lunes, 26 de agosto de 2013

UNA ESPAÑA SIN COMPLEJOS

                        La crisis económica, social y política, el independentismo, la corrupción sistémica, el descrédito institucional y, para colmo, el conflicto con Inglaterra por Gibraltar evidencian una España acomplejada, incapaz de afrontar el futuro con la cara bien alta para abordar firmemente tamañas dificultades. Es el resultado de un proceso democrático basado en la ley del péndulo, no precisamente para resolver los problemas con mesura, sino para superar su mala conciencia histórica reciente, generando una serie de tópicos sobre lo “políticamente correcto” que dificulta la gobernanza y pone en riesgo la convivencia en paz y libertad. Pero este ejercicio masoquista de auto flagelación como españoles (no como vascos, catalanes, andaluces…) para redimir errores y barbaridades pasadas, encasillándonos como estereotipos de aquel pasado nefasto, carece de sentido tras treinta y cinco años intentando convivir de forma civilizada. Para ganar el futuro, siempre complejo, hay que hacer una travesía no exenta de grandes dificultades, que requiere el concurso no sólo de todos los españoles, sino también de los europeos que han decidido navegar en el mismo barco. Estar en la proa, en la popa o caerse por la borda, es cuestión de decisión política, de hacer bien las cosas sin añadir dificultades innecesarias y de corregir errores pasados para que no vuelvan a repetirse. Para ello se necesita una España sin complejos, con gobernantes que, por encima de tópicos y estereotipos, sean honestos y valientes en la toma de decisiones adecuadas para resolver los problemas generales, sin que les tiemble la mano al aplicar contundentemente todas las medidas legales a quienes, incluso desde las instituciones, prostituyen la legalidad establecida para su propio beneficio. La firmeza no está reñida con la democracia, sino todo lo contrario. Así actúan los gobiernos sin complejos de los países de nuestro entorno, sean de derechas, izquierdas o extraterrestres, convencidos de que el primer requisito para que una actuación sea “políticamente correcta” es que, al margen de su error o acierto, se ajuste a la legalidad democráticamente establecida, principio básico para que el sistema funcione. Aquí sucede todo lo contrario.
            De entre todos nuestros socios y países homologables políticamente con nuestro sistema, sólo en España se utiliza como arma política arrojadiza -con connotaciones históricas peyorativas para generar una mala conciencia- el concepto político de “izquierda y derecha”, como paradigmáticos respectivamente de cada uno de los dos últimos modelos políticos, la República y el Franquismo, cuando, ni siquiera lo hace Alemania con el Nazismo. Un tremendo error o mala fe original que genera en la opinión pública errores de bulto y, en algunos políticos, complejos indeseables. Si un modelo democrático, la República, y otro dictatorial, el Franquismo, se asocian en la actualidad como consustanciales respectivamente con la izquierda y con la derecha, no sólo genera en la opinión pública el lógico repudio al modelo dictatorial y el apoyo al democrático (por más errores o aciertos que cometiera cada uno de ellos), sino también a todos y cada uno de sus aspectos que “per se” debieran estar exentos de connotaciones ideológicas, como, por ejemplo el centralismo, el orden, la disciplina, el patriotismo, el respeto a la ley, a las instituciones y sus competencias, a sus autoridades, a los símbolos del estado, etc, que, siendo rechazables en dictadura por su ilegitimidad, son más que aceptables y algunos incluso imprescindibles en democracia. Rechazarlos sólo porque formaron parte del franquismo y tildar hoy de fascistas o franquistas a quienes en democracia los defienden es una felonía al propio sistema democrático, que sólo se práctica en España, con el consecuente deterioro político e institucional. Gobernar acomplejadamente por temor al impacto electoral negativo que la felonía, en uno u otro sentido, pueda provocar es intolerable.   
