lunes, 30 de diciembre de 2013

PRUDENCIA Y COHERENCIA

                        Es momento de balances y previsiones. Balances de resultados de un 2013 que nos dice adiós y previsiones para un 2014 que, al menos en España, se prevé bastante complicado. Superado el ecuador de la legislatura del gobierno del PP con mayoría absoluta, con sus luces y sombras, cada vez queda menos tiempo para que, tanto el gobierno como la oposición, consigan ganarse la credibilidad perdida, tanto a nivel interno como externo, requisito básico para que, al margen de las preferencias ideológicas individuales, la política recobre el rol imprescindible que le corresponde en una sociedad democrática. Hoy por hoy, desgraciadamente, no es así y demasiada gente considera a los políticos como uno de los graves problemas que tiene España en vez de considerarlos el eje esencial de la solución de los mismos. En estas condiciones son excesivas las incertidumbres para afrontar con solvencia política las próximas elecciones generales, corriéndose el riesgo de que un voto cautivo del desencanto y huérfano de la convicción, si supera la ciénaga de la abstención, vaya a parar a opciones políticas inviables, generando un mapa político de ingobernabilidad que, tal como está el patio, España no se puede permitir.
            Con semejante panorama de previsible inestabilidad política, tanto el PP, como partido del gobierno, como el PSOE, principal partido de la oposición, están obligados a mirar más allá de lo que queda de legislatura y, con altura de miras, por encima de los legítimos intereses electorales, arbitrar políticas consensuadas, desde la prudencia y la coherencia, para afrontar los asuntos pendientes en lo que queda de legislatura, obligando al resto de partidos a sumarse a lo razonable o desenmascarándolos de sus irracionales proyectos inviables. Si tal como dice el Ecofín entre los grandes deberes por culminar está la reforma laboral, la de las pensiones y el control de las comunidades autónomas no nos podemos permitir el lujo de tratar dichos asuntos con tópicos generalistas para caer en incoherencias manifiestas que provocan el típico debate del “y tú más” o el “por qué no lo hiciste cuando gobernabas” del que siempre salen beneficiados quienes, sin previas responsabilidades de gobierno, pueden seguir demagógicamente ofertando la luna.
            Si la imprudencia por un lado y la incoherencia por otro son las principales fuentes del descrédito acumulado por parte del PP y del PSOE, sólo será posible salir de esta situación afrontando de forma honesta y desde la prudencia los debates pendientes con absoluta coherencia y no con exabruptos como argumentos que no se sostienen ni entre los propios correligionarios, especialmente si en tu etapa de gobierno (o de oposición) hiciste lo que criticas ahora o te comportaste como el que ahora repudias. Ni al PP le vale ya apelar a las herencias para justificar las incoherencias con su proyecto ideológico-programático, ni al PSOE, recurrir a descalificativos gratuitos de las políticas que, practicadas hoy por el PP, se asemejan a las que ellos practicaron cuando gobernaban (valga como ejemplo oponerse a la nueva ley del aborto con el argumento de que socaba la libertad de las mujeres cuando la ley  socialista de 1985 se asemeja bastante a la de Gallardón, lo que, en boca de Rubalcaba, ministro comodín de casi todos los gobierno socialistas, es pura demagogia se mire como se mire, salvo que idéntica ley tenga efectos liberticidas no según su contenido sino según quién la elabore o la aplique).
            No es baladí recordar que, al margen de las exigencias de la UE, otras muchas reformas están pendientes de adopción o plena aplicación como la ley Wert, la reforma tributaria o la citada ley del aborto, así como el grave asunto de la consulta catalana soberanista que, por sí mismas, predicen un 2014 convulso. Si además han de celebrarse elecciones al Parlamento Europeo, para elegir por sufragio universal directo, libre y secreto a los eurodiputados, que por vez primera, gracias al Tratado de Lisboa, verán incrementado el poder de la Eurocámara, la convulsión política del año entrante está más que asegurada. Y si, para colmo, muchos de los casos de corrupción en progresión investigadora sirven como el más indeseable ingrediente del descrédito político con el argumento intolerable del “y tú más”, la rehabilitación de la prudencia y coherencia política de los partidos en España se me antoja harto complicada.
            Se puede o no estar de acuerdo en que el 2014 será el año que inicie la recuperación económica. Incluso es probable que así sea, casi toda Europa lo está haciendo. Pero desgraciadamente España, aunque saliera de dicha crisis, está afectada por otras crisis, incluso más graves, como es la crisis de valores, social, política y territorial. De la económica se puede salir haciendo las cuentas bien. Las restantes requieren otros muchos más esfuerzos, comenzando por la asunción de una serie de valores por parte de nuestros gobernantes y políticos que, lamentablemente, han perdido. Uno de los importantes, la prudencia, tanto en la forma como en el fondo de afrontar los problemas; otro, la coherencia, tanto en las propuestas como en las críticas a la hora de hacer creíbles los proyectos. Sin éstos es difícil asumir el resto de valores que deben adornar a un gobernante. ¿Estarán los nuestros dispuestos a intentarlos? Es el primer reto a superar en 2014.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

martes, 24 de diciembre de 2013

ACERCA DEL ABORTO

                        Es preocupante el alto índice de frivolidad que acompaña al debate público sobre un asunto de máxima importancia y complejidad, como es el aborto, desde que el PP, tal como mantenía en su programa electoral, apoyado por mayoría absoluta, ha decidido modificar la ley vigente al respecto que, caprichosa y unilateralmente, decidió implantar ZP en 2010, rompiendo el consenso de “hechos consumados” de la anterior ley socialista de 1985, avalada por el TC, que, ni el mismísimo Aznar, se atrevió a modificar. Por tanto, al margen de la posición de cada cual sobre el aborto y para centrar el debate, el PP está legitimado y avalado electoralmente para afrontar dicha reforma, al igual que ZP en su día. Es incoherente que, mientras se le critica con razón por incumplir su programa electoral, cuando lo cumple, como es el caso, se le critique igualmente achacando la decisión a intereses ocultos. Cuestión distinta es si no hubiera sido mejor en 2010 dejar las cosas como estaban, salvo que se hubiese logrado un amplísimo consenso para modificar la ley sobre asunto tan delicado y sensible, cuando la legalidad ya estaba asumida por toda la sociedad, sin reparar en la inconveniencia de someterla al vaivén ideológico del partido gobernante que, a lo sumo, representa a la mitad social.
            Dicho lo anterior, es intolerable dividir a la gente entre proabortistas o antiabortistas, cuando, desde el sentido común, el aborto supone un fracaso, jamás un éxito, y, por tanto, salvo excepciones que confirman la regla, nadie es proabortista, aunque algunos así lo parezcan. Se trata de dar una respuesta legal a un grave problema social que lleva implícitas esenciales cuestiones éticas, morales, sanitarias, científicas e incluso económicas. Un complejo asunto que, obviamente, genera en la UE un amplio abanico legislativo que abarca desde la prohibición y pena de cárcel en Malta, a la libre decisión de abortar durante las 24 semanas de gestación (cuando el feto ya es casi viable de forma independiente) en Holanda. Sin entrar en pormenores de los distintos países que no cabrían en este espacio, se trata, en definitiva, de deshacerse de forma voluntaria de un feto y en qué condiciones y circunstancias se permite sin incurrir en delito. Para afrontar el problema, dos modelos: el de “plazos”, que es el mayoritario, consistente en establecer un periodo de libre decisión sin más de la embarazada para interrumpir el embarazo; y, el de “supuestos”, consistente en determinar determinadas circunstancias para interrumpirlo. Ninguno de ellos lleva implícito un plus de modernidad o progresía sino distinta forma de entender la cuestión; lo contrario nos llevaría a que, por ejemplo, Reino Unido o Finlandia, son países anticuados y poco progresistas, pues ambos contemplan el sistema de “supuestos”. En España, que en 1985 optó por este sistema con un gobierno socialista, otro gobierno socialista, sin consenso con los conservadores, decidió pasar al sistema de “plazos”, provocando ahora que un gobierno conservador quiera volver al sistema anterior.
            En ambos sistemas, rebasadas las circunstancias legales, se incurre en delitos o faltas, como sucede en cualquier otra norma legal y, generalizadamente, precisan informes médicos, psíquicos, sociales, plazos de reflexión a la embarazada, ofrecimiento de otras alternativas antes de practicar el aborto, no para entorpecerlo, sino para garantizar que se ajusta a derecho. Sólo en el sistema de “plazos” y sólo durante el periodo de libre decisión de la embarazada (que suele ser hasta las 12 a 14 semanas del embarazo, donde claramente el feto no es viable de forma  autónoma) se exime de cualquier requisito salvo la libre voluntad, mientras que situaciones como violación o riesgo para la salud de la mujer, suelen asumirse con normalidad y, en menor medida, las malformaciones del feto (cada vez más cuestionadas por los Derechos Humanos) y, raramente, razones económicas o sociales. Este es “grosso modo” el trato legal europeo al respecto. Entre el aberrante aborto libre sin más, desde la fecundación a la víspera del nacimiento, y la aberrante prohibición del mismo en cualquier momento o circunstancia, hay infinidad de posibilidades y cada sociedad ha de legislar sobre dónde sitúa los márgenes legales para interrumpir una vida humana en ciernes que es de lo que, en definitiva, se trata. Unos límites para que, asumidos mayoritariamente, no queden al libre albedrío de la conciencia individual actos que supondrían aberraciones desde el punto de vista de la condición humana. Es incomprensible que un asunto que ni la ciencia médica, ni la política de derechos humanos, ni la tecnología, ni la ética, entre otras ciencias, es capaz de situar y delimitar en sus justos términos, se trate de forma frívola como un asunto de avance o regresión evolutiva de la Humanidad en términos de progreso o regreso de las distintas sociedades. ¿No sería mejor buscar un punto de encuentro y estabilizar la cuestión con un amplio consenso basado en el sentido común en vez situarlo como punto de mira de todos los intereses partidistas de unos y otros?
            Desgraciadamente, como en 1985 o 2010, no es precisamente el sentido común lo que prevalece. Ni aquel histórico “mamá no me mates” para oponerse a la ley de Felipe González, ilustrado con un panfleto en que una tijera troceaba un feto viable autónomamente, ni aquel “un feto es un ser vivo pero no humano” de la Ministra Aído, como argumento para avalar la ley “de plazos” de ZP, aportan nada al sereno debate que precisa la definitiva legislación sobre el aborto en España. Menos, acusar al Gobierno de Rajoy, como hace Rubalcaba, de cambiar la libertad de las mujeres por un puñado de votos de la extrema derecha. Bastaría con preguntarle si Felipe esclavizó a las mujeres por su ley “de supuestos”, mientras él era ministro, o a cambio de qué votos o intereses Zapatero cambió la ley en 2010, mientras él ya no era ministro sino vicepresidente del Gobierno. Con este tipo de argumentos no vamos a ninguna parte. Seguramente es que tampoco pretendemos ir a ninguna parte.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 19 de diciembre de 2013

CASTRO Y SILVA, ¿VÍCTIMAS O VERDUGOS?

