jueves, 31 de enero de 2013

LA RULETA DE LA FORTUNA


                        España se ha convertido en una mastodóntica ruleta de la Fortuna en la que unos cuantos, probablemente demasiados, son tocados favorablemente por la varita mágica de la diosa romana para desgracia del resto, la inmensa mayoría, condenados por ella a todos los males. En su caprichoso proceder a la hora de repartir la suerte ha reservado la buena para los corruptos, dotándoles de inmensas riquezas, y la mala para los demás, privándoles incluso de un trabajo para sobrevivir honradamente y obligando a quienes lo conservan a grandes sacrificios para llegar a fin de mes. Parece que nada se puede hacer contra el designio de los dioses y sólo cabe la resignación. Aunque no hay que olvidar que a lo largo de la Historia los mortales condenados por los dioses, asqueados de tanto infortunio, han dicho “¡basta ya!” en determinadas ocasiones para cambiar de forma radical tanta desgracia. Y lo han conseguido más de una vez. Soportar lo insoportable tiene un límite que, a mi juicio, ya está más que rebasado. Quienes llevamos mucho tiempo exigiendo tolerancia cero contra la corrupción política al margen de la militancia partidaria de los corruptos – y a diferencia de quienes sólo ven, o quieren ver, la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio- no sabemos ya qué más tiene que suceder para que se ponga el punto y final a esta lacra que atenta directamente contra el sistema democrático. Si ni legisladores, ni  gobernantes, ni ejecutivas de los partidos políticos, ni sus militantes ponen el punto y final, son ellos el problema y no la solución. Y la sociedad ya tiene bastantes problemas como para soportar además el que, sin lugar a dudas, es origen de buena parte de ellos.
            La endémica corrupción en España ha llegado a niveles insostenibles. El pueblo ya no puede soportar que, casi a diario, surjan casos de corrupción política o financiera sin que quienes son responsables de evitarlo –las distintas administraciones públicas y los partidos políticos- ni siquiera lo consideren como un problema esencial para desarrollar el Estado de Derecho en el que viven. La sucesión vertiginosa de casos de corrupción clamorosos con cantidades astronómicas, que paliarían la crisis económica, impide que, la resaca social de la borrachera por el último caso publicado, dé tiempo suficiente a la recuperación para afrontar la nueva borrachera del siguiente caso, provocando un alcoholismo crónico irreversible, mientras que los partidos parece que lo superan con absoluta normalidad. Por tanto, se supone que la única explicación de que los partidos políticos no corten de raíz el problema es para evitar el “delírium trémens” y sus efectos negativos, aunque olvidan que mantener el vicio es aún mucho peor que afrontar los efectos del síndrome de abstinencia, pues, si los partidos políticos no acaban con la corrupción, será ésta quien acabará con ellos. Ya no vale el “y tú, más”, tan utilizado cuando, siendo principiantes, los casos de corrupción de uno u otro signo político se distanciaban en el tiempo, dando lugar a que, en cada caso, el anterior ya se hubiese digerido y olvidado. Ya no se pueden vender como casos aislados o de unos u otros. Son permanentes y de todos. La confluencia temporal de muchos de ellos, que afectan a casi todos los partidos y niveles administrativos, desde el municipal a los aledaños de la Corona, pone en evidencia las vergonzantes demagogias de quienes por la mañana actúan de inquisidores del contrario y por la tarde se tienen que defender de él, convertido en su inquisidor. Un simultáneo cambio de papeles en la misma orgía.
            Sin ir más lejos, unos veinticinco casos relevantes de corrupción –amén de otros de menor entidad, de los ya resueltos con anterioridad y de los que, siendo “vox populi”, aún no están denunciados- se investigan en estos momentos en los tribunales, que, con más de trescientos imputados de distintos colores políticos, se ven desbordados. Ni siquiera vale la pena citarlos, dan asco, son sobradamente conocidos y algunos casi olvidados. No son asuntos menores ya que, tratándose de robar, cuanto más mejor. Es la única forma de acumular fortunas de decenas, cientos y miles de millones de euros que causan vértigo al común de los mortales, que las está pasando canutas. Todos actúan igual. Primero trincan, si se les denuncia se declaran inocentes y exigen la presunción de inocencia hasta la saciedad, poniendo todas las trabas posibles a la instrucción judicial -dilatarlo al máximo tiene grandes ventajas- y, cuando, a pesar de todo, se descubren sus desorbitadas cuentas en paraísos fiscales y sus desbordantes patrimonios, camuflados con redes de sociedades interpuestas y con testaferros, intentan justificar lo injustificable ante la solidez de los indicios, en vez de pedir perdón por haber utilizado la política para doctorarse en actividades delictivas, renunciar al cargo político que tengan y asumir las responsabilidades derivadas de ellas en vez de recurrir en última instancia a acuerdos de conformidad o, ya condenados, al indulto. Que el 93% de los españoles considere que no se castiga debidamente a los políticos corruptos, no es casualidad. Que la mayoría esté de ellos hasta las narices, tampoco. O la diosa Fortuna invierte el sentido de esta diabólica ruleta, castigando severamente a los corruptos y premiando simplemente con una vida digna a los trabajadores honrados, o serán éstos quienes se vean obligados a cerrar el infernal casino en que se está convirtiendo nuestro sistema democrático, donde la honradez es apuesta perdedora. De momento, el edificio ya está casi rodeado.  
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena                       

