martes, 30 de abril de 2013

ASEDIO ESPERPÉNTICO


                        Desde que apareció la noticia de que la Plataforma ¡En Pie! –son tantas las plataformas que ya no se sabe quienes son unos u otros- tomaba la iniciativa de “asediar de forma indefinida” el Congreso de los Diputados hasta que “caiga el régimen” me vino a la memoria la época medieval en la que tan frecuentes eran estas prácticas para dirimir las rivalidades entre la nobleza. Entonces, nada era más eficaz para someter al rival en su propio terreno que rodearle en sus dominios (ciudad, fortaleza u otro lugar) para atacar a las fuerzas enemigas que están dentro o para impedirles que salgan o que reciban ayuda del exterior. Eso era un asedio en toda regla. Si eras perseverante y tenías la fuerza suficiente, el éxito estaba más que asegurado. Era cuestión de tiempo. El desgaste progresivo del asediado siempre jugaba en su contra y, salvo circunstancias imprevistas favorables, el desenlace final era la rendición, que, pactada o no, se materializaba antes o después, dependiendo de la capacidad de resistencia. Eran otros tiempos, con otras mentalidades y otros medios, que nada tienen que ver con los de hoy.
Pero, si en la actualidad se suele proceder de otra forma, no faltan quienes, añorando los viejos tiempos, consideran que la intimidación y el acoso siguen siendo válidos para conseguir los fines que pretenden. Y en esta deriva progresiva de imponer la razón de la fuerza se inscribe el referido asedio que, coincidente en sus objetivos con la anterior iniciativa de “ocupa el Congreso”, ya ni repara en el uso de eufemismos para generar cierta confusión sobre la esencia de su naturaleza, al extremo de provocar el rechazo por parte de determinados grupos o plataformas que entusiásticamente apoyaron aquella iniciativa. En definitiva, una convocatoria auténtica sin pretender engañar a nadie como entonces, lo que, en el fondo, es de agradecer. En su llamamiento no hay espacio para la confusión, reconocen sin tapujos que conscientemente se niegan a cumplir las reglas que impone un régimen al que pretenden “derrocar”, advierten a los convocados que, comenzando por la “no notificación”, que es preceptiva, el “régimen” puede tener la excusa para una represión indiscriminada y enumeran todas las posibles estrategias a desarrollar mientras dure el asedio, que aspira a ser indefinido. Una declaración de guerra sin paliativos. El enemigo, el sistema democrático; el objetivo concreto, su esencial institución, el Parlamento; sus promotores, los autoproclamados defensores de la libertad.
Como era de esperar, el desmarque de otros grupos ante tamañas precisiones –la mayoría, pretendiendo similares objetivos, se mueven mejor en el río revuelto del confusionismo- ha convertido tan libertaria iniciativa en un asedio esperpéntico. Lo que, según los medios, iba a ser una tumultuosa manifestación asediando el Congreso, al extremo de no celebrar la sesión plenaria prevista, supongo que para evitar males mayores, ha quedado reducido al bochornoso espectáculo de unos 2.000 individuos vociferando, insultando y agrediendo verbal y físicamente a los policías antidisturbios, unos 1.400, que las autoridades competentes habían situado en la zona. El resultado, la dispersión y el levantamiento del “sitio” por parte de sus convocantes tras las primeras refriegas con los agentes, no sin dejar una treintena de heridos, afortunadamente con carácter leve, repartidos entre asaltantes y policías casi por igual. El motivo de la desconvocatoria: “debido a que no vemos fuerzas suficientes consideramos que no es prudente continuar con la acción”, pues, “continuar con la estrategia no tiene sentido por el insuficiente apoyo social”. Es decir, como en estos momentos no conseguimos rendir el castillo, nos retiramos estratégicamente para sitiarlo en cualquier otro momento que nos sea más propicio. También se hacía así en el medievo.
