jueves, 30 de mayo de 2013

A LA GRESCA CON EL DÉFICIT AUTONÓMICO

                        Las CCAA, entre ellas y con el Gobierno Central, andan a la gresca con el objetivo de déficit autonómico, sin que se vislumbre un acuerdo satisfactorio para todos. Es bien sabido el esfuerzo que viene realizando España para reducir su excesivo déficit que, según el Programa de Estabilidad 2011-14, fijaba el objetivo de situarlo en un 3% del PIB en 2013, atendiendo las recomendaciones del Consejo de la UE. Su distribución quedó en el 1´7 % para la administración central, el 1´1% para las CCAA y el 0´2% para los ayuntamientos, pero las posteriores previsiones económicas a la baja de la UE lo relajaron alargando el plazo para lograrlo hasta 2014 y permitiendo para el conjunto de España un techo del 4´5% para 2013. Y aquí empieza la polémica. El gobierno Rajoy no traslada dicha relajación a las CCAA en la nueva distribución, sino todo lo contrario (0´7%, frente al 1´1% anterior), reservándosela con creces para la administración central (3´8%, frente al 1´7% anterior) y dejando a los ayuntamientos el 0´0%. Es decir, mayor esfuerzo autonómico y mayor relajación para la administración central, aunque, ante las malas perspectivas de recuperación económica, el propio gobierno fija después el déficit de las CCAA en el 1´2% frente al 0´7% inicial. Este primer motivo de discrepancia con el gobierno de Rajoy, no está exento de razón por parte de las CCAA, pues no parece razonable su criterio a la hora de repartir la relajación del techo de déficit concedida por la UE para 2013 (del 3% al 4´5%), al exigir a las autonomías un esfuerzo de consolidación desproporcionado y hacer lo contrario con la administración central. Lo razonable es que ese diferencial del 1´5% del PIB para el conjunto de España, no sólo repercuta en un menor esfuerzo del previsto inicialmente para la administración central, sino que también lo “disfruten” las CCAA, que, de entrada, han de conseguir el 1´2% de su PIB.
Pero, si a lo anterior se añade el diferente comportamiento de las distintas CCAA en el ajuste del déficit previsto en 2012, la polémica está absolutamente servida con todo tipo de argumentos. En efecto, España, a pesar del ingente esfuerzo realizado, cerró el año 2012 con un 6´7% de déficit frente al 6´3% pactado con Bruselas (4 décimas más de lo previsto). Para la administración central más la Seguridad Social se previó el 4´5%, para las CCAA el 1´5% y para los ayuntamientos el 0´3% restante; sin embargo, sólo éstos con un 0´2% consiguieron superar el objetivo, pues ni la administración central-SS, con un 4´8%, ni las CCAA, con un 1´7%, lo consiguieron. Y aquí está el segundo motivo de la discordia que, al fin, es la madre del cordero, pues el asimétrico resultado de las CCAA en el ajuste del déficit en 2012, más la citada desviación global del 0´2% (al conseguir el 1´7% en vez del 1´5% previsto), coloca a las CCAA en un desigual punto de partida respecto al objetivo de déficit para 2013. Mientras ocho de ellas cumplieron con holgura en 2012 el objetivo del 1´5%  de su déficit, situándolo incluso por debajo del mismo (Extremadura, 0´6%; Asturias y La Rioja, 1%; Madrid y Cantabria, 1´1%; Galicia y Canarias, 1´2%; Navarra, 1´3%) y otras cuatro también lo consiguieron (País Vasco y Castilla-León, 1´4%; Aragón y Castilla-La Mancha, 1´5%), las cinco restantes lo incumplieron con amplitud (Baleares, 1´8%; Cataluña y Andalucía, 2%; Murcia, 3%; Comunidad Valenciana, 3´4%). Y, son éstas, precisamente, las que, obligadas obviamente a un mayor esfuerzo para conseguir el objetivo de déficit en 2013 (0´7% o 1´2%, que es lo probable), plantean que se les permita incluso un techo de déficit mayor. Es decir, que se haga una distribución asimétrica del mismo para suavizar el tremendo sacrificio que, en todo caso, habrán de realizar hasta el 2015. Una especie de “déficit a la carta” que, en caso de concederse sin más, penalizaría a las CCAA cumplidoras y premiaría a las incumplidoras en la consecución del objetivo.