¿A QUÉ JUEGA EL PSOE?


                        La aprobación de la declaración de soberanía en el Parlamento catalán supone un serio varapalo para el PSOE, única formación que en un trance político de tanta envergadura no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Se supone que, tras un debate interno, cada partido decide el sentido del voto que emitirán sus parlamentarios. Así lo han hecho todos, incluida la coalición CiU a pesar de las evidentes discrepancias entre CDC y UDC al respecto. Todos, menos el PSC-PSOE. Cinco de sus parlamentarios se han rebelado negándose a votar la resolución oficial del partido. Y menos mal que no alteraba el resultado final de la votación. Al final, van a tener razón quienes dicen que, perdida la O de obrero y la S de socialista, el PSOE está a punto de perder la E de español y hasta la P de partido. Lo cierto es que, desde hace tiempo, no se sabe bien a qué juega. Su empeño por jugar a todo le conduce a una deriva en la que al final no va a jugar a nada. Hubo un tiempo en que no era así. Con aciertos y errores, el PSOE era un sólido instrumento político de ámbito territorial español con clara vocación mayoritaria, imprescindible para gobernar en democracia. Quienes tuvimos el honor de militar en él y desempeñar funciones de cierta responsabilidad política y orgánica bien sabemos las exigencias requeridas para conseguirlo y las necesarias renuncias personales de tipo ideológico para priorizar los objetivos programáticos de centro-izquierda, viables en el corto plazo, frente al programa máximo que, por su carácter utópico, condenaba inexorablemente a una vocación minoritaria y testimonial. Aun quedan en nuestra memoria las dificultades para conjugar las distintas sensibilidades internas sobre asuntos como el marxismo, la OTAN, la reconversión industrial u otras tantas, que amenazaban con fracturar el partido. Pero las reglas internas de juego eran muy claras. Debatido el asunto, el mensaje hacia la ciudadanía, es decir, el proyecto programático oficial, era el mayoritario que, con mayor o menor entusiasmo, defendíamos todos públicamente o, al menos, acatábamos. Las discrepancias quedaban puertas adentro, pero el proyecto ofertado a la ciudadanía era único, firme, fiable y homogéneo. Única forma de generar credibilidad, confianza, garantía y seguridad en los votantes a través de un sólido liderazgo democrático.
            Ante asuntos tan trascendentales como el planteado por Artur Mas lo peor para un partido político es su indefinición y su indisciplina. En ambas ha incurrido el PSOE y no es la primera vez que sucede. No en vano su caída electoral viene siendo una constante peligrosa y, a pesar de la que está cayendo en el PP, no remonta en las encuestas. Mucho me temo que el asunto catalán le va a restar más apoyos, no sólo en Cataluña, sino también en el resto de España. Si una parte minoritaria del PSC quiere jugar al nacionalismo, lo mejor para el PSOE ahora es invitarlos a que se vayan y formen un nuevo partido nacionalista para que el resto quede como una verdadera federación más, como en el resto de territorios autonómicos, pues en estos momentos no lo es. Sólo así conseguirá el PSOE recuperar su imagen de partido de ámbito territorial español, libre de hipotecas nacionalistas por las que, ante el órdago independentista de CiU-ERC, ha incurrido en una bochornosa indefinición y una intolerable indisciplina, que le desacredita dentro y fuera de Cataluña. Todos los demás, errados o no, han apostado de forma clara y concisa, que es lo que exige la ciudadanía. Ya se verá si su apuesta es ganadora o no. Pero el PSC-PSOE se ha quedado fuera de juego.
            No basta que Lucena, portavoz del PSC en el Parlament, manifieste ahora su “serio disgusto” y lo achaque a la “tensión” generada por la apuesta soberanista de Mas,  llevada a “límites difícilmente soportables”. En tales situaciones es precisamente cuando más se exige dar la talla sin medias tintas, nervios o tensiones. La campaña electoral clarificó sobradamente los objetivos de Mas y su peculiar concepto del “derecho a decidir”, del “soberanismo”, de la “legitimidad democrática” y de los métodos de llevarlos a efecto para conseguir la independencia por encima de “tribunales y constituciones”, es decir, al margen de la legalidad española e internacional. El posterior pacto CiU-ERC despejó cualquier duda que algún ingenuo pudiera tener. Por tanto, no cabían anuncios de “abstención” o la introducción de ambigüedades como el “federalismo”. Sólo cabía y cabe posicionarse a favor o en contra de forma contundente. Pero si se trata de un partido serio de ámbito territorial español -que no autonómico o local- con verdadera convicción democrática representativa, sólo cabe posicionarse con un “no” rotundo a semejante locura antidemocrática. De haberse hecho a tiempo y desde el principio, con autoridad, con absoluta claridad y sin especulaciones electoralistas, hubiese bastado aplicar la declaración de Rubalcaba en el último Comité Federal de que “Si el debate se centra en el derecho a decidir no habrá salida. No vamos a encontrar una solución. No cabe. Eso es un sí o un no. El resto de España nunca va a aceptar que una parte decida sobre algo que afecta al todo. El PSOE tampoco”. O las de Jáuregui ante la proposición no de ley de ERC, tachada de “frívola y oportunista” porque el referéndum “es una competencia exclusiva” del Estado “que no se puede delegar”. Proposición rechazada en el Congreso por 276 noes y 42 síes. Lástima que Pere Navarro, nadando entre dos aguas, haya tenido que justificar su “no” en que el PSC llevaba en su programa el derecho a decidir pero no la declaración de soberanía. ¿En qué quedamos? Derecho a decidir, qué. Ese es el problema, que seguimos sin saber a qué juega el PSOE.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 24 de enero de 2013

