miércoles, 27 de febrero de 2013

DEBATE DE LOS DISLATES


                        El debate sobre el (mal) Estado de la Nación que, más que nunca, requería altas dosis de responsabilidad por parte de sus protagonistas para consensuar una serie de medidas imprescindibles para sacar a España del oscuro túnel de la crisis global que padece, se ha convertido en el debate de los dislates. Son tantos los errores cometidos durante su desarrollo que Rajoy, presidente de un gobierno tan criticado por la opinión pública, no ha tenido grandes dificultades para salir relativamente victorioso (tal como afirman todos los diarios) frente a una oposición que, anclada en el slogan mitinero, ha desperdiciado la gran ocasión de, al menos, consolidarse como una alternativa creíble que genere esperanza de futuro. Pero, siendo esto muy grave, las cosas pueden empeorar si, al final, sólo se trata de una victoria pírrica de Rajoy y la trágica realidad hace insostenible la sólida estabilidad conseguida en las urnas. La solución de los graves problemas, entre ellos los que han protagonizado el debate –la crisis económica, la corrupción y el soberanismo-, exige altura de miras, grandes consensos y no victorias episódicas de unos u otros.   
            Cuando Rajoy pone como principal objetivo la reducción del paro, que sigue creciendo, y señala los ajustes macroeconómicos como requisito previo para cambiar la tendencia, es un error, salvo que se esté en desacuerdo con el planteamiento, no reconocerle las mejoras obtenidas en dichos ajustes. Más aún si se hace en el primer debate de la legislatura, pues el recurso fácil de imputar al gobierno en exclusiva la dramática situación permite recurrir a la reciente herencia recibida, secuestrando, en definitiva, el verdadero debate y debilitando la solidez de las posibles medidas para mejorar la situación. Hace un año estábamos muertos, ahora estamos en la UCI, y, hace un año, yo era la oposición. Deme tiempo, la legislatura acaba de empezar y cuento con amplia mayoría. Es el resumen de lo que Rajoy contesta a Rubalcaba y al resto de portavoces. Yo, al menos, intento paliar el problema de los deshaucios; usted, no hizo nada al respecto. Y así sucesivamente. Rubalcaba al final ha de reconocer y lamentar la cruel realidad. La victoria de Rajoy, pírrica al menos, está servida. El descrédito de Rubalcaba, también. De la mayoría del resto de portavoces, mejor ni hablar. Las utopías, cuando no se pueden pagar las facturas y los acreedores exigen el pago, sirven de poco. Es la consecuencia lógica de no estar a la altura de las circunstancias.  
            Cuando Rajoy señala una serie de medidas anticorrupción y, frente a lo que percibe la inmensa mayoría de ciudadanos, no reconoce a España como un país corrupto, eludiendo nombrar, como todos los dirigentes políticos, los casos de corrupción propios, como es el caso Bárcenas, salvo que se esté limpio de polvo y paja, sólo cabe apoyar sin reparos dichas medidas, aportar otras nuevas si se tienen y reconocer y hacer reconocer al contrario el “mea culpa” en la parte que toque a cada cual por no haber hecho nada al respecto anteriormente. Es la única forma de hacer creíble que, por fin, todos están dispuestos a acabar con la corrupción en vez de utilizarla de forma maniquea como arma política arrojadiza según les conviene. El reciente escándalo del espionaje así lo avala, pues el chantaje es la mejor forma de ocultar la corrupción, pero no de eliminarla.
            Cuando Rajoy ofrece el diálogo como método de tratar cualquier asunto, incluido el soberanismo, pero siempre que se ajuste a la legalidad, no caben medias tintas. Es tan obvio que no admite discusión. Plantear en el debate el modelo territorial que tenga cada cual ni es el lugar, ni es el momento, ni conduce a nada. Es, simplemente, ganas de marear la perdiz. Y es precisamente el incumplimiento de la legalidad vigente, en estos y en los demás asuntos, la causa principal de la tragedia, sin precedentes, que estamos padeciendo. Seguramente cumpliendo y haciendo cumplir la legalidad evitaría en gran medida la necesidad de cambiar muchos asuntos que hoy no funcionan.
