoritario de sus habitantes, mienten descaradamente. Máxime si dicho territorio forma parte de un estado situado en un área geopolítica consolidada como es Europa –en especial Europa Occidental- cuna de viejas civilizaciones y pionera del “estado moderno” (s. XV-XVI con monarquías autoritarias) y del “estado nacional” (s. XVII-XVIII con soberanía nacional), bases sólidas del actual mapa político europeo –y de otros territorios que conforman la “civilización occidental”- consolidado tras las turbulencias bélicas del XIX y XX para finiquitar los últimos vestigios del feudalismo medieval y los intentos de sustituirlos por regímenes totalitarios. Un largo proceso histórico de cinco siglos que, especialmente en Europa, ha costado sangre, sudor y lágrimas.
            Desde que con métodos al uso (guerra, alianza matrimonial o herencia) se crean los primeros “estados modernos” -España es pionera junto a Francia e Inglaterra-, unificando el territorio del neófito estado para ejercer en él la autoridad regia frente a la anterior fragmentación territorial feudal, hasta su evolución a “estados nacionales”, cada uno de ellos y los que surgen posteriormente, van adquiriendo modelos diferentes por su estructura (centralismo, federalismo, confederación, autonomismo) y por su integración territorial (nacionalidad, plurinacionalidad), poniendo de relieve que el territorio no es un elemento indispensable para la nación, pero sí para el estado que tiene el poder de dictar leyes, hacerlas cumplir y sancionar a los incumplidores para garantizar y organizar la convivencia de su población, hoy ciudadanos. Considerar que cada nación (sentimiento de unidad étnica o cultural entre los que comparten la misma lengua, tradiciones, costumbres, creencias y valores) tiene el derecho natural de formar un estado es contradecir la propia Historia y la realidad, pues hay naciones multiétnicas, con diferentes cultos y creencias, integradas en varios estados y, algunas, sin territorio propio. Apelar a este supuesto derecho, provocaría una revolución sin precedentes en el actual mapa político europeo y mundial. Cuestión distinta es que cada nacionalidad, dentro del estado en que esté integrada, tenga derecho legítimo a mantener sus peculiares diferencias con el resto de sus conciudadanos. Así sucede hoy en España.
             La integración territorial de España es un hecho indiscutible, como en el resto de estados europeos, especialmente de aquellos, como es el caso, que la han consolidado hace siglos y así se les reconoce en todos los foros internacionales por razones de estabilidad. Incluso España, a diferencia de otros vecinos, no se ha visto favorecida, sino al contrario, por ninguna anexión territorial desde su configuración como “estado moderno” en el s. XVI. Que además el secesionismo se pretenda desde Cataluña carece incluso de cualquier legitimidad de origen pues dicho territorio ni siquiera fue incorporado al Estado Español por métodos violentos –tan legítimos como otros al final del Medievo- sino por la decisión soberana de su propio monarca, Fernando de Aragón, pactando una alianza matrimonial con la infanta castellana Isabel e impidiendo mediante la guerra la unión de Castilla y Portugal por matrimonio de Juana la Beltraneja, sobrina de Isabel y legítima heredera, con el portugués Alfonso V. Siglos atrás, el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, había hecho lo propio con el Reino de Aragón, origen de la Corona Aragonesa. Cataluña es por lo tanto protagonista voluntaria de la creación del Estado Español, junto al resto de territorios que lo integran. Buscar similitudes con Puerto Rico, Kosovo o algún proceso descolonizador para justificar el independentismo catalán es dar un carpetazo ignominioso a la propia historia de Cataluña y a la de dichos estados. Hacerlo por impedimentos al desarrollo de su identidad en el momento de mayor libertad descentralizadora de toda la Historia de España es situarse en el más cínico irrealismo.