Pero lo que realmente llama la atención, no es el espectáculo en sí mismo, sino que, ni antes, ni en el momento de producirse, ni después se haya producido una condena unánime e indiscutible por parte de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, asociaciones profesionales, medios de comunicación e instituciones del Estado. Asuntos tan graves, por esperpénticos que resulten, no deben utilizarse de forma frívola para obtener supuestas ventajas particulares. Al fin y al cabo son atentados directos contra la democracia que merecen tolerancia cero por el bien de todos los ciudadanos, independientemente de su color ideológico o su posición social. Cuestionar si fueron exageradas o insuficientes las medidas preventivas, las respuestas policiales a las provocaciones, o calificar el evento de carácter “pacífico” cuando su convocatoria encierra tamaña violencia es de una irresponsabilidad meridiana. Un claro triunfo para los liberticidas que, a pesar de su esperpéntico fracaso en este acto concreto, obtienen como botín demasiados policías heridos por no actuar de forma más contundente ante el temor de ser criticados después y, lo que es peor aún, la suspensión de una sesión plenaria que, a mi juicio, jamás debiera haberse producido. Demasiado premio para tan burdos liberticidas.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

lunes, 29 de abril de 2013

EL CUENTO DE NUNCA ACABAR


                        Ante la disyuntiva planteada por César Vilar en su artículo “La modélica transición o el cuento de nunca acabar”, publicado en INFORMACIÓN como respuesta a mi artículo “Reforma o ruptura, un falso dilema”, voy a quedarme con “el cuento de nunca acabar”, ya que con la “modélica transición”, desarrollada y refrendada por la inmensa mayoría de españoles, excepto por los grupúsculos de extrema izquierda y extrema derecha, que preferían resolver el asunto a tiro limpio, ya se quedó el pueblo al dejar de ser súbdito para convertirse en ciudadano y, como tal, soberano para decidir su futuro desde la paz y la libertad. No lo digo yo, lo avalan los hechos, entre ellos, que cualquiera, incluidos los liberticidas, como en los demás países democráticos, pueda exponer, defender y propagar libremente sus ideas, siempre que lo haga, como en los demás países democráticos, sin recurrir a la violencia y dentro de la legalidad establecida. Seguramente, el problema es que, como en el resto de países democráticos, cada proyecto maravilloso, cada idea genial, necesita conseguir el respaldo mayoritario ciudadano para que sus promotores consigan el gobierno y puedan plasmarlo como parte de dicha legalidad. ¿Qué le vamos a hacer? Poco más se puede añadir. Me quedo por tanto con el “cuento de nunca acabar” de que en España no hay democracia, a la vista está, por culpa de esa especie de pecado original de los españoles al haber consensuado la liquidación del franquismo en vez de resolverlo… ¿Cómo? ¿Mediante la violencia? Es el mismo cuento que, siempre inconcluso, aplican para todo quienes, incapaces de consolidar un proyecto mayoritario y, por tanto, viable para abordar con solvencia los problemas reales, se limitan a deslegitimar el respaldado por la mayoría, incluso si son responsables subsidiarios o cooperadores necesarios por su condición de minoritarios, cuando dicha mayoría no es la suficiente para hacerlo viable.
            Lamento que César Vilar, absorto en sus cuentos de nunca acabar, no entienda el mensaje de mi citado artículo. Seguramente la culpa es mía. Por ello le hago el siguiente resumen: “Hay solución a la grave situación actual, menor que la de la transición, si se afrontan importantes reformas, comenzando por exigir el cumplimiento de la legalidad y priorizando las que más incidan en la crisis; lo mejor es afrontarlas con grandes apoyos o consensos, como entonces, rechazando la intransigencia rupturista que hoy, en un estado de derecho, como es el caso, ni siquiera tiene sentido -salvo en quienes niegan nuestra democracia a pesar de su evidencia-, pues la ruptura conduciría inevitablemente a un sistema totalitario”. El resto del artículo es una relación de hechos contrastables para avalar el mensaje. ¿Acaso las constituciones españolas, excepto la vigente, no las hicieron unos españoles contra otros? ¿Acaso la violencia de unos y otros no ha sido la constante para finiquitar los proyectos políticos y, a su vez, la excusa para intentar legitimarlo? ¿Acaso la violencia no genera más violencia? Si el señor Vilar no manifiesta con claridad con cuál de estas cuestiones está en desacuerdo, ni explica racionalmente el motivo, ni expone la solución alternativa y se limita a expresar lo pésimos que son tanto el PP como el PSOE, omitiendo que IU colabora con el primero en Extremadura y gobierna con el segundo en Andalucía o en el tripartito catalán en su día, estamos ante el cuento de nunca acabar de que el malo es el vecino y yo siempre soy el bueno aunque, si es necesario, le ayude a consolidar sus maldades.