Iniciado el conflicto por el independentista Artur Mas -quien, una vez más, lo plantea como un nuevo conflicto con España-, al reclamar a Rajoy para Cataluña un techo de déficit para 2013 como mínimo del 2´1% (mayor que el conseguido en 2012 y que el previsto para el conjunto de las Autonomías), el asunto hubiese quedado como un nuevo conflicto bilateral Cataluña-resto de España, pero se ha convertido en una gresca global, pues las cuatro comunidades restantes que, como Cataluña, no ajustaron su déficit en 2012, hacen causa común con los nacionalistas catalanes y, como entre ellas, las hay gobernadas por socialistas, como Andalucía, y populares, el guirigay está servido. La variable cumplidor-incumplidor con el déficit trasciende cualquier otro principio político o ideológico que, con más o menos virulencia, pone en evidencia la discrepancia entre los nacionalistas, entre los socialistas y entre los populares, según pertenezcan a una comunidad con el déficit ajustado o disparado en 2012, a la hora de criticar o no las tesis del gobierno central. Desde el “no pagaremos delirios soberanistas” del popular castellanoleonés De Santiago, hasta “el café para todos sería injusto” del socialista andaluz Griñán, pasando por silencios cómplices y otras exhibiciones argumentales, más o menos oportunas, en favor o en contra de las tesis de Montoro, lo razonable es que, si, por pura necesidad, se concede un trato asimétrico del problema –como la UE ha hecho con España- se exijan las contrapartidas pertinentes para evitar lo que, según Monago, provocaría “más gasto descontrolado”, premiando a las CCAA con gobiernos despilfarradores en vez de “tener una atención especial con las que han cumplido” como defiende Urkullo entre otros. Es fácil de entender. Ante la necesidad, cualquier trato de privilegio, exige un control inmediato por parte de quien lo otorgue, para evitar que el beneficiario se permita el lujo de priorizar sus delirios, no sólo los soberanistas, relegando las urgentes y verdaderas necesidades de los ciudadanos. Lo contrario es mantener la irresponsabilidad que nos ha conducido a este callejón sin salida.

Nota: Acaba de aparecer la noticia de que el Ejecutivo Comunitario acaba de proponer nuevas relajaciones para que ajusten el déficit siete países, que, en el caso de España quedaría en el 6´5% para 2013 (5´8%, 2014; 4´2%, 2015 y 2´8” en 2016), incluso dos décimas más que el 6´3% que pedía Rajoy y dos puntos más que el objetivo del 4´5% anterior. Dicha relajación, obviamente, va acompañada de una serie de recomendaciones y exigencias de control que, tal como planteo en el artículo, pretenden garantizar con seriedad el cumplimiento de los objetivos, entre ellos, la puesta en marcha del nuevo Consejo Fiscal Independiente y la mejora de la eficacia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para controlar el gasto de las CCAA. ¿Hará lo propio el ejecutivo español para zanjar la gresca autonómica? Es lo que espera la UE del señor Rajoy.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 23 de mayo de 2013

A CRÁNEO ABIERTO, SI NO PAGAS


                        La Sexta daba la noticia a bombo y platillo. Una joven inmigrante, hondureña, ha sido dada de alta médica forzosa sin cerrarle el cráneo por carecer de tarjeta sanitaria. Es el titular. Al difundir la noticia en horario de gran audiencia, muchos hogares españoles se escandalizan ante tan inhumano suceso. No se trata de una de esas barbaridades que desgraciadamente se cometen en algún país subdesarrollado y, por tanto, a medida que la noticia se detalla la indignación crece a ritmo desenfrenado. En efecto, se emite un reportaje en que una joven, María Concepción Amaya, acompañada por su hermana, explica que, tras ser operada en el Hospital General Universitario de Valencia, le han dado el alta médica dejándole el cerebro casi al aire libre, sólo bajo la frágil protección del cuero cabelludo, ya que, tras comprobar dicho hospital que no tenía la correspondiente tarjeta sanitaria y que era una inmigrante “sin papeles”, se niega a colocarle el hueso craneal. “¡Se puede ser tan majaderos!”, es mi reacción momentánea, como, supongo, la de miles y miles de ciudadanos, renegando contra el gobierno por permitir que se actúe tan inhumanamente, contra los recortes en los servicios básicos hasta tal extremo, contra la UE que los exige para equilibrar el déficit y, en general, contra tanta injusticia e inhumanidad generalizada.