            Que el señor Mas, máximo representante del Estado Español en Cataluña, diga que va a convocar un referendo soberanista con autorización o no del Gobierno, además de una flagrante ilegalidad, es un atentado a la democracia y una agresión al estado de derecho, vigente en toda Europa Occidental, que sólo conduce a la violencia institucional y a la inestabilidad política, no sólo en España sino también en Europa. Un peligroso precedente hacia la nada que cualquier otro estado europeo, incluidos los de más reciente creación, zanjaría de forma contundente. Sus respectivos gobiernos y partidos de oposición tienen bien claro los límites permisibles. Los nuestros, ni el actual ni los anteriores, han aprendido todavía que hay asuntos de estado con los que no se puede jugar. El precio a pagar es demasiado caro, nada más y nada menos, que la estabilidad política europea, cuando precisamente, planifica su futuro integrador en un mundo globalizado con cesiones de soberanía de los estados consolidados y no, como en otras épocas, creando nuevos estados soberanos.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 22 de septiembre de 2012

CATALUNYA, ¿NUEVO ESTADO DE EUROPA?


            Sin entrar en la guerra de cifras, se preveía una Diada multitudinaria e histórica. Y así ha sido. El pueblo español, incluido el catalán, tiene suficientes motivos para salir a la calle manifestando su malestar por el precio que está pagando por la crisis, mientras que los gobernantes, que la han provocado, saben que, en tales circunstancias, es fácil eludir sus responsabilidades desviando la atención con nuevos objetivos utópicos que les permitan ocultar el fracaso de su gestión. El nacionalismo insaciable ya está agotado -¿qué más competencias puede exigirle al Estado?- y su catastrófica gestión es evidente –ruina económica a cambio de esplendor identitario y boato-, por lo que sólo le queda la opción del independentismo para que los dannificados por su caduco proyecto tengan nuevas esperanzas en un nuevo maná prometido y mantengan su apoyo a los creadores de semejante infierno, convertidos ahora en profetas de nuevos paraísos probablemente perdidos. Así, los nacionalistas de CiU y gran parte del PSC-PSOE –únicos responsables de toda la gestión autonómica catalana desde su creación, incluido el tripartito- se quitan la careta poniéndose al frente de una manifestación bajo el slogan “Calalunya, nuevo estado de Europa”, que convierten en exitosa, sin que ninguno de sus votantes les haya autorizado jamás con sus votos en ninguna de las elecciones celebradas, incluida la última, que, como siempre, redujo la opción independentista a una minoría repartida entre ERC, ICV, EUiA y SI, que, al menos, mantienen la coherencia con sus minoritarios votantes. Esta deriva de CiU y PSC-PSOE es la que convierte en multitudinaria e histórica la celebración de esta Diada independentista, pues, siendo formaciones políticas con grandes responsabilidades en la construcción del actual Estado Español, por vez primera enseñan su verdadero rostro optando sin tapujos por la aventura independentista, haciéndolo además en el momento más crítico y vulnerable, con una España casi arruinada en la que Cataluña, con un rating de solvencia de “bono basura”, acaba de solicitar un rescate de más de 5.000 millones de euros, urgiendo un adelanto para poder pagar las próximas nóminas de la administración autonómica. Siendo bastante benevolente, esta deriva antidemocrática supone una grave y peligrosa irresponsabilidad, preñada de deslealtades, incoherencias y falsedades.
            Pero, si en 1977, al iniciarse los primeros trabajos de la Ponencia redactora del anteproyecto de Constitución, los partidos integrantes contaban, sólo en el ámbito catalán, con más del 90% de los votos emitidos en las elecciones constituyentes; si entre los siete ponentes, llamados después “padres de la Constitución”, figuraba incluso el Sr. Roca representando a CiU; y, si una amplia mayoría del pueblo español, incluido el catalán, refrendó dicha Constitución, es incuestionable la activa participación de los catalanes, incluidos los nacionalistas, en la formación de nuestro actual Estado que, por decisión libre de los españoles, incluidos los catalanes, establece la soberanía en el pueblo español y no en ninguno de los que conforman España, quienes carecen de legitimidad democrática para decidir unilateralmente independizarse. Decir que Cataluña es agredida por el Estado Español, en cuya creación han participado tan activamente los catalanes, es, como mínimo, una indecencia; equiparar España y Catalunya en plano de igualdad es una falsedad, pues Cataluña, además de por razones históricas remotas, en la actualidad, forma parte de España, del Estado Español, por decisión libre de los propios catalanes y del resto de españoles, y jamás son comparables las partes con el todo. No hay problemas reales entre España y Cataluña pues los problemas catalanes son inevitablemente españoles. Pero, si CiU ha sido capaz de hacer creer a sus votantes que  a inicios del XVIII la Guerra de Sucesión al trono español –del que Cataluña ya formaba parte por decisión propia, dentro de la Corona de Aragón desde hacía más de doscientos años- era una guerra de ocupación para crear el falso victimismo que origina su ideología, ahora, trescientos años después de aquella fecha y saturado su proyecto nacionalista, no extraña que pretenda sobrevivir otros tantos años más pasándose a posturas independentistas siempre minoritarias. Que haga lo propio el PSC-PSOE es incluso más preocupante pues la Historia avala las terribles consecuencias de proyectos que fusionan la ideología nacionalista y socialista.