            Sólo desde una España sin complejos, con gobernantes sin complejos, capaces de diferenciar los proyectos políticos programáticos de los asuntos de estado, se podrá conseguir la normalidad democrática, adecuando lo “políticamente correcto” al sentido común y no a paranoias del pasado. Considerar “políticamente incorrecto” el patriotismo español frente al nacionalismo e independentismo regionalista, o el centralismo frente al autonomismo, porque uno es facha y el otro progre; o la exigencia de legalidad por parte del gobierno central como agresión represiva, frente a las ilegalidades de los gobiernos autónomos como expresión de libertad…. y tantas otras cuestiones por el estilo, sólo consigue pervertir el normal desarrollo institucional, cercenar con engaños la libertad real de buena parte del electorado y poner en grave riesgo la autoridad democrática de los gobernantes. Si a nivel interno soportamos este deterioro democrático del Estado, se hace insoportable cuando afronta contenciosos con otros estados. El mejor ejemplo, Gibraltar, que, como en el franquismo se actuó con la mayor dureza (cierre de la verja), hoy se quiebra la unanimidad en apoyar el intento de firmeza del gobierno, al extremo de que algunos comentaristas televisivos califican los estrictos controles de la verja como un “telón de acero” y otros, directamente, apoyan a Picardo y sus agresiones e ilegalidades, para regocijo del gobierno británico, que no tiene que buscar amigos en otros lugares, los tiene dentro de esta España acomplejada que hemos creado. Insólito en cualquier otro país civilizado. Más aún si te asiste la legalidad y eres el agredido,

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 20 de agosto de 2013

DESVARÍOS O MAJADERÍAS POLÍTICAS

                        Determinados comportamientos y declaraciones políticas bien pudieran catalogarse como auténticos desvaríos, si se es benévolo, o auténticas majaderías, en caso contrario. Depende de considerar que se le ha ido la cabeza a quien las hace, aunque todo apunte a que actúa conscientemente para perjudicar el interés general de la comunidad a la que pertenece, pensando que debilitándola refuerza sus intereses particulares al estar convencido de que sólo desde la mezquindad puede conseguirlo. Una estrategia diabólica que trasciende la natural confrontación ideológico-partidista dentro del sistema para, analizando la realidad, ofertar a la ciudadanía sus distintas opciones de mejora, ya que, por el contrario, para conseguir sus fines, prostituye la realidad frente a cualquier evidencia, para, desde el más indecente irrealismo intencionado, hacer proselitismo hacia su quimérica causa basándose en el odio y la venganza ante hechos no imputables, que sólo están en su imaginación y sólo conducen a abismos irreversibles. En todo caso, ya sean desvaríos o majaderías, es intolerable que semejantes personajes utilicen y vivan de los fondos públicos, que emplean para, desde sus cargos políticos, fomentar sus delirios suicidas mientras representan a instituciones de un sistema que pretenden hacer añicos, sin que nadie les obligue, como mínimo, a atenerse a las reglas de juego establecidas. Juzguen ustedes en qué categoría ubican las últimas, que no las únicas, actuaciones de este tipo de sujetos que, bajo el falso argumento de que la culpa de todo la tiene España (“que nos roba” “que nos oprime”), como si ellos fueran extraterrestres, utilizan todo para menoscabar las instituciones españolas, como si ellos no las representaran y fueran sus enemigos.
            ¿Se puede tolerar que se gasten miles y miles de euros de fondos públicos en cursos “universitarios” con la única finalidad de denigrar a España, incluida Cataluña, prostituyendo su propia historia? Pues bien, los independentistas catalanes, no conformes con culpar de todo a la España que odian, no sólo pretenden arruinar su presente, que también es el suyo, sino despojar además al resto de territorios españoles no catalanes hasta de sus logros históricos más relevantes, que también son los suyos, para adjudicárselos en exclusiva. Según el Institut Nova Historia, dirigido por un tal Jordi Bilbeny (famoso por sostener que Colón era un noble catalán, que no salió de Palos, sino de Pals D´Empordá, que allí reclutó a los hermanos Pinzón, que navegaron en carabelas con la senyera ondeando al viento y que, por tanto, fue Cataluña, la que descubrió América y también Australia, entre otras barbaridades similares), historiador como ven ingenioso donde los haya, acaba de descubrir que Cervantes también era catalán, hijo de un tal Miguel Servent, quemado en la hoguera por hereje, motivo de la ocultación de su origen, por lo que la versión castellana del Quijote es una “mala traducción” del catalán, lengua en que Cervantes escribió la universal novela, cuyo texto original no se ha encontrado aún. Estoy seguro de que con un poco más esfuerzo del tal Bilbeny y todavía más subvención pública al Institut que dirige, pronto aparecerá el texto original, a pesar de los recortes que para educación ha hecho el ministro Wert. Menos mal que ahí está la Generalitat de Mas para conseguirlo.