            La sorprendente noticia de la Sexta va de boca en boca y dispara las redes sociales. Crece como una bola de nieve con el paso de las horas y protagoniza los corrillos y las conversaciones. Incluso algún nostálgico comenta que ni en la época franquista se cometían tamañas barbaridades ya que existía la beneficencia. Por si fuera poco, el gran Wyoming, en el programa “El Intermedio”, con el estilo que le caracteriza, arremete contra el gobierno y sus recortes, acusándole de liquidar la sanidad pública. “Tanto cuidadito con el cerebro, para que lo necesitas si puedes llegar muy lejos sin él, basta con mirar el Consejo de Ministros” le dice a su compañera de programa que, tras reiterar la noticia, se dispone a sacar una cámara a la calle para pulsar la opinión de los transeúntes a quienes el suceso se les presenta como sucedido en Marruecos y tras las respuestas (“espeluznante”, “una barbaridad”, “aquí tenemos la mejor sanidad del mundo” o “impresionante en el siglo XXI”) se les desvela que ha sucedido en España, respondiendo los entrevistados que es “penoso”, “muy triste”, “alucinante que pase aquí”, “increíble”, “lo decís vosotros pero a mí me cuesta creerlo”, “una barbaridad y aquí peor todavía”, “esto no puede seguir pasando” o “no me lo puedo creer”. En efecto, el asunto es mucho más grave que la escasa capacidad cerebral adjudicada por el presentador al Consejo de Ministros; se puede ser corto de mollera pero buena persona. Se certifica definitivamente la anunciada muerte de nuestro Estado del Bienestar. Lo sucedido es típico de países tercermundistas. Es la triste realidad que nos toca vivir.
            Sin embargo, dos días después, el citado Hospital hace un desmentido mediante un comunicado en el que manifiesta que la paciente fue atendida de inicio en urgencias e ingresada en Neurocirugía “sin tener en cuenta su situación de aseguramiento”, que han utilizado “todos los medios disponibles” y siempre han actuado según los protocolos clínicos, que ha estado ingresada más de un mes e intervenida en dos ocasiones por Neurocirugía, practicándole varios TAC, RM cerebral y arteriografía de carótidas, que ha recibido fisioterapia y rehabilitación durante su estancia, que finalmente se le dio de alta cuando su situación clínica lo permitió y citada a consultas externas para el seguimiento y control evolutivo, que se le ha solicitado el TAC de control para valorar “si se dan las condiciones que permitan realizar la craneoplastía”, es decir, la reposición del hueso craneal extraído cuando se operó, ya que las guías de práctica clínica establecen que ha de transcurrir un tiempo de “al menos 6 semanas a 3 meses desde la intervención quirúrgica para poder realizar la craneoplastia”. Por todo ello, el Hospital exige “la contundente y rápida rectificación de los medios que han dado pábulo a esta noticia y han actuado como caja de resonancia de la misma”.
La Sexta acaba de anunciar la existencia de dicho comunicado. Menos mal. Pero el daño ya está hecho. Para mucha gente que, lamentablemente, no hace un seguimiento mediático, que se informa por el boca-oído, de gran repercusión en casos de tan aberrantes noticias, en España dejan a medio operar a quienes no tienen medios para pagarlo si dicha circunstancia se descubre durante la intervención quirúrgica, aunque la consecuencia sea dejarles el cerebro directamente bajo el cuero cabelludo. Si lo descubren antes de iniciar la intervención, directamente les dejan morir. Es la imagen que queda en la memoria de mucha gente. Y en el exterior. Es la consecuencia del irresponsable proceder de un medio de comunicación al no contrastar la veracidad de las noticias que emite, sobre todo, si son susceptibles de generar tan alarmante repercusión social. Es obvio que alguien ha cometido graves irresponsabilidades y los ciudadanos tenemos derecho a saber si ha sido el Hospital, La Sexta o la señora Amaya. Alguien está mintiendo y con ello, generando una alarma social innecesaria que, tal como está el patio, supone añadir mayores dificultades para salir del atasco. De ser la Sexta, la señora Amaya, o ambas, el Hospital debe exigir responsabilidades por el daño causado. Y el fiscal por los perjuicios a la ciudadanía. De ser el Hospital, debe ser demandado por la señora Amaya y por la autoridad competente ante su inhumano proceder. Lo inaceptable es que tamañas irresponsabilidades por parte de alguien, de quien sea, queden saldadas con un tímido “lo siento” en el mejor de los casos.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 18 de mayo de 2013

MONARQUÍA O REPÚBLICA, UN DEBATE INOPORTUNO