            No sé por qué el señor Vilar me incluye, junto a Griñán, en una “campaña” de “dirigentes del PSOE”, que no soy, con la “voluntad de maquillar las consecuencias inmediatas de la feroz crisis económica”. Es el cuento de nunca acabar, consistente en adjudicar intencionalidades perversas al contrario en vez de rebatir sus actos con razonamientos concretos. Yo, que no me atrevería a decir cuál es la voluntad de Vilar ni la de los dirigentes de IU, quiero imaginar que buena, le invito a que repase mis artículos criticando duramente al gobierno PSOE-IU de Andalucía, especialmente en el tema de los EREs fraudulentos que tanto criticó en campaña electoral IU y el PP. Tampoco sé por qué me acusa, junto a Griñán, de inmovilismo cuando planteo la necesidad de profundas reformas, que no rupturas, ya que afortunadamente hoy lo permite nuestro marco legal que él tanto repudia; ni por qué achaca a la ya lejana transición los actuales males de la sociedad en vez de achacarlo al mal funcionamiento de las instituciones en las que también IU participa de forma activa; ni por qué atribuye a la URSS, junto al sindicalismo combativo europeo, los méritos del tímido desarrollo de los derechos sociales y económicos recogidos en nuestra Constitución. Ni siquiera entiendo que no entienda que cada periodo histórico es la consecuencia directa del anterior, de la capacidad que tuvieron para resolver los problemas o no de forma pacífica, que es lo que yo argumento en mi artículo, y me salga recordando la ayuda de nazis y fascistas –supongo que en la guerra civil- para derribar la República, omitiendo las luchas entre anarquistas, comunistas y socialistas que tanto tuvieron que ver en el descontrol de la paz social previa y, durante la contienda, en la derrota bélica a pesar de la ayuda de las brigadas internacionales. ¿Se hubiera evitado todo esto, producto de la intransigencia, con un mayoritario consenso republicano? Esa es la cuestión, señor Vilar. Si yo hubiera estado allí lo hubiera intentado, como hice luego en la transición. ¿Usted qué hubiera hecho? Piense antes de responder, pues consensuar, supone encontrar espacios de entendimiento pacífico, lo que requiere renuncias por parte de todos, especialmente de quienes tienen menos apoyo social. Lo contrario es el cuento de nunca acabar, el de los buenos y los malos. ¿En qué bando está usted, señor Vilar? Yo, por si le interesa, en ninguno. No creo en los cuentos desde hace muchos años. Dejé de creer en ellos cuando, siendo muy joven, sentí que no era libre, mientras que otros jóvenes de países vecinos sí lo eran. Desde entonces luché para que mis hijos y nietos no sientan jamás lo que sentí yo. Si usted se siente así ahora, lo lamento de veras. Mi trabajo, sirvió de poco.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 18 de abril de 2013

REFORMA O RUPTURA, UN FALSO DILEMA


                        La fiebre revolucionaria (en sentido estricto de cambio radical) con que algunos pretenden poner patas arriba todo nuestro sistema político-institucional, amenaza seriamente la paz y la convivencia social, poniendo en grave riesgo nuestro Estado de Derecho. Una vez más, como en otros muchos periodos históricos, el dilema “reforma o ruptura” con el pasado para afrontar el futuro divide a los españoles en el presente de forma radical y peligrosa. En casi todos los momentos anteriores, salvo en la Transición, la intransigencia de los rupturistas generó tal violencia que, al final, condujo a los españoles a un futuro peor que su presente en términos de libertad y prosperidad popular, dejando herencias perniciosas y difíciles de gestionar. Por ello es incomprensible que, a estas alturas y con semejante bagaje, se ponga en duda en términos históricos la validez del consenso –modelo ejemplar en su día a nivel nacional e internacional- que, con grandes dificultades e ingentes reformas, propició el tránsito del régimen autoritario al de democracia plena, arrinconando a los rupturistas intransigentes de ambas orillas y, gracias a ello, consiguiendo el más largo periodo de libertad, paz y prosperidad de toda nuestra Historia. Por tanto, es indecente calificar, para desacreditarlo, nuestro actual sistema político como heredero del franquismo, salvo que se refieran a que cada periodo histórico es, obviamente, heredero del anterior y, en ese caso, también se calificaría al franquismo como heredero de la República, a ésta como heredera de la Restauración y así sucesivamente, pues, en definitiva, cada periodo histórico resulta de la capacidad o incapacidad de responder a los problemas surgidos en el periodo precedente que, en España, desgraciadamente, casi siempre se liquidó mediante la violencia, el revanchismo y la incapacidad de reconciliar a unos y otros en un proyecto común y mejor para todo el conjunto.