            Así, ante tanta irracionalidad y tanta mentira, es difícil hacer entender no sólo la inviabilidad del proyecto independentista unilateral en un marco democrático, pacífico y libre, sino también las consecuencias que, en caso de lograrlo, se derivarían. Tan difícil como hacer entender que España no es culpable de que el Sr. Mas prefiera cerrar hospitales antes que cerrar innecesarias embajadas y televisiones. Es prioritario seguir fomentando la identidad a sanar a los identificados. Los nacionalistas jamás son culpables de nada, siempre hay culpables ajenos. Aún recuerdo como Franco y su nacionalcatolicismo culpaba a toda la Europa democrática y al mundo mundial de todos nuestros males. ¿A quiénes culparían los nacionalistas catalanes con una hipotética independencia? Tengo en la retina la imagen de la quema de banderas de España, Francia y la UE durante la celebración de la Diada. De momento, según los nacionalindependentistas catalanes, sólo sabemos quiénes son los culpables de la situación deplorable que sufre Cataluña actualmente. Ellos, desde luego, no.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 13 de septiembre de 2012

RESCATES A LA CARTA


            Al margen de eufemismos sobre la caótica realidad española y sus responsables, nadie duda ya que nuestra economía y nuestras finanzas están bajo mínimos, pues somos incapaces, no sólo de afrontar los compromisos de pago con nuestros acreedores, sino también de atender los gastos corrientes, es decir, los destinados a contratar recursos humanos y comprar bienes y servicios necesarios para desarrollar las funciones administrativas. Estamos en la ruina, es decir, en quiebra o bancarrota. Carecemos de capacidad para conseguir en los mercados una financiación adecuada para afrontar el futuro con cierto optimismo y evitar una suspensión de pagos que sería aún peor. Ya no es posible ocultar nuestra insolvencia; la realidad eclipsa cualquier estrategia de camuflaje, al extremo de que, al margen del variopinto paisaje político que gobierna nuestra variopinta estructura estatal, ni España, ni CCAA, ni corporaciones locales, niegan ya la urgencia de ser rescatadas, ayudadas o intervenidas. El nombre es lo de menos.