                        El malestar generalizado por la crisis económica y los comportamientos indecentes de demasiados políticos genera un ambiente propicio a la divulgación de recetas mágicas, que, adobadas debidamente con ciertas dosis de demagogia, pueden llegar a tener una aceptación considerable en parte de una población que, angustiada y desesperanzada por la situación, es cada vez más proclive a creer en los milagros. Y uno de los que más llama la atención, al ser probablemente el que menos tenga que ver con la crisis y con la posible salida de la misma, consiste en cambiar, que no en reformar, la Jefatura del Estado, generando, como si no hubiera ya suficientes, un nuevo debate público, Monarquía o República, absolutamente inoportuno en el mejor de los casos, ya que todos los esfuerzos, por parte de todos, debieran centrarse en los asuntos que realmente inciden directamente en la penosa situación que estamos padeciendo. ¿Se imaginan a los italianos o los griegos planteando que la solución de sus crisis pasa por implantar de nuevo la Monarquía ante el fracaso de sus respectivas repúblicas? ¿Se imaginan a holandeses o suecos reivindicando la República como necesaria para ser plenamente democráticos? No es imaginable ni en éstos, ni en los demás países desarrollados del mundo, pues saben que, planteado en dichos términos –como se hace en España- se trata de una falacia y, al margen de las convicciones monárquicas o republicanas que tenga cada uno, rechazarían su uso como arma política coyuntural con fines electoralistas o desestabilizadores que generan más confusión en momentos tan críticos, como es el caso, sin aportar la más ínfima solución a los problemas reales, sino todo lo contrario. Los fenómenos paranormales, sólo suceden en España.
            Monarquía y República, sin más precisiones, son conceptos teóricos que, desde la antigüedad, definen dos diferentes formas genéricas de gobierno, pero que han evolucionado y se han diversificado tanto desde entonces que hoy, para saber de qué estamos hablando, requieren, como mínimo, de concreciones específicas. Por tanto el debate “per se” Monarquía o República, sin concreciones (absoluta, semiconstitucional, constitucional o parlamentaria, en el caso de la Monarquía; popular, democrática, parlamentaria, presidencialista o semipresidencialista, en el caso de la República), queda reducido a la figura del Jefe del Estado (rey o presidente), es decir, a un determinado modelo teórico sin mayor trascendencia que a nada conduce. Pero si, además de esto, se plantea como garante o portador de valores concretos (ideológicos, económicos, libertades, desarrollo, bienestar social…), que es lo que argumentan quienes lo plantean aquí, se incurre en una irresponsabilidad manifiesta y en una flagrante falsedad. Por más que algunos se empeñen en lo contrario, ser monárquico o republicano, nada tiene que ver con ser de derechas o de izquierdas, al igual que un estado monárquico o republicano nada tiene que ver “per se” con subdesarrollo o desarrollo, dictadura o democracia, esclavitud o libertad, malestar o bienestar social… Decir estas sandeces, que tanto se prodigan en nuestro país, nos llevaría, por puro razonamiento lógico, a la  conclusión, por ejemplo, de que los suecos son de derechas por no rebelarse contra su Monarquía y que, por tanto, en Suecia no hay estado del bienestar, es un país subdesarrollado y carece de libertades democráticas, mientras que en Corea del Norte, por ejemplo, sucede todo lo contrario por ser una República. Partir de falsas premisas suele conducirnos a erróneas conclusiones. Para comprobarlo basta recordar los lugares privilegiados que ocupan las quince monarquías parlamentarias -que no las de otro tipo- que existen, compitiendo e incluso superando a las más importantes repúblicas en desarrollo humano y económico, en PIB, en nivel de vida, en prosperidad, en servicios sociales, en educación, en sanidad, en libertades y otras tantas variables positivas. Pero además, si en este tipo de monarquías, como en las repúblicas parlamentarias, el Jefe del Estado (rey o presidente) tiene un mero papel representativo, ajeno a las decisiones políticas gubernamentales, poco o nada se le podrá exigir o achacar acerca de la situación económico-social, en este caso de la crisis, ya que las decisiones, acertadas o no, sobre la misma no son de su competencia. Justo lo contrario del resto de modelos monárquicos o republicanos en que la Jefatura del Estado ejerce en su totalidad o comparte las competencias gubernamentales y, por tanto, es responsable, total o parcialmente, de la situación social o económica de sus respectivos pueblos y de su posible mejora. Lo que avala la inoportunidad de introducir el debate en momentos tan críticos, cuando su nula incidencia en la crisis y en su posible solución, lo convierte en un elemento perturbador innecesario e indeseable.