            Tal elenco de dislates ha permitido que Rajoy, inesperadamente por la que le está cayendo, saliera airoso sin ofrecer “nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales”, simplemente describiendo la cruda realidad heredada, que, según él, justifica sus incumplimientos electorales momentáneamente para poner las bases que permitan cumplirlos al final de legislatura; anunciando una serie de medidas concretas indiscutibles frente a la ausencia de propuestas viables de sus oponentes; y, ofreciendo diálogo y discusión para mejorarlas, sin olvidar obviamente la mayoría parlamentaria que le respalda. ¿Acaso no era el momento de recoger el guante por parte de la oposición con propuestas alternativas o complementarias? Ni una cosa, ni otra. Se opta por la irresponsabilidad de intentar deteriorar aún más al deteriorado gobierno mediante juicios de intenciones e imputaciones de intereses ocultos, mientras la ciudadanía espera el esfuerzo común en la búsqueda de soluciones. Lamentablemente la oposición, sabiendo que, como bien dice Rubalcaba, “un gobierno no puede estar pendiente de que una mañana Bárcenas sufra un ataque de sinceridad”, no ha entendido que, en caso de darse dicho ataque, es el pueblo quien no puede estar pendiente de que el gobierno siguiente siga estando pendiente de que cientos de “Bárcenas”, que los hay de todos los colores, puedan sufrir idénticos ataques de sinceridad. Se perdió la oportunidad de una victoria de la Política, con mayúsculas. Es lo que el pueblo necesitaba.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 21 de febrero de 2013

AUTODETERMINACIÓN Y LEGALIDAD


                        La frivolidad con la que algunos definen el derecho de autodeterminación o libre determinación como el “sancta sanctorum” de la democracia exige situarlo en sus justos términos para evitar, precisamente, que se convierta en un peligroso virus antidemocrático. No en vano ha sido reivindicado no sólo por el liberalismo, el nacionalismo o la socialdemocracia, sino también por el marxismo-leninismo o el nazismo, doctrinas totalitarias, que nada tienen que ver con las actuales democracias representativas. Como concepto político, que no filosófico, consiste en el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, a perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y a estructurarse libremente, sin injerencias externas y conforme al principio de igualdad. Su origen se remonta a hitos históricos que alumbraron la Edad Contemporánea -Declaración de Independencia de EEUU, Revolución Francesa y Guerra de Independencia Hispanoamericana-, se consolida a lo largo del XIX en paralelo a la idea de “nación” y se generaliza en el XX gracias al proceso de descolonización, generando un amplio debate en la comunidad internacional hasta nuestros días, justo para evitar las sangrientas consecuencias derivadas de su abuso e indefinición legal. Si la Sociedad de Naciones -la primera liga de naciones, creada tras la Primera Guerra Mundial-, aun reconociendo su importancia, no concedió carta de naturaleza a la autodeterminación, como regla positiva en el Derecho Internacional, la ONU –creada tras la Segunda Guerra Mundial- sí reconoce el principio de “libre determinación de los pueblos” junto al de “igualdad de derechos” como base del nuevo orden internacional. Y es justo este reconocimiento lo que justifica y exige su desarrollo posterior a través de varias resoluciones, para que la autodeterminación se ejerza en el marco de una legalidad internacional, que, en el fondo, sólo pretende poner en valor y en equilibrio la diversidad de intereses en juego con el objetivo de garantizar la paz y la estabilidad. Con todos los fracasos, todas las carencias y, ¡por qué no!, todas las hipocresías, la ONU, aún siendo manifiestamente mejorable, es la mayor organización internacional, englobando 193 estados, prácticamente todos los países soberanos reconocidos.
            En un contexto histórico en que la mayoría de los pueblos del mundo estaban sometidos al colonialismo, la autodeterminación cobra una dimensión espectacular en lo que se ha denominado su “vertiente externa” que, relacionada con la soberanía, prohíbe el colonialismo y, en general, la explotación extranjera, otorgando a los pueblos en tales circunstancias el derecho a decidir la formación de un Estado independiente, la libre asociación, la integración en un Estado ya existente o cualquier otro estatuto que libremente decida su población. Esta vertiente tiene su origen en la independencia de EEUU e Hispanoamérica y culmina con el exitoso proceso descolonizador del último tercio del siglo XX. Pero, no agotado el problema con la independencia de las colonias, para otros supuestos reivindicativos distintos, se contempla la “vertiente interna” de la autodeterminación, con raíces en la Revolución Francesa y la consiguiente supresión del Absolutismo, consistente en el derecho de los pueblos a decidir su organización política y perseguir su desarrollo cultural, social y económico, es decir, a preservar su identidad y participar en la dirección de los asuntos públicos a todos los niveles. En definitiva, a vivir en democracia, con gobiernos que representen al conjunto de la población, sin discriminación por motivos de raza, religión u otra circunstancia. La contemplación de ambas vertientes, la externa y la interna, es imprescindible para que, en cada supuesto, el derecho de autodeterminación no se convierta en agente atomizador y generador de conflictos entre los estados constituidos en el planeta, que en su mayoría, más del 90%, son plurinacionales sociológicamente, pues sus poblaciones tienen o proceden de diversas culturas o pueblos, incluidos los surgidos tras la independencia colonial.