            Por eso, al margen de que los acreedores sean los más interesados en que se produzca el rescate para asegurarse el cobro y de que, entretanto, los especuladores magnifiquen intencionadamente nuestra insolvencia para conseguir pingües beneficios, casi todos los dirigentes políticos con responsabilidades gubernamentales en cualquier instancia son incapaces de aportar soluciones viables y creíbles sin el recurso a un rescate por parte de las instancias competentes. Sin embargo, ante esta incuestionable realidad, ninguno de ellos -desde Rajoy a Mas o Griñán, así como los demás presidentes autonómicos o alcaldes no afines políticamente al Gobierno- expone con claridad la ineludible necesidad del rescate y sus consecuencias. Instalados en la demagogia electoral que les caracteriza, prefieren buscar culpables ajenos eludiendo sus propias responsabilidades y, en todo caso, disfrazan la realidad con matices semánticos adjetivando el obligado rescate (parcial, suave…) o sustituyéndolo por sinónimos menos impactantes (ayuda, adelanto…). Se trata, en definitiva, de ocultar a la ciudadanía las inevitables condiciones que, en cualquier caso, conlleva ser rescatados, como si el común de los mortales no supiera que nadie da nada sin las contrapartidas correspondientes para satisfacer los intereses en juego desde un plano desigual a favor del rescatador. La sabiduría popular, ya que hablamos de dinero, lo sintetiza en “quien paga, manda”. Pero esta orgía demagógica pretende vendernos, como si fuéramos idiotas, una especie de “rescates a la carta” que, insólitamente, consisten en que el prestatario impone sus condiciones al prestamista o le exige que no le imponga ninguna, sustituyendo el sabio dicho popular por “quien paga, obedece”. Un pintoresco planteamiento por el que Rajoy, mientras decide solicitar el inevitable rescate, exigirá al BCE y al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, como pretende Rubalcaba, la exención de condiciones que supongan mayores sacrificios a los españoles, al igual que Mas o Griñán hacen lo propio con el Fondo de Liquidez Autonómico. Si Homs, el portavoz catalán, tras solicitar el rescate, anuncia que Cataluña “no aceptaría condiciones políticas” y Susana Díaz, consejera andaluza, tras exigir un anticipo antes de acogerse al FLA, dice que dicho fondo no puede estar condicionado a “limitar las competencias autonómicas”, Rajoy, obligado como ellos al rescate, debe hacer lo propio. Los rescatadores, obligados a obedecer, nos servirán en bandeja estos “rescates a la carta” y todo solucionado. Si no lo hacen, ellos serán los responsables de nuestro oscuro futuro. ¿Se imaginan estos planteamientos en el mundo privado? Las empresas, familias e individuos resolverían sus necesidades financieras con “préstamos bancarios a la carta” sin condiciones. Pero, desgraciadamente, las cosas no funcionan así, aunque, ya ven, nuestros políticos así nos lo pretendan vender.
            Salir de la demagogia y afrontar la realidad requiere explicar que nadie pone condiciones políticas o competenciales “per se”, sino condiciones económicas que garanticen el pago con un plan de viabilidad que, obviamente, condiciona la actuación política y competencial, sometida a supervisión. Si quieres lo tomas y si no lo dejas. Cada gobierno rescatado debe cumplir los objetivos de déficit marcados, elaborando presupuestos equilibrados a través del incremento de ingresos y reducción de gastos. Esas son las condiciones. Si no se cumplen, el respectivo supervisor tomará las medidas pertinentes, incluidas las competenciales. Cuestión distinta es cómo reduzca el gasto e incremente el ingreso cada uno de ellos. Ese es el debate político y la responsabilidad de cada gobierno en su respectiva demarcación territorial y competencial. Quien prefiera recortar gastos en servicios esenciales (hospitales, colegios…) en vez de gastos prescindibles (televisiones, embajadas…) para mantener intereses clientelares y no generales, es el único responsable. Nadie le exige hacerlo así. Quien niegue la necesidad de un rescate o exija que sea a la carta, debe presentar una alternativa viable, cuantificable y creíble que garantice como mínimo el dinero necesario para pagar las nóminas del próximo mes. Si además asegura el resto de gastos comprometidos, comenzará a ganarse un mínimo de credibilidad. Hace tiempo que perdimos la máquina de fabricar billetes y los “rescates a la carta” no existen.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 4 de septiembre de 2012

CADENA PERPETUA


            La presunta atrocidad cometida por Bretón con sus propios hijos reabre, una vez más, el debate social sobre la necesidad o no de incluir en nuestro Código Penal la “cadena perpetua” como máxima condena por delitos monstruosos. Pero, como en anteriores ocasiones, el debate queda eclipsado por el antagonismo extremo entre posiciones ideológicas que sólo pretende sacar ventaja partidaria y evitar el desapego de sus votantes más extremistas. Un debate prostituido, como tantos otros, por un maniqueísmo absurdo (los partidarios son conservadores y de derechas; los detractores son progresistas y de izquierdas) que no comparte la ciudadanía, pues, según las encuestas, el 73% de los ciudadanos es partidario de aplicarla para delitos especialmente graves, como es el caso; el 61% considera que el objetivo prioritario de la pena de cárcel debe ser el castigo de los delincuentes y el 32% que ha de ser la reeducación y la reinserción social; mientras que el 67% considera que las penas en España son menos duras que las de otros países de nuestro entorno. Este divorcio, uno más, entre gobernantes y gobernados, requiere aproximarse al problema con serenidad y, en todo caso, conocer en qué consiste y cómo lo tratan los países de nuestro entorno.