                        Mientras que la Justicia en España está en el punto de mira, por tantas y tantas razones que ahora no vienen a cuento, dos jueces, José Castro y Elpidio José Silva, están en el ojo del huracán mediático. Según se mire, a ambos se les considera víctimas o verdugos, pero no jueces imparciales, en los casos que investigan sobre presuntos delitos de corrupción protagonizados por sendas personas relevantes socialmente, la Infanta Cristina en el caso de Castro y Blesa, ex presidente de Caja Madrid, en el de Silva. Los respectivos fiscales, Pedro Horrach y Manuel Moix les han desautorizado públicamente de forma tan contundente que, excediendo lo que pudiera considerarse una normal discrepancia de interpretación jurídica, está provocando un bochornoso espectáculo intolerable. Salvo que, insólitamente, se considere a los citados jueces como indocumentados, lo que contradice su propia experiencia, sólo cabe, a tenor de lo expuesto por los fiscales, considerarlos como verdugos caprichosos de Cristina y de Blesa, respectivamente, o como víctimas propiciatorias por intentar hacer justicia en tan altas instancias.  
            El calvario de Castro se inicia por la imputación o no de la Infanta Cristina en el “caso Noos”, sobradamente conocido. El juez considera su imputación, el fiscal la rechaza porque no hay indicios. Pero, antes de que Castro dicte auto formal de imputación, Horrach le entrega un informe concluyendo que, además de la ausencia de indicios para la imputación, sus últimas diligencias de investigación son “contradictorias e innecesarias”, argumentando tal calificativo, y además concluye que se investigue al presidente del sindicato de técnicos de Hacienda por acusar a funcionarios adscritos al caso de manipular datos fiscales para favorecer a la Infanta, lo que considera “grave, gratuita y falsa”. Sin embargo el fiscal, de forma sorprendente, señala al juez que “es un principio básico del Derecho penal que no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho” y que, según los últimos informes de la Agencia y de la UDEF, se corrobora “la inexistencia de indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación”, apuntando además que Castro se haya centrado últimamente en una intensa actividad investigadora centrada “exclusivamente” en la mercantil Aizoon y en los gastos personales imputados a la Infanta en la misma, y que “resulta cuando menos llamativo que dicha investigación no se haya extendido en los mismos términos e intensidad” a otras mercantiles participadas por la esposa de Torres, el ex socio de Urdangarín, así como otra serie de veladas acusaciones de parcialidad al juez Castro, que sería prolijo citar aquí.
            El calvario de Silva comienza cuando, por segunda vez, ordena ingreso en prisión (esta vez sin fianza) de Miguel Blesa y la Audiencia de Madrid le obliga a liberarle, mientras Fiscalía presenta una querella contra el juez por dos delitos contra la libertad individual, prevaricación y por un continuado “retardo malicioso” en el proceso. Graves acusaciones contra el juez, como incumplimiento de “deberes legales”, actuación “radicalmente contraria a derecho”, autos “incongruentes”, medidas acordadas a instancia del sindicato Manos Limpias, que no estaba personado en la causa, “injustificada e inmotivada reapertura de diligencias previas” a raíz de una denuncia “muy genérica e imprecisa” del citado sindicato sobre un multimillonario crédito a Díaz Ferrán y, entre otras, “torticero” modo de actuar en el asunto de la compra del  Banco de Florida. Consecuencia, Blesa en la calle y Silva ante el posible final de su carrera judicial. Y, mientras Silva se defiende, amenazando con tirar de la manta y dar a conocer todos los datos sobre las irregularidades cometidas “durante los últimos 15 años en determinadas cajas de ahorro” y las alianzas entre “corruptos” y “determinados elementos de la casta política”, aunque “el sistema no lo soportaría” y se generaría “una situación institucional insostenible”, una serie de correos de Blesa manifiestan que Aznar exigía contrapartidas, entre otra serie de detalles escabrosos que, según Silva, desvelan asuntos tan dispares como las luchas internas del PP, o son prueba suficiente de la gestión delictiva que hizo Blesa en la entidad bancaria que presidió a instancia de su amigo Aznar, concluyendo que “en cualquier país del mundo este señor estaría en prisión”.
            Ni sé si la Infanta ha de ser imputada o no; ni, si Blesa ha de estar o no en la cárcel. Los jueces y magistrados son quienes han de decidirlo en los tribunales. Lo demás son especulaciones. Pero sé que jueces y fiscales no pueden dar semejantes espectáculos si quieren ganar credibilidad. ¿Son tan incompetentes Castro y Silva como se desprende de lo manifestado por Horrach y Moix? Si no son incompetentes, ¿son tan perversos? ¿Qué tienen contra Cristina y Blesa? ¿Por qué? Y si no hay nada de esto tampoco y su actuación se ajusta a derecho ¿qué tienen los fiscales contra ellos? Alguien tendrá que pagar por tamaña irresponsabilidad, que, obviamente, alguien está cometiendo, pues para saber al final cuál debe ser el destino que jurídicamente se dé a la Infanta Cristina o a Miguel Blesa, es obligado esclarecer primero si Castro y Silva son o pretenden ser sus verdugos, pues, en caso negativo, ellos serían las verdaderas víctimas.
            Y ustedes ¿qué piensan al respecto?

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 13 de diciembre de 2013

CATALUÑA HACIA EL ABISMO

                        Es la noticia por excelencia. Todos los diarios españoles importantes la llevan en portada y algunos de ellos prácticamente en exclusiva. No es para menos. Este enésimo paso dado por Artur Mas en su delirante camino hacia ninguna parte es de tal gravedad, no tanto en el fondo, sino en las formas, que deja poco margen a cualquier solución razonada y razonable. Una doble pregunta, para que quepan todas las sensibilidades secesionistas. “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?”, y, si responde afirmativo, “¿Quiere que éste sea independiente?”; incluso cabría hasta una tercera pregunta para cerrar el círculo, por ejemplo, ¿Qué más quiere usted? Una verdadera locura, insólita en el mundo civilizado y democrático, que, por encima de leyes y constituciones, por encima de derechos y deberes, pretende abrirse camino, pase lo que pase y caiga quien caiga, al margen de las nefastas consecuencias que provoque en primer lugar en Cataluña, en España después y finalmente en toda la Unión Europea. Es la materialización del mayor desafío totalitario que un gobernante regional hace a su propio Estado democrático, obligando a éste a defender con uñas y dientes la soberanía que su propio pueblo se ha otorgado o a claudicar ante la sinrazón violenta de quienes desde sus mismas entrañas utilizan el poder que se les ha otorgado contra quienes tienen legitimidad para hacerlo, el pueblo español.
            Ante semejante amenaza sólo cabe la respuesta democrática y rotunda del gobierno que el pueblo amenazado eligió democráticamente. “La consulta no se va a celebrar; es inconstitucional” ha dicho Rajoy. Y ha dicho bien. “Les garantizo que esta consulta no se celebrará porque choca con el fundamento de la Carta Magna, la indisoluble unidad de la nación española”, ha rematado el presidente del gobierno contundentemente. Como no podía ser de otra forma, salvo que, una vez más en nuestra historia, nos dispongamos a dinamitar los cimientos del Estado Español, tanto los dirigentes del PSOE, primer partido de la oposición, como los del PP, pasando por los de UPyD, Ciutadans y otras formaciones minoritarias, han cerrado filas con el presidente Rajoy en la defensa contundente de la democracia. Un gesto esperado de responsabilidad frente a quienes, titubeantes aún, o claramente alineados con la amenaza antidemocrática, están dispuestos a llegar hasta el borde de un abismo con consecuencias impredecibles en caso de no frenar a tiempo. Ellos sabrán lo que hacen y la Historia se encargará de colocarlos en el lugar que merecen.
           Desgraciadamente, cuando más firmeza se requiere por parte de todos los demócratas para defender la libertad, en las tertulias mediáticas se percibe aún en algunos personajes un tufo putrefacto a la hora de justificar lo injustificable. Cuando las amenazas dejan de ser retóricas para convertirse en reales, no caben justificaciones ni medias tintas. Otro gallo cantaría si en su debido momento se hubiese actuado enérgicamente frente a hechos puntuales o desacatos intolerables de menor entidad. Hoy no estaríamos donde estamos, aunque ya no es momento de lamentarnos de un pasado errático, sino que es momento de enderezarlo. He repetido mil veces que la rotunda aplicación de la ley es la mejor de las garantías para la supervivencia de una sociedad democrática. Por ello no entiendo los cantos de sirena de algunos instando a una negociación innegociable o alertando de las consecuencias de aplicar la legalidad constitucional, al extremo de, si fuera necesario, intervenir incluso la comunidad autónoma, si es lo que al final pretende el Gobierno de la Generalitat y sus valedores. Algún precio habrá que pagar ante la amenaza insensata de la sinrazón y, democráticamente hablando, siempre será más barato reforzar el sistema democrático que rendirlo ante los insensatos, aunque de su sometimiento legal hagan después un ejercicio más de victimismo con un claro objetivo electoral. ¿Acaso no es el victimismo embustero la esencia de su razón política? La única alerta ineludible es la amenaza descarada al Estado de Derecho.
          Tal como está planteado el problema la única solución posible desde el lado democrático es contraponer como última barrera el escrupuloso respeto a la Carta Magna con todas sus consecuencias, dejando bien claro que los daños colaterales que pudieran producirse (incluida la intervención de la Generalitat por parte del Estado Español del que forma parte) son responsabilidad exclusiva de quienes, irresponsablemente, pretenden imponer su voluntad a la inmensa mayoría de los españoles, incluidos los catalanes, y en modo alguno de quienes tienen el derecho y el deber de actuar ante semejante desafío antidemocrático de corte totalitario. Quién no tenga esto bien claro ni esté dispuesto a dar la cara en su defensa es tan peligroso como quien, teniendo clarito lo contrario, está dispuesto a hacer cualquier cosa para imponer su pensamiento único.
            Mas y sus colegas tienen todo el derecho a declararse independentista y a reivindicarlo públicamente, siempre que de forma inequívoca acate y se someta a la decisión mayoritaria de los españoles, incluidos los catalanes, y a las reglas establecidas por ellos. Pero ello no le otorga el derecho de insultar a los españoles no catalanes, tachándolos de ladrones e imperialistas por ejemplo, ni a dividir a los españoles catalanes en ciudadanos buenos o malos, según coincidan o no con sus objetivos. Menos derecho aún a utilizar su cargo institucional y los recursos públicos pertinentes para arremeter contra el Estado al que él mismo representa, pues, superando con creces el concepto de deslealtad, es lo más parecido al concepto de traición.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

jueves, 12 de diciembre de 2013

¿CATALANOFOBIA O HISPANOFOBIA?