            Al margen de ser monárquico o republicano, vincular la reivindicación republicana con la crisis, haciendo aparecer como responsable de ella a una monarquía parlamentaria, como es el caso, y, como su solución, sustituirla por una república sin más, es de un cinismo inaceptable. Hasta el más ingenuo, si está mínimamente informado, sabe que cualquier presidente republicano, salvo si se trata de repúblicas parlamentarias, como la alemana por ejemplo, al igual que cualquier monarca no parlamentario, como el marroquí por ejemplo, es mucho más responsable de la crisis de sus respectivos países que cualquier rey parlamentario, como el español por ejemplo, y que, por tanto, es mucho más susceptible de que se cuestione el modelo de estado que representa. Y, sin embargo, no se cuestiona el modelo; en todo caso, se reforma. Por ello, salvo en España, donde todo es diferente, en ningún otro país monárquico parlamentario, ni a los republicanos más convencidos, que también los hay, se les ocurriría desencadenar una campaña reivindicativa republicana en momentos tan inoportunos y con premisas tan falsas. Saben que, de hacerlo así, su descrédito interno e internacional sería notorio. Ya ven, los fenómenos paranormales sólo se dan aquí.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 10 de mayo de 2013

EN CAÍDA LIBRE


                        Según el último barómetro del CIS, tanto el PP, desde el gobierno, como el PSOE, desde la oposición, siguen en caída libre en cuanto a apoyo ciudadano se refiere. Si los populares, con el 34% de intención de voto, pierden un punto porcentual respecto al trimestre anterior, los socialistas pierden dos puntos y obtienen un 28´2%. Sucede igual, aunque con ligeros descensos, a CiU y PNV, que obtienen un 3´4% y un 1´2% respectivamente, mientras que siguen en ligero ascenso tanto IU como UPyD que, con el 9´9% y el 7´4% respectivamente, obtienen sus mejores resultados en los últimos años, y mantienen sus apoyos, tanto ERC con el 2%, como Amaiur y Coalición Canaria con el 0´9% cada uno. Asimismo, todos los líderes políticos quedan peor valorados en mayor o menor medida, repitiendo Rosa Díez como la menos mala con una nota de 3´9 (frente al 4´3 anterior), en tanto que Cayo Lara pasa de 3´8 a 3´5, Rubalcaba de 3´4 a 3 y Rajoy de 2´8 a 2´4, sin conseguir aprobar ninguno de ellos. En otro orden de cosas, el barómetro manifiesta las principales preocupaciones de los ciudadanos, que, de nuevo, encabeza el desempleo (80´7%), seguida de la corrupción y el fraude (39´3%), la situación económica (35´5%) y la política y los políticos (29´4%), valorando la situación global de España como mala o muy mala (90%) y sin perspectivas de que sea mejor el próximo año (85%). Muy por debajo de estas preocupaciones quedan la sanidad (7´9%), los desahucios (5´7%), los bancos (5´4%), la educación (4´8%), los problemas sociales (4´7%), los recortes o ajustes (3´9%) y el terrorismo (0´6%). Estos son los resultados concretos que, al margen de las valoraciones subjetivas de cada partido político para venderlo lo mejor posible a sus electores, manifiestan algunas cuestiones indiscutibles.
            En primer lugar, decepción y desencanto generalizado ante la actuación de los partidos que, gobernando o liderando la oposición, han protagonizado la gobernabilidad democrática, tanto a nivel nacional como autonómica, pero sin sustituir dicha decepción por entusiasmo hacia otros partidos casi vírgenes en experiencias de gobierno, aunque, lógicamente, obtengan un cierto y escaso beneficio del derrumbe de los anteriores, lo que genera una alarmante y preocupante desconfianza hacia todos los partidos políticos en general. No obstante, si, según estos datos, hoy se celebrasen comicios, todavía ganaría de nuevo el PP a pesar de que el 68´5% considera que la gestión del gobierno es mala o muy mala, pues, aún son más, un 71´5%, quienes consideran mala o muy mala la oposición que hace el PSOE. Está en caída libre la gobernabilidad en el futuro.