            Por ello la ONU, los acuerdos internacionales y el sentido común, para evitar que la autodeterminación se convierta en un problema en vez de una solución, ha ido perfilando su reconocimiento como derecho si se dan determinadas circunstancias, concretando qué pueblos son titulares del mismo y en qué supuestos. Está en juego la paz, la libertad y la estabilidad internacional, pues, al fin y al cabo, se trata de preservar los derechos ciudadanos –de todos los ciudadanos-, individuales o colectivos, en beneficio de una convivencia internacional estable y pacífica. No en vano, el concepto de “pueblo”, como sujeto del derecho de autodeterminación en su doble vertiente, es problemático y tiene varios significados, prevaleciendo en la cultura occidental, el de “conjunto de habitantes de un estado” (pueblo español, alemán, francés, etc) sin menoscabo, al menos en su vertiente interna, del de “grupo diferenciado dentro de un estado” (pueblo catalán, bávaro, bretón, etc), que nada tiene que ver con los “pueblos colonizados” o los sujetos a “dominación extranjera” –inexistentes prácticamente en Europa-, cuyo derecho de autodeterminación está más que justificado y, por ello, reconocido por la comunidad internacional, incluidas ambas vertientes.
            Sin embargo, el reconocimiento internacional del derecho de autodeterminación para los pueblos considerados como “grupo diferenciado dentro de un estado” y, por tanto, formando parte de los considerados “conjunto de habitantes de un estado” necesariamente pasa por tener muy en cuenta el derecho constitucional del estado en  cuestión, su integridad territorial y su soberanía, consecuencia del proceso histórico del pueblo o pueblos que lo han constituido. En tales circunstancias, si la vertiente interna del derecho de autodeterminación está asegurada por las garantías democráticas –esta es la clave-, no cabe justificación internacional para validar la vertiente externa, es decir, la soberanía, salvo que así esté definido constitucionalmente en el estado del que forma parte o, en caso contrario, así lo decida el pueblo soberano, en este caso el “conjunto de habitantes” del estado en cuestión y no unilateralmente el “grupo diferenciado” que forma parte de él. Menos aún si dicho estado está más que consolidado y reconocido por la comunidad internacional, con una vigencia histórica –consecuencia del esfuerzo común de todos los pueblos que lo integran- de varios siglos, incluso antes del momento en que el derecho de autodeterminación apareciese como concepto político. Si además de todo lo anterior, el “grupo diferenciado” jamás se configuró como estado propio, jamás fue sometido por el resto de la población o por una potencia extranjera que lo oprime y, simplemente, siempre ha sufrido y disfrutado los mismos avatares históricos que el resto de pueblos o “grupos diferenciados” que conforman y comparten el estado al que pertenecen, en vez de derecho de autodeterminación, estamos hablando de otra cosa. Una agresión antidemocrática en toda regla y un desafío a la comunidad internacional que no podría reconocer la viabilidad del supuesto derecho de autodeterminación, pues, al no ajustarse a la legalidad, atropellaría derechos consolidados del estado amputado y abriría el camino a un proceso atomizador que haría peligrar la paz y la estabilidad mundial, poniendo patas arriba el actual mapa-mundi político. Poner bajo sospecha la soberanía –libremente decidida- y la integridad territorial –históricamente consolidada- de un estado es lo más parecido a colocar la paz y la estabilidad mundial bajo un polvorín a punto de estallar.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 13 de febrero de 2013

"CASO BÁRCENAS", NADA SORPRENDENTE


                        El caso Bárcenas se ha convertido en la mecha incendiaria que ha hecho estallar la caja de los truenos, provocando tal estruendo que impide percibir el resto de chirridos de nuestra deteriorada estructura democrática. El paro “in crescendo”, la crisis económica galopante, el secesionismo irresponsable, los deteriorados servicios públicos, la intolerable lentitud de la justicia, el aumento de la pobreza, el creciente desapego ciudadano a los políticos e instituciones, entre otras preocupantes variables, han dejado de chirriar para convertirse en leves susurros apenas perceptibles. Bárcenas, sus desorbitadas cuentas en Suiza, sus supuestos sobres con sobresueldos, su presunta contabilidad en B y, en definitiva, la financiación ilegal del PP, vinculada al caso Gürtel, ha silenciado todo lo demás. Y no es para menos. Se trata de un asunto de extrema gravedad, pero como otros tantos que, lamentablemente, venimos soportando desde hace demasiado tiempo. Por tanto, es insólita la apariencia de sorpresa con que ha irrumpido en el ambiente, cuando, en el contexto general de la financiación ilegal de los partidos y de la corrupción política, se trata de un asunto más, por grave que sea, nada sorprendente. Ni sorprende el fondo del asunto, ni sorprende la forma. ¿Es qué hay alguien que no se lo esperara? Ni siquiera se trata de hechos puntuales de rabiosa actualidad, sino que forma parte del elenco de casos que dormitan, durante años, el sueño de los justos en los tribunales a la espera de que cualquier irregularidad durante la instrucción o la prescripción de los supuestos delitos les libere del merecido castigo.