                        ¿Qué sucedería si un partido de ámbito español dijese que Cataluña le está robando a España, que está contra España o que quiere liquidar a España? ¿Qué, si ese partido fuese el partido gobernante en España? ¿Qué, si fuese el mismísimo gobierno español? Con absoluta certeza, en el primer caso, el partido sería tildado de catalanofobia y enemigo de Cataluña (amén de fascista, opresor, etc); en el segundo caso, además de lo anterior, se le tacharía de irresponsable e indigno de sostener tan alta institución de gobierno; y, en el tercer caso, además se le declararía ilegítimo directamente y, por tanto, susceptible de no ser obedecidas sus decisiones. Pues bien, sin que nada de esto suceda, sino, curiosamente, todo lo contrario (son algunos partidos de ámbito catalán quienes dicen que España roba a Cataluña, que España está contra Cataluña y que quiere liquidar a Cataluña, entre ellos el que gobierna en Cataluña y, por ende, su propio gobierno con Mas a la cabeza), se da la paradoja de que en España, según estos sujetos, hay una extendida e insoportable catalanofobia, que hace imposible la convivencia de los catalanes con el resto de españoles, y no hay hispanofobia desde Cataluña ya que, según manifiesta el mismísimo Tardá en 24 horas (tesis de ERC y sus aliados), cualquier manifestación de hispanofobia desde Cataluña no es de carácter general y obedece a grupos aislados y puntuales. La catalanofobia española, obviamente, es generalizada.
            Ya ven, un mundo al revés que, sin escrúpulo alguno, estos sujetos repiten y repiten de forma chulesca, convencidos de que sus alucinantes visiones de una realidad inexistente les conducirán a un irreal futuro que venden como real, basado en la prostitución de la historia. Mientras el citado Tardá expresaba en TV su deseo de hacer bien la ilegal consulta y a la pregunta “¿y si no?”, responde que entonces la harán mal, el portavoz de la Generalitat, inaugurando un simposio oficial titulado “España contra Cataluña” (ya conocido en los medios como el simposio del odio), no tiene reparo alguno en atizar a España aseverando que “los imperialistas españoles quieren liquidar a Cataluña”. Si Rajoy, como es su deber, o el Parlamento español, desautorizan la convocatoria del referéndum, ya se sabe de antemano quiénes son los culpables: los indecentes imperialistas españoles. Como de antemano se sabe el resultado de ese simposio, según ellos, científico, sobre las relaciones en los últimos tres siglos entre España y Cataluña (como si fueran entes ajenos paritarios), que ya desde su título delata su carácter propagandístico y panfletario. El garante de tan imparcial y noble tarea científica es Jaume Sobrequés, recalcitrante independentista, provocando que hasta Tardá diga que hubiera sido mejor poner en el título al menos una interrogación. Hubiese disimulado su marcado sectarismo. Y con semejantes propósitos se pretende elaborar una especie de catálogo de agravios basados en el BOE, omitiendo que no sólo de Cataluña, sino de cualquier otra autonomía, provincia o pueblo, se podría elaborar una lista parecida de agravios y otra de todo lo contrario, sin que ello suponga un trato discriminatorio, sino, simplemente, unas carencias por los recursos limitados del Estado que, en el caso catalán, no sería la zona más perjudicada ni siquiera en los deplorables momentos (que son la mayoría desgraciadamente) en que España no gozaba de libertades democráticas. ¡Qué tendría que decir Extremadura, Galicia o Andalucía!
            Pues bien, en este contexto de agresiones y de hispanofobia por parte de los independentistas catalanes, por fin Artur Mas que, según Tardá, está donde está porque le ha obligado la ciudadanía, ha pactado con ERC, ICV-EUIA y la CUP la fecha del referéndum (el nueve de noviembre de 2014) y una doble pregunta: “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?” y, en caso afirmativo, “¿quiere que sea independiente?”. Las respuestas no se han hecho esperar: Rajoy, “no se celebrará” al ser “radicalmente contraria” a la Constitución; Rubalcaba, acusando a Mas de llevar a Cataluña “a un callejón sin salida” ya que “no tiene marco legal ni cabe en la Constitución”; Rosa Díez, diciendo que están haciendo “el ridículo más espantoso”. . . y así sucesivamente por el resto de líderes democráticos y, como tales, respetuosos con la Constitución, mientras que desde la UE, el mismísimo Van Rompuy advierte que “si un territorio de un estado miembro se separa, será un tercer país respecto a la UE y en él no se aplicarían los tratados europeos”. Más claro, el agua, por más que un panfleto, distribuido por Artur Mas, diga todo lo contrario para hacer creer a los catalanes en su tramposa entelequia. El desafío sigue adelante, junto al engaño y las mentiras. En esta especie de afianzar el odio a lo español, cabe todo. Es más, desde el más rancio independentismo, un reto chulesco, ¡que se atreva Rajoy a aplicar la intervención de la autonomía! Un agravio más a incluir en la lista de Sobrequés.
            Y lo grave no es la reivindicación nacionalista o independentista. Cada loco tiene todo el derecho a expresar lo que considere oportuno y a reivindicarlo, siempre que no atente contra la dignidad humana. Lo grave es que la locura se dirija desde las instituciones democráticas, gracias a los recursos de todos los españoles a los que quieren liquidar mediante una indecente hispanofobia, típica de mentes totalitarias y antidemocráticas, aprovechando la posición prevalente que todos los españoles, incluidos los catalanes, les concedimos en las urnas para que fomentasen precisamente todo lo contrario.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 8 de diciembre de 2013

AGENCIA TRIBUTARIA, OTRO DESPROPÓSITO

                        Más de trescientos ceses que, según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, se han dado en apenas veinte meses de legislatura no es asunto baladí. Ni lo es la destitución por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), vulgarmente conocida como Agencia Tributaria, de cinco funcionarios de alto rango o la dimisión del director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Luis Jones, por las discrepancias con el nuevo Director General de la AEAT, Santiago Menéndez, nombrado antes del verano. Algo huele mal y requiere explicaciones convincentes por parte del señor Montoro, para evitar la lógica cascada de especulaciones al respecto, que favorece la sospecha y la desconfianza en una inspección fiscal que no debiera dejar duda alguna sobre su profesionalidad, imparcialidad y objetividad.
            Cierto que, como se dice desde la AEAT, dichos cambios y los que puedan acaecer en próximos días, pueden enmarcarse en el lógico proceso de renovación de equipos que acompañan normalmente al nuevo director general. Pero no es menos cierto que el asunto comienza cuando cesa una inspectora de la Delegación de Grandes Contribuyentes tras rechazar un recurso de reposición de la multinacional CEMEX contra una sanción multimillonaria, provocando además la dimisión de su superior jerárquico, circunstancia que pone en tela de juicio lo que debiera ser normal en un normal relevo de un director general, quien, obviamente, para exigirle la asunción plena de responsabilidades requiere tener la libertad suficiente para rodearse de los cargos de confianza pertinentes. O, como dice el ministro, Santiago Menéndez tiene todo el derecho a “montar su equipo”. Si, por otra parte, los inspectores de Hacienda exigen que al director general de la AEAT lo nombre el Parlamento y no directamente el Gobierno para preservar su independencia, si la petición la hacen tras la dimisión de Jones, si Montoro manifiesta que la cúpula de la Unidad de Grandes Contribuyentes estaba llena de socialistas y si Rubalcaba acusa a Montoro de “caza de brujas” es urgente que el lógico debate público desencadenado no quede en agua de borrajas y, como en otros asuntos, satisfaga en exclusiva el interés por una nueva refriega política estéril.
            Los ciudadanos tenemos derecho a saber si hay injerencias políticas en la Agencia y, en caso afirmativo, en qué dirección se dan y a quiénes benefician o perjudican; si es algo novedoso o normal en el pasado; por qué si el Gobierno elegía al Director General hasta la fecha, ahora es mejor que lo elija el Parlamento para que tenga independencia ¿antes no eran independientes?; si ha sido concretamente Menéndez quién ha provocado con su particular conducta la petición del cambio de modelo de nombramiento; si los ceses y destituciones citados han sido arbitrarios u obedecen a criterios profesionales o razones tradicionalmente aceptadas; si la “caza de brujas” es una acusación genérica o hay datos concretos que la avalen. . . y así sucesivamente de una serie de aspectos que están en la mente y en la boca de todos. Porque, en definitiva, lo que la gente se pregunta es cómo es posible que ninguno de los gobiernos democráticos haya sido capaz de reducir el nivel de fraude fiscal en España. Y lo que la gente espera es que, en vez de estar tirándose los trastos a la cabeza, los distintos partidos, los sindicatos, la patronal, el gobierno y la oposición (todos ellos sufragados con nuestros impuestos) acaben con la economía sumergida, con el fraude y con la corrupción. Mientras el país se hunde en la miseria y el pueblo derrocha sangre, sudor y lágrimas para llegar a fin de mes, es un despropósito que se sirva en bandeja un debate genérico (otro más) con acusaciones veladas y respuestas insustanciales para que las cosas sigan empeorando.
            Lo que unos y otros deben explicar y, sobre todo, qué piensan hacer para mejorarlo, es por qué el 25% del PIB (unos 250.000 millones anuales) conforma la economía sumergida (datos del sindicato de técnicos de Hacienda), situándonos casi a la cabeza de la UE, con más del 80% del fraude fiscal y laboral total oculto y sin castigo; por qué ha crecido en los últimos años casi dos puntos; por qué, aunque en el último año y medio se han aflorado unos 22.500 millones de fraude a Hacienda y la SS, sólo supone el 19´3% del total anual, con una tasa de impunidad del 80´7%, siendo lo que el propio gobierno califica como el mejor año de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal. ¡Cómo sería el peor! En definitiva, por qué es imposible acabar con tantísimo sinvergüenza.
            Pero si son incapaces de explicar las razones de los ceses y las destituciones o las de la “caza de brujas” me temo que, con mucho más motivo, serán incapaces de ponerse de acuerdo para, al menos, intentarlo. Hombre, lo de la independencia del Director General de la AEAT lo tienen claro, el mejor ejemplo es el que acaban de cerrar con el CGPJ. Perdón, se me olvidaba que aquí sólo se trata de un cargo unipersonal y es imposible repartirse la tarta. ¿Por qué no una dirección colegiada de la AEAT? En fin, no quiero seguir dando pistas.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 3 de diciembre de 2013