            Dicho lo anterior, nada que objetar a las necesarias reformas que precise nuestro Estado de Derecho para responder con mayor eficacia a los problemas ciudadanos que, surgidos o agravados por la crisis, siguen siendo, en todo caso, infinitamente inferiores a los que padecimos durante la dictadura franquista. Si entonces se trataba de poner punto y final a la dictadura para sustituirla por el Estado de Derecho, ahora sólo se trata de reformarlo para que funcione mejor. Si entonces se trataba de acabar con una legalidad ilegítima para sustituirla por una legalidad legítima y democrática, ahora se trata simplemente de hacer los retoques necesarios para mejorarla. Si entonces, para evitar riesgos innecesarios y males mayores, optamos por el reformismo frente a un incierto y peligroso rupturismo, ahora, cuando el marco legal democrático –surgido de dicho acuerdo mayoritario- permite las más profundas reformas, carece de sentido  apostar por rupturas y reivindicarlas al margen del mismo. Por tanto, la principal y prioritaria reforma ha de ser la exigencia inexcusable del acatamiento a la legalidad, pues gran parte del deterioro progresivo de nuestro sistema democrático obedece a la permisividad de hechos y comportamientos antidemocráticos, incluso desde las instituciones, desacatando impunemente la legalidad sin respetar las reglas de juego, cuyo acatamiento es la condición básica para la supervivencia democrática. Y así, una vez reforzada la esencia del Estado de Derecho con esta prioritaria reforma, que casi nadie está dispuesto a afrontar –a las pruebas me remito-, hay que priorizar las demás –tanto las legislativas como las institucionales-, comenzando por aquellas que incidan más directamente en la salida de la crisis, principal obstáculo para el desarrollo del bienestar ciudadano, y en la mejora del ineficaz entramado político-institucional, principal fuente del derroche y despilfarro del dinero público.
            Pero, a diferencia de la Transición, ahora cada cual va a lo suyo. Ni acuerdo en las medidas tendentes a finiquitar la crisis, ni acuerdo en las reformas para poner las instituciones realmente al servicio de la ciudadanía. Al contrario, cada uno exhibe su receta particular y concreta del sector que lo está pasando peor, incitándole a actuar al margen de la ley para conseguir sus legítimas aspiraciones. No se trata de buscar solución a sus problemas de forma razonable y dentro de lo posible; se trata de romper con el sistema que, heredero del franquismo según ellos, es antidemocrático y por tanto hay que sustituirlo por su modelo imaginario que ineludiblemente ha de ser republicano y federal. Es lo urgente, lo imprescindible para que todo lo demás funcione, pues, de no ser así, ni cabe la libertad ni el progreso y, por tanto, es tan sencillo como sustituir “Monarquía Constitucional y Estado Autonómico” por “República Federal” -supongo que “Española”- y todo arreglado. Además, las nuevas generaciones que, obviamente, no pudieron refrendar este caduco sistema semifranquista –así se lo venden- legitimarían por fin –supongo que hasta la siguiente generación- un auténtico marco de libertades que les permitirá desembarazarse de la losa opresora en la que viven ahora. Con argumentos tan irreales e inconsistentes (basta comprobar que no sólo hay libertad y progreso en las Repúblicas Federales, ni refrendan su sistema político de vez en cuando para que las nuevas generaciones lo legitimen o lo sustituyan por otro) se postergan las reformas necesarias y se priorizan los debates superfluos, que nada aportan a la solución de los problemas reales, sino que generan nuevas incertidumbres y elementos de división en una ciudadanía maltrecha que busca agarrarse a un clavo ardiendo. Son las prioridades y los métodos de los intransigentes que, desde la libertad conseguida con la Transición, que tanto denostan y denostaron, reavivan el debate, convertido ya en falso dilema, entre “reforma o ruptura”, que tanto nos hizo dudar entonces, sin reparar que hoy ni siquiera cabe la duda, pues la ruptura con un sistema democrático sólo puede conducir al autoritarismo, en el mejor de los casos, y siempre al empeoramiento de la situación. Es obvio que, para algunos, cuanto peor, mejor. ¿Lo es también para la mayoría? Parece que, de momento, no.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 14 de abril de 2013

EREs FRAUDULENTOS, EXTREMA GRAVEDAD


                        Aunque cualquier episodio de corrupción es un grave asunto social y económico, ya que, al final, entre todos hemos de pagar la fiesta de unos pocos, el caso de los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía lo es de extrema gravedad, no sólo por la cuantía, que también, sino además por su naturaleza, su duración y sus protagonistas, que en su conjunto lo convierte en singular desde el punto de vista ético, estético y político. Por más que la peste corrupta que asola nuestra geografía, vinculada esencialmente a los pelotazos urbanísticos, nos haya acostumbrado a convivir casi sin sorprendernos con un elenco de figuras delictivas y de fuentes donde practicarlas, siempre hay margen para la sorpresa. La imaginación de los corruptos no tiene límites. De entrada, lo que hace singular el caso de los EREs fraudulentos es que el enriquecimiento indebido de los supuestos chorizos emana del dinero presupuestado a ayudar a los pobres (trabajadores con riesgo de exclusión laboral en empresas con problemas), que afecta a un gobierno socialista, al que, como tal, se le supone una especial sensibilidad en defensa de las clases trabajadoras, y, finalmente, que se produce en una de las regiones europeas con mayor índice de paro laboral. Aspectos que añaden un plus de gravedad y asombro frente a otros casos de corrupción al uso.
            Ni cabe, como hace el PP y sus voceros, magnificar el asunto, afirmando que “los socialistas se han llevado mil millones de euros”, ni minimizarlo, como hacen éstos, diciendo que se trata de “un problema de solidaridad mal entendida” al tratarse de ayudar a empresas en crisis aunque existan “algunos problemas de procedimiento”. Ni tanto, ni tan calvo. Las mentiras o las verdades a medias, tan utilizadas cínicamente en todos los casos de corrupción, sólo añaden a la ciudadanía un plus de repugnancia. Lo cierto es que desde 2001 la Junta, presidida por Chaves, crea un procedimiento de ayuda a empresas en crisis, necesitadas de EREs para realizar prejubilaciones o despidos, y a trabajadores afectados por los mismos y, a tal efecto, crea un fondo, dotado con 721 millones de euros hasta 2011, que debía ser ampliado para su finalización hasta unos 1.217 millones. Loable e indiscutible objetivo. Lo insólito, que su gestión se deja al margen de la trasparencia y el control administrativo normal, a pesar de las diversas advertencias de la Intervención General. La consecuencia, un uso arbitrario e irregular del mismo, conocido al fin como “fondo de reptiles”, que se materializa en conceder prejubilaciones a personas que jamás trabajaron en las empresas afectadas (más de 13 millones de euros), en subvencionar a empresas que no estaban presentando un ERE y a personas que después no llegan a crear ninguna empresa (más de 74 millones) y en pagar comisiones exageradas (hasta el 20%, cuando lo normal es el 3%) a intermediarios (consultoras, bufetes, aseguradoras, sindicatos) entre la Junta y los trabajadores (unos 70 millones), que, en definitiva, suponen un fraude de demasiadas decenas de millones de euros. Fraude que no se justifica, como pretenden los socialistas, con los más de 6.000 prejubilados favorecidos por la Junta correctamente, como era su obligación, pues hubiesen sido muchos más prejubilados si los fondos fraudulentamente destinados a las decenas y decenas de prejubilaciones inmerecidas, a las empresas sin necesidad de un ERE, a los “sobrecostes” de intermediarios y a las personas que jamás crearon luego una empresa, se hubiesen administrado correctamente en vez de usarse para el enriquecimiento injusto e ilegal de unos cuantos.