INDULTOS Y ACUERDOS DE CONFORMIDAD


                        Mal asunto para la convivencia y la paz social si se generaliza, como sucede en la sociedad española, la percepción de que la Justicia es injusta y no trata a todos con el mismo rasero. El uso, abuso o mal uso de  los indultos y de los acuerdos de conformidad tiene mucho que ver al respecto, al margen de otras cuestiones que, relacionadas con la deplorable lentitud de la administración de justicia o las diferencias por razones económicas de acceso a la misma, sitúan ventajosamente a unos cuantos frente a la mayoría, avalando el dicho popular “hecha la ley, hecha la trampa” que genera una peligrosa alarma social. Pero, si tanto el indulto como el acuerdo de conformidad es práctica legal habitual –no sólo en España, sino en el resto de países de nuestro entorno-, ¿por qué aquí genera tanta desconfianza y en los demás estados no? La respuesta es obvia. Como en otros muchos asuntos, se hace un mal uso de los mismos. No cabe otra explicación. Al margen de matices más técnicos, que han de hacer los expertos en la materia, conviene que la opinión pública sepa “grosso modo” de qué se está hablando para evitar demagogias añadidas en uno u otro sentido.
            El indulto es una medida de gracia que, con carácter excepcional, consiste en la remisión, total o parcial, de las penas de los condenados en sentencia firme, otorgada por el Jefe del Estado –en nuestro caso, el Rey- a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros. Al tratarse de una medida de gracia con carácter individualizado, su concesión o denegación, queda al margen de cualquier justificación, aunque la resolución debe fundarse en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública para no derivar en un mal uso o abuso de la arbitrariedad que la medida lleva implícita. Y es aquí donde, justamente, está la causa del malestar que la concesión o denegación del indulto genera en la sociedad española. Nadie entiende, por ejemplo, que se deniegue el indulto a un extoxicómano rehabilitado, que ayuda a colectivos antidroga y cuida de su padre anciano y enfermo, mientras se le concede a banqueros por acusación y denuncia falsa, a “kamikazes” homicidas, a agresores sexuales, a abogados colaboradores de los etarras, a agresores de un vendedor ambulante, a policías torturadores, a condenados por el GAL, a difusores de fotos íntimas, a desviadores de fondos públicos o a alcaldes y otros cargos políticos o técnicos por conceder licencias ilegales para proyectos urbanísticos u otras fechorías.
            Por su parte, la conformidad es el acuerdo al que llega un acusado con el fiscal y la acusación particular si la hay, tras reconocer los hechos que se le imputan, antes del juicio, dando lugar a una sentencia firme por parte del juez y a la finalización del proceso penal. Es tan habitual que, bien aplicada, ha popularizado el dicho “más vale un mal acuerdo que un buen pleito” pues, en realidad, ahorra esfuerzos, reduce costes, acelera procedimientos y descongestiona la carga de trabajo en los juzgados. Por tanto, aceptado el reconocimiento de los hechos imputados y asumida la culpabilidad, nada que objetar a una pena pactada, situándola en el tramo más benévolo de la horquilla punible prevista para dichos delitos, despejando la incertidumbre de una sentencia en caso de celebración del juicio. Sin embargo, nadie entiende que dicho pacto se solicite y se conceda tras años y años de instrucción en los que los acusados mantienen públicamente su inocencia, apelan a la obligada presunción de la misma, utilizan todos los recursos para entorpecer la instrucción y sólo recurren al acuerdo cuando el juicio ya es inevitable, las pruebas evidentes y, por ende, la condena en el tramo mínimo más que probable. Un verdadero chollo frente a un severo castigo más que merecido.
            Si, de entrada, una justicia lenta ya no es justa, con estas prácticas, por muy legales que sean, se convierte en injusta de pies a cabeza, salvo que la aplicación de las mismas tuviera un efecto ejemplarizante y no, como sucede, todo lo contrario. Más aun si sus beneficiarios son funcionarios públicos, gobernantes o políticos a quienes, como sucede en cualquier país civilizado, se debe exigir un plus de honradez y honestidad sobre el resto de los mortales, al igual que, por razones de su estatus, gozan de determinados privilegios sobre los mismos. No en vano, tanto jueces como tribunales están obligados a defender el Estado de Derecho y actuar de la forma más severa dentro de la legalidad contra la corrupción política que lo degrada y corrompe. Igual ha de hacerse a la hora de conceder indultos. Aquí, lamentablemente, se tiene la sensación de que sucede justo lo contrario, generando un tsunami de desconfianza en la Justicia que amenaza con llevarse por delante al propio Estado de Derecho que, en ningún caso, puede convertirse en un paraíso de la corrupción para propios y extraños. ¿Es tan difícil conseguir que lo que es normal en países homologados al nuestro sea también normal aquí? Esa es la cuestión.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