            ¿Se puede tolerar que un diputado español, ante un conflicto diplomático con otro estado, tome partido abiertamente por los intereses del adversario? Pues bien, es lo que acaba de hacer el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, al escribir una carta en catalán e inglés al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, expresándole su “simpatía” y “solidaridad” hacia el pueblo del Peñón ante el conflicto entre España e Inglaterra a causa de los permanentes abusos de las autoridades de la colonia (la última el lanzamiento de bloques gigantescos de hormigón que impide pescar a los españoles), diciéndole expresamente: "Lamentamos profundamente los abusos y el bullying que el Gobierno español aplica a los ciudadanos a los que representáis democráticamente, que también afectan a muchos vecinos y trabajadores españoles, con la intención de desviar la atención de sus propios escándalos internos y financieros". Asimismo condena “los métodos usados por el poder español”, convencido de que la única solución a “la situación del Peñón” y, ¡cómo no!, “la de Cataluña”, es el diálogo, las urnas y el principio de autodeterminación, añadiéndole “Vuestra libertad es nuestra libertad”. Ni un solo reproche a las permanentes violaciones gibraltareñas del derecho internacional (entre ellas el ilegal referemdun) con el apoyo británico, ni a los perjuicios causados por ellas a los pescadores y al resto de españoles (incluidos los catalanes), ni a las provocaciones del propio Picardo y otras autoridades inglesas (como la eurodiputada Girling pidiendo un boicot al turismo en España). Eso sí, nada que objetar a su status político como parlamentario español, ni a su sustancioso sueldo que pagamos entre todos los españoles para que nos represente, ni a la legitimidad del Estado Español para otorgarle tamañas prerrogativas con arreglo a las reglas de juego establecidas, que no respeta.
            En fin, ¿desvaríos o majaderías? No sé. Me da igual. Pero si sé que detrás de este tipo de comportamientos hay algo más que ignorancia, lo que, al menos, me permitiría justificar semejantes atrevimientos, pues sabemos que la ignorancia es muy atrevida. Por ello, no sólo no los justifico, sino que me dan muy mala espina, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista humano.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 16 de agosto de 2013

INFIERNO EGIPCIO

                        Desde que a principios de julio pasado un golpe de Estado derrocó al presidente egipcio Mohamed Morsi, legalmente elegido, la escalada de violencia en Egipto, como era de esperar, ha ido “in crescendo”, al extremo de que sólo la última represalia contra los manifestantes ha provocado más de quinientas muertes, desatando, por fin, la alarma unánime en la comunidad internacional y su correspondiente condena generalizada. La tan jaleada “primavera árabe”, cargada de esperanzas, ha dado paso, al menos en Egipto, como en algún otros país, a un infierno dantesco que, a mi juicio, pone en evidencia la hipocresía política internacional, incapaz de anticiparse a este tipo de situaciones, apoyando otras soluciones menos traumáticas. Sin restar responsabilidad a Morsi y sus apoyos de gobierno, especialmente a los Hermanos Musulmanes, que, aprovechando su mayoría política, no dudaron en prostituir el proceso democrático con una legalidad excesivamente parcial y sectaria, nada debe ni puede justificar un golpe de estado para reconducir la situación, pues, al final, pasa lo que pasa. ¿Qué se hizo para advertir a Morsi y compañía que ese no era el camino? ¿Qué, para presionarle a la convocatoria de elecciones anticipadas? ¿Qué, para expresarle una repulsa unánime y un aislamiento al menos del bloque de países democráticos si persistía en su evidente error? ¿Qué, para advertir a los militares que el camino no era el golpe? Nada de nada. En el mejor de los casos, mirar para otro lado, como en otros tantos lugares.