            Asimismo, nada sorprendente en la reacción de los afectados, ni en la de sus oponentes. Desde el ya lejano “¡Váyase, Sr. González!” de Aznar, al actual “Váyase, Sr. Rajoy” de Rubalcaba, el modelo sigue siendo el mismo. Basta comprobarlo en las hemerotecas. Sólo cabe un matiz diferenciador. La rotundidad de Aznar, con moción de censura incluida, era un “váyase” con todas las consecuencias, convoque elecciones que yo las gano, contrastando con la indecisión de Rubalcaba, que, sin moción de censura, es un “váyase” pero no del todo, ponga a otro de su partido que yo no gano los comicios si los convoca. No es casual ni sorprendente, sino la evidencia del hartazgo actual que tiene la sociedad de todos sus representantes políticos. Si a los ciudadanos ya no les interesa ni siquiera cambiar de álbum ¡cómo va a interesarles cambiar los cromos! ¿Qué se gana cambiando las caras para que todo siga igual? ¿Qué pretende por tanto Rubalcaba con su propuesta? Desde luego, no un cambio de modelo. Ni siquiera, la alternancia. Sabe que el hipotético resultado electoral podría abocarnos a una peligrosa inestabilidad gubernamental. Rajoy también lo sabe. Es la tragedia, escrita y dirigida por las oligarquías partidarias que, sólo interesadas en conseguir el poder como fin en sí mismo, han generado en la ciudadanía tal desconfianza que, si no se corrige urgentemente, tendrá consecuencias imprevisibles. Es preocupante que los oligarcas de los partidos políticos sigan sin entender que la mayoría de los ciudadanos ya no cree sus mentiras o falsas promesas, ni confía en sus estrategias, ni tolera sus cinismos e incoherencias, sólo asumibles por el grupo clientelar que les rodea, probablemente para no arriesgar sus particulares intereses o para acercar la posibilidad de conseguirlos en un futuro inmediato. Basta acercarse a las encuestas para constatarlo.
            Por tanto, a estas alturas ya no vale, políticamente hablando, un debate público sobre, si los papeles de Bárcenas son falsos o no, si hubo sobres sorpresa y quienes fueron los agraciados, si las cuentas en Suiza han sido lavadas por la amnistía de forma irregular, si proceden de actividades delictivas o si se trata de la punta del iceberg del “caso Gürtel”. Sabemos por experiencia contrastada que, al tratarse de asuntos en manos de la Justicia, dentro de diez o doce años saldremos de dudas. O no, como diría Rajoy. Es lo que hay. Vale menos aún introducir en el debate si se trata de un chantaje de Bárcenas o de una maniobra de Esperanza Aguirre, si están detrás los de CiU para tapar sus propias vergüenzas, si Guerrero el de los EREs andaluces también tiene papeles manuscritos o si Rubalcaba no exige a Griñán que dimita, tal como exige a Rajoy. Sabemos que son los trucos habituales de los dirigentes políticos, quienes, a falta de proyectos sólidos alternativos y conductas intachables contrastables, necesitan, para salir mínimamente airosos, minimizar sus propias miserias, magnificando las ajenas cuando la ocasión es propicia, sin reparar que al final, como no somos idiotas de remate, están fomentando su, más que merecido, descrédito social. Es lo que, al margen de las tardías sentencias judiciales, tantas veces incomprensibles para el común de los mortales, hace verosímil socialmente la corrupción sistémica en España. Basta con preguntar por la calle para saberlo.
Ya no vale tampoco el “váyase”, ni, el “y tú más”. Sólo vale una regeneración del sistema político hasta situarlo en la normalidad democrática. En definitiva, un Estado viable económica y políticamente, con partidos democráticos -no oligárquicos- leales y respetuosos con la legalidad, con separación de poderes que garantice la independencia del poder judicial, con administración pública basada en el mérito y la igualdad de oportunidades que evite el nepotismo y con un Parlamento que represente la soberanía popular encauzada por los partidos políticos y no por sus cúpulas dirigentes. El papel del pueblo soberano en un sistema democrático serio no puede quedar reducido, como sucede en España, al derecho de elegir cada cuatro años entre varias listas encorsetadas según el capricho e interés particular de las aristocracias partidarias que, en caso contrario, llevarían años fuera de la actividad política. Si aún les queda algo de dignidad, ahora tienen la ocasión de abrir las ventanas de par en par para que entre ese aire fresco, en vez de, una vez más, poner en marcha el ventilador para que todos los rincones del deteriorado edificio se impregnen del hedor putrefacto que ellos mismos han generado para conseguir este ambiente irrespirable.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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