miércoles, 16 de enero de 2013

EL MOVIMIENTO NACIONAL


                        No he podido evitarlo. De repente me ha venido a la memoria el Movimiento Nacional que, durante tanto tiempo, nos amargó la vida. El nombramiento del republicano Oriol Junqueras como jefe de la oposición en la Cámara legislativa catalana ha sido el culpable de tan infausto recuerdo. Se me habían olvidado ya los gobiernos sin oposición oficialmente reconocida. Después de todos estos años de democracia, por la que tanto luchamos los españoles, pensé que ya era irreversible que los parlamentarios que no apoyan a un gobierno conforman su oposición y que, de entre ellos, el líder del partido más votado es nombrado oficialmente como jefe de la misma. Así han funcionado todas las cámaras legislativas en todas las legislaturas y en todos los niveles territoriales. Por ello Artur Mas desempeñó el cargo de jefe de la oposición en el gobierno tripartito de Montilla (PSC-ERC-ICV) y, por ello, nadie entiende que ahora no se haya nombrado oficialmente jefe de la oposición a Pere Navarro, cuyo partido, el PSC, es el más votado entre los que se oponen al gobierno tripartito de Mas (CDC-UDC-ERC). Y es que, al igual que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, no cabe sostener y oponerse al gobierno simultáneamente en un sistema democrático. Eliminar la oposición del sistema legal, como hacen los totalitarismos, o acallarla menoscabando su estatus con estratagemas legales, como hacen ahora los independentistas catalanes, es atentar contra la democracia, con resultado de muerte o de heridas graves respectivamente.
            Pues bien, el gobierno de Artur Mas, al no obtener CiU la mayoría “excepcional” que solicitaba en campaña electoral, sino todo lo contrario, se sustenta en la mayoría “suficiente” que, para gobernar, le proporciona ERC, el siguiente partido más votado, y, tras suscribir un sólido pacto de gobierno con él, nombra jefe de la oposición a su líder, mentor y principal valedor del programa gubernamental que entrambos aplicarán durante la legislatura. Es decir, Artur Mas solicita en primer lugar una mayoría “excepcional”, que limita por voluntad popular el papel de la oposición pero sin menoscabar su estatus; los electores no se la conceden y, como respuesta, lo limita él mismo y menoscaba su estatus nombrando jefe de la misma a quien, obviamente, es soporte fundamental de su gobierno y, por tanto, no es oposición. Y, para que la operación sea factible y quede todo atado y bien atado, ningún republicano forma parte del gabinete, pero una especie de gobierno en la sombra o consejo paritario, formado por hombres y mujeres de CiU y ERC, se encarga de la hoja de ruta gubernamental a lo largo de la legislatura. Lo siento, pero, salvando las distancias, no he podido evitar el recuerdo de aquel siniestro Consejo Nacional del Movimiento que, formado por sus consejeros nacionales, se reunía periódicamente en el Palacio del Senado para dar cierta apariencia de sistema parlamentario junto a las Cortes Españolas monocromáticas.