Lamentablemente las organizaciones internacionales y las ideologías políticas, incluso las consideradas democráticas, aún no han aprendido o no quieren aprender que no hay golpes de estados buenos y malos, prefiriendo, según les conviene, o creen que les conviene a sus intereses, considerarlos así. Es la única explicación de que, incluso en el mundo occidental, se mirase hacia otro lado e incluso algunos viesen con cierto agrado este último golpe militar en Egipto en vez de condenarlo rotundamente y, ante su evidente ilegalidad, exigir inmediatamente al dictador, que es como se ha de calificar al mandatario surgido de un golpe de estado, una convocatoria de elecciones urgente que, con todas las garantías, restablezca la normalidad democrática en Egipto. Basta ojear lo sucedido los días previos a la detención de Morsi, para saber que se trataba de un clásico golpe militar en toda regla. Día 30 de junio, primer aniversario de la llegada al poder de Morsi, multitudinarias manifestaciones de protesta y petición de su dimisión. Día 1 de julio, el jefe del Ejército y ministro de Defensa, da un ultimátum a Morsi y su gobierno para que negocie (ya, haga lo que haga Morsi, el golpe se ha dado). Día 2, Morsi se niega ante el fracaso de la búsqueda de consenso anterior y dice que se dispone a derramar su sangre en defensa de su legitimidad. Día 3, el ejército se despliega, retiene a Morsi, arresta a políticos, cierra canales de televisión, anuncia la formación de un gobierno de transición, suspenden la Constitución y disuelven el Parlamento. El golpe, de manual, ha tenido éxito. Día 4, un nuevo personaje jura como presidente, es Adil Mansur, ¡qué más da!. Día 5, manifestaciones multitudinarias en favor de Morsi. ¿Quién tenía la mayoría popular, los manifestantes del día 30 de junio o los del día 5 de julio? Difícil respuesta. Es lo que siempre sucede cuando las varas de medir las mayorías en democracia se buscan fuera de las urnas. Al final, los egipcios, en este caso, a pagar el pato.
La comunidad internacional y, especialmente los estados que conforman lo que hemos dado en llamar la civilización occidental, debieran plantearse de una vez por todas algunas cuestiones urgentes. En primer lugar que la extrapolación directa de su modelo político a otras civilizaciones requiere de matices no siempre asumibles desde nuestro punto de vista. En segundo lugar que, una vez extrapolado, se ha de apoyar con todas las consecuencias sin fisuras. Y en tercer lugar que, ante cualquier agresión al modelo, siempre se responderá con una enérgica condena y la exigencia inmediata de restablecerlo. ¿Por qué no se condenó el golpe desde el principio exigiendo reponer a Morsi? ¿Acaso no era el legítimo mandatario democrático? No se puede jugar a la democracia según los resultados electorales que a unos u otros convengan. Desde Occidente debiéramos preguntarnos qué parte de responsabilidad tenemos en que el pueblo egipcio, que tiene todo el derecho a equivocarse, al final haya caído en este dantesco infierno de muerte y miseria para, tras un leve sueño de esperanza, despertar en un abismo dirigido, gracias a su propio apoyo, por quienes durante décadas les estuvo reprimiendo con el beneplácito de la Comunidad Internacional. Evitarlo no se consigue con tímidas intervenciones de mediación. Menos aún con compadreos, como las declaraciones del Secretario de Estado norteamericano John Kerry, diciendo que la destitución de Morsi estaba “restaurando la democracia”. La democracia sólo se restaura y se consolida apoyándola sin fisuras, por más fallos que pueda tener a la hora de ponerla en práctica. No estaría de más, que todos tomáramos nota.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

lunes, 12 de agosto de 2013

GIBRALTAR EN EL PUNTO DE MIRA