ESPÍRITU CONSTITUCIONAL Y MODELO TERRITORIAL

                    Que la situación en España, al margen de la crisis económica, es bastante deplorable no cabe duda alguna. A la crisis económica, de la que, con más o menos dificultades, se puede salir, se añade una crisis social, política y de valores que, junto a la crisis del modelo territorial, dificultan de forma alarmante una recuperación global en todos los sentidos, amenazando incluso la supervivencia de España como Estado y la convivencia en paz entre todos los españoles. Justo cuando se celebra el 35º aniversario de la Constitución, que tanto esfuerzo costó consensuar, dice Miguel Roca, uno de los padres de la misma, que el “espíritu constitucional” se ha roto y añade que “el modelo territorial está agotado por la cerrazón del Tribunal Constitucional”, añadiendo, en pleno debate sobre una hipotética reforma de la Carta Magna, que hoy no ve posible “una Constitución de amplio consenso”. Estando de acuerdo con Roca en gran parte de su diagnóstico, no tanto en las causas del mismo, su escaqueo, que me recuerda a Durán i Lleida, a la hora de afrontar cuestiones esenciales con meridiana claridad, como la de si Artur Mas debe cumplir la Constitución, pone en evidencia de soslayo las verdaderas causas de muchos de los desencuentros actuales sobre el modelo territorial. Entre ellas las de quienes, como él mismo, mantienen un discurso difuso sobre aspectos democráticos fundamentales como, por ejemplo, la exigencia contundente del cumplimiento de la ley y especialmente por parte de las instituciones y sus gobernantes.
            Dice Roca, y dice bien, que es difícil distinguir entre Estado Federal y Estado de las Autonomías que “en la práctica, tiene muchísima similitud, muchísima”, que “hay que sentarse y hablar y buscar escenarios de concordia y de pacto” tal como en la Transición hicieron personas mucho más dispares (él mismo, Fraga, Solé Tura, Peces-Barba), pero que aquel espíritu de concordia se rompió y no ve “un clima de consenso y respeto suficiente como para avanzar”. Cierto, pero, a mi juicio, yerra cuando responsabiliza de la situación al Tribunal Constitucional por su cerrazón, en vez de identificar como verdaderos responsables a quienes, sistemáticamente, desde las propias instituciones constitucionales, incumplen la legalidad emanada de la Constitución (requisito básico del espíritu constitucional y democrático), a quienes prostituyen la Historia para adoctrinar a las nuevas generaciones en un falso revanchismo basado en agravios históricos inventados, y, a quienes entienden el diálogo sólo si se aceptan sus reivindicaciones y sus métodos para conseguirlas por ilegales que sean. Yerra además cuando no pone en términos de igualdad la reivindicación del “recentralismo” frente a la del “independentismo”,  considerando la primera como motivo de frustración (que lo es) para los que “defendieron la descentralización como un hecho esencial de esta nueva España democrática”, pero eludiendo la segunda porque, dice Roca, “forma parte de la actualidad a la que yo prefiero no referirme”, como si esta reivindicación no fuera, como mínimo, tan frustrante como la anterior y, si además la reivindican, como es el caso, “sí o sÍ” por encima de leyes y constituciones, mucho más peligrosa y amenazante. ¿Quiénes rompen el espíritu constitucional? Desde luego no quienes mantienen que cualquier reivindicación es legítima, pero que, en todo caso, su planteamiento y desarrollo se ajustará estrictamente a las reglas de juego establecidas.
            El problema no es que el modelo territorial esté agotado o no. Los modelos territoriales, con los ajustes necesarios, no son entes con fecha de caducidad. Hay Estados que los conservan durante muchísimos años y no, como dicen algunos, hay que cambiarlos en cada generación. El problema (y lo he dicho y argumentado en más de una ocasión) es que ningún modelo de estado, ningún modelo territorial, puede resistir durante mucho tiempo si las autoridades que gobiernan sus instituciones hacen dejación de sus responsabilidades y cada una de ellas, incluso asumiendo competencias que no tiene, fomenta y prefiere la discordia a la concordia, la insolidaridad a la solidaridad y la ilegalidad a la legalidad, sin que ninguna autoridad superior le ponga freno a semejante locura. Este es el verdadero problema. Y esto es lo que en ningún estado democrático serio, salvo en el nuestro, se permite.
            Carece de sentido marear la perdiz con reformas constitucionales sin amplio consenso para sustituir el amplio consenso de la que tenemos. Más aún en temas fundamentales como es sustituir el actual modelo de estado, cuasi federal, cuando el objetivo no es racionalizarlo, sino independizar determinados territorios. Si este modelo de estado está agotado, el que lo sustituyera, mucho menos consensuado que el actual, sería un modelo exhausto y prácticamente moribundo. Un verdadero trampolín para quienes definitivamente quieren finiquitar España como Estado, ya sea unitario, autonómico o federal. ¿Qué es lo que hay que negociar? ¿La disolución del Estado Español? Ese es el objetivo verdadero de quienes entienden España como un estorbo para conseguir sus fines. Por tanto, en todo caso, lo que procede, de momento, es que el modelo de estado que tenemos funcione. En la Constitución están las claves para ello, incluso las que posibilitan hasta su reforma profunda. Es tan sencillo como cumplirla, pero sobre todo, hacerla cumplir por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Para eso les pagamos entre todos los españoles.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 28 de noviembre de 2013

CARLOS FABRA, EL AFORTUNADO

                        Que Carlos Fabra es un hombre afortunado nadie puede ponerlo en duda. Persona popular donde las haya, él mismo ha alardeado de su fama: “Soy más famoso que José Tomás”, buscando el comparativo en una de sus favoritas aficiones, los toros, y en el más destacado de sus protagonistas. Político por tradición familiar, la Diputación Provincial, que su padre y algún otro miembro de su familia ya presidiera, ha sido la institución de sus amores, que ha presidido durante dieciséis años, y el PP su partido de referencia, presidiéndolo a nivel provincial durante veintidós. Castellón, su patria chica, su corralito particular, siendo probablemente el castellonense más importante, al menos a nivel mediático y de influencia político económica. Y, por si fuera poco, para que la saga de “los Fabra” tenga futuro, hasta una de sus hijas, Andrea, anda metida en política, aunque, en este caso, como diputada en el Congreso. . .¿Por dónde? Por Castellón, por dónde iba a ser. Fabra y Castellón o Castellón y Fabra son consustanciales. Con semejante papi, Andrea se permite el lujo de agredir verbalmente a los parados desde el hemiciclo. “¡Qué se jodan!”, una terminología indigna de una persona supuestamente bien educada. Ya ven, salvo esto último, todo un ser afortunado, pues, aunque Cospedal se viera obligada a censurar la actitud y el vocabulario de Andrea, nada que temer, un pecadillo de juventud, su todopoderoso papi, tildado por Rajoy como “político ejemplar”, supongo que en privado habrá reprendido la salida de tono de su hija. Algo así como, desde nuestra posición económica tan favorable, no es inteligente mencionar excesivamente a los parados, menos aún de forma grosera, cuando tan mal lo pasan; piensa que muchos de ellos te tienen que votar después. . .Y Andrea, seguro que lo habrá entendido.
            Carlos Fabra, por si todo lo anterior fuera poco, es afortunado por otras muchas razones. Probablemente sea el español que más veces le ha tocado la lotería nacional, decenas y cientos de miles de euros, a veces casi de forma sucesiva, año tras año, fue tocado por la varita mágica de la suerte. Lo que explica un sustancioso patrimonio económico, por más que las malas lenguas consideren que puede haber cosas raras en el asunto, después de que un gran amigo suyo decidiera acabar con su amistad acusándole de algún que otro delito. Es tal su suerte que, después de diez años de iniciarse el juicio, cuando el ministerio público solicitaba trece años de cárcel, le acaban de condenar sólo a cuatro años, y cuando se le imputaban delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias y cuatro contra la Hacienda Pública, sólo se le condena por estos cuatro delitos últimos, lo que ha supuesto gran alegría al condenado, que entiende que defraudar a Hacienda casi 700.000 euros (casi un millón si se incluye lo defraudado por su ex mujer, condenada también a dos años), no empaña su actuación política, que considera “correcta" ya que “no hubo corrupción, ni cohecho ni tráfico de influencias” y por tanto “nada enturbia” su etapa en la vida política. Es decir que para este personaje tan afortunado es clara y trasparente la actuación de los políticos, contradiciendo, como dice el fallo, que “es indiscutible que si se comparan, por ejemplo, los 60.000 euros de renta declarada en 1999 con los 774.000 euros ingresados en efectivo durante ese año, las cuentas no salen”, concluyendo el tribunal que con los ingresos detectados (unos 3´3 millones contando lo de su ex mujer) no se corresponde con su patrimonio y constituye una “fuente oculta” de dinero. Un grave error a mi juicio por parte del Tribunal, la fuente no es oculta, sino mágica (no se olviden lo de las loterías). Si el fiscal, durante la vista, no veía explicación “razonable” a de dónde sacaba dinero para realizar los ingresos que figuran en sus cuentas (y ello se queda en agua de borrajas) hasta se puede explicar, por pura lógica, que se olvidara declarar tan fantasmales cantidades a Hacienda que es por lo que en definitiva se le condena. Lo demás entra dentro de los misterios sin resolver.
            Es tan afortunado el personaje que, aunque los magistrados consideran su versión “ilógica”, “absurda” e “inverosímil”, me temo que si, tal como ha prometido, recurre la sentencia, hasta es capaz de verla rebajada y salir más airoso todavía. Ha prometido, mientras se da de baja en el PP, que, en caso de que agote todos los recursos sin resultado positivo no solicitará el indulto. Un grave error desde mi punto de vista ya que, con la suerte que tiene, seguro que se lo concederían. Si a su vez la Fiscalía Anticorrupción también va a recurrir la sentencia justo para lo contrario, el culebrón del “caso Fabra”, el artífice del aeropuerto fantasma sin aviones presidido por su gigantesca efigie, continuará por un tiempo más y, entretanto, lo de pisar la cárcel, ni hablar. Y lo de pagar la multa de casi 700.000 euros, más la indemnización por idéntica cantidad, ya veremos. Esperemos que no sea dentro de otros diez años.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 24 de noviembre de 2013