            Aquellos eran tiempos de un rabioso nacionalismo español y, ya se sabe, lo menos importante para sus creadores eran los españoles y su dignidad. Lo esencial era España y todo, absolutamente todo, quedaba supeditado a ella. Aquella España “una, grande y libre”, surgida de su imaginación e impuesta por la fuerza, dirigida por el Movimiento Nacional, que definían como “la comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada y constituye el Movimiento social y político de esa integración”. Evidentemente, las ideologías, las reivindicaciones socioeconómicas y las libertades, que dan lugar a la oposición, eran obstáculos inaceptables para consolidar el proyecto de aquella España, que, según la Falange –única ideología permitida-, era una “unidad de destino en lo universal”. El menosprecio, cuando no la prohibición, de cualquier desviación del ideario oficial era moneda común al considerarlo pernicioso para su España imaginaria, incluido el uso de las lenguas españolas distintas al castellano, considerando traidores o malos españoles a quienes actuasen al margen del pensamiento único establecido. Y, por idénticas razones, el desprecio, cuando no la burla, a los estados democráticos vecinos y a los organismos internacionales que, obviamente, no acogían a España en su seno porque sus dirigentes no respetaban la legalidad instituida y, además, se permitían culpabilizarlos de todos sus males, cuando su desarrollo económico dependía del entorno desarrollado por ellos. Ese era el “destino universal” de aquella España ultranacionalista, ya casi olvidada, que el actual ultranacionalismo de los dirigentes catalanes me ha traído a la memoria.
            En efecto, unidos por la Cruzada independentista, lo menos importante es la ideología que tengan los catalanes o sus diferencias económico-sociales o culturales. Lo esencial es la comunión e integración de todos los catalanes –al margen de su condición económica, social o cultural- en los ideales que inspiran la Cruzada independentista para alumbrar la imaginaria Cataluña, que, como aquella España “una, grande y libre”, según el proyecto de Mas, va más allá “de cualquier formación política y de cualquier persona” y no lo detendrán “ni los tribunales ni las constituciones”. Justo lo que sucedía en aquella España negra, impuesta por encima de la Constitución vigente y mantenida por encima de la legalidad internacional y sus tribunales, que, obviamente, la condenaron al aislamiento y al subdesarrollo, respecto a su entorno, durante tantos años. Ese fue su destino “en lo universal” hasta que la Constitución actual la colocó en la normalidad interna e internacional. Aunque sabemos que la Cataluña diseñada por el gobierno de Mas y de su jefe de oposición, insólito en Europa, es menos pretenciosa y sólo aspira a ser una unidad de destino en lo europeo, desconocemos cómo lo van a conseguir. Aunque sí sabemos cómo lo consiguieron los ultranacionalistas españoles. Pero, en fin, eran otros tiempos, que no debiéramos olvidar con tanta facilidad.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