            En segundo lugar, ausencia de liderazgos carismáticos, capaces de pilotar la necesaria regeneración interna de los distintos partidos políticos, para que, de nuevo, generen proyectos creíbles, viables e ilusionantes en los que poder confiar, y dejen de ser compartimentos estancos cerrados, alejados de la realidad, donde se dirimen las luchas cainitas por los intereses bastardos de unos cuantos. El suspenso generalizado de todos y cada uno de los líderes políticos contrasta con la valoración que obtuvieron sus antecesores en otros tiempos. Está en caída libre la credibilidad en la capacidad de los dirigentes políticos de cualquier ideología.
            En tercer lugar, pesimismo generalizado sobre la mejoría de la situación que, casi por unanimidad, consideran catastrófica y duradera, generando una resignación sin precedentes ante la incapacidad de resolver con prontitud los graves problemas que preocupan mayoritariamente a la ciudadanía. Está en caída libre la esperanza en un próximo futuro mejor.
            Y, en cuarto lugar, un desajuste reivindicativo considerable entre las mayoritarias y principales preocupaciones ciudadanas (paro, fraude, economía y política) y las de carácter más minoritario y secundario (sanidad, desahucios, bancos, educación, recortes…), que, curiosamente, son las que protagonizan las reivindicaciones callejeras y las tertulias mediáticas. Está en caída libre la conexión real entre los ciudadanos y sus representantes políticos a la hora de priorizar los intereses más generales y visualizarlos como tales ante la opinión pública.
            Si a todo ello añadimos que, según el baremo del CIS, más del 40% de los españoles quedan al margen del proceso electoral, bien como abstencionistas decididos o votantes indecisos; que los españoles sólo aprueban a tres instituciones (la Guardia Civil, la Policía y las FFAA) y que la Monarquía, tras los Medios de Comunicación y el Defensor del Pueblo, sigue suspendiendo, pero con un 3´7 de nota, queda como la sexta institución mejor valorada, superando por muy poco a la Iglesia (3´6) o al Poder Judicial (3´5), pero sacando una considerable distancia sobre el Gobierno (2´4) y sobre la institución peor valorada, que es la de los Partidos Políticos (1´8), lo que realmente sucede es que lo que está en caída libre es nuestro sistema global de convivencia. Es decir, nuestro sistema democrático que es manifiestamente mejorable.
            Esta es la cruda realidad que percibe la ciudadanía española, perpleja ante la manifiesta incapacidad de sus gobernantes y dirigentes políticos democráticos para ponerse de acuerdo para salir del abismo en que se han –y nos han- metido, sin reparar que, o cambian el rumbo entre todos para frenar democráticamente la caída libre hacia el fondo del mismo y comenzar la difícil escalada o, ante el terror ciudadano al impacto final definitivo, surgirán, con la excusa de evitarlo, los salvadores especializados en sobrevivir en la ciénaga a base de ofertarles todo tipo de soluciones mágicas inviables que sólo aportan más lastre a las soluciones razonables. ¿Acaso no están apareciendo ya semejantes salvapatrias? Júzguenlo ustedes mismos.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 4 de mayo de 2013

SOMBRÍO PANORAMA


                        La última Encuesta de Población Activa (EPA) arroja una cifra escalofriante de paro en España; 6.202.700 personas desempleadas tiñen de negro la celebración del Primero de Mayo o Día Internacional de los Trabajadores que, si entre otras reivindicaciones, sirve para homenajear a los Mártires de Chicago por participar en las jornadas de lucha para conseguir la jornada laboral de ocho horas, hoy, más de un siglo después, paradójicamente ha de ser un clamor generalizado simplemente para que el derecho al trabajo no sea atropellado tan indecentemente. No garantizar el derecho al trabajo fehacientemente supone condenar inmerecidamente a las personas afectadas a una vida indigna y miserable, incapacitándoles para disfrutar de otros derechos, como la vivienda, imprescindibles para su pleno desarrollo humano a nivel individual, familiar y social. Una injusticia inadmisible que no se palia con las coberturas de desempleo, ni con las ayudas posteriores que, por su carácter temporal y transitorio, sólo valen como garantía para afrontar con cierta tranquilidad una mala coyuntura personal adversa con periodo de caducidad hasta el momento de reincorporarse a un nuevo puesto de trabajo. En definitiva, para un imprevisto circunstancial. Pero, si agotadas dichas prestaciones temporales, como sucede a unos dos millones de los citados desempleados, encima se les condena a la inanición, la injusticia inadmisible se convierte en una majadería social intolerable. Es lo que está sucediendo.