GUERRA DEL “Y TÚ MÁS”, PP Y PSOE A CUCHILLADAS

                        No hay asunto turbio, decisión desacertada o declaración incorrecta que, tanto el PP como el PSOE, con la amplia representatividad que entrambos tienen, como los más importantes partidos de nuestro sistema democrático, en vez de aclararlo, buscar el acierto o corregir el malentendido, no lo utilicen como arma arrojadiza en la absurda guerra del “y tú más”, declarada entre ellos desde que se produjo la primera alternancia democrática, tanto en el gobierno central, como en cualquiera de los autonómicos o municipales. Es el resignado sino que ofrecen a la inmensa mayoría de los ciudadanos que, salvo a los acólitos de cada uno de ellos (y no a todos), están hartos de reproches, incoherencias y demagogias, ya que lo que les interesa es que, entonando el “mea culpa” a quien en cada supuesto y en cada momento corresponda, se sienten para negociar y resolver el problema de la mejor forma posible y en beneficio de la mayoría.
            Sin mencionar la retahíla de casos de corrupción pura y dura, despilfarro, nepotismo, financiación irregular, subvención digitalizada, gasto suntuario, asesor injustificado, incumplimiento de promesa electoral, reajuste y recorte, congelación o bajada salarial y de pensión, endeudamiento desorbitado, falta de transparencia, indulto sorprendente, política fiscal agobiante…y otros tantos, que sirvieron para desenterrar los cuchillos y reavivar el “y tú más” a cuchillada limpia (se entiende que políticamente hablando, pues la sangre no llega al río, aunque la solución de los problemas tampoco), sirvan como ejemplo las actuales refriegas que, como las anteriores, se me antojan intolerables y absurdas.
            A cuchillada limpia, nunca mejor dicho, andan el PP y el PSOE sobre el asunto de las cuchillas instaladas en las verjas fronterizas de Melilla para impedir el paso clandestino de subsaharianos a España. Método obviamente inhumano y peligroso, además de ineficaz como disuasorio en personas que están dispuestas, si pueden, a jugarse la vida atravesando en patera el estrecho. Cuando todos entienden, como dice el nuevo portavoz de la Conferencia episcopal, que no es una forma adecuada para luchar contra la inmigración ilegal, aunque se utilice en otros lugares como cárceles o centrales nucleares, no se comprenden las tarascadas de Rubalcaba y Elena Valenciano por tan inhumana decisión del PP, amenazando incluso con llevar el asunto a la Comisión Europea, siendo precisamente el gobierno de Zapatero quien instaló las cuchillas, para desmantelar parte de ellas ante la presión social, con lo que parte de las que hay ahora son las instaladas bajo el gobierno del PSOE, que se completan con las instaladas ahora. ¿No sería más lógico que, en vez de puñaladas traperas, Rubalcaba instara serenamente a Rajoy para disuadirle aportándole su experiencia negativa como autor de la instalación de las cuchillas en su día? Dicho “mea culpa” aportaría a la opinión pública más claridad sobre el desmantelamiento de las cuchillas, que las cuchilladas dialécticas incoherentes para intentar adjudicar, en este caso, a Rajoy la inhumanidad de la medida en exclusiva. Además se entendería lo absurdo de gastar en su día casi nueve millones en instalar las cuchillas, para desmantelarlas parcialmente y aprobar dos resoluciones de urgencia para instalar un sistema disuasorio de “dispersión de líquidos” mucho más agresivo aún. ¿No sería más sensato consensuar una legislación sobre la inmigración ilegal?
            Y a cuchillada limpia, aunque más sibilinas, andan también sobre el asunto de la financiación irregular de los partidos políticos, cuando, prácticamente todos, o han sido ya condenados por el asunto o están bajo sospecha. Ha bastado que, tras una serie de cuchilladas a diestro y siniestro en la larga guerra del “y tú más” en casos de corrupción, el juez Ruz vea algo más que meras sospechas y a nivel indiciario apunte a una “contabilidad B” del PP, para que unos y otros saquen, una vez más, las hachas de guerra. Siendo un asunto grave, negado por Rajoy ante el mismísimo Parlamento, que lo agrava aún más en caso de que se demuestre dicha opacidad contable, sea o no delito o esté o no prescrito, ante la avalancha de peticiones de condena y dimisión a Rajoy por parte de la oposición, sale a la palestra González Pons para proclamar, sibilinamente, que en el PP son “tan honrados como todos”, una cuchillada trapera a la oposición que, afectada por el mismo asunto e incluso condenada por ello, en vez de exigir al PP un consenso para una ley trasparente sobre financiación de partidos, prefiere asimismo dar cuchilladas y elevar a condena los indicios judiciales, mientras mira hacia otro lado en asuntos tan graves como el de los EREs, aunque ya los indicios judiciales hayan llevado a la categoría de imputados a algunos de sus protagonistas, caso que en la investigación del juez Ruz ni ha sucedido todavía. En “román paladino” las palabras de Pons pueden significar que la misma honradez del PSOE, que los populares cuestionan, tiene el PP, algo así como somos tan deshonrados como ellos. Con haber proclamado “en el PP somos honrados” o simplemente callarse, si tiene dudas, hubiese bastado, pero el preventivo y amenazante a la vez “tan honrados como todos” deja muchas dudas en el putrefacto ambiente de la generalizada corrupción en España, así como un tufo a no querer oxigenarlo en el futuro. Una batalla más de la interminable guerra del “y tú más” que tanto daño está haciendo a la democracia.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

viernes, 22 de noviembre de 2013

EL PSC EN EL BUEN CAMINO

                        No sé si ha sido Navarro “motu proprio”, presionado por Susana Díez o a instancias de Rubalcaba, pero lo cierto es que el Secretario General del PSC ha dado un giro copernicano en la forma de enfocar el desafío independentista de Artur Mas y Junqueras. En un Consejo Nacional Extraordinario ha hecho, por fin, lo que debía haber hecho hace ya bastante tiempo. Aunque algo tarde, bienvenida sea la iniciativa. Más vale tarde que nunca. Le ha bastado someter a votación la tesis de la Ejecutiva, rechazando que el Parlament solicite autorización al Congreso para la convocatoria de un referéndum, para obtener un amplio respaldo. De 309 consejeros han votado a favor de la Ejecutiva de Navarro 258 (el 83´5%), manifestándose en contra sólo 41 (el 13´3%), en blanco 9 (el 2´9%) y nulo el voto restante. Una victoria aplastante de Navarro sin lugar a dudas. ¿Qué necesidad tenía de jugar al absurdo?
            Obviamente la vuelta del PSC a la cordura ha defraudado a los partidos independentistas (CiU, ERC, ICV y CUP) que, de forma consensuada, reclamaban la delegación de competencias en base al art. 150.2 de la Constitución para organizar la consulta, tras hacer una lectura torticera de dicho artículo que, ni literalmente permite semejante delegación de competencias, y, mucho menos, desde el sentido común y la literalidad de otros muchos artículos constitucionales. La bajada de Navarro del vagón de la locura soberanista supone un verdadero mazazo a los planes totalitarios de Mas, Junqueras y compañía. Hasta el mismísimo Durán i Lleida, experto en nadar y guardar la ropa, no ha podido disimular su enfado al manifestar que el PSC “nos falla en el momento más trascendente de Cataluña”, quitándose la careta de moderación que casi siempre lleva puesta y que le permitía simular un distanciamiento de la hoja de ruta de sus mismísimos socios (CDC y ERC), no de su proyecto, y una cierta proximidad con su “tercera vía” al federalismo del PSC y su, hasta ahora, ambigüedad sobre la famosa consulta catalanista. La tesis de Navarro de que el referéndum de autodeterminación sea pactado de forma legal y acordada entre los dos gobiernos, es simplemente una forma suave, para no levantar ampollas, de manifestar que el referéndum, hoy por hoy, es prácticamente imposible, ya que, si no se modifica antes la Constitución (y ello requiere un amplísimo consenso español), sería totalmente ilegal convocarlo, salvo que las mismísimas Cortes Generales se volvieran locas, caso que no sucedió cuando Ibarretxe intentó lo propio.
            Con el PP, PSOE y UPyD, claramente ubicados en el lado constitucionalista, incluso en Cataluña, e IU también (al menos en el resto de España, salvo Cataluña), la locura de CIU (aunque UDC siga sin aclararse) y ERC, acompañados por minorías aún más alocadas, tienen poco margen para la credibilidad democrática, ni presente ni futura, y mucho margen para poner en evidencia el lastre totalitario que arrastran, en caso de mantener su reivindicación unilateral de independencia, sí o sí, que, según las encuestas, sólo avalaría la mitad de los catalanes. ¿Y la otra mitad? ¿Y el resto de españoles? El “sensato” de Durán, único que sigue en la ambigüedad, tiene ya poco tiempo para decir al pueblo español (incluido el catalán) de qué lado está, si, como él mismo dice, con los que tienen más de cuatro dedos de frente o los que no llegan a eso.
            En el PSC sólo basta saber ahora si esa minoría independentista del 13% acatará las decisiones mayoritarias del partido o seguirá en actitudes díscolas, votando en las instituciones contra las directrices internas democráticamente establecidas. Al igual que Durán, tienen poco margen para optar sobre qué lado están, si en el democrático o en el totalitario. Como en la resolución del Consejo Nacional no se ha incluido la exigencia de que los parlamentarios se comprometan a votar la decisión de la mayoría sin romper la disciplina de voto (como ha venido sucediendo hasta ahora) y sólo ha quedado la recomendación de Navarro de que tienen la obligación “moral y democrática” de acatar las decisiones de la militancia, convendría que, ya puestos a oxigenar el PSC, quedara bien claro que las actitudes antidemocráticas no pueden quedar impunes como hasta ahora, máxime cuando, al parecer, quienes pierden la razón de los votos insinúan no tener claro acatar la disciplina de voto. En caso de llevar esta velada amenaza nacional-socialista, en detrimento de los principios democráticos socialistas, sin que semejantes personajes sean expulsados ipso facto por su manifiesto talante antidemocrático y, por tanto, totalitario, el PSC no sólo quedará relegado a la cuarta posición en Cataluña, como dicen las últimas encuestas, sino que correrá un grave riesgo de quedar como un partido desprestigiado y testimonial, con el correspondiente daño al PSOE a nivel de todo el Estado Español. Navarro y su Ejecutiva tienen la última palabra; Rubalcaba y la suya, la palabra y la decisión definitiva. ¡Ojala no tomen atajos durante el recorrido del buen camino que acaban de iniciar! España, más que nunca, lo necesita y Cataluña, como parte de España, mucho más.


                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 19 de noviembre de 2013

SOBRE LA JUSTICIA EN ESPAÑA (ARTÍCULOS ANTERIORES A 2011)