miércoles, 9 de enero de 2013

GANAS DE VOMITAR


GANAS DE VOMITAR
                        En estos días se están vertiendo ríos de tinta y torrentes de palabras en los medios de comunicación escritos y en programas televisivos o radiofónicos acerca de la presunta corrupción vinculada a CiU y a algunos de sus más conocidos dirigentes. Nada nuevo bajo el Sol. Es cuestión de días. Son tantos y tantos los casos de corrupción, conocidos y por conocer, que vienen dándose a lo largo y ancho del territorio español y que afectan prácticamente a políticos de todos los colores, que uno más, el enésimo de la lista, sólo es un nuevo aval más para el merecido calificativo de mediocre que, según la organización Transparencia Internacional, tiene España en el índice de percepción de la corrupción y que viene empeorando progresivamente año tras año. Pero la coincidencia del salto a los medios de la presunta corrupción de CiU con la toma de posesión de Artur Mas como presidente de la Generalitat de Cataluña ha conferido a este caso una dimensión insospechada, susceptible de todo tipo de especulaciones, cuando realmente es similar a los anteriores, en el fondo y en las formas, salvo el añadido demagógico del nacionalismo como método para desviar la atención ante la opinión pública y eludir así las responsabilidades personales e institucionales. Si en otros casos los implicados y sus defensores mediáticos recurren a supuestos complots de contrincantes políticos, a mentiras periodísticas en medios no afines y a otras artimañas similares para disfrazar sus indecentes actuaciones, en el presente caso la diferencia sustancial es identificar las acusaciones con un ataque a Cataluña y no a sus dirigentes que, presuntamente, la están saqueando.
            Si este ambiente putrefacto de corrupción política causa náuseas a la ciudadanía, las formas de tratarlo públicamente, provoca verdaderas ganas de vomitar. Desde el momento en que un nuevo caso de presunta corrupción política se publica en un medio de comunicación se desencadena una ceremonia pública de confusión que, a la postre, consigue erosionar lo menos posible a los presuntos corruptos, al extremo de que produce un mínimo coste electoral a sus partidos. La ceremonia, bastante similar en todos los casos, suele comenzar con la condena al medio que publica la información y al oportunismo político que lo motiva; continúa con el desmentido de lo publicado, la declaración pública de inocencia y el anuncio de una querella al medio denunciante; y, finaliza, con la publicación por entregas de una serie de datos más concretos sobre el caso, mientras una serie de tertulianos se posicionan a favor o en contra del mismo. Lo que debiera ser un clamor unánime de repulsa con tolerancia cero, se convierte en un debate político y mediático con los mismos protagonistas que, según el guión, cambian su papel de buenos o malos con idénticos argumentos exculpatorios o condenatorios. Al final, agotado el interés mediático, la vía judicial sigue su curso. De nuevo el silencio. La asqueada ciudadanía quedará en la duda de si se puso o no la querella, si lo publicado es veraz o no, si se investigan todos los indicios publicados, si se persiguen las negligencias y complicidades anunciadas, en definitiva, si todas y cada una de las graves acusaciones públicas que tanto la escandalizaron serán esclarecidas con rigor. Pero comprobará que, condenados o no, los acusados conservan y siguen disfrutando de sus fabulosas fortunas, esas que, presuntamente, jamás hubiesen obtenido sin su paso por la actividad política o sin sus oscuros vínculos con ella. Es así de asqueroso.