            Es repugnante y repulsivo que en una de las zonas más desarrolladas del mundo, con un alto nivel de vida y un considerable estado del bienestar se condene a tanta gente a la exclusión laboral, arrancándoles la capacidad de poder ganarse la vida libre y dignamente. Tanto en el conjunto de la UE, como en los países de la eurozona, el paro aumenta de forma significativa, arrojando cifras espeluznantes (casi 27 millones de parados en la UE, de los que más de 19 pertenecen a la eurozona, entre ellos, los más de 6 que aporta España). Un sombrío panorama que además dibuja un horizonte de futuro tenebroso sin que se atisbe una mínima esperanza. Sin crecimiento económico no se genera empleo y en Europa todas las previsiones al respecto, revisadas a la baja, apuntan en esa dirección. Una descomunal tragedia europea que, al margen del color político de los gobernantes en los diferentes países que la integran, todos ellos se muestran incapaces de salir de la crisis, generando un euroescepticismo cada vez más evidente que hace tambalear el tan ansiado proyecto de unidad europea. Por si fuera poco lo anterior, el fracaso ante la crisis de gobiernos sucesivos de izquierdas y de derechas (Zapatero y ahora Rajoy en España) o viceversa (Sarkozy y ahora Hollande en Francia), así como el de experimentos tecnocráticos (como el de Monti en Italia) genera en la ciudadanía una descomunal desconfianza en la alternancia política, requisito imprescindible para la supervivencia de la democracia, e incluso un rechazo progresivo al sistema global establecido, sin que se sepa muy bien hacia dónde vamos.
            Este sombrío panorama europeo se hace ya irrespirable en algunos países como España, donde el nivel de desempleo, siempre superior al del entorno, llega a límites insostenibles. Imparable en los últimos años con un gobierno socialista, sigue “in crescendo” con un gobierno conservador a pesar de las reformas emprendidas, frustrando todas las esperanzas depositadas en el cambio de rumbo desde las últimas elecciones. La ciudadanía se va quedando huérfana políticamente de cara a las próximas. Nadie entiende que la manifiesta mejoría de los datos macroeconómicos (prima de riesgo, balanza comercial, déficit…) no vaya acompañada de una mejora sustancial en la economía real, la que afecta directamente a los ciudadanos. Nadie entiende que, ante la petición de paciencia por parte del gobierno, la desacreditada oposición exija premura, cuando antes sucedía justo lo contrario. Nadie entiende que el paro siga siendo moneda de cambio en la lucha política partidaria para desgastar al rival, en vez de ser el común problema a resolver por parte de todos (gobierno, oposición, partidos, sindicatos, patronal…), quienes, aportando sus teóricas soluciones viables, han de ser capaces de suscribir un acuerdo o un plan general de emergencia que es lo que realmente se necesita.
            Lamentablemente ya no valen los reproches, ni las descalificaciones gratuitas, ni la búsqueda de culpables presentes o pretéritos. No se trata de polemizar sobre quién es o ha sido más inútil. A estas alturas es una pérdida de tiempo que no nos podemos permitir y que, en definitiva, nada resuelve. Se trata de solucionar un gravísimo problema que trasciende cualquier ideología, que está por encima de cualquier proyecto político y que ha de ser prioritario a cualquier otro objetivo. Se trata de devolver a todos esos millones de personas la dignidad que vilmente les han arrebatado. Se trata de poner coto a una sociedad corrupta e inmoral que no pone límites al enriquecimiento ilícito de unos pocos, ni al despilfarro y el derroche del dinero público, mientras condena a millones de personas a sobrevivir en la más absoluta miseria sin darles la oportunidad de ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Nadie es capaz de evitarlo? ¿Por qué, si todos coinciden en el diagnóstico, ninguno pone el remedio? Esto es lo que hay que demandarles.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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