LA INJUSTA JUSTICIA EN ESPAÑA

                            A propósito de los datos aportados por el Excmo. Sr. D. Fernando Alvarez de Miranda en su última intervención en el Congreso de los Diputados en que hace balance de su gestión al frente del DEFENSOR DEL PUEBLO, cabe destacar sus lamentaciones por no haber podido tramitar la mayor parte de las quejas que los ciudadanos le han planteado ya que exceden de las competencias que la institución tiene atribuidas. Es muy triste comprobar que tan noble y alta institución como el Defensor del Pueblo no pueda intervenir en la defensa de la mayoría de los derechos que el Pueblo le plantea, que por cierto son muchas, cuando comprueba que la justicia ordinaria no se los ha garantizado
Dicho lo anterior, la noticia no deja de ser una mera estadística, sin embargo detrás de cada uno de los datos hay una situación de injusticia y un drama personal o familiar al que nadie aporta solución. Por ello para que la opinión pública pueda percibir toda la dimensión del problema, me parece interesante que al menos un caso, que personalmente conozco, sea conocido públicamente ya que el resto a los que se refiere el Defensor del Pueblo pueden tener elementos similares al margen de las causas que los provocaron.
          La persona a la que me refiero vive en Alicante y un juzgado de Alicante con sus decisiones le ha venido causando gravísimos perjuicios familiares, sociales, morales y económicos desde que su ex-mujer inició (después de cinco años de separación de mutuo acuerdo) una demanda de actualización de pensiones para los hijos (ella trabaja para la Administración), que no de impago de las mismas (125.000 pts. mensuales mas dos pagas extraordinarias anuales de igual cuantía por los tres hijos), comenzando así un procedimiento judicial cargado de irregularidades procesales, dilaciones indebidas, errores admitidos por el propio juzgado, indefensión, pérdida de documentos en el juzgado, etc. que le han obligado a esta persona al embargo de la totalidad de su salario, a pagar pensiones por hijos que viven con él y a su cargo, a retenerle cuantías muy superiores a las proporcionales con sus ingresos, a pagar pensiones por hijos que ya están trabajando, etc. consiguiendo finalmente su ruina económica (pérdida de la vivienda, por subasta, que estaba pagando con un crédito hipotecario ya que la anterior la dejó para sus hijos), su ruina moral (convirtiéndose en un moroso incapaz de hacer frente a los compromisos económicos contraídos) y su ruina familiar (no poder atender al hijo que voluntariamente había decidido vivir con él ya que el juzgado permitía el embargo de la totalidad de su salario, incluidas las 65.000 pts. –pensión ya revalorizada 195.000 pts. por los tres- por ese hijo que le eran enviadas a su madre).
          ¿Es correcto que ante una demanda (ni siquiera comunicada a la parte demandada) de “actualización de pensiones” que no de “impago de las mismas” un juzgado actualice “ipso facto” las cuantías y ordene su ejecución inmediata sin tener en cuenta las alegaciones que pueda plantear la parte demandada?. En el caso que expongo la parte demandante actuaba de mala fe al solicitar la revalorización según el IPC para la pensión de sus tres hijos (125.000 pts.) cuando uno de ellos por propia voluntad vivía con su padre varios años y este no había descontado su pensión a la madre ni había solicitado pensión de ella para este hijo con lo que la revalorización estaba sobradamente compensada para los dos hijos que seguían viviendo con ella.
          ¿Es correcto que un juzgado, conociendo todos los datos, permita el embargo de la totalidad del salario de un ciudadano que tiene un hijo a su cargo y en el citado embargo está incluida la pensión revalorizada de este hijo (65.000 pts) que le es enviada a la madre con la que este hijo no vive?. Entiendo que el embargo del salario es un recurso límite, cuando no hay otros bienes, y por ello la LEC establece unos tramos inembargables (que en este caso el juzgado se salta a la torera) precisamente para que la persona afectada pueda seguir trabajando y asumiendo los compromisos económicos contraídos; lo contrario seria antinatural ya que nadie soportaría estar trabajando si todo su salario le es embargado... ¿de qué viviría entonces?, la ley le obligaría a dedicarse a la delincuencia inevitablemente. Lo mas curioso es que este juzgado permite esta situación tras varios meses de litigio en que la jueza con un telegrama aclaratorio dice que ha tenido un error en sus decisiones anteriores; ¿cómo puede un juez decir que ha tenido un error y que ahora lo modifica sin conocer nuevos datos?, ¿cómo sabe ahora que su decisión es acertada y la anterior no?, ¿acaso no debe ser una instancia superior la que ha de decidir si la decisión judicial está ajustada a derecho o no en caso de recurso de las partes?.
          Por resumir la situación cabe destacar que, tras soportar durante mucho tiempo estas y otras irregularidades que cito al principio, cuando por fin el juzgado va dando razón al demandado, este solicita efectos retroactivos o alguna fórmula que le compense de los perjuicios económicos; la jueza le contesta que ello es imposible ya que al tratarse de pensiones por alimentos se supone que estos ya han sido consumidos. La abogada le informa de las posibilidades de recurrir o plantear demanda de responsabilidad civil, etc. pero para ello es necesario seguir pagando una serie de gastos (abogados, procuradores, etc.) que esta persona ya no puede afrontar (la han arruinado).
          En esta situación el demandado plantea una queja (esto es gratis) al Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo. El CGPJ le da la callada por respuesta; el Defensor del Pueblo le manda una cordial carta en la que, tras haberse informado de todo lo acontecido, le comunica que no tiene competencias para hacer nada al respecto ya que ha de ser la Justicia ordinaria la competente por la vía de los correspondientes recursos. Es decir, en este caso, lo imposible.
          Ante esta situación y sin perder el sentido del humor, ¡menos mal!, mi amigo está pensando en recurrir al Sr. Anguita para que haga una colecta pues si con ello ha conseguido aliviar la situación de un juez condenado, ¡cómo no lo va a hacer con cualquier otro trabajador que se encuentra en estos apuros!. Yo le he sugerido que seguramente le dará mejor resultado plantear el problema al Síndic de Greuges ya que, si ha podido tramitar su gran problema personal por no reservarle un despacho, tendrá competencia para tramitar este caso que, a mi juicio, es de mayor envergadura.
          En fin, este es el país que tenemos.
                             Fdo. Jorge Cremades Sena
                         (publicado en Información el 4-11-1999)

                             

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA:
                                   Mientras que la proliferación de determinados delitos (prevaricación, cohecho, extorsión, apropiación indebida, malversación de fondos públicos, estafa y otros parecidos) está convirtiendo España en el espejo donde se miran las más pintorescas repúblicas bananeras, miles de ciudadanos honrados, que, a falta de otros bienes, hacen frente a sus deudas contraídas por la vía del embargo de su salario, se sienten estafados y no precisamente por los autores de los citados delitos (no vale la pena pringarse por tan poco dinero), sino por la propia justicia a través de las “mejoras de embargo”.
            El procedimiento es bien sencillo aplicando el viejo refrán de “Hecha la ley, hecha la trampa”, surgido como los demás de la mayor de las sabidurías, la popular. En efecto, al no tratarse de crímenes o delitos, que regula el Código Penal, el cobro de una deuda se ejecuta a través del Código Civil, quien, a la vez que establece el cobro mediante el embargo de los bienes del deudor (incluido el salario a falta de otros bienes), establece lógicamente una protección de dicho salario (tramo no embargable) para que el deudor pueda seguir viviendo y pagando la deuda (hasta aquí, la Ley, que, en términos populares, significa que una parte del salario se destina a pagar y la otra se destina a vivir). No obstante, la mayoría de los citados deudores suele tener un bien, la cuenta corriente, donde precisamente su empresa le ingresa la parte no embargada, y los jueces, supongo que a petición del acreedor, mediante una “mejora de embargo” le embargan (valga la redundancia) el saldo de la misma, precisamente el dinero no embargable que la ley protege para que el deudor pueda seguir viviendo (hasta aquí, la Trampa, que supone, en términos populares, un sentimiento de sentirse estafados, al margen de no poder comer ese mes). Obviamente no se trata de una estafa en toda regla (la estafa es “un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro”), pero, al margen de tecnicismos, el perjuicio patrimonial es evidente y total, ya que queda perjudicado en el mínimo patrimonio que tiene (la parte no embargable de su salario), el engaño es claro, ya que la ley le ha dicho que esa parte del salario es de su libre disposición, y el ánimo de lucro es probable, ya que el acreedor pretende lucrarse al cobrar la deuda con antelación al tiempo establecido por la propia ley según las circunstancias del deudor.
            Esa sabiduría popular, que percibe el engaño, el agravio comparativo y la impotencia para hacer valer sus derechos, frecuentemente atropellados; que conoce su vulnerabilidad ante los poderosos y sus medios para burlar las normas; y que intuye que, al final, los daños provocados por los delincuentes de guante blanco repercute en su propia vida, se pregunta qué trampas utilizan éstos delincuentes para, a cambio de algún tiempo en la cárcel (poco, ya que, “arrepentidos”, por su buena conducta la pena real será sustancialmente rebajada) y la incautación de una parte de lo que han robado (presuntamente, no vaya a ser que incurra en un delito), salir en libertad convertidos en honrados ciudadanos poseedores de inmensas fortunas. No es de extrañar que el pueblo en general (y en particular esos miles de deudores “estafados” por la “mejora de embargo”), aun sin ser delincuentes, prefieran ser tratados por el Código Penal (el Código Civil no entiende de rebajas) en condiciones similares a las de los delincuentes de altos vuelos, ya que, comparativamente, con algunos días de arresto quedarían exentos del pago de la deuda legal (normalmente unos miles de euros, ya que su economía les impiden contraer deudas por mucho más), al igual que, con algunos años de cárcel, quedan exentos los citados delincuentes de la deuda delictiva (normalmente de millones de euros, ya que no vale la pena pringarse por menores cuantías), contraída con el pueblo gracias a sus fechorías y no aflorada en el correspondiente juicio.
            Como el pueblo es generoso, incluso así tendrían ventaja estos delincuentes ya que en el futuro se convierten en miembros “honrados” de la alta sociedad poderosa económicamente (el tiempo todo lo cura), mientras que el resto ha de seguir trabajando honradamente, en muchos casos para que ellos sigan incrementando su fraudulenta fortuna. ¡Faltaría más, tampoco podemos cargarnos el sistema de un plumazo!.
                                   Jorge Cremades Sena
(publicado en Información el 27-7-2006).

CON TODOS MIS RESPETOS, SEÑORÍA:

                        Un juez acaba de adoptar las primeras medidas (libertad vigilada) contra el agresor de un profesor (un exalumno de quince años) en su centro de trabajo, desestimando las medidas propuestas por la fiscalía de menores y el equipo técnico (ingreso en régimen semiabierto), que los jueces de menores suelen acatar. Sin entrar en qué medidas puedan ser las más adecuadas (el tiempo lo dirá), no sólo como elemento punitivo por los graves hechos cometidos, sino también como elemento rehabilitador del citado joven e, incluso, como elemento ejemplarizante para que otros jóvenes, con perfiles parecidos, reflexionen sobre las consecuencia de sus desviadas conductas, sí es necesario hacer una severa crítica a los argumentos que utiliza el citado juez para justificar su decisión, ya que, a todas luces, dichos argumentos deterioran la tarea educativa en España, alentando precisamente a aquellos que no cumplen con sus obligaciones educativas legales .
            En primer lugar, como otras tantas veces, se pone en duda la actuación del profesor, al argumentar que se desconocen las circunstancias de la agresión, cuando ésta se produce en un aula del centro educativo, donde el joven agresor, que no es alumno, no debe estar y el profesor, que tiene la obligación de controlarla e impedir actividades contrarias a la ley, intenta que se cumpla la normativa antitabaco en su centro. Salvo que el juez considere que el profesor no fue lo suficientemente cortés para invitar al joven a abandonar el recinto y por ello le impute responsabilidad en el inicio de la agresión, ésta es cometida por alguien, que obviamente está incumpliendo las normas, contra alguien que está velando porque las normas se cumplan y, en principio, ante la duda, parece más razonable que el iniciador del problema sea el joven al responder inadecuada y desproporcionadamente a los requerimientos. Es algo así como si al ladrón que sorprendes en tu domicilio y encima te pega (o tú le pegas) se le concede el beneficio de la duda de que por desconocer las circunstancias exactas del conflicto no es totalmente el responsable de iniciarlo, o, como ya sucedió en su día, no imputar a un presunto violador ya que la violada llevaba pantalones vaqueros, con lo que se desconocen las circunstancias de la agresión, que ella pudo consentir.
            En segundo lugar, se utilizan consideraciones tópicas (con las que, en principio, todos estamos de acuerdo) al argumentar que la repercusión social no debe influir y que debe primar el interés por recuperar al menor, dando a entender que las propuestas hechas por el fiscal de menores y el equipo técnico (formado por educadores y sicólogos), influidas por la repercusión social, no obedecen al interés de recuperar al menor y sí lo hacen las adoptadas por el juez, quien, al parecer, argumenta que dicho equipo técnico y la fiscalía no han tenido suficiente contacto con el joven. Salvo que dicho juez haya tenido más contacto con el joven y por ello su decisión sea la más adecuada en su beneficio, lo más razonable es dar más tiempo a fiscalía y al equipo técnico para que analicen con más profundidad su personalidad, calificada como “impulsiva al que le falta autocontrol”, y actúen en consecuencia con las medidas idóneas para reconducir su conducta y recuperarlo.
            En tercer lugar argumenta que el joven vive en una familia estructurada y que además el joven trabaja, olvidando que la familia, estructurada o no, está obligada por ley a tener al menor matriculado y es la responsable de su asistencia a las clases, y considerando como positivo a favor del menor que esté trabajando, circunstancia que tiene prohibida por ley. Salvo que el juez considere que los menores de dieciseis años deben ponerse a trabajar incumpliendo la ley (algunos padres lo practican con sus hijos) no se puede considerar el trabajo de un menor como algo loable ni para el menor ni para la familia que lo permite.
            En definitiva, al margen de las medidas que haya tomado, con todos mis respetos, Sr. Juez, tengo la sensación de que, con sus argumentos para justificarlas, no sólo ha perdido una oportunidad de ayuda a la mejora de la situación por la que atraviesa la Educación en España, sino que ha puesto una losa más para que la labor de los educadores sea sencillamente imposible. La sociedad le estaría más agradecida si hubiese argumentado que la familia tiene la obligación de matricular y envíar a sus hijos a clase en edad escolar obligatoria, que no se puede entrar sin autorización en las aulas al no ser alumno del centro, que no se puede fumar en las mismas, que no se puede pegar ni insultar a nadie (menos aún a un mayor o a un profesor), que no se puede perder el control cuando te indican que estás obrando mal, que, siendo menor, está prohibido trabajar. . . y que, por todo ello, el imputado debe permanecer en “libertad vigilada” porque lo considera mejor que el “ingreso en régimen semiabierto”.
                            Fdo. Jorge Cremades Sena 
(publicado en Información el 8-11-2006)