            El desfile por la cárcel de personajes indecentes, desde el exconsejero de Empleo Antonio Fernández –incluido para el ERE como trabajador de la empresa desde el día de su nacimiento- hasta el director general Guerrero Benítez –derrochador, según su chófer, del dinero defraudado en cocaína, copas y prostitución-, pasando por el exsindicalista Lanzas –intermediario y “conseguidor” que esconde 82.000 euros bajo un colchón y acumula un patrimonio exagerado-, convierte este asunto, calificado al principio por los socialistas como “cosa de cuatro pillos”, en el más grave fraude institucional que se ha investigado hasta la fecha, dando razón a la famosa frase, aportada en la investigación del caso Mercasevilla, de que “La Junta colabora con los que colaboran”. Es decir, la Junta no gobierna para todos por igual. Yo te doy, si tú me das o me interesa darte, al margen de los derechos que tengas. Una trama institucional que, durante una década al menos, actúa con absoluta impunidad de forma arbitraria y caprichosa sobre unos fondos presupuestarios con marcada índole social, rebasando éticamente cualquier otro repugnante caso de corrupción al perjudicar directamente a las clases más humildes.
            Por todo ello, al margen de las responsabilidades penales –las políticas no se depuran en este país- que la jueza Alaya pueda esclarecer, es imprescindible que, como mínimo, las cantidades malversadas directamente del presupuesto -tanto las apropiadas, como las concedidas a beneficiarios de forma ilegal- sean devueltas a la Administración para que ésta les dé un futuro uso correcto. Si por cualquier error administrativo la Administración le exige a cualquier ciudadano normal la devolución de lo indebidamente cobrado (incluso las mínimas cantidades pagadas en demasía a personas en situación de precariedad, como paro, ayuda familiar, etc) es intolerable que no lo hagan quienes se han enriquecido tan repugnantemente como colaboradores necesarios de los EREs fraudulentos, así como los cientos de prejubilados indebidamente quienes, tras declarar nula su pensión, debieran devolver la subvención inicial más lo percibido hasta la fecha como falsos pensionistas que es lo que son. De no hacerlo, otros muchos, que sí tenían derecho a percibirla por trabajar de verdad en las empresas y cumplir todos los requisitos exigibles, serían doblemente maltratados si con dinero público se hace borrón y cuenta nueva de este escándalo sin precedentes. Un escándalo, para colmo, protagonizado por un gobierno socialista y, ahora, apoyado por IU que en su vertiente más radical se salta la legalidad (asalto a supermercados, ocupación de fincas, etc) al menos con la excusa de hurtar a los ricos para favorecer a los pobres. Lo contrario no tiene excusa posible.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

lunes, 8 de abril de 2013

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS


                        La jueza Mercedes Alaya, recuperada de su baja laboral temporal, ha vuelto a su trabajo con energías renovadas, dando un importante empujón a la investigación sobre los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía. La convergencia mediática temporal con el caso de los papeles de Bárcenas, de su vinculación o no a la trama Gürtel y la supuesta financiación del PP, con las ITV de Oriol Pujol, con el Instituto Nóos de Urdangarín o con el caso campeón de Blanco, entre otros asuntos de menor relieve, ha generado una alarma social en la opinión pública sin precedentes. La gente ya está hasta las narices de esta corrupción sistémica instalada en nuestra sociedad; pero aún lo está más del trato mediático que se le da, sobre todo en los medios audiovisuales, que, como si se tratara de un “programa basura” más, convierten en frívolo espectáculo lo que debiera tratarse con rigor, seriedad y responsabilidad. Cada uno de los casos de corrupción aparece en dichos medios como un asunto opinable y discutible, dosificado en una serie de tertulias en las que cada participante manipula la información a su antojo mientras que el juzgado de turno intenta esclarecer los hechos concretos y las responsabilidades pertinentes de cada uno de sus respectivos autores. Entretanto, los ciudadanos, a pesar de este tsunami desinformativo y manipulador, cada vez son más conscientes de que, al margen de la responsabilidad penal que se pueda demostrar en cada caso, se requiere una responsabilidad política, que en otros países existe y aquí no, entre otras causas, porque dichos tertulianos a sueldo, pretenden generar en la opinión pública –y a veces lo consiguen- una cierta tolerancia hacia conductas absolutamente repudiables en vez de posicionarse en contra de forma unánime y firme en todas y cada una de ellas. Este derroche de frivolidad mediática, mezclando información y opinión, para manipular la dimensión de los hechos que paralelamente investiga un juez y presentarlos a la opinión pública según les conviene, provoca un perjuicio social casi tan grave como los presuntos delitos investigados.