             Tradicionalmente la “cadena perpetua” es una condena a permanecer en la cárcel durante el resto de la vida del reo, lo que evita toda posibilidad de reinserción social o reeducación. Pero hoy, tanto el concepto como su finalidad, están superados, pues ni los reos llevan cadenas como antaño, ni se universaliza la perpetuidad. Por ello hay que hablar de “presidio perpetuo revisable”, aunque popularmente se conserve la carga peyorativa del término y en determinados casos, que los hay, no sea posible aplicar la revisión al no conseguirse la reinserción del reo. Tan inhumano es impedir “in eternis” la posibilidad de reinsertar al condenado, como garantizarle una libertad futura tras una condena máxima, por dura que sea, sabiendo que, liberado, seguirá en disposición de cometer delitos tan abominables como los que le llevaron a prisión. Así lo entiende la mayoría de países democráticos desarrollados, aunque, lamentablemente, algunos sigan conservando la atrocidad de la pena de muerte; pero muy pocos han ido en sentido contrario garantizando una futura libertad en todos y cada uno de los casos.
            Entre los países de la Unión Europea sólo Portugal y España han abolido la “cadena perpetua”, optando por un límite máximo de prisión elevado, 25 y 30-40 años respectivamente, que, en todos los casos, garantiza una libertad futura tras el cumplimiento de la pena. El resto de países mantiene en sus legislaciones la “cadena perpetua revisable”, aunque los plazos para acceder a la concesión de la libertad vigilada sean muy distintos de unos países a otros, desde los 7 años de Irlanda a los 25 del Reino Unido. Una filosofía diferente que, al margen de los plazos para iniciar la revisión de la pena, posibilita la reinserción social y garantiza que, si esta no es posible, la sociedad no se vea amenazada por monstruos que, una vez en libertad, se tiene la certeza de que van a seguir cometiendo atrocidades. La experiencia en dichos países demuestra que es difícil que un condenado pase toda su vida en prisión, pero, al mismo tiempo, en todos ellos hay algún que otro caso en que ha sido así cuando se considera que el condenado es un peligro para la sociedad. Por tanto, la aplicación de “cadena perpetua revisable” como pena excepcional para supuestos muy restringidos que causen una importante alarma social no es insólito o inhumano, sino algo común en los países civilizados de nuestro entorno. Defender nuestro Código Penal, como hace el exministro Caamaño, “por ser de los más duros que existen en Europa, con penas que en los delitos de terrorismo alcanzan hasta los 40 años de cárcel” es una falsedad ya que en Europa, salvo Portugal, se aplica una pena más dura como es la “cadena perpetua”. Si tenemos en cuenta que, ni en España ni en Europa, se generaliza el cumplimiento total de las penas a causa de los beneficios penitenciarios o de la revisión de las mismas, concluiremos que hay un mayor equilibrio entre el objetivo de reinserción y el de castigo de los delincuentes en el modelo europeo, así como una mayor garantía para la seguridad de los ciudadanos.
            Si, a diferencia de otras sociedades europeas, la sociedad española está disconforme al respecto con su Código Penal, es obvio que el debate debe quedar despojado de connotaciones semánticas o ideológicas. “Cadena perpetua” o “prisión perpetua revisable” nada tiene que ver con derechas o izquierdas, con fachas o rojos, se trata de una figura penal, generalizada en Europa, para conseguir una mayor eficacia de la administración de justicia adaptando el servicio público a las necesidades de la ciudadanía.  De eso se trata.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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