DE JUANA CHAOS: EL TRIUNFO DE LA VIOLENCIA
                    La excarcelación del preso De Juana Chaos tras una prolongada huelga de hambre, sobre la que manifiesta que sólo dejará “si recupero mi libertad”, provocando intencionadamente un lógico deterioro físico para conseguir que el gobierno pueda aplicarle, si así lo estima, beneficios penitenciarios por “razones humanitarias”, dibuja un futuro panorama de incertidumbres con riesgo de menoscabar el propio Estado de Derecho, ya que, a todas luces, es el triunfo de la violencia frente a la seguridad democrática. Las explicaciones al respecto del ministro Rubalcaba, quien, tras imputarse la decisión excarcelatoria como personal, aduce que está dentro de la legalidad (¡faltaría más!), que la toma por las citadas “razones humanitarias” y que es una decisión tomada por un “gobierno inteligente” ya que la “diferencia de los terroristas y los que no lo somos es que nos importa la vida”, supone un insulto a la inteligencia y una burla al sentido común aunque el ministro entienda la repulsa mayoritaria del pueblo frente a tan sanguinario personaje (¡menos mal!). Yo, y supongo que muchos más, hubiésemos preferido que, en todo caso y de forma valiente, Rubalcaba hubiese manifestado que se trata de una decisión puntual y excepcional, políticamente conveniente para conseguir en ese incierto futuro una definitiva liquidación de la violencia, es decir, un peaje más, apoyado (cuando no exigido) por sus socios de gobierno, con la intención (acertada o no) de consolidar una cierta esperanza de paz definitiva junto a una estabilidad gubernamental, como demuestra el hecho de que todos los grupos minoritarios califiquen la decisión, según el ministro, de “valiente y acertada”.  
          Sin embargo, el Sr. Rubalcaba oculta que tan legal es que De Juana Chaos cumpla en la cárcel la totalidad de la pena por amenazas (definitivamente acordada en 3 años tras la rebaja de los 12 años impuestos por la instancia anterior y de la exagerada petición inicial de 96 años), como la concesión de los beneficios carcelarios. Se trata pues de una decisión estrictamente política, que, en este caso, prefiere elegir la opción legal más suave y beneficiosa para un personaje que, durante el cumplimiento de su anterior condena por veinticinco asesinatos (18 años de los 3.000 impuestos), no sólo no se arrepiente (uno de los requisitos para el beneficio penitenciario), sino que se jacta y celebra el dolor de sus víctimas e incluso sigue amenazando por escrito, provocando así la nueva pena impuesta; un personaje que además deteriora conscientemente su salud con una huelga de hambre con el único objetivo (y así lo manifiesta) de salir de la cárcel, obviamente por razones humanitarias (otro de los requisitos para el beneficio carcelario, previsto para aquellos casos en que por razones naturales el preso puede estar en peligro de muerte). Es evidente que con una interpretación torticera de la ley es perfectamente legal aplicar a De Juana Chaos los citados beneficios carcelarios aunque para ello haya que forzar, en ausencia del arrepentimiento, el de razones humanitarias, contraviniendo el objetivo que en su día animó al legislador a contemplarlo; en el caso que nos ocupa es precisamente una actitud voluntaria y violenta (dejar de comer para morirse), convertida en un chantaje al Estado de Derecho, la que hace posible la justificación política para la excarcelación del preso por parte del Gobierno. El problema de tal decisión es que en el futuro se legitima la posibilidad de que cualquier otro preso (ya hay alguno que lo anuncia) decida adoptar la huelga de hambre para eludir la pena impuesta por los delitos cometidos y en este caso el Sr. Rubalcaba, si es consecuente, deberá adoptar idéntica decisión o, en caso contrario, ser arbitrario, extremos ambos que deterioran la buena salud de un Estado de Derecho.
          El Sr. Rubalcaba olvida que, aun siendo cierto que nos diferenciamos de los terroristas (y de otros delincuentes) por el aprecio a la vida, como Ministro, tiene además la obligación de protegerla, especialmente la de aquellos que no quieren perderla, garantizando su seguridad, y, precisamente, no es un buen método para conseguirlo dejar en libertad a aquellos que, habiendo segado muchas vidas, no se arrepienten e incluso la desprecian, al extremo de decidir voluntariamente quitarse la suya propia; hasta el más tonto se siente más seguro cuando un asesino en serie permanece encerrado el máximo tiempo legal posible, deseando incluso que la ley permita la cadena perpetua (sería igual de democrático si así se legislase), aunque seguramente no alcance a entender las decisiones de un “gobierno inteligente”. Sólo desde el fariseismo o desde la ingenuidad se pueden mantener semejantes argumentos y no parece razonable que el Gobierno actúe como el buen pastor bíblico que abandonaba el rebaño para recuperar a una oveja descarriada; tanta bondad infinita no es creíble, salvo que el Sr. Rubalcaba pretenda ganar el Cielo y no las próximas elecciones; el tiempo despejará la incógnita y finalmente sabremos las verdaderas razones de la excarcelación de De Juana Chaos.  
                            Fdo. Jorge Cremades Sena 
(Publicado en Información el 3-3-2007)

JUSTICIA Y LEY
                        En plena campaña de Elecciones Locales y Autonómicas, que, a tenor de los mensajes de política general vertidos en la misma y de los rumores de adelanto de las Generales, bien podían haberse hecho coincidir,  aparece la noticia escalofriante de la puesta en libertad de un violador en serie, quien, después de cumplir su condena (sesenta y cinco años de prisión) tras un encarcelamiento de dieciseis años, ni siquiera ha sido rehabilitado, según advierten los expertos en la materia. Dicho acontecimiento no es una excepción ya que está en perfecta sintonía con otros muchos casos que, en nombre de la legalidad vigente, se producen a diario, provocando una sensación generalizada de que “no hay justicia en España” y elevando la inseguridad ciudadana (incluido el terrorismo) a uno de los primeros lugares de preocupación de los españoles decentes, hartos de soportar en sus vidas y en sus bienes todo tipo de atropellos por parte de los diversos tipos de delincuentes (asesinos, violadores, terroristas, secuestradores, ladrones, políticos corruptos, alborotadores callejeros . . .) que campan a sus anchas al margen de la ley o, cuando ésta se les aplica, son puestos prematuramente en libertad, favorecidos por una serie de beneficios legales carcelarios en nombre de no se sabe bien qué tipo de principios. En tales circunstancias ¿quién se responsabiliza de la próxima niña o mujer violada? ¿quién, de la próxima persona asesinada?, ¿quién repone los bienes (públicos o privados) deteriorados o sustraídos?, ¿quién devuelve todos los caudales malversados?; lo irreparable del mal causado no es justificable al amparo de la legalidad de las actuaciones ya que, si, a todas luces, la aplicación de las leyes penales carcelarias resultan injustas (así lo percibe la mayoría de los ciudadanos), los responsables directos de tales daños son nuestros representantes políticos, quienes, teniendo la capacidad de intentar evitarlos con la modificación de dichas leyes, no lo hacen urgentemente, permitiendo este incomprensible caos social. De nada vale aplicar el peso de la Justicia si ésta, en definitiva, no pesa; es una broma macabra que una serie de condenas de privación de libertad de cientos y miles de años, aplicadas a una persona (es el peso justo evaluado por los delitos cometidos), se salden con unos cuantos años de cárcel (es el peso legal realmente soportado); lo primero, al margen de absurdo (una vida no da para tanto), excede el ensañamiento, lo segundo, al margen de pernicioso (semejantes delincuentes en libertad son un peligro público), excede la benevolencia y raya con la permisividad más absoluta. El resultado final es una burla siniestra a los ciudadanos normales, la mayoría, quienes no comprenden tan absurdos extremos y, llevados por el sentido común, sin ánimo de venganza, reclaman una justicia adecuada que, junto a la pena proporcionada al delito cometido, garantice además sus propios derechos y libertades.
            En estas circunstancias no sirve de nada que, a instancias de este o aquel candidato a alcalde, los máximos responsables políticos de este o aquel partido prometan (es tiempo de promesas) más y mejores dotaciones policiales o judiciales para la ciudad o pueblo en cuestión con el fin de perseguir la delincuencia; de nada vale incluso que tengan la intención de cumplir la promesa y la cumplan, si previamente no se plantean un cambio radical de nuestro código penal y demás leyes penitenciarias que restablezca la autoridad de dichos agentes y la contundencia y cumplimiento de la totalidad de las penas impuestas por los tribunales de justicia. Las justificaciones teóricas y abstractas, vacías de contenidos concretos, para mantener las cárceles como centros primordialmente de rehabilitación y reinserción social, olvidando o relegando a un segundo plano su carácter de centros de internamiento de delincuentes peligrosos (científicamente poco rehabilitables e insertables) en beneficio de la seguridad y la libertad del resto de la sociedad, no sólo deja de resolver los cotidianos problemas concretos de la gente sino que además fomenta la reincidencia de los delitos y la proliferación de vividores, quienes prefieren hacer de la delincuencia su forma habitual de vida, sabedores de que pronto gozarán de nuevo de la libertad suficiente para seguir delinquiendo o para disfrutar de los bienes obtenidos de forma fraudulenta y no devueltos a sus legítimos propietarios. Las carismáticas apariciones electorales de los principales dirigentes políticos en apoyo de sus alcaldables, preñadas de insultos y acusaciones de corrupción, son un reflejo parcial del enrarecido ambiente delictivo que se respira en muchos pueblos y ciudades que tienen que renovar sus respectivos consistorios; las cotidianas noticias en los medios escritos o audiovisuales, completan el resto de tan siniestro panorama sin que nadie se haga responsable de su diseño.
                            Fdo. Jorge Cremades Sena 
(publicado en Información el 26-5-2007)