            La exigencia de responsabilidades políticas –las penales ya se verán- no   pueden venderse como “cacerías contra Griñán” o ataques al PP, a Cataluña o a la Monarquía, por más que sea lo que pretendan algunos, sino como el precio que, al menos, por su manifiesta incompetencia, deben pagar quienes en el marco de su responsabilidad permitieron, por acción u omisión, la proliferación de actividades delictivas de personajes como Guerrero o el sindicalista Lanzas, Bárcenas, Pujol o Urdangarín. Si todos ellos actuaron durante años de forma fraudulenta es porque algún personaje de ámbito superior competencial hizo dejación de su responsabilidad y, como mínimo, se lo permitió. Discutir por qué lo hizo o buscar excusas a su proceder es irrelevante. Lo esencial es que, ante su evidente incapacidad en el ejercicio de su responsabilidad, se le exija unánimemente la dimisión de su cargo. Por eso, plantear en serio la exigencia de responsabilidades políticas en este circo mediático, cuando hasta las responsabilidades penales investigadas son tergiversadas con grandes dosis de cínica parcialidad, es como pedir peras al olmo.  
            Se mire como se mire, el caso de los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía, como otros tantos casos, una vez esclarecidas las responsabilidades penales de los imputados, debiera tener además consecuencias políticas en quienes durante más de diez años no se enteraron o no quisieron enterarse del destino incorrecto que sus subordinados hacían del dinero público que los ciudadanos les habían confiado para su correcta administración. Si quienes se lo llevaron calentito, enriqueciéndose indebidamente o enriqueciendo de forma arbitraria a sus clientelas familiares o ideológicas, han de pagar las culpas que en sede judicial se impongan –entre las que debiera estar además la devolución de las cantidades malversadas-, quienes, mirando hacia otro lado o viéndolo de reojo, no hicieron nada para impedírselo debieran, como mínimo, merecer el repudio social generalizado, quedando inhabilitados -si no de derecho, al menos, de hecho- para seguir ejerciendo la representación política. Es lo que sucede en cualquier país normal. Por eso en dichos países se conjuga el verbo dimitir. Aquí sucede todo lo contrario y, por ello, los partidos políticos no tienen reparo alguno en incluir en sus listas a personajes de dudosa honradez, incluso imputados, o nombrarlos para cargos, incluso más importantes que los anteriores. Saben que no pasa nada; al contrario, la experiencia les dice que, finalizada la representación circense, pueden incluso aumentar el apoyo electoral en los siguientes comicios. Sin un código ético para ejercer la actividad política y sin un reproche social generalizado ante las malas prácticas, exigir responsabilidades políticas en este país es como entretenerse en debatir sobre el sexo de los ángeles.
Pero, si, de entrada, la ciudadanía es la responsable por seguir apoyando a los partidos que actúan de forma tan indecente, no es menos cierto que los verdaderos culpables, además de dichos partidos, son quienes de forma arbitraria actúan como agentes propagandísticos de la corrupción ante la opinión pública, minimizándola o maximizándola según les conviene, en vez de condenarla de forma unánime y sin paliativos para generar sin fisuras una progresiva conciencia social de rechazo absoluto a estos comportamientos indeseables, en vez de generar un asqueo colectivo hacia la actividad política que, a corto plazo, beneficia a los sinvergüenzas frente a los políticos honrados y, a largo plazo, perjudica a todos los ciudadanos. De momento, ya podemos darnos con un canto en los dientes si, al menos, se depuran las responsabilidades penales, las políticas, con estas mimbres, están a años luz de ser depuradas.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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