                        Simplemente ha bastado la aplicación de la legalidad vigente por parte del gobierno de forma más o menos rigurosa para colocar a Gibraltar en el punto de mira de la política española e internacional. Sin embargo, aunque no lo parezca, el contencioso hispano-británico por Gibraltar ha estado en el punto de mira desde que Inglaterra, contraviniendo el Convenio de Lisboa, 1703 (que prohibía a las potencias recientemente aliadas con la Casa de Austria en la guerra de Sucesión al trono de España posesionarse en beneficio propio de ningún puerto o territorio español), toma posesión (1704) de la zona en nombre de la reina Ana de Inglaterra, tras negociar su capitulación, como estipulaba el Convenio, en nombre del pretendiente austriaco, el archiduque Carlos, que se auto-titulaba rey de España como Carlos III y, tras la muerte del rey Carlos II (1700), disputaba el trono español al Borbón Felipe V, heredero por testamento de El Hechizado y reconocido como rey por todas las potencias europeas, excepto por el emperador austriaco Leopoldo, padre del archiduque, con quién dichas potencias se acababan de aliar. Desde este inicial incumplimiento inglés a lo convenido en Lisboa y, sobre todo, desde el posterior Tratado de Utrecht (1714), que, entre otros asuntos, liquidaba la contienda sucesoria y establecía un nuevo orden internacional, la historia de Gibraltar es la de una sucesión de incumplimientos y violaciones por parte de Inglaterra, no sólo de lo estipulado en dicho tratado, sino también de las promesas y acuerdos bilaterales con España (destacando la que en 1721 hace por carta el rey Jorge I, sucesor de Ana, comunicando al rey español: “estoy pronto a complacer en lo relativo a la restitución de Gibraltar”) y de las recomendaciones posteriores de la ONU.
            Esta es la realidad histórica, avalada por catorce asedios, antes de acabar el siglo XVIII, para recuperar el Peñón, así como más de treinta iniciativas diplomáticas hasta el día de hoy, con el objetivo de reconducir la ocupación fraudulenta inicial por parte de Inglaterra y su posterior uso ilegal y al margen de lo pactado en Utrecht, donde, por cierto, ni siquiera se permitió a España participar en las negociaciones. Por todo ello, España ha intentado siempre recuperar Gibraltar, al inicio por la fuerza y después por vía diplomática, combinando, según cada momento histórico, gestos de amistad u hostilidad, que no han servido para nada, sino todo lo contrario. Inglaterra ha ido conformando Gibraltar en un ente que, ni territorialmente ni jurisdiccionalmente, tiene nada que ver con lo acordado en Utrecht, que es bien claro al respecto cuando literalmente manifiesta que se cede “la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa y fortalezas, que le pertenecen y…se ha de entender que la dicha propiedad se cede a Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra”. Fin de la cita, como diría Rajoy. En definitiva, una especie de cesión de usufructo que, en ningún caso, implica cesión de soberanía.
            Hoy Gibraltar es, territorialmente hablando, mucho más que la ciudad y el castillo con su puerto y fortalezas. El terreno neutral fronterizo se lo han ido apropiando, entre otras cosas, para construir el aeropuerto, justo cuando los españoles estaban enzarzados en nuestra última guerra civil, mientras que su puerto, según los gibraltareños, no se ciñe estrictamente a sus aguas ya que reclaman la jurisdicción sobre las aguas circundantes, poniendo graves impedimentos a los pescadores españoles de la zona. Hoy Gibraltar, jurídicamente hablando, es mucho más que un pedacito de tierra cedido en usufructo a Inglaterra sin jurisdicción alguna -algo así como lo que hoy se entiende como una especie de base militar- ya que sus habitantes gozan de gobierno propio, de derecho a decidir, de convocar referéndums, de elecciones y otras tantas prerrogativas, propias de un territorio soberano inglés con mayor o menor autonomía política y administrativa. En fin, nada que ver con Utrecht. Un ejemplo de aberración resultante de una política de “hechos consumados” que tanto gusta, por ejemplo, a los independentistas catalanes.