HASTA SIEMPRE, MARI LUZ
Los últimos acontecimientos respecto al trágico destino de Mari Luz, la niña onubense presuntamente asesinada por un paidófilo que, con antecedentes penales y penas pendientes por cumplir, compartía vecindad en plena libertad con su nueva víctima, requieren una profunda reflexión sobre esta sociedad, cada vez más enferma, en la que, una vez más, con grandes dosis de hipocresía sobre el amparo de los derechos de los delincuentes, se manifiesta incapaz de proteger los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos, incluso el más fundamental de todos, el derecho a la vida, como es el caso, la vida de una persona totalmente inocente, una niña pequeña incapaz de mostrar cualquier tipo de resistencia frente a tan monstruoso asesino. No se trata de un caso aislado e inevitable, sino de uno más entre una serie de monstruosidades, cada vez más frecuentes, protagonizadas por personajes que, enfermos o no, en todo caso, no debieran estar en libertad. Es el momento idóneo para la citada reflexión ya que por estos días se están conformando las nuevas Cortes Generales, institución que, a todas luces, es la única que, de una vez por todas, puede y debe dar un giro radical a las leyes penales y penitenciarias de este país. Me temo, sin embargo, que no va a ser así, hay por lo visto asuntos más importantes que resolver.
¿Cómo es posible que un violador de su propia hija, reincidente y condenado por hechos delictivos similares, no haya pasado por una institución carcelaria y esté en libertad, al parecer, en este caso, por estar en “paradero desconocido”? ¿Cómo puede estar en paradero desconocido si, al parecer, percibe una pensión asistencial al igual que su esposa con la que convive en su domicilio familiar? ¿Cómo no está localizado si incluso ha sido denunciado por algún otro intento de abusos sexuales en otros lugares por donde ha pasado? Son demasiadas dosis de incompetencia o de negligencia que, a mi juicio, tienen responsables directos que, incluso con las leyes permisivas actuales, podían haber evitado con una actitud diferente tan macabro desenlace. Es intolerable que en una sociedad tan moderna e informatizada pueda circular con total libertad un condenado al que, con los impuestos que pagamos todos (incluidos los familiares de Mari Luz), se le esté pagando una pensión pública, mes a mes, sin que nadie repare en ello. ¿Cuántos como este personaje están en semejantes o parecidas circunstancias?
En todo caso la realidad es que, por una u otra circunstancia, amparados en una serie de medidas supuestamente humanitarias, demasiados personajes peligrosos campan a sus anchas entre los ciudadanos de bien, quienes ni siquiera deben perder los nervios ante las atrocidades que aquellos cometen, resignándose a tener que decirle como a Mari Luz, “hasta siempre”, y, en muchos supuestos, a compartir muy pronto vecindad con los que provocaron tan amargo adiós. Es el juego de la hipocresía social y la seudoprogresía humanitarista, que no quiere entender, aunque lo sabe, que, desgraciadamente, hay individuos que jamás debieran vivir en libertad precisamente para garantizar con más seguridad la libertad de los demás. Es necesario que, de una vez por todas, se reflexione sobre la bonanza social de determinados supuestos (entre otros, cadena perpetua, endurecimiento de penas, cumplimiento total de las mismas, permisos carcelarios, atenuantes y agravantes, negligencias judiciales y carcelarias, rehabilitación de enfermos mentales); es necesario que tal reflexión se haga con total libertad y sin ningún tipo de etiqueta ideológica previa; es necesario que todos empecemos a sentirnos responsables de la muerte de Mari Luz (y de la de otras tantas personas en similares circunstancias) por no exigir con nuestra voz y con nuestros votos que se tomen urgentes medidas para erradicar esta lacra social. Yo, desde aquí, quiero declararme responsable de la misma en la medida que me toca; quiero manifestar públicamente que prefiero equivocarme encerrando para siempre (o durante muchos años) a personas como el presunto asesino de Mari Luz, antes que darle la posibilidad (muy probable en la mayoría de casos similares) de que abuse o mate a otra niña; quiero gritarlo desde mis más íntimas convicciones democráticas y socialistas, sin importarme el riesgo de ser tachado por los seudoprogresistas como facha (mi actitud ante la vida y mi trayectoria política sobradamente avalan lo contrario). Ser más contundentes en la protección de la vida y la libertad, manteniendo encerrados el mayor tiempo posible a los que precisamente atentan contra ellas, no es cuestión de izquierdas o derechas, simplemente es de sentido común.
Por cierto, en estos trágicos días también se ha hecho pública la noticia de que el famoso asesino del rol (quien en su declaración describía fríamente y con todo lujo de detalles las dificultades que hubo de superar hasta acabar con la vida de su corpulenta víctima) puede salir en libertad por buena conducta; así lo han hecho otros muchos. Todavía estamos a tiempo, desde el respeto más profundo a nuestra democracia, de diseñar un futuro en el que a ninguna otra víctima inocente tengamos que decirle, como hacemos hoy, “Hasta siempre, Mari Luz”. ¿Qué nombre tendrá la próxima víctima?.
Fdo. Jorge Cremades Sena 

(publicado en Las Provincias el 2-4-2008)

EL SANCTA SANCTORUM DE LA FARSA:
                            De nuevo una sentencia judicial levanta ampollas en esta sociedad sin rumbo que, carente en la práctica de sólidos principios de convivencia, se complace en sacralizar teóricamente dichos principios cometiendo en su nombre las mayores aberraciones y causando a las gentes graves perjuicios, que, en definitiva, hacen cada vez más difíciles, casi imposibles, las relaciones humanas y consolidan un futuro incierto y sin rumbo. En semejante escenario, no es extraño que un cachete puntual dado por una madre a su hijo con la intención de corregir su conducta equivocada, mezclado con la herida circunstancial al golpearse con el lavabo, convierta a esta madre en una delincuente (o delincuenta, para los amantes de la seudoigualdad) y, como tal, sea condenada a encarcelamiento y alejada de su hijo, al que, hipócritamente, con dichas medidas, se pretende proteger de tan peligrosa maltratadora.
          Acostumbrados a ver en libertad a los verdaderos delincuentes (violadores, pedófilos, terroristas, ladrones, matones y verdaderos maltratadores, entre otros), ya sea por errores de la Justicia o por la aplicación del sacrosanto principio de la reinserción (a los cuatro días en la calle para que sigan delinquiendo), resulta repugnante que la celda, que cualquiera de ellos debiera ocupar, sea adjudicada a esta pobre madre, equiparada a los mismos de la noche a la mañana, sin reparar en el verdadero daño que no sólo van a causarle a ella, sino también a su propio hijo y al resto de su familia. Más repugnante, si cabe, ya que, al parecer, la sentencia que nos ocupa es impecable desde el punto de vista jurídico, a diferencia de otras muchas que obedecen a verdaderos disparates jurídicos de algunos jueces pintorescos; y, más que repugnante, abominable, el celo de la Fiscalía, que, no conforme con la pena impuesta, recurre la sentencia apelando a una mayor condena (hay que aplicar la agravante de que los “malos tratos” se produjeron dentro del domicilio familiar) para que la protección del citado menor sea total y conseguir, de rebote, que su calvario dure el mayor tiempo posible. ¡Faltaría más, ante una sentencia jurídicamente perfecta, no debe escaparse el mínimo resquicio punitivo que el Código Penal contemple!
          Así las cosas, no seré yo quien, desde estas líneas, critique, en este caso, la actuación inmaculada del juez en cuestión, ni tampoco la del fiscal; aún menos seré yo quien sugiera que no se aplique escrupulosamente lo que está legislado al respecto (a mi juicio un disparate del Legislador, que hay que modificar urgentemente). Simplemente me causa repugnancia que verdaderas chapuzas jurídicas mantengan en libertad (con o sin fianza) a peligrosos delincuentes, mientras que modélicas sentencias sirvan para encarcelar a una pobre madre y ordenar su alejamiento del hijo por darle un cachete esporádico, con la “perversa” intención de corregir su conducta o repeler sus incipientes agresiones.
          Entretanto, los que trabajamos diariamente con menores, los profesores del sistema público de educación obligatoria, asistimos atónitos al incremento del absentismo escolar, que controlamos celosamente, sin que nadie lo remedie; sufrimos las agresiones verbales e incluso físicas de los alumnos o entre ellos mismos, para que, en los casos más graves, como máximo castigo, sean trasladados al IES vecino; y escuchamos estoicamente las manifestaciones de muchos padres sobre su impotencia para obligar a sus hijos simplemente a que asistan a clase, a que modifiquen sus conductas o, sencillamente, a que realicen sus tareas educativas, y, en algunos casos, sus lamentaciones ante las agresiones y amenazas que reciben de ellos, cada vez más frecuentemente. Todo ello sin que nadie haga nada por remediarlo; por lo visto, es la fórmula políticamente correcta de proteger al menor, aunque el resultado académico final, sea fatal y el resultado global, el caos. ¿Qué deben hacer padres y profesores ante semejantes actitudes de los menores? Nada, ya que puedes causar graves traumas al menor y corres el riesgo de convertirte en maltratador. ¿Qué medidas tiene la Administración para corregir las perniciosas conductas de forma preventiva? Ninguna, ya que proteger al menor es el máximo objetivo y para ello ya están los padres y profesores, que los educan, y la Fiscalía de Menores, que vela para que así sea. Y, por si todo falla, el Juzgado correspondiente, ya ven, se encargará de poner las cosas en su sitio.
          En este Sancta Santorum de la Farsa que hemos creado, en el que miles de niños y jóvenes, bajo el hipócrita paraguas de su pseudoprotección, pululan a su libre albedrío, sin asistir a las clases obligatorias, sin ningún tipo de respeto a nadie ni a nada, organizados muchas veces en pandillas violentas y delictivas, y caminando hacia un futuro dramático, cuando una pobre madre pretende sacar a uno de ellos, a su propio hijo, de tan trágico escenario y, ante su impotencia, con todo el dolor del mundo, le propina un cachete para que reaccione, queda convertida en una delincuente peligrosa, encarcelada y alejada del mismo, para que éste pueda seguir disfrutando del idílico escenario de protección que le hemos proporcionado. Todo políticamente correcto y, ¡como no!, jurídicamente perfecto. Lástima que socialmente sea trágico.
         
                            Fdo. Jorge Cremades Sena
 (publicado en Información el 17 de diciembre de 2008)


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