En la presunta corrupción de CiU, con un rosario de casos (Banca Catalana, Millet, Pretoria, Adigsa, Eurobank, ITV, Palau de la Música…), varios condenados de por medio, incluso algunos indultados posteriormente, y la sede de CDC presentada como aval por más de tres millones de euros, lo irrelevante, como en el resto de casos, es qué periódico lo publica, por qué lo hace y qué pretende. Matar al mensajero es un truco muy viejo. Tampoco importa por qué otros medios lo silencian y algunos incluso atacan al que lo publica. ¡Allá cada cual con su estrategia! Menos aún, si las fuentes son fiables o no y si los informes policiales están autorizados o no. Que cada cual responda de sus responsabilidades si así se les exige. Lo relevante, lo esencial, es si los hechos denunciados son ciertos o no, si, una vez publicados, la fiscalía actúa en consecuencia, si los jueces hacen lo propio para esclarecerlos y si, al final, en caso de ser ciertos, los acusados son condenados de forma rigurosa y no benévola. Es la única forma de despejar la sospecha de que las fabulosas fortunas que disfrutan los hijos de Pujol, incluida la colección de coches de lujo que exhibe Oriol, las han obtenido de forma fraudulenta y de conocer si las supuestas cuentas de los Oriol, los Mas y compañía en paraísos fiscales son legales o no, así como la procedencia de los ingresos. Entretanto, por más que algunos tertulianos se empeñen en disfrazarlo, el común de los mortales no entiende que algunos políticos o sus hijos, pertenecientes a familias normales de clase media, sin un gran patrimonio heredado, se enriquezcan desorbitadamente al margen de actividades turbias o que tengan cuentas en paraísos fiscales, incluso si son legales. ¿Y si los hijos de Pujol han nacido con una inteligencia especial para los negocios? ¿Y si las cuentas en paraísos fiscales son para evitar el expolio al que España somete a Cataluña? Si en 1984 los convergentes ya percibieron como un ataque desde Madrid el caso Banca Catalana, su primer gran escándalo judicial, cabe la posibilidad de que todo este turbio asunto en torno a CiU tenga una explicación lógica, no vaya a ser que los de Madrid se hayan inventado las fortunas y las cuentas de los Pujol, los Mas y compañía o, en caso contrario, que lo estén haciendo con honor patriota para defender a Cataluña del resto de españoles. ¿Y quién defiende a los catalanes? Otro presidente, Pascual Maragall, desde la misma autoridad que ahora tiene Artur Mas, se dirigió a las filas convergentes en 2005 en sede parlamentaria con la frase “Ustedes tienen un problema y se llama tres por ciento”. Se equivocó, al parecer, era cuatro. Seguramente el error es lo que provocó el posterior silencio. Lo dicho. Dan ganas de vomitar.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

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