            Como no cabe en este espacio pormenorizar en los sucesivos incumplimientos británicos, baste señalar que, aprovechando la catastrófica historia de España en los últimos siglos, Inglaterra ha ido sacando provecho del declive español en el contexto internacional, de las luchas cainitas de los españoles y de su evolución histórico-política a contracorriente con el modelo europeo y occidental. Pero hoy, ni razones estratégicas, ni de seguridad internacional, ni de desconfianza, ni económicas, ni de ningún otro tipo se pueden esgrimir para seguir manteniendo la única situación colonial, ilegal desde su inicio, existente en Europa, cuando la descolonización es un hecho en el resto del mundo, y cuando España, por fin, goza de una situación normalizada en Europa, compartiendo en la UE con Inglaterra idéntico horizonte defensivo, económico y político, curiosamente basado en el principio de legalidad, tanto a nivel nacional como internacional. Sólo desde la mezquindad se puede poner trabas a la decisión de que Gibraltar siga estando, como siempre, en el punto de mira. El Tratado de Utrecht es uno de los mayores agravios sufridos por España a lo largo de la Historia por parte de la Comunidad Internacional y su interpretación torticera para dañar aún más al conjunto de los españoles una verdadera majadería.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 7 de agosto de 2013

CUESTIÓN DE CREDIBILIDAD

                        En sintonía con todas las encuestas sobre intención de voto, valoración de líderes políticos, gestión política, abstencionismo… y otras tantas variables de clara raigambre política, la comparecencia en el Parlamento de Mariano Rajoy sobre el caso Bárcenas  ha ratificado que el gran problema de España es la generalizada falta de credibilidad ciudadana en los partidos políticos, sus líderes y sus comportamientos. Lo grave es que se lo tienen sobradamente merecido. No es casualidad que esta falta de credibilidad y consecuente merma de confianza en los partidos, sea directamente proporcional a la experiencia de gobierno de cada uno de ellos, como si gobernar, noble objetivo prioritario de cualquier partido político, fuera un estigma de descrédito, cuando debiera ser todo lo contrario. Sus incoherencias, mentiras, medias verdades y estrategias acomodaticias, exhibidas con indecente descaro para defender o atacar cualquier asunto o principio y el contrario, según estén gobernando o en la oposición, avalan sobradamente este descrédito que se han ido ganando a pulso.
            No extraña pues que el presidente Rajoy citara literalmente a Rubalcaba y Felipe González para, con sus propios argumentos cuando gobernaban, desacreditar la estrategia de ataque que ahora le hace Rubalcaba y el PSOE, desactivando los argumentos opuestos que ahora, desde la oposición, utiliza. Una aparente habilidad de Rajoy, pues basta consultar las hemerotecas o las actas del Congreso para comprobar la responsable solidez argumental utilizada cuando gobernaban, como corresponde a auténticos hombres de Estado, y contrastarla con la irresponsable endeblez argumental que utiliza ahora en la oposición, propia de un demagogo indocumentado. Pero esta aparente habilidad de Rajoy, en realidad se torna en torpeza ya que tan responsables argumentos de González y Rubalcaba respondían al acoso irresponsable que desde la oposición les hacía entonces Aznar y el propio Rajoy desde el PP. Por tanto, puestos a contrastar, simplemente cambiaron las tornas y tamañas incoherencias suponen un descrédito, tanto para el PP como para el PSOE y sus respectivos dirigentes, incapaces de mostrar a la ciudadanía sólidas convicciones de que, desde el gobierno o la oposición, siempre están dispuestos a poner los intereses generales por encima de los particulares. Por ello, al margen de los diversos sondeos sobre quién ganó el debate (las hay para todos los gustos y cada tertuliano o vocero saca el que le conviene), que es lo menos importante, basta preguntar en nuestro entorno para concluir que, en todo caso, no estará muy equivocada la encuesta de El País u otras similares, sobre la gestión de cada uno de ellos, que no sobre el debate, en las que un 77% desaprueba la de Rajoy como presidente de Gobierno y un 87% la de Rubalcaba como jefe de la oposición. La última encuesta del CIS revela que siguen cayendo los apoyos a PP y PSOE, que tienen más bagaje de gobierno, y suben IU y UPyD, cuya experiencia de gobierno es mínima o nula, al extremo de que, si hubiese comicios en estos momentos, que seguiría ganando el PP por mayoría simple muy exigua, conformaría un escenario político prácticamente ingobernable, necesitando el concurso de tres partidos políticos para hacerlo medianamente viable. ¡Socorro! Un tripartito con la que está cayendo y con el alto sentido de la responsabilidad que vienen demostrando los líderes políticos.
            Pero, dicho lo anterior, no debiéramos cargar todas las tintas en culpabilizar de este descomunal descrédito político a los dirigentes partidarios. Si siguen actuando de forma tan irresponsable es porque, comenzando por los militantes y simpatizantes, siguiendo por la estimable colaboración de diversos medios de comunicación y finalizando por gran parte del resto de ciudadanos (aunque cada vez menos), todos colaboramos en la estrategia maniquea de las cúpulas partidarias, que sólo satisface sus meros intereses a corto plazo. Considerar el bien y el mal como dos principios que cada uno instala dogmáticamente en uno u otro partido, es la peor estrategia para regenerar el deterioro político que, justamente, a causa de este maniqueo sigue “in crescendo” de forma alarmante. Si los militantes y cuadros medios de los partidos políticos hacen del maniqueísmo dogma de fe, si los medios de comunicación se erigen en portavoces del mismo como auténticas plataformas proselitistas y si, finalmente, los ciudadanos, por mera resignación, apoyamos a dichas formaciones en las urnas como mal menor, será imposible recuperar la credibilidad, no sólo en este o aquel partido, sino también en la propia actividad política y, por ende, en nuestra democracia.
            Si realmente somos sinceros el debate arrojó el resultado esperado. Sabíamos que, con más o menos habilidad, Rajoy diría más o menos lo que dijo, comprometiendo, eso sí, en sede parlamentaria su futuro si es que mintió y se demuestra su mentira. Pero también sabíamos que la oposición, como muchos ciudadanos, que no creen en ninguno, no le iba a creer dijera lo que dijera, salvo que se auto-inmolara, y que tampoco iba a demostrar su culpabilidad, entre otras cosas, porque no era el lugar adecuado. También, que el objetivo, por parte de todos, no era acabar con la corrupción política, que se hace de otra forma, ni siquiera la de este o aquel partido, pues casi todos tendrían que tirar demasiado lastre… ¿Saben cuál era el objetivo? Seguro que sí. Y seguro que coincide con el que yo me sé.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 3 de agosto de 2013

SIMPLEMENTE INDECENTE

                        Desde el instante en que se produjo el trágico accidente ferroviario de Santiago de Compostela –y ya ha pasado más de una semana- se desencadenó en las distintas cadenas de televisión un frenético y especulativo debate sobre las causas y los responsables del mismo que, hasta hoy, sigue conformando buena parte de sus respectivas programaciones. En lucha despiadada por la audiencia, bajo el atractivo formato de “tertulias políticas”, cada cadena exhibe su elenco de tertulianos, sobradamente conocido por la parcialidad ideológica argumental de cada uno de sus miembros, para que, una vez más, se tiren los trastos a la cabeza públicamente sin entender que, aunque sólo sea por el debido respeto a las víctimas y al dolor de sus familiares, determinados asuntos y circunstancias, como es el caso, jamás deben utilizarse si, como parece, se pretende obtener cualquier tipo de ventaja (económica, política, profesional, etc), pues es, simplemente, indecente. Una vez más el comportamiento ejemplar del pueblo, muy en especial del pueblo gallego, supera con creces al de quienes debieran ser el espejo en que mirarse por la posición cualificada de responsabilidad social o política que desempeñan. Con varias decenas de cadáveres aún sobre las vías del tren y un centenar de heridos, algunos muy graves, hospitalizados en diversos centros, con toda la población cercana volcada en ayudar a las víctimas y a sus familiares, con todos los profesionales sanitarios y de emergencias de la zona haciendo su trabajo de forma impecable y con todo el pueblo español conmocionado por la tragedia es, como mínimo, indecente, se mire como se mire, generar simultáneamente y alimentar machaconamente tan especulativo como innecesario debate público que, en definitiva, sólo provoca más dolor en el entorno de las víctimas, más incertidumbres en toda la población y un deterioro de la imagen exterior de España.
            Cuando todo el mundo sabe que, si un vehículo toma una curva duplicando el límite de velocidad, el accidente es seguro; cuando el propio conductor, desde el primer instante, reconoce de forma honesta (a diferencia de quienes abarrotan los juzgados) que se ha distraído y no sabía ni por qué tramo circulaba (a unos 190 kmt/hora cuando debiera ir a 80); cuando no se trata de un novato ni desconocedor del trayecto, que venía recorriendo varias veces a la semana; y, cuando no existen, que se sepa, informes técnicos competentes cuestionando la seguridad del sistema utilizado (aunque siempre existan otros más seguros), es irresponsable, además de indecente, poner en cuestión, públicamente y a toro pasado, los sistemas de seguridad de nuestra red ferroviaria (por cierto, una de las más seguras) mediante un debate público emitido por entregas y basado en futuribles que, puestos a exagerar, nos llevaría a concluir que tal tipo de accidentes sólo se evitaría al cien por cien si no hubiera trenes. Por tanto, ni se trata de demonizar al maquinista que, como cualquier ser humano, es susceptible de cometer errores, ni de victimizarlo por trabajar expuesto a una supuesta inseguridad del sistema ferroviario que, hasta el día del accidente, nadie cuestionaba. No hay curvas peligrosas en la red ferroviaria si se toman a la velocidad adecuada. Hay errores, negligencias o imprudencias humanas que las hacen peligrosas.
            Dicho lo anterior, como en cualquier otro accidente, es lógica e imprescindible la apertura de una investigación judicial que esclarezca las responsabilidades civiles y penales que procedan por los daños causados; también, la de una investigación técnica que estudie qué elementos materiales paliarían, que no evitarían, en el futuro tan trágicas consecuencias provocadas por evidentes errores humanos; y, por supuesto, la comparecencia en sede parlamentaria del ministro correspondiente para responder a las cuestiones que la oposición considere oportuno plantearle. Pero no es lógico que, iniciada la investigación judicial, anunciada la técnica y solicitada la comparecencia, el sindicato Manos Limpias, por ejemplo, denuncie genéricamente al maquinista, a Renfe y a ADIF, ni que una serie de sindicalistas ferroviarios se conviertan en tertulianos ocasionales, junto a los habituales, para especular sobre lo que pudo haber sido y no fue, dando la sensación, que no la certeza, de que clamorosos errores o negligencias de gestión técnica y política son los verdaderos responsables del accidente. Una estrategia de erosión irresponsable basada en la insinuación, que no en la denuncia pura y dura, que, consciente o inconscientemente, desacredita nuestras infraestructuras al extremo de que, según el gusto de cada cual, los reproches se elevan al exministro socialista Blanco, que inauguró dicho tramo ferroviario, o a la actual ministra popular Ana Pastor que lo gestiona ahora. Y como colofón de tan indecente proceder, el diario catalán “El Punt Avui” cuela en su Web una viñeta en la que aparece una vía de tren con los raíles cruzados delante de un cartel que anuncia la “Marca España” a los pies de un toro. Una majadería miserable en toda regla. Sin comentarios.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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