martes, 29 de octubre de 2013

CLARIDAD SOBRE LA SENTENCIA DEL TEDH

                        A mi juicio se hace urgente, necesario e ineludible que, ante la opinión pública, se clarifique, con todo lujo de detalles, el alcance y la naturaleza de la sentencia inapelable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos favorable a la etarra Inés del Río por habérsele aplicado la conocida como “doctrina Parot”, alargando así de forma ilegal su estancia en prisión. Ante asunto tan trascendental, que está poniendo en entredicho los mismísimos pilares de nuestra renqueante democracia, o se actúa con absoluta responsabilidad ante la ciudadanía o, en caso contrario, la escasa credibilidad que ésta tiene ya en nuestros políticos acabará diluyéndose como un azucarillo en un vaso de agua. Y es lo que está sucediendo.
            En un principio el pueblo llano y sencillo, es decir, el común de los mortales, puede llegar a entender con todo el dolor de su alma y la rabia de sus entrañas, que el TEDH (máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en Europa) repare una errónea aplicación de la legalidad vigente en España (la irretroactividad de la “doctrina Parot”, surgida en 2006) para compensar la injusticia legal de unas normas penales obsoletas, provenientes del franquismo y vigentes durante décadas por pura negligencia del legislativo. Pero es ininteligible, como en otros tantos asuntos, que, mientras se desarrolla un debate mediático de marcado carácter especulativo y con versiones opuestas sobre la naturaleza de la sentencia y su ejecución posterior, el Gobierno e incluso la oposición mayoritaria no salgan a la palestra, ante asuntos tan graves que trascienden el legítimo interés partidista, desmintiendo o avalando cualquiera de las versiones que, al ser contradictorias, obviamente, una de ellas es falsa, prefiriendo, en vez de difundir la verdad, acusarse unos a otros sobre quién es el más o menos culpable de que este desmadre esté sucediendo.
            Por tanto, el desconcierto en la ciudadanía es cada vez mayor, en paralelo al descrédito de políticos y jueces. Si en un principio, según el Fiscal General del Estado, la sentencia sólo afectaba a Inés del Río y la Fiscalía estudiaría de forma individualizada y pausada el resto de casos que solicitaran acogerse a dicha jurisprudencia, la inmediata puesta en libertad de la directamente afectada, más la de algunos otros sujetos, por parte de la Audiencia, echa por tierra dicho argumento, al extremo de que, en pocos días, lo que debiera ser un mero asunto jurídico se ha convertido en un mastodóntico problema político. Se cuestiona casi todo, como la actuación del juez español en Estrasburgo López Guerra, la “velocidad asombrosa” con que la Audiencia ha puesto en libertad a la etarra, la actitud de la Fiscalía y, en definitiva, hasta el propio TEDH por dictar una sentencia que se aparta de su propia jurisprudencia, ya que nunca ha cubierto “las modalidades de cumplimiento de la pena” como es el caso. Y esto lo hace nada menos que el ex magistrado en el TEDH Francisco J. Borrego, que además desvela la existencia de mecanismos legales para retrasar la aplicación de las sentencias de dicho tribunal, pidiéndole una interpretación de la sentencia, e incluso para no cumplirlas, mediante la vía de “acatar pero estudiar cómo” hacerla efectiva. Sin embargo, la Audiencia Nacional, advierte que la sentencia sobre el caso Inés del Río es aplicable a otros presos en situación semejante y que los jueces asumen la obligación de los estados de acatar y ejecutar las resoluciones del TEDH. Imaginen las versiones contradictorias de otros personajes y foros menos versados en el asunto.
            ¿En qué quedamos? El gobierno tiene la última palabra para explicárnoslo y además está obligado a hacerlo. ¿Quién tiene la razón jurídica la Fiscalía o la Audiencia? ¿López Guerra o Borrego? ¿El Constitucional que avaló la aplicación de la “doctrina Parot” o el TEDH que lo desautoriza? No es sólo cuestión de expresar el “dolor e impotencia” del ministro del Interior o la resignación del de Justicia ante “un cumplimiento doloroso” de la aplicación de la sentencia por parte de los tribunales. Es cuestión de aclarar de una vez por todas si se ha hecho todo lo legalmente posible, visto lo visto, para que la sentencia hubiese ido en otro sentido y, en todo caso, si se está dispuesto a hacer, visto lo visto, todo lo legalmente posible para que la ejecución de la misma sea lo menos traumática para la ciudadanía y, muy especialmente, para las víctimas, las únicas que, visto lo visto, están cargadas de razón al reclamar Justicia con mayúsculas, ya que soportar encima este oscurantismo especulativo es una manifiesta indignidad que no merecen. Menos aún, que nadie, con la suficiente autoridad, aclare de una vez si sólo cabe la resignación o, como algunos mantienen, hay margen para otras acciones legales más favorable a las víctimas, que, si existen (como mantienen algunos y nadie desmiente con autoridad) y no se aplican, vaya usted a saber por qué razones, supondrían una ignominia intolerable contra ellas. ¿Es tan difícil, si es así, explicar con argumentos que se hizo todo lo posible y se está dispuesto a seguir haciéndolo?
            Y es que, por parte de unos y otros, tal como dice Ángeles Pedraza desde la presidencia de la AVT, “no hacer lo que se debe es tan malo como hacer lo que no se debe” y, como mínimo, lo que no se debe es callar ante el confusionismo público que está generando una simple sentencia judicial sobre una compleja situación política. Me temo que, desgraciadamente, en el asunto que nos ocupa, no sólo se hace lo que no se debe, sino que, además, no se hace lo que se debe.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 25 de octubre de 2013

