EREs FRAUDULENTOS, EXTREMA GRAVEDAD

                        Aunque cualquier episodio de corrupción es un grave asunto social y económico, ya que, al final, entre todos hemos de pagar la fiesta de unos pocos, el caso de los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía lo es de extrema gravedad, no sólo por la cuantía, que también, sino además por su naturaleza, su duración y sus protagonistas, que en su conjunto lo convierte en singular desde el punto de vista ético, estético y político. Por más que la peste corrupta que asola nuestra geografía, vinculada esencialmente a los pelotazos urbanísticos, nos haya acostumbrado a convivir casi sin sorprendernos con un elenco de figuras delictivas y de fuentes donde practicarlas, siempre hay margen para la sorpresa. La imaginación de los corruptos no tiene límites. De entrada, lo que hace singular el caso de los EREs fraudulentos es que el enriquecimiento indebido de los supuestos chorizos emana del dinero presupuestado a ayudar a los pobres (trabajadores con riesgo de exclusión laboral en empresas con problemas), que afecta a un gobierno socialista, al que, como tal, se le supone una especial sensibilidad en defensa de las clases trabajadoras, y, finalmente, que se produce en una de las regiones europeas con mayor índice de paro laboral. Aspectos que añaden un plus de gravedad y asombro frente a otros casos de corrupción al uso.

            Ni cabe, como hace el PP y sus voceros, magnificar el asunto, afirmando que “los socialistas se han llevado mil millones de euros”, ni minimizarlo, como hacen éstos, diciendo que se trata de “un problema de solidaridad mal entendida” al tratarse de ayudar a empresas en crisis aunque existan “algunos problemas de procedimiento”. Ni tanto, ni tan calvo. Las mentiras o las verdades a medias, tan utilizadas cínicamente en todos los casos de corrupción, sólo añaden a la ciudadanía un plus de repugnancia. Lo cierto es que desde 2001 la Junta, presidida por Chaves, crea un procedimiento de ayuda a empresas en crisis, necesitadas de EREs para realizar prejubilaciones o despidos, y a trabajadores afectados por los mismos y, a tal efecto, crea un fondo, dotado con 721 millones de euros hasta 2011, que debía ser ampliado para su finalización hasta unos 1.217 millones. Loable e indiscutible objetivo. Lo insólito, que su gestión se deja al margen de la trasparencia y el control administrativo normal, a pesar de las diversas advertencias de la Intervención General. La consecuencia, un uso arbitrario e irregular del mismo, conocido al fin como “fondo de reptiles”, que se materializa en conceder prejubilaciones a personas que jamás trabajaron en las empresas afectadas (más de 13 millones de euros), en subvencionar a empresas que no estaban presentando un ERE y a personas que después no llegan a crear ninguna empresa (más de 74 millones) y en pagar comisiones exageradas (hasta el 20%, cuando lo normal es el 3%) a intermediarios (consultoras, bufetes, aseguradoras, sindicatos) entre la Junta y los trabajadores (unos 70 millones), que, en definitiva, suponen un fraude de demasiadas decenas de millones de euros. Fraude que no se justifica, como pretenden los socialistas, con los más de 6.000 prejubilados favorecidos por la Junta correctamente, como era su obligación, pues hubiesen sido muchos más prejubilados si los fondos fraudulentamente destinados a las decenas y decenas de prejubilaciones inmerecidas, a las empresas sin necesidad de un ERE, a los “sobrecostes” de intermediarios y a las personas que jamás crearon luego una empresa, se hubiesen administrado correctamente en vez de usarse para el enriquecimiento injusto e ilegal de unos cuantos.

            El desfile por la cárcel de personajes indecentes, desde el exconsejero de Empleo Antonio Fernández –incluido para el ERE como trabajador de la empresa desde el día de su nacimiento- hasta el director general Guerrero Benítez –derrochador, según su chófer, del dinero defraudado en cocaína, copas y prostitución-, pasando por el exsindicalista Lanzas –intermediario y “conseguidor” que esconde 82.000 euros bajo un colchón y acumula un patrimonio exagerado-, convierte este asunto, calificado al principio por los socialistas como “cosa de cuatro pillos”, en el más grave fraude institucional que se ha investigado hasta la fecha, dando razón a la famosa frase, aportada en la investigación del caso Mercasevilla, de que “La Junta colabora con los que colaboran”. Es decir, la Junta no gobierna para todos por igual. Yo te doy, si tú me das o me interesa darte, al margen de los derechos que tengas. Una trama institucional que, durante una década al menos, actúa con absoluta impunidad de forma arbitraria y caprichosa sobre unos fondos presupuestarios con marcada índole social, rebasando éticamente cualquier otro repugnante caso de corrupción al perjudicar directamente a las clases más humildes.

            Por todo ello, al margen de las responsabilidades penales –las políticas no se depuran en este país- que la jueza Alaya pueda esclarecer, es imprescindible que, como mínimo, las cantidades malversadas directamente del presupuesto -tanto las apropiadas, como las concedidas a beneficiarios de forma ilegal- sean devueltas a la Administración para que ésta les dé un futuro uso correcto. Si por cualquier error administrativo la Administración le exige a cualquier ciudadano normal la devolución de lo indebidamente cobrado (incluso las mínimas cantidades pagadas en demasía a personas en situación de precariedad, como paro, ayuda familiar, etc) es intolerable que no lo hagan quienes se han enriquecido tan repugnantemente como colaboradores necesarios de los EREs fraudulentos, así como los cientos de prejubilados indebidamente quienes, tras declarar nula su pensión, debieran devolver la subvención inicial más lo percibido hasta la fecha como falsos pensionistas que es lo que son. De no hacerlo, otros muchos, que sí tenían derecho a percibirla por trabajar de verdad en las empresas y cumplir todos los requisitos exigibles, serían doblemente maltratados si con dinero público se hace borrón y cuenta nueva de este escándalo sin precedentes. Un escándalo, para colmo, protagonizado por un gobierno socialista y, ahora, apoyado por IU que en su vertiente más radical se salta la legalidad (asalto a supermercados, ocupación de fincas, etc) al menos con la excusa de hurtar a los ricos para favorecer a los pobres. Lo contrario no tiene excusa posible.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena