sábado, 29 de junio de 2013

REFORMA ADMINISTRATIVA, GRAN ESPERANZA O FRUSTRACIÓN

                        Parece que, por fin, el Gobierno está decidido a acometer la reforma más compleja, demandada y necesaria. Se trata, nada más y nada menos, que de la Reforma de las Administraciones Públicas, una tarea, cuya complejidad, excede la voluntariedad de cualquier gobierno, aunque “a priori” cuente a su favor, como es el caso, con una gran demanda social, consciente de que mantener por más tiempo el “statu quo” es insostenible, lo que, no sólo le concede rango de necesaria, sino incluso, de urgente. Vaya por delante pues la felicitación por la iniciativa gubernamental y, en este caso, por su coherencia con su promesa electoral. Pocas voces criticarán “per se” la iniciativa ante la carencia de argumentos sólidos para posicionarse a favor del caos, frustrando la gran esperanza de conseguir simplemente la normalidad. Ni dentro, ni fuera de España se entiende ya el fracasado experimento de un insólito estado, híbrido entre federalismo y centralismo, que “de facto” se atomiza consolidando progresivamente diecisiete mini-estados centralistas, independientes unos de otros y con claras tendencias centrífugas, cuando “de iure” sólo son entes autónomos para gestionar sus propios intereses (siempre supeditados al interés general) y las competencias, transferidas por el estado del que forman parte, con el fin de acercar la administración a los administrados, para optimizar la calidad de los servicios públicos pertinentes. Esta perversión funcional, consolidada mediante una irresponsable y continuada política de transferencias, basada en intereses mercantilistas y no en el sentido común establecido en el derecho, es lo que hace insostenible nuestro modelo actual de Administraciones Públicas (despilfarrador, ineficaz, caro, opaco, insolidario, incontrolable y clientelar), siendo además el principal obstáculo para su ineludible reforma. Por tanto, obviando el acierto del gobierno al plantearla, el “quid de la cuestión” para saber si hablamos de la gran esperanza o de la gran frustración es el alcance de la misma y la posibilidad de consolidarla.
            La ineludible reforma de las Administraciones Públicas, tal como está el asunto, si no es de gran calado, acabará siendo una chapuza. Requiere, como mínimo, redefinir o clarificar el polémico título VIII de la Constitución y, para ello, es necesario, al menos, el concurso del principal partido de la oposición. Es decir, un gran acuerdo, lo más amplio posible, que el gobierno debiera promover echando un órdago al resto de los partidos políticos para que cada uno de ellos se posicione públicamente ante una ciudadanía asqueada con la situación actual. En caso contrario, sin menosprecio de las medidas que el gobierno tome unilateralmente, la reforma quedará reducida al ámbito de la Administración Central (fusión, supresión o reforma de algunos de sus organismos públicos; más renuncia de sus competencias para evitar duplicidades; y algunas normativas modernizadoras o de coordinación… y poco más) amén de recomendar que hagan lo propio las CCAA que, como siempre, harán de su capa un sayo y, ante cualquier medida legal coercitiva o correctiva, convertirán el Tribunal Constitucional en su último refugio, adobándolo con un público debate político-partidario sobre las perversidades que pretende el Gobierno Central mientras llegan sus lentas sentencias, que, al final, incumplirán si, finalmente, no son favorables a sus intereses, provocando, como se viene haciendo, un progresivo deterioro institucional. Baste señalar que de las más de doscientas propuestas de reforma que baraja el gobierno sólo unas ochenta afectan directamente a la Administración General del Estado, el resto, no, y, por ello, el propio gobierno, consciente de la situación, ya ha dicho que asumirá las suyas e intentará entenderse con las CCAA para que apliquen su parte correspondiente. Una reforma de la Administración Central, sin garantías de reformar el resto de las Administraciones es claramente insuficiente y, aunque palíe algo el despilfarro económico, deja intactas las estructuras políticas que lo permiten. Sólo definiendo con absoluta claridad las competencias reservadas al Estado Central con la consecuente recuperación de las que, ya transferidas, le sean propias, así como los mecanismos aplicables en caso de desviación de los objetivos –tal como sucede en todos y cada uno de los estados federales-, la reforma valdrá la pena. Pero ello excede la capacidad de un gobierno aunque cuente con mayoría absoluta.
            Bien sea para una reforma constitucional, bien, para aplicar la legalidad vigente al respecto con absoluta contundencia, se requiere un amplio respaldo político que excede el ámbito de un solo partido. Dice Montoro, y no le falta razón, que, sin necesidad de tocar la Constitución, hay mecanismos legales para aplicar la anunciada reforma en su integridad y apela a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. Cierto, pues dicha ley establece que, en caso de incumplimiento, se aplique de forma directa el art. 155 de la Constitución, que dice: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la CA y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Pero no es menos cierto que en España el incumplimiento de la legalidad vigente, a base de ser costumbre, ha generado una especie de derecho consuetudinario que, en determinados supuestos, de aplicarse la legalidad establecida se daría la paradoja de que se considerase una agresión gubernamental. Precisamente si a lo largo de estos años el art. 155 se hubiese aplicado alguna vez, otro gallo nos cantaría. O ¿es qué no ha habido motivos en más de una ocasión para hacerlo? Me temo que a Rajoy, como a los presidentes anteriores, le temblará el pulso, salvo que, por mera supervivencia democrática, el resto de líderes políticos o, al menos, la mayoría de ellos, tengan la altura de miras para respaldarlo en el empeño o él tenga la habilidad necesaria para ponerlos en evidencia en caso contrario.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

lunes, 24 de junio de 2013

QUE QUEDE CONSTANCIA, CATALONIA IS NOT SPAIN

                        En inglés, como debe ser. Descartado el catalán por ser una lengua minoritaria en el contexto internacional, desechado el español por ser la lengua opresora del imperialismo dictatorial, y reservado el francés estrictamente para el diálogo bilateral franco-catalán de la negociación sobre la futura defensa por parte del ejército francés de una Cataluña independiente sin ejército, es el inglés, sin lugar a dudas, la mejor opción para que al mundo entero le quede constancia de que Cataluña no es España. Al efecto, como viene siendo habitual en otros eventos deportivos, en la reciente celebración del Gran Premio de Cataluña de motociclismo, que ha supuesto un éxito aplastante de los pilotos españoles (tres victorias de tres posibles y ocho podios de nueve posibles), una enorme pancarta en la tribuna principal del circuito de Montmeló anunciaba a los miles de asistentes y a los millones de televidentes que “Catalonia is not Spain” y no precisamente para aclararles que, evidentemente no lo es, sino que sólo es una parte importante de ella que, como tal, contribuye al evento con algunos pilotos de indudable calidad, que, nacidos en Cataluña, pretenden conseguir un rotundo éxito para el motociclismo español. Al contrario, por si a alguien le quedaba alguna duda, conseguido el rotundo éxito, que, en honor de los vencedores, requiere emitir el himno de su país en el acto de entrega de trofeos y, por tanto, en este caso el de España, los silbidos y pitos de algunos descerebrados, perfectamente organizados, han puesto la nota discordante a una sinfonía perfecta, merecedora del reconocimiento respetuoso y el aplauso generalizado, que hubiesen brindado por unanimidad si los triunfadores hubiesen sido de cualquier otro país y, por lo tanto, el himno hubiese sido cualquier otro distinto del español. Es el enésimo esperpento bochornoso puesto en escena por los políticos independentistas catalanes que, utilizando el deporte como plataforma reivindicativa de sus delirantes elucubraciones mentales, provocan el desconcierto generalizado del común de los mortales en la propia Cataluña, en el resto de España y en cualquier otro país medianamente civilizado.
             En ningún otro país se dan semejantes comportamientos durante los actos de celebración de los éxitos nacionales en eventos deportivos importantes. En cualquiera de ellos a nadie, salvo a algún loco suelto –seguramente aquí hay muchos y además están organizados-, se le ocurriría perturbar las consecuentes manifestaciones de alegría colectiva nacional con silbidos, pitos o abucheos. Sólo aquí suceden estas cosas y de forma reiterada, al extremo de que, como dice Pedrosa, destacado piloto español y catalán, ya se trata de “un clásico” en Cataluña sin que suponga ninguna novedad. Cierto, los silbidos del público español al himno español ya se ven como algo normal en Cataluña. No extraña que, ante semejantes esquizofrenias, el piloto español y mallorquín Jorge Lorenzo, uno de los grandes triunfadores en Montmeló, al preguntarle su opinión al respecto, eluda valorarlo con un “yo no me meto en política”. Si en otros muchos países, donde ha ganado, el público asistente le ha reconocido su triunfo con absoluto respeto y en silencio mientras sonaba el himno español en su honor, es paranoico que sea precisamente en su país donde no se le rinda con todos los honores establecidos el merecido homenaje por su hazaña deportiva- ¿Qué himno tenía que sonar en honor del triunfo de Lorenzo? Quién sabe. Si hace bien poco algunos medios independentistas catalanes definían como “una final catalana” la final de Roland Garros de tenis entre el mallorquín Nadal y el alicantino Ferrer, ambos españoles pero ninguno de Cataluña, habría que recurrir directamente al surrealismo para obtener la respuesta. Por cierto, en París sonó el himno español, mientras Nadal, el vencedor, sin escuchar silbidos ni abucheos, lloraba emocionado al escucharlo. Francia no tuvo necesidad de anunciar con una pancarta en inglés que no es España, pues las obviedades no precisan aclaración alguna; las entelequias, sí. Por eso, hasta las “finales catalanas”, fuera de nuestro país, se desarrollan con absoluta normalidad y aquí no.
            Es kafkiano que la entelequia surrealista del independentismo catalán, no sólo prostituya los hechos históricos para autosugestionarse y autoafirmarse sino que además intente prostituir el presente negando evidencias que, al menos en el ámbito deportivo, son indiscutibles, aunque las minoritarias élites independentistas se empeñen en lo contrario. La explosión de alegría popular en las calles de todas las ciudades y pueblos de España, incluidos los catalanes, tras los triunfos de la selección española de futbol, plagada de jugadores del Barça, algunos de ellos catalanes, contrasta con la surrealista actitud de los gobernantes de turno en Cataluña, resistiéndose a instalar pantallas públicas para ver la final del Mundial contra Holanda o, directamente, negándose a instalarlas en la final de la Eurocopa contra Italia. Y así, tantos y tantos ejemplos. Pero, ni las maniobras políticas, preparando el ambiente con abundantes banderas catalanas (incluida la estelada) y con total ausencia de las españolas, ni con absurdas y permanentes declaraciones antiespañolas, los dirigentes independentistas consiguen sofocar el sentimiento de orgullo colectivo cuando “la roja” arrasa (como acaba de hacer la Sub-21) o cuando triunfa Nadal, Alonso, Lorenzo…o cualquier otro de los nuestros, es decir, cualquier otro español, al margen de su patria chica. Aunque, desatados los demonios nacionalistas, sus correrías hacia el independentismo son inescrutables y sus métodos imprevisibles, como le sucedió a Arthur Mas al ser silbado de forma ostensible mientras entregaba la copa a Jorge Lorenzo. Todo lo demás estaba previsto en Montmeló. Todo, salvo la pitada al Presidente, seguramente porque los asistentes no entendían qué hacía un presidente autonómico español entregando los trofeos si “Catalonia is not Spain” o, en caso contrario, cómo consentía, siendo la primera autoridad española en Cataluña, entregar los trofeos bajo la pancarta sin el más mínimo gesto de disconformidad, sino todo lo contrario. ¡A saber pues quiénes le pitaron! ¡A saber por qué lo hicieron! En el surrealismo político caben diversas explicaciones, pero la de soplar y sorber al mismo tiempo tiene difícil encaje. ¿O no, señor Mas?

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 11 de junio de 2013

CARMONA Y LOS EREs FRAUDULENTOS

                        No se confundan con el título del artículo. No trata sobre los EREs fraudulentos que la Junta de Andalucía ha tramitado en el municipio sevillano de Carmona, entre otras cosas, porque desconozco si allí concretamente ha tramitado alguno de ellos y si era fraudulento o no. Trata sobre el cínico rol mediático que juegan los partidos políticos y sus militantes cualificados ante casos de corrupción, propios o ajenos, mientras se investigan en sede judicial. El popular tertuliano y diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Antonio Miguel Carmona, deja bien claro a sus compañeros de Chamberí que su partido, el PSOE, teledirige su papel en los programas televisivos en los que participa, poniendo como ejemplo el debate sobre los EREs fraudulentos, celebrado en Telecinco, mientras la jueza Mercedes Alaya decide el levantamiento del secreto del sumario. Tras reconocer lo obvio, “Tenemos un problema con los ERE”, les dice concretamente: “El partido me mandó a mí al debate en Telecinco sobre los ERE… Y puedo decir, sin que nadie me grabe, que yo estaba teledirigido por Griñán… Tan teledirigido que me mandaban mensajes por WhatsApp todo el tiempo, como es natural”. Más claro, el agua, cuando lo natural debiera ser que ningún caso de corrupción fuera objeto de debates, sino, simplemente, de amplia difusión informativa para que, sin interferencias interesadas, concitase el lógico y natural rechazo que se presume en las personas decentes ante tan indecentes conductas. Por tanto Carmona avala mi criterio, manifestado públicamente en varias ocasiones, de que en estas tertulias o debates de piñón fijo sobre temas escabrosos, bajo la apariencia de cierta imparcialidad razonada y razonable de cada tertuliano, se enmascara un indecente objetivo propagandístico partidista, minimizando las miserias propias y maximizando las ajenas, en vez de aportar a la opinión pública los datos detallados y argumentos sólidos racionales que, al margen de intereses partidarios, generen una conciencia unánime de rechazo radical ante hechos que no debieran ser debatibles, pues sólo merecen o debieran merecer el repudio generalizado.
            Entretanto, junto a otros indecentes casos de corrupción, con entradas y salidas de la cárcel de sus presuntos autores, el levantamiento del secreto del sumario del caso de los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía, sobre el que Griñán teledirigía a Carmona en el televisivo debate, desvela a la opinión pública, al margen de las especulaciones vertidas en los debates mediáticos, la dimensión de un gigantesco caso de corrupción que, tanto por su fondo como por sus formas, causa náuseas a cualquier persona decente, especialmente si es progresista de izquierdas. Una trama delictiva gigantesca, desarrollada en el seno de una administración gobernada por socialistas, que malversa fondos destinados precisamente a los más desfavorecidos; que tiene 57 imputados, entre ellos, 7 ex altos cargos de la Junta y algún que otro ex dirigente sindicalista; que cuenta con un elenco de presuntos delitos continuados, entre ellos, malversación, cohecho, contra la hacienda pública, asociación ilícita, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad en documento mercantil; que incluye “intrusos” en los EREs, familiares y amigos de los presuntos chorizos, para garantizarles indemnizaciones y prejubilaciones inmerecidas; y que, entre otras indecencias, abona sobrecomisiones millonarias a intermediarios y a empresas consultoras mediadoras en cuyo entramado societario aparecen “testaferros”, incluido algún indigente que figura como administrador en seis sociedades “tapadera” para blanquear parte del dinero. Un tinglado repugnante que, en vez de intentar aliviar la ruina generalizada, ha provocado un enriquecimiento indebido, público y notorio, de demasiados listillos impresentables, quienes, convencidos de su poder e impunidad, no tienen reparo alguno, ni vergüenza, en exhibir sus esperpénticas conductas individuales, sino que, al contrario, alardean públicamente de sus poderosas fechorías y sus desorbitadas fortunas fraudulentamente conseguidas. Sólo así se entiende trayectorias y conductas como, por ejemplo, las de Juan Lanzas, el “conseguidor” y ex dirigente ugetista, que, desde la nada y no precisamente para defender a los trabajadores, se incluye a sí mismo como “intruso” en los EREs y, además, incluye a sus familiares (su mujer, su cuñada, su suegra…) sin haber trabajado en las empresas; que, en sus cuentas y las de su esposa, mueve durante años unos tres millones de euros anuales cada uno; que compran dieciséis inmuebles, algunos pagados en metálico; y, por no seguir con más detalles, que ingresa veinte o veinticinco mil euros semanales en la cuenta de su madre, quien, orgullosa de su hijo, no repara en alardear de su pública y notoria fortuna, diciendo a la propia Guardia Civil que hay dinero “hasta pa´asar una vaca”. ¿Qué es lo que hay que debatir sobre esto? ¿Qué instrucciones de Griñán ha de recibir Carmona al respecto?
            Flaco favor se hace a la democracia y a la necesaria trasparencia si, ante asuntos tan turbios, no somos capaces de ser imparciales, especialmente cuando usamos los medios de comunicación de mayor repercusión. Su impacto es decisivo tal como dice Carmona a los suyos: “No nos preocupemos demasiado por lo que sale en los periódicos… Imagínate que es una mentira en un blog de El País, pues no pasa nada porque la leen 133 personas. Sin embargo, sales en TV y te ven siete millones de personas. Yo voy a La Sexta y me ven tres millones”. Y no le falta razón al añadir que, por ello, tanto Tomás Gómez como él mismo, han intentado “meter gente en los medios de comunicación” pues “No se trata de algo personal, sino de enviar el mensaje del partido” que “es lo que hay que hacer y los que opinan lo contrario están muy, muy equivocados”. Todo correcto, pero depende de para qué se utilice. Supongo que el mensaje del partido en el debate televisivo de los EREs fraudulentos no sería para decir mentiras ni ocultar verdades… Pero, de no ser así, ¿qué mensaje teledirigía el partido a Carmona si sólo cabía el de la repulsa contundente y sin paliativos más absoluta? Para ello, era innecesario teledirigir a tan popular dirigente socialista, pues cualquier militante sencillo y honesto lo hubiese hecho con éxito, como él, sin necesidad de ninguna teledirección simultánea. Hay asuntos que no debieran requerir ningún asesoramiento y, menos, a personas suficientemente preparadas.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 7 de junio de 2013

MI AMIGA ESTÁ QUE TRINA

                        Por más vueltas que le doy a la cabeza no tengo más remedio que darle toda la razón. Mi amiga está que trina y no es para menos. A sus cincuenta y siete años de edad, con treinta y cinco de ellos cotizando como trabajadora por cuenta ajena, es decir, tras toda una vida trabajando legalmente sin cesar, nuestro Estado de Bienestar le acaba de comunicar que, hasta que tenga la edad de jubilación o encuentre otro trabajo, tendrá que depender de su marido, de sus hijos o vaya usted a saber de quién, ya que con la nueva normativa, aprobada hace dos meses, para ella no hay previsto ningún tipo de ayuda. Para llegar a la edad de jubilación le quedan ocho años como mínimo y para encontrar un nuevo trabajo, tal como está el patio, le queda el resto de su vida.  
Ni pudo imaginar que, cuando hace dos años cerró la empresa donde trabajaba, su futuro se tornaría tan negro e incierto. Pasó, por primera vez en su vida, a “cobrar el paro” y, tras aceptar una oferta a la baja, como tenían que hacer casi todos los currantes, a percibir la pertinente indemnización, debidamente rebajada (de los 45 días por año trabajado, como decía entonces la ley, ni hablar). No perdió un instante en pensar en la ayuda que percibían algunos conocidos suyos por ser parados mayores de 55 años, pues estaba convencida de que, antes de agotar el subsidio por desempleo, un nuevo trabajo aparecería en el horizonte. Por ello, se puso a buscarlo desde el primer momento, aunque, mes a mes, se imponía la cruda realidad. Encontrar un puesto de trabajo en España, incluso siendo, como ella, sobradamente cualificada, era muy difícil y, a su edad, prácticamente imposible. Tristemente, la fue invadiendo la resignación a medida que se acercaba, sin que el nuevo empleo surgiese, la fatídica fecha del final del cobro del subsidio por desempleo que, visto lo visto, inexorablemente, la condenaría, después de toda una vida trabajando, a solicitar en el peor de los casos la citada ayuda que el Estado preveía -¡menos mal!- hasta que le llegase la edad de jubilarse y cobrar su merecida pensión, después de tantos años cotizados, que, en todo caso, quedaría mermada si no conseguía seguir trabajando y cotizando a su nivel estos últimos años.
El fatídico día llegó, pero el nuevo puesto de trabajo, no. Al final, mi amiga, se veía obligada a claudicar y, como aquellos conocidos suyos (incluso los que apenas habían cotizado a lo largo de su vida, bien porque no habían podido o no habían querido trabajar, pues no siempre ha habido crisis en los últimos cuarenta años, bien porque trabajaron de forma ilegal y no cotizaron) decide acudir al INEM para solicitar, como ellos, la ayuda pertinente a parados mayores de 55 años hasta que le llegue la edad de jubilarse. Pero, como si todo lo anterior no fuese suficiente para minar todas sus esperanzas de futuro, a mi amiga le esperaba la más ruin de las noticias, que arruinaba su dignidad presente. El INEM le comunica que desde hace dos meses el Gobierno ha cambiado las reglas, estableciendo nuevos requisitos de renta para tener derecho a la citada ayuda, que ahora requiere tener en cuenta los ingresos de toda la unidad familiar, y no sólo los del perceptor como se hacía antes; por tanto, como su marido, ya pensionista, tiene una pensión suficiente, según considera el Gobierno, para mantenerla a ella y a su hijo, todavía estudiante universitario, queda excluida como beneficiaria de dicha ayuda.
Mi amiga, en absoluto desacuerdo con que, en semejante trance, la hagan dependiente del resto de su familia, en este caso de su marido, como si ella no hubiera aportado a la sociedad méritos personales suficientes para que ésta le garantice valerse “per se” hasta el final de sus días, ante el nuevo planteamiento gubernamental decide entonces exponer con toda crudeza su realidad familiar. Aunque vive en régimen de separación de bienes con su marido y su hijo, todavía estudiante, también convive, tal como consta en el padrón, con otra hija y con dos nietos, hijos de ésta, quienes, tras una separación con violencia de género incluida, han tenido que cobijarse en el hogar familiar, según consta en resolución judicial. Una unidad familiar “de facto” compuesta de seis miembros, siendo obvio que la pensión de su marido, único ingreso de dicha unidad familiar, por suculenta que sea no rebasa la renta media familiar (suma de todas las rentas, dividida entre el número de miembros) que en 2013 el gobierno ha fijado en 484 euros. Sin embargo, la conclusión final es demoledora. La hija, al ser mayor de 26 años no cuenta como miembro de la unidad familiar, tenga o no ingresos; los nietos tampoco ya que “de iure” no están acogidos y la tutela sigue siendo de su madre, aunque “de facto” todos dependan de la pensión de su marido que, dividida por tres, si rebasa los 484 euros de media. Mi amiga, como último recurso, sólo puede solicitar una ayuda para mayores de 42 años, que sólo dura seis meses, pero que sólo requiere la situación personal y no las rentas familiares. Y, agotada dicha ayuda, después la nada. Es decir, un generoso gesto que te condena a la exclusión social no ahora, sino seis meses después.
            Es la indecente respuesta de una sociedad enferma a quienes se dedicaron a ganarse la vida honradamente con su trabajo, colaborando con los pertinentes impuestos al bien general, para que otros campen a sus anchas, malversando el erario público generado con tofo tipo de figuras delictivas que les permiten vivir al margen de la ley, bien al amparo de las fraudulentas fortunas amasadas, bien al del acogimiento fraudulento de determinados beneficios sociales, sin que los mecanismos supervisores hagan absolutamente nada para impedirlo. Por todo ello, mi amiga está que trina y, por más vueltas que le doy a la cabeza no me queda más remedio que darle toda la razón.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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