LA PREGUNTA DEL REFERÉNDUM CATALÁN

                        A medida que se acerca la fecha inaplazable (por parte de Junqueras) para convocar el referéndum independentista en Cataluña se pone de manifiesto, entre otros desacuerdos de mayor profundidad, algo tan elemental como una falta de consenso entre sus promotores sobre qué pregunta plantearán al pueblo catalán para que tome una decisión acertada e inequívoca al respecto. Supongo que esta falta de consenso obedece a las múltiples posibilidades que se encierran bajo el difuso y confuso eslogan del vago “derecho a decidir”, que ha servido de base para aglutinar a casi todas las opciones políticas (autonomistas, autonomistas con financiación singular, centralistas, federalistas simétricos o asimétricos, confederalistas, independentistas de España pero no de la UE, de España y de la UE, pancatalanistas… y vaya usted a saber cuántas más), pasando por alto que tal derecho sólo está reconocido internacionalmente en una serie de supuestos que no se dan en Cataluña, por lo que ejercerlo, imponiéndolo de forma unilateral, acarrea graves consecuencias para los propios catalanes. Pero, en fin, habiendo decidido ilegalmente el Parlament que, legal o ilegalmente, el pueblo ejercerá ese derecho inexistente, no se trata ahora de dispersar el voto con una pregunta con múltiples respuestas (tantas como las opciones citadas), que añadirían más confusión a la ya innecesariamente generada, ni tampoco se trata de simplificar genéricamente  el voto en “independencia, sí o no” que, según las últimas encuestas, daría un resultado muy igualado ante las consecuencias graves de una decisión desacertada a causa de la desinformación calculada al respecto.
            Por tanto, la pregunta escueta, sin más, de “¿Quiere la independencia de Cataluña?” con la escueta respuesta de Sí o No, genera tantas dudas que, obviamente, requiere una serie de aclaraciones o datos previos que la conviertan en realmente segura y atractiva para la inmensa mayoría de catalanes. Algo así como “¿Desea la independencia de Cataluña, si, aunque sea ilegal la decisión, el resto de españoles y sus socios europeos, ya que nosotros no perteneceríamos a la UE al no tener ningún tratado firmado, no mostraran hostilidad alguna ante nuestra unilateral decisión y, por tanto, si nos exoneraran del pago de la deuda que tenemos contraída cuando éramos España, que asumirá generosamente nuestra parte; si nos siguieran comprando productos catalanes en idéntica proporción que ahora (50% España y 30% la UE) sin establecer ningún arancel como hacen con el resto de países terceros; si aceptaran nuestra nueva moneda como propia de la eurozona; si nos garantizaran que las empresas multinacionales no se deslocalizarían de la Cataluña ajena a la UE; si nos siguieran prestando las ayudas comunitarias; si nos ayudaran a que nuestra banca y empresas emblemáticas siguieran manteniendo el mismo volumen de negocio que tienen ahora fuera de Cataluña para que no caiga el PIB catalán; si nos financiaran a pesar de la pésima calificación de nuestras cuentas públicas; y si, en caso de que el experimento no funcionase, a pesar de todos estos apoyos, o, simplemente, considerásemos que sería más rentable adherirnos a la UE como cuando éramos parte de España, nos garantizaran que nuestra solicitud sería recibida con los brazos abiertos, al extremo de modificar los tratados para agilizar los complejos procedimientos, incluso suprimiendo la actual unanimidad que se requiere para el ingreso de un nuevo miembro por si algún estado tiene la tentación de oponerse impidiendo nuestra entrada?”. Fácil decir sí o no a esta pregunta que, aunque un poco larga,  puede concitar un amplio respaldo o rechazo popular, según la credibilidad que merezca al electorado sus diferentes condicionantes.
Si además de todo lo anterior se garantizara que, en caso de que en alguna de las provincias o comarcas catalanas saliera un no rotundo a la independencia, les sería reconocido el “derecho a decidir” frente al resto de catalanes, al igual que ellos se lo reconocen a sí mismos frente al resto de españoles, la pregunta sería casi perfecta, para que los catalanes decidieran con total conocimiento de causa, sin correr riesgos innecesarios. Al margen de la credibilidad o no de los condicionantes de la pregunta, a los electores sólo les quedaría una mínima duda sobre el modelo del nuevo estado que, obviamente, sería una república, pues no cabe pensar en una monarquía,  si tenemos en cuenta que Cataluña jamás fue Reino independiente a lo largo de toda su historia, y, apelar a ésta, recurriendo a los viejos condados catalanes, sometidos a los Condes de Barcelona (cuyo titular actual es el rey de España), quedaría como muy anacrónico. Por tanto, la mejor opción sería una República, aunque con la duda que, aunque pequeña, tiene su importancia, de si se trataría de una República Liberal Occidental o de una República Popular Democrática, asunto que, en todo caso, dependería de la correlación de fuerzas políticas que hubiera en las elecciones constituyentes, porque supongo que, al menos, se celebrarían dichas elecciones. Es evidente que el Movimiento Nacional, promotor de la independencia, que aglutina a CiU, ERC, SI, CUP, ICV y compañía, una vez conseguida ésta, se rompería, apostando cada partido que lo integra por su modelo de estado favorito y más acorde con su ideología, ya que, en caso de no disolverse el resultado sería muchísimo peor. Sería la única incertidumbre que les quedaría a los catalanes a la hora de votar, que no es poco.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

martes, 22 de octubre de 2013

DOCTRINA PAROT, PUNTO Y FINAL

                        La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como era previsible, ha anulado la conocida vulgarmente como Doctrina Parot, aplicada en España de forma irregular para alargar la estancia en la cárcel de presos que, según la aplicación general establecida, debían ser excarcelados por haber cumplido el periodo máximo de cárcel, según su condena, una vez aplicada la reducción de penas por beneficios penitenciarios sobre la pena máxima de cárcel establecida en España. En definitiva, un fallo inapelable, que, aunque de momento sólo es aplicable a la etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de cárcel, que debía haber sido excarcelada tras 18 años de prisión en 2008, afecta positivamente a más de sesenta terroristas y a una serie de asesinos y violadores peligrosos a quienes también se ha aplicado la sentencia 197/2006 del Tribunal Supremo (conocida como doctrina Parot en referencia al etarra que interpuso el recurso) en el sentido de que los beneficios penitenciarios se apliquen a cada una de las penas a las que es condenado y no sobre el límite máximo de 30 años (ahora son 40) de estancia en prisión. Loable propósito para evitar que, en el futuro, condenados a muchos años de cárcel por delitos monstruosos, salgan de la cárcel a los 18 años de prisión, como es el caso, tras descontarle los 12 años por beneficios penitenciarios, no de sus condenas sino de la máxima estancia carcelaria establecida en España. Sin embargo, en ningún caso, puede aplicarse con efecto retroactivo a condenados con anterioridad a la vigencia de la norma ya que vulneraría, además de otros derechos, el principio de seguridad jurídica, de donde, entre otros, deriva el de irretroactividad de la ley, por el que lo dispuesto en la misma no debe aplicarse hacia el pasado sobre hechos cometidos antes de su vigencia.
            Por tanto, el TEDH y su Gran Sala de Estrasburgo simplemente desautorizan la aplicación de la ley Parot a la etarra citada al no estar vigente dicha norma cuando cometió los actos delictivos  y fue condenada por ellos. Obviamente exige su puesta en libertad y la correspondiente indemnización por los daños que se le hayan causado. Y obviamente todos los presos, terroristas o no, que estén en similar situación, podrán acogerse a dicha jurisprudencia. La consecuencia puede ser la puesta en libertad de otros 54 etarras, siete de los GRAPO, uno vinculado al GAL, otro del Exército Guerrilleiro do Pobo Galego y unos 14 presos comunes, altamente peligrosos, condenados por violaciones y asesinatos. Una caterva de personajes, la mayoría sin muestras de arrepentimiento alguno y sin estar rehabilitados, que en cualquier otro país de la UE seguirían a buen recaudo en la cárcel y no provocaría la justificada alarma social que en España causará su excarcelación. Suelen hacer las cosas bastante mejor que nosotros y prever las consecuencias, también.
No obstante, a pesar de la alarma social, de la afrenta a las propias víctimas directas y a la sociedad en su conjunto, los demócratas debemos asumir los hechos con absoluta normalidad y serenidad suficiente para que situaciones similares no se vuelvan a repetir. El responsable no es el TEDH que restablece lo ajustado a derecho, sino la normativa legal que, cuando se cometieron los delitos, no contemplaba este supuesto de evitar la casi gratuidad penal por semejantes aberraciones, dejando una condena de más de 3.000 años de cárcel en 18 años en el peor de los supuestos y en 30 en el mejor de los mismos, estén o no arrepentidos o rehabilitados los condenados. Es lo que sucede cuando en el Código Penal se tasan en años las penas máximas de cárcel, por elevadas que estas sean, pues, antes o después, con aplicación de beneficios o no, se corre el riesgo de que personajes con amplia peligrosidad social reconocida y sin estar rehabilitados sean puestos en libertad por cumplimiento tasado de su condena, rompiendo entonces a su favor el derecho a su rehabilitación frente al derecho a la seguridad e integridad de la ciudadanía. Asunto que, como hacen en casi toda Europa, se resuelve con la figura de la prisión perpetua revisable, mucho más justa y equilibradora de derechos, tal como ya manifesté en otro artículo titulado “Cadena perpetua” (Ver en blog Ojo crítico, http://jcremadesena.blogspot.com.es/ del 4-9-12), con el que esta situación, incomprensible para la mayoría, se hubiera evitado.
            En todo caso, flaco favor se hace al Estado de Derecho con manifestaciones de alegría o tristeza, según del lado en que se esté, por una mera sentencia que restablece la aplicación de la legalidad, aunque los sentimientos así lo sugieran. Ni la euforia de los independentistas, ni la desolación de las víctimas, arreglarán el desaguisado que, paradójicamente restablece la legalidad. Se trata ahora de que una nueva legalidad evite estas situaciones en el futuro y, por supuesto, que, entretanto, se aplique la ley de forma tajante como garantía de fortaleza de nuestro Estado de Derecho. Mejorar las leyes adaptándolas a las necesidades sociales y aplicar las leyes vigentes con contundencia es básico en democracia. Desgraciadamente en España solemos pecar de no ser estrictos en ninguna de las dos cosas. Y luego nos quejamos de lo que pasa.


                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 19 de octubre de 2013

POLÉMICA SENTENCIA EN EL CASO FAISÁN

                        Casi sin tiempo de recuperarnos de la polémica sentencia por el “caso Malaya” nos adentramos de nuevo en otra polémica sentencia, esta vez sobre el “caso Faisán”.  Dejando para los expertos el tránsito por todos los vericuetos que te llevan a la “verdad jurídica”, que no a la verdad real, por su gran trascendencia política y social, conviene hacer una reflexión pública, como en el caso anterior, sobre la sentencia al respecto que, sin poner en duda su correspondencia y ajuste con la “verdad jurídica”, no siempre se corresponde con lo que el común de los mortales entiende por hacer justicia. Justo o no, desde este prisma popular, la Audiencia sólo condena al ex jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector José María Ballesteros a una año y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación por el “chivatazo” dado a ETA que lo considera como un delito de descubrimiento y revelación de información obtenida a través de su cargo y que no debe ser divulgada  con grave daño para la causa pública, desestimando el delito de colaboración con organización terrorista que solicitaba tanto el fiscal como las acusaciones particulares.
            Calificada la sentencia como “infame” por parte de las víctimas del terrorismo y su argumentación como “exótica” por fuentes de la Fiscalía, lo más llamativo es el silencio con que ha sido recibida por parte de los dirigentes del PP y del PSOE, que tanto ruido armaron cuando el primero era oposición y el segundo gobernaba, aunque, desde que cambiaron las tornas, se impuso el silencio como estrategia de ambos. Y, al parecer, así va a seguir siendo. Atrás queda el supuesto hombre X y el Y, quienes, supuestamente, dieron las órdenes de que se avisara a ETA. Ni el PP se lamenta por los cabos sueltos que puedan haber quedado (sólo la abogada de Pamies mantiene que hay “muchas vías de investigación que no se han agotado, ni mucho menos”), ni el PSOE exige explicaciones al PP por su manifiesta incoherencia e inconsistencia de sus acusaciones que la sentencia pone en evidencia ahora. Y, por parte, del Gobierno el escueto y consabido “respeto” y “acatamiento” por la decisión judicial. Sólo el SUP considera que han sido víctimas de un “montaje” los inculpados, quienes, al no tener que ir a la cárcel por carecer de antecedentes penales, recurrirán al Supremo para evitar de momento la expulsión del cuerpo de policía que conlleva una sentencia firme de inhabilitación. Con todos estos ingredientes no es descabellado pensar que, teniendo en cuenta cómo se las gastan entre sí los socialistas y populares en otros asuntos, el caso Faisán se cierra con un pacto político entrambos. Y para ello lo mejor es correr un tupido velo sobre tan turbio asunto.
            Sólo Gil Lázaro, azote parlamentario de Rubalcaba en la anterior legislatura, ha salido al paso, pero sin levantar mucho la voz, aunque sólo sea para dar una cierta coherencia a su vehemente actuación acusatoria. Tras la sentencia mantiene que Rubalcaba se pasó tres años “mintiendo” al Congreso ya que la sentencia demuestra que las acusaciones “no eran infamias” como él decía, pues queda demostrado que el chivatazo “existió”, que tuvo “finalidad política” para no entorpecer el “mal llamado proceso de paz” y que causó  un “grave daño a la causa pública”. Cierto todo ello. Pero tan cierto como que la sentencia no señala a ningún responsable político, tal como el PP defendía con ahínco, por más que la lógica nos diga que es imposible que a dos mandos policiales se les ocurra la idea de delinquir, arriesgando sus carreras inmaculadas en la lucha antiterrorista, simplemente para no entorpecer las supuestas negociaciones entre ETA y el Gobierno español. En efecto, la sentencia mantiene que en pleno proceso de negociación, Pamies con la imprescindible colaboración de Ballesteros, “con el designio de no entorpecer la situación política abierta de diálogo, para acabar con la actividad de ETA, a estos efectos, desarrolló una actuación tendente a tal fin” y da por probado de que la intención de abortar esa operación contra ETA no era otra que no perjudicar al “proceso político”.
            Un delito con clara finalidad política, cometido espontáneamente por dos funcionarios bajo su única y estricta responsabilidad, sin ningún responsable político implicado, que, justo por su noble y única finalidad de no entorpecer el proceso de paz, se escapa de ser catalogado como colaboración con banda terrorista aunque la favorezca de momento para que alguno de sus miembros escape de la acción de la justicia, no deja de ser inquietante por muy ajustado que esté con la “verdad jurídica”, pues siembra sombras de duda sobre el básico principio de que el fin no justifica los medios, por loable que éste sea.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

jueves, 17 de octubre de 2013

UNA RESPUESTA DE ESTADO

                        Es lo que exige Durán y Lleida a Rajoy en sede parlamentaria, “una respuesta de Estado”, lo antes posible, ante el desafío soberanista catalán, ya que, si no lo hace y deja sin respuesta “a las aspiraciones de Cataluña”, el resultado será “una declaración unilateral de independencia que algunos van a hacer en el Parlament”. Y se queda tan a gusto, sin que se le caiga la cara de vergüenza. Todavía no se ha enterado el líder de UDC y, por tanto, colíder de CiU, que su estrategia política farisaica, que viene practicando durante décadas en el Congreso de los Diputados, ha llegado a su fin desde que su colega Artur Mas, pasándose a las filas independentistas de ERC para chantajear al Estado “sí o sí”, liquidó el espacio para la cohabitación con esa especie de nacionalismo responsable constitucionalista de rostro moderado, que les ha permitido vivir cómodamente, tanto en Cataluña como en Madrid, a base de una estrategia política de ambigüedad calculada, justo porque los distintos gobiernos democráticos jamás dieron una respuesta de Estado a sus progresivas salidas de tono, de palabra y obra, propiciando que un problema prácticamente inexistente o de tono menor durante la transición, se haya convertido en el principal problema del Estado Español.
            Durán no descubre nada nuevo que no sepamos. Y Rajoy, por fin, le ha dado la única respuesta de Estado posible que, no puede ser otra, que el acatamiento estricto a la legalidad vigente emanada de nuestra Constitución, como ya sucediera con el famoso plan Ibarretxe en el País Vasco. Es así de sencillo. ¿Qué otra respuesta de Estado pretende Durán? Supongo que se trata de asumir y dar vía libre a su famosa “tercera vía” consistente básicamente en una reforma constitucional que otorgue una cierta soberanía parcial a Cataluña y un pacto fiscal singular. Una propuesta política tan válida como cualquier otra (centralismo, autonomismo, federalismo o, incluso, independentismo), pero que, en todo caso, ha de desarrollarse dentro de los cauces establecidos hasta que su promotor consiga algún día que la asuma mayoritariamente el pueblo español, sin extorsionar entretanto a ningún gobierno, ni a ningún partido (incluido el que sostenga el gobierno), para que la asuma como propia si quiere evitar que se rompan las reglas de juego, lo que convertiría al promotor en totalitario y al gobierno, si cede, en irresponsable.
            Durán, como el resto de políticos que juegan a la indefinición permanente, lo que tiene que hacer es decir con absoluta claridad cuál será su postura, o mejor, cuál es, ante esa hipotética declaración unilateral de independencia que, según él, “algunos van a hacer”. Buena forma de pretender quitarse las pulgas de encima con el mayor de los cinismos. Bien sabe, como todos nosotros, quienes son esos “algunos” que anuncia. Son sus propios compañeros de coalición en connivencia con ERC y, por tanto, la mejor respuesta de Estado por parte de Durán es demostrar con hechos (y no con manifestaciones equívocas) que ni él ni su partido, UDC, va a seguir participando en esta farsa independentista. No basta con no haber participado en la cadena humana por la Vía Catalana el día de la Diada, para, a continuación, seguir participando día a día, en la esquizofrénica e ilegal deriva del gobierno de Artur Mas y, al tratarse evidentemente de un asunto de Estado de primera magnitud, lo que sobra es marear la perdiz con terceras o enésimas vías para eludir la responsabilidad de ponerse a favor o en contra del órdago ilegal independentista lanzado por el gobierno catalán. La mejor respuesta de Estado es no participar en el mismo, ni prestarle el mínimo apoyo. No es incompatible mantener tu peculiar propuesta de estructura del Estado con el posicionamiento contundente, a favor o en contra, de un golpe totalitario al mismo, sino todo lo contrario, pues hay que saber exactamente dónde estamos cada uno de nosotros. Máxime si, como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados (como es el caso), se tiene un estatus importante de representatividad del Estado en el exterior; justo de ese Estado que tus mismísimos socios en otros ámbitos institucionales tienen sometido a un chantaje permanente.
            En fin, Durán i Lleida, tiene toda la razón cuando afirma que “no es más catalán y más comprometido con su país y con el futuro de sus generaciones quien defiende la independencia que quien no lo hace”. Totalmente de acuerdo, aunque yo añadiría que, en cualquiera de los casos, lo esencial no es lo que se defiende, sino cómo se defiende. Es de lo que ahora se trata. Y Durán no aclara ni cómo lo defiende él, ni cómo pretende que lo defienda Rajoy. No sabemos si la “respuesta de Estado” que le ha dado Rajoy le ha satisfecho. Si no ha sido así, convendría que, de una vez por todas, Durán nos dijera cuál es su “respuesta de Estado” de forma urgente, pues, en caso contrario, nos podemos encontrar con que “algunos” harán desde el Parlament de Catalunya una declaración unilateral de independencia sin saber, hasta ese instante, cómo responderá él ante la misma. Al menos, ya sabemos cómo responderá Rajoy. No hay mal que por bien no venga.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 13 de octubre de 2013

“SOM CATALUNYA, SOMOS ESPAÑA”

                        La cifra es lo de menos, compararla con la de la Diada, también. No es cuestión de utilizar en el grave asunto del soberanismo, al igual que se hace en el de la corrupción, el “y tú más” o, en este caso, el “y tú menos”. Tampoco es cuestión, aunque tenga su importancia, de hacer reproches sobre los diferentes apoyos y recursos de cada una de las convocatorias, Diada y 12-O, aunque el hecho de que TV3, una televisión pública pagada por todos los españoles, incluidos los catalanes, dedicara a la Diada quince horas y al 12-O sólo cinco minutos (TV española tampoco ha tirado la casa por la ventana), aunque en la Diada todo el aparato institucional catalán se volcase en la convocatoria y en el 12-O sólo lo hicieran dos partidos políticos, el PP y Ciutadans, y aunque en la Diada no sólo TV3 sino el resto de televisiones catalanas, radios y medios de comunicación, controlados por la Generalitat, se dedicasen previamente a caldear un ambiente antiespañol que en el 12-O no se ha producido. Que los independentista juegan con ventaja ya lo sabemos. Es cuestión de entender que, justo en un mes, se han dado dos multitudinarias manifestaciones con objetivos totalmente distintos, poniendo en evidencia, como mínimo, que la sociedad catalana se encuentra muy dividida y sometida a una tensión innecesaria, dándose la circunstancia, en todo caso, de que la del 11-S, multitudinaria, es menor que la del año anterior, y que en la del 12-O, sucede todo lo contrario. Pero, en fin, todos estos detalles tienen poca importancia, pues, aunque fueran muchos más o menos quienes apoyan cada una de las manifestaciones, lo importante es que los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, perciban con claridad las diferencias entre ambas, sus objetivos y lo que, en realidad, está en juego.
            Basta comparar los lemas para empezar a percibir las sustanciales diferencias entre unos y otros. Mientras el “Vía catalana” del 11-S es excluyente y desintegrador, el “Som Catalunya, somos España·” es incluyente e integrador; mientras el primero utiliza símbolos ilegales, como la estelada, omitiendo, cuando no rechazando e incluso agrediendo los oficiales de Cataluña y España, como la bandera española, el segundo utiliza la simbiosis entre la cuatribarrada, bandera legal en el ámbito catalán, y la bandera de España, legal y oficial en todo el Estado, incluida Cataluña; mientras el primero utiliza exclusivamente el catalán como vehículo de comunicación, el segundo integra el catalán y el español, mostrando la riqueza lingüística de Cataluña con sus dos idiomas oficiales. . .y, en definitiva, mientras que el primero incita a la discordia entre los propios catalanes y de los catalanes contra el resto de españoles, el segundo llama a la concordia entre todos los catalanes y de éstos con el resto de sus conciudadanos españoles. Se mire como se mire, si con el 12-O queremos celebrar todo lo que nos une a todos los españoles, incluidos los catalanes (tal como ha dicho el Príncipe Felipe), tanto CDC como ERC se empeñan en que con el 11-S, fecha que debiera ser festiva para todos los catalanes, se celebre, sin embargo, todo lo que nos separa, pero no sólo a los catalanes de los españoles, sino también a unos catalanes de otros, a los que consideran como catalanes de segunda, ya que para ser de primera deben pasar por el ritual expreso de renunciar a su condición de español, heredado de padres a hijos desde hace siglos, además de por haber nacido en España.
            Al margen de que la patronal rechace entrar en el pacto por el derecho a decidir, al margen de que, según los sondeos, no sea una mayoría de catalanes la que apostaría por el independentismo (cuestión distinta es por el camelo del inexistente “derecho a decidir”, que apoyan partidos como PSC y UDC) y, desde luego, no una inmensa mayoría, que incluso así cometería una grave ilegalidad de tintes totalitarios si hiciese una agresiva declaración unilateral de independencia, y, al margen de las nefastas consecuencias que tendría para Cataluña semejante declaración (por más que, aunque se les diga desde la UE, desde otros países incluso independizados pero desde la legalidad internacional y desde el resto de instituciones internacionales, CDC y ERC digan que sería el paraíso), bastaría preguntar qué derecho tienen a arrebatar la doble condición de catalán y español de tanta gente que no sólo se siente así, sino que además, como dice el lema, son así, catalanes y españoles.
            Durante la multitudinaria concentración del 12-O, que, al final, sólo fue avalada políticamente por el PP y Ciutadans, se ha puesto además en evidencia algo que, a mi juicio es muy grave, como es la ausencia del PSOE y de UDC. Ante un lema tan aséptico como “Som Catalunya, somos España”, su ausencia sólo se puede explicar porque el PSOE ya no existe en Cataluña (a nivel español dicho lema lo suscriben de “pe a pa”, que yo sepa; al menos los nuevos valores como Susana Díaz, así se lo recuerdan a Rubalcaba) y porque, tanto el PSC como UDC, engañan a los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes. Los “federalismos asimétricos” o las “terceras vías” no están reñidos con proclamarse públicamente como catalanes y españoles, que era lo que la concentración del 12-O pretendía, frente a los independentistas que, obviamente no pueden proclamarse como españoles y catalanes a la vez. ¿Qué les impidió sumarse a la concentración? Los ciudadanos que, antes o después, tendrán que ir a las urnas, necesitan sus respectivas explicaciones. Bueno, las de Duran, no. Mientras siga formando parte de CíU ya se sabe de qué va. Siempre ha sido así.


                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 11 de octubre de 2013

DESLIZ POLÍTICO DE SÁNCHEZ-CAMACHO

                        No sé si son “interpretaciones erróneas” a su propuesta, como dice Alicia, ni si algunos barones y medios de comunicación “han reaccionado sin haber profundizado y conocido” su contenido que, según ella, “no tiene nada que ver con lo que estaban diciendo y con lo que han explicado los medios de comunicación”, ni si el PP ya conocía la propuesta con la que Alicia ganó apoyos en las últimas autonómicas. Si es así, peor aún, bien por su escasa difusión durante la legislatura, bien por la actual improvisación e imprevisión, sorprendente para propios y extraños. Se mire como se mire Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Cataluña, ha tenido, como mínimo, un desliz político de primera magnitud en un asunto grave de primera magnitud.
Políticamente hablando es irrelevante si su propuesta da al independentismo planteado por los gobernantes catalanes una “respuesta equilibrada” que “garantiza la igualdad”, cuestiones que, como otras tantas y por racionales que sean, para nada interesan a los independentistas. Lo relevante de la propuesta es su inoportunidad y la nueva imagen del PP en Cataluña como embrión de un PPC (al estilo del PSC), claudicante ante el tsunami independentista con ofertas o parches acomodaticios, en este caso una especie de financiación especial, como las terceras vías o los federalismos asimétricos, creyendo calmar así la insaciable voracidad de los políticos independentistas. Un error estratégico descomunal que sólo favorece a CDC-ERC y perjudica especialmente al PP al dejar a Ciutadans como única opción firme y sólida contra el soberanismo y a favor de la legalidad nacional e internacional. Menos mal que, aunque el daño político ya esté hecho (para regocijo de los independentistas), a diferencia de lo que hace el PSOE con el PSC, el PP, para enmendar el entuerto, ha desautorizado inequívoca y contundentemente a este embrionario PPC de Alicia, considerando un “profundo error” limitar la solidaridad autonómica o plantear a destiempo modificaciones en la financiación de las CCAA (por necesarias que sean) fuera de plazo y lugar, como consecuencia de la presión al límite de una de ellas, en este caso de Cataluña, ya que, como dice Montoro, “la financiación ahora no toca” y, como dice Cañete, “el PP es un partido indivisible, como la nación española”. Es normal que los barones populares hayan presionado, mostrando su agravio ante la posibilidad de tratar financieramente de forma especial a Cataluña y exigiendo lo propio para demostrar dónde conduciría la insolidaridad interterritorial. Lo anormal e incomprensible es que no hagan lo propio los barones socialistas e izquierdistas con sus homólogos catalanes. Es el mundo al revés. Aunque parece que Susana Díaz en Andalucía está dispuesta a enmendarlo.
Sánchez-Camacho, como Navarro y compañía, comete el error de caer en la trampa que pone Artur Mas sobre el “derecho a decidir”, una falacia que “per se” no quiere decir absolutamente nada. Montar un debate sobre el “derecho a decidir” a secas, sin más, es una entelequia. ¿Decidir, qué? Ahí está la trampa. No decir el “qué” concita un mayor consenso, pues a nivel teórico y genérico, se puede estar de acuerdo como sucede con otros conceptos como libertad, igualdad… Pero ninguna persona, pueblo o comunidad tiene derecho a decidir cualquier cosa y quienes lo ejercen sin tener el derecho simplemente son delincuentes. Es el principio básico de la convivencia y, en democracia, se llama legalidad que, justamente, limita el contenido de conceptos mágicos como los citados. Camuflar con la reivindicación genérica del “derecho a decidir” el ejercicio de un derecho que no se tiene, en este caso, el de “autodeterminación”, regulado por la ONU sólo para determinados supuestos (Ver artículo “Autodeterminación y legalidad” en este blog. Febrero de 2013) o la “independencia” es una farsa que sólo pretende engañar a la ciudadanía. Participar en dicha farsa es, como mínimo, una grave irresponsabilidad de incalculables consecuencias; más aún si, además, no eres partidario de la independencia, convirtiendo dicha irresponsabilidad en una estupidez supina que, al final, se paga con pérdida de votos. Este es el desliz político en el que ha caído Sánchez-Camacho, al igual que quienes, no siendo partidarios de la independencia de Cataluña, ni de moverse en la ilegalidad nacional e internacional, cayeron antes, fortaleciendo exclusivamente las legítimas aspiraciones de los partidos independentistas y sus ilegítimas formas de consolidarlas.
En democracia cualquier proyecto es legítimo, salvo algunos considerados aberrantes, entre los que obviamente no está el proyecto independentista. Lo que siempre es aberrante es pretender imponerlo al margen de los cauces establecidos, denigrando a quienes exigen precisamente lo contrario. Un ministro socialista francés acaba de advertir que Francia jamás permitirá a sus regiones consultas independentistas, ni que cuestionen su pertenencia a Francia. Obvio, su legalidad no lo contempla. La nuestra, tampoco. Nadie se rasga las vestiduras en Francia ni denigra al ministro por semejante obviedad. Aquí, todo lo contrario. Según Más, en otra de sus mentiras antidemocráticas, el Gobierno de Rajoy y su partido son los culpables por negarles el “derecho a decidir”. ¡Decidir, qué! ¡Qué pena que, estando tan cerca, Francia y España, estén tan lejos! Seguramente cuando el ejército francés defienda a la Cataluña independiente, otra estupidez de Mas, conseguiremos aproximarnos.
En fin, si además de otros dirigentes políticos de otros partidos en Cataluña, que ya son demasiados, Alicia y el PP de Cataluña creen que los gnomos existen, lo tenemos bastante crudo. Si sus jefes a nivel nacional son incapaces de sacarlos del error, apaga y vámonos.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 6 de octubre de 2013

DELINQUIR SALE BARATO

                        La sentencia que acaba de dictar la Audiencia Provincial de Málaga sobre el “caso Malaya” confirma, una vez más, que delinquir en España sale barato. No es la primera vez, ni será la última, que me pronuncio al respecto en dicho sentido. Coincido con la percepción generalizada de la ciudadanía. Basta preguntar para saberlo. No obstante, dicho lo anterior, todos mis respetos a la sentencia, que no pongo en duda que estará ajustada a Derecho, aunque supongo que en su vertiente más benevolente ya que, según el fiscal, defensor de los intereses generales, y la acusación particular, los delincuentes podían haber salido bastante peor parados. No extraña que el cabeza de la trama y principal acusado, Juan Antonio Roca, visiblemente relajado, regalara sonrisas por doquier, tanto a abogados como a compañeros de banquillo, mientras esperaba el veredicto del tribunal. Seguramente su intuición no le engañaba. De los 30 años de prisión y casi 811 millones de multa que pedía la Fiscalía, se le condena a 11 años de prisión y 240 millones de multa. Supongo que la petición del fiscal, de haberse convertido en condena o haberse aproximado a ella, estaría tan ajustada a Derecho como la propia sentencia. Y estoy seguro de que se ajusta mucho más a la condena que de estos asuntos hace toda la ciudadanía que, obviamente, desconoce, como yo, gran parte de las dificultades para esclarecer determinado tipo de delitos. En todo caso Roca, el cerebro que, de la nada, consigue acumular una desorbitada fortuna, que, entre otras cosas, le permite acumular obras de arte hasta en el retrete, poniendo en evidencia no sólo su sinvergonzonería sino también su mal gusto, hoy es feliz.
            Y como él, el resto de los 52 condenados, muchos más que los del famoso cuento de “Alí Babá y los cuarenta ladrones”, además de los, casi otros tantos imputados, que han quedado absueltos, supongo que porque no se ha podido probar el alcance de su participación en los hechos o su carácter delictivo. El resultado global final, 125 años de cárcel de los 500 solicitados por fiscalía y 581 millones de multas en total que, visto así, puede incluso parecer demasiado, pero, si tenemos en cuenta de qué estamos hablando, la sentencia es demasiado decepcionante. Hablamos nada más y nada menos que de la mayor trama de corrupción municipal, del expolio de Marbella, arruinada y endeudada hasta las cejas por culpa de estos sinvergüenzas que, mientras la administraban, se lo llevaban crudo, del desmantelamiento y disolución de su Ayuntamiento, de su mala imagen por semejantes hechos y, además, de una estafa de unos 2.400 millones que, de acuerdo con las penas impuestas, supondría una pena de menos de nueve horas y media de cárcel por persona y millón estafado. Cierto que pasar por la cárcel debe ser muy duro para la gente honrada, aunque algunos se muevan allí como Pedro por su casa, pero nueve horas de cárcel por un millón de euros es demasiado benévolo y tentador, teniendo en cuenta que la mayoría de los mortales han de pasarse toda la vida trabajando sin llegar a ganar ni la mitad de dicha cantidad y pasando grandes dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, si de algo carece la sentencia es de efecto disuasorio ante la delincuencia de guante blanco.
            Pero, si a ello añadimos el desfile mediático de muchos de estos delincuentes mientras estaban siendo juzgados, llenando los platós de televisión con sus repugnantes presencias a cambio de sustanciosas cantidades de dinero, exhibiendo en ellos su poderío económico y el de sus familiares, producto de lo que trincaron en Marbella, que encima les sirve como plataforma para ganar fama y más dinero, contando sus fechorías y sus miserias privadas en la tele, sus deplorables conductas, tan levemente castigadas en los tribunales, causan indignación en la ciudadanía, además de un total desapego y desconfianza en nuestro sistema democrático que, siendo tan duro con el resto de la ciudadanía, agobiada por la crisis y ahogada por los impuestos, es tan blando con estos sinvergüenzas.
            No obstante, el juez plantea que el pago de las multas sirva para pagar la deuda de Marbella. Cabría saber qué pasará si no las pagan. ¿Seguirán en la cárcel hasta que lo hagan? ¿Irán a la cárcel si no pagan quienes no han de hacerlo por sus leves penas? Algunos, entre los que me incluyo, piensan que es básico que en este tipo de delitos las penas se vinculen sólidamente con la reparación del daño causado. Pero, aunque, en este caso, entre todos los condenados abonaran los 581 millones de multas, que saldarían los 500 millones saqueados durante la administración del GIL (aunque algunos la cifran en muchos más), ¿dónde están los 2.400 millones supuestamente estafados? Es obvio que, aun pagando las multas impuestas, que habrá que verlo, algunos han hecho con Marbella el gran negocio del siglo y, tras la salida de sus cortas estancias en la cárcel, podrán disfrutar el resto de sus vidas en la mayor de las opulencias y, si les apetece, seguir incrementando sus ilegales fortunas contándolo todo en televisión. ¿Sale barato delinquir en España? Ustedes tienen la respuesta.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 5 de octubre de 2013

VERGÜENZA SONROJANTE

                        La trágica noticia del naufragio de una barcaza repleta de inmigrantes cerca de la isla italiana de Lampedusa, con un balance de casi trescientos muertos, debiera causarnos a todos los europeos una infinita vergüenza que nos sonrojara el rostro al extremo de que, físicamente al menos, pareciéramos una nueva raza humana, desde luego culturalmente deshumanizadora y deshumanizada. Sobre todo, si tenemos en cuenta que lo acaecido en Lampedusa no es un hecho aislado, ni un accidente casual imprevisible. Es el enésimo episodio de angustia, desesperanza y muerte de quienes, condenados a un infierno de barbarie y horror humano desde su nacimiento en gran parte de África y Asía (sin descartar otros lugares del mundo), deciden jugárselo todo, incluso la vida, para huir con destino a nuestro infierno europeo, mucho más sofisticado que el suyo, pero, en el fondo, no mucho menos cruel e injusto, aunque, eso sí, bastante más hipócrita, al extremo de que desde la orilla sur del Mediterráneo lo ven como un paraíso.
Pues bien, en este infierno europeo, disfrazado de paraíso, España, Italia, Grecia y Turquía, próximos geográficamente a los infiernos del sur, se han convertido en barreras bastante permeables para vetar la entrada al falso paraíso europeo, especialmente el diseñado como UE. ¡Como si estos países no fueran infiernos internos de la UE, por más que, comparados a los externos, parezcan purgatorios! Y justo para llegar a ellos es cuando comienza la última tragedia de quienes emprenden el arriesgado éxodo con la intención de dejar atrás su propia tragedia personal de origen. Buena parte de ellos, como en este último naufragio en Lampedusa, pierden la vida durante la travesía. Buena parte de los supervivientes (eso sí, tras reconocerles médicamente y reanimar su estado físico ¡faltaría más!) quedan hacinados en centros de acogida de inmigrantes hasta que puedan ser devueltos a sus infiernos originales, siempre que se pueda averiguar cuáles son. Y el resto a sobrevivir sin identidad y en clandestinidad, bajo la denominación genérica de “sin papeles”, antes de pasar, tarde o temprano, a la situación del grupo anterior tras malvivir en la indigencia, explotado laboralmente o dedicado a actividades delictivas. Llegados al “paraíso”, de algo hay que vivir para no morir de inanición como en sus países. Es el destino dorado que la UE ofrece a quienes cruzan desde la otra orilla, dejando en manos de sus socios más débiles la tarea de impedírselo.
Sin medios, ni decisión política, para frenar esta locura desde su origen, una serie de leyes y medidas coercitivas en el destino, deshumanizadas e insuficientes, mantienen esta diáspora macabra desde el mundo subdesarrollado al desarrollado con absoluta indiferencia. El mundo desarrollado (es decir, nosotros) se refugia en argumentos genéricos racionales, como “la inmigración no puede ser infinita, ni descontrolada”. Cierto, pero ello no puede justificar una legislación insensible, a veces tan inhumana, que hasta convierte en delincuentes a quienes ayuden a los que pretenden entrar de forma clandestina. Y luego, hipócritamente, a rasgarse las vestiduras cuando algunos pesqueros, como es el caso, deciden pasar de largo en Lampedusa, haciendo caso omiso a la petición de socorro de la barcaza naufragada. Por su parte, el mundo subdesarrollado (es decir, ellos) sometido a todo tipo de vejaciones por oligarquías locales que, amparadas en dictaduras sanguinarias, luchan entre sí por conseguir el poder absoluto, ante la indiferencia de la comunidad internacional, que en nada les ayuda para salir de la situación, aspira al derecho natural básico de la supervivencia, que nadie les garantiza en sus lugares de origen. Y luego, sin que se nos caiga la cara de vergüenza, a mostrar una hipócrita generosidad humana con campañas esporádicas de ayuda (a refugiados, a centros de inmigración, a huérfanos, a hospitales….) que, siendo obviamente necesarias, jamás solucionan la erradicación definitiva de tan inhumano problema.
Vergüenza sonrojante por nuestro egoísmo ciego e inhumano de pretender consolidar en este mundo globalizado un paraíso ficticio prestado (casi todo lo debemos), con los pies de barro (la crisis lo evidencia), generando un espejismo no sólo en nosotros mismos, sino también en el mundo de miseria, pero totalmente real, que lo rodea. Vergüenza porque nos empeñamos egoísta e irracionalmente en vender nuestro espejismo, conocido como Estado del Bienestar (preñado de todos los parabienes sociales, políticos, morales y económicos), mientras ellos no pueden seguir en su cruda realidad, generándoles una vana esperanza de salvación, que se desvanece, como en Lampedusa, incluso antes de llegar al destino. Llegar, incluso hasta puede ser peor.
Hace unos años, cuando me dedicaba a la “cosa pública” en temas de cooperación al desarrollo, un joven indigente africano a punto de ser devuelto a su destino, ante mi extrañeza por su tristeza de regresar a su país, viviendo aquí de forma tan precaria, me dijo escuetamente “en mi país no hay cubos de basura”. Me callé. Su magistral lección no he podido olvidarla, al igual que sus inmensos ojos negros impregnados de una infinita tristeza y una gran resignación. Hoy, con todo el dolor de mi alma, le hubiera tenido que decir que aquí sigue habiendo cubos de basura, pero que cada día que pasa hay más competencia por ellos. Como en su país, entre unos cuantos, cada vez menos, lo están acaparando todo. Allí con más descaro y menos escrúpulos. Cuestiones geopolíticas y geoeconómicas. Al final, son los mismos y están en todas partes.


                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 2 de octubre de 2013

AMENAZA ANTIDEMOCRÁTICA EN EUROPA

                        Un informe bastante fiable pone en alerta a las autoridades de la UE. Dicho informe revela un deterioro progresivo de la calidad del sistema democrático en Europa, detectando importantes retrocesos en la lucha contra la corrupción, el respeto a las minorías y a los derechos humanos. Encargado por el euro-grupo socialdemócrata, el estudio pone cierto énfasis en las amenazas provenientes desde la extrema derecha y un cierto descuido de las provenientes desde la extrema izquierda, pero, en todo caso, concluye acertadamente que “la democracia no puede darse por sentada, puede decirse que está amenazada”. De haber puesto idéntico énfasis en ambas “extremas” la conclusión hubiese sido más alarmante aún. Y no sólo en los países más recientemente incorporados a la UE, sino también en las viejas democracias; no sólo en los países del sur o el este, sino también en los del norte, el oeste y el centro. Por unas u otras causas se constata de forma generalizada el incremento de agresiones a inmigrantes, de rechazo a musulmanes, de euroescepticismo, de partidos de extrema derecha… que están haciendo retroceder los valores que se fueron consolidando en los años noventa.
            Sin pormenorizar en los detalles del estudio, basado en una combinación de más de veinte indicadores muy diversos, agrupados en cinco campos (procesos democráticos, incluida la corrupción; derechos fundamentales; respeto a las minorías; ciudadanía activa, y capital social y político), Grecia y Hungría son los estados peor paradas en calidad democrática (la irrupción del partido neonazi griego Amanecer Dorado en su parlamento y el auge de la derecha autoritaria húngara con 43 diputados y 3 en el parlamento europeo del partido Jobbik de extrema derecha, vaticinan incluso más deterioro futuro). Pero el auge de la extrema derecha (preñada de populismo, nacionalismo y xenofobia) no se circunscribe sólo a estos dos países. La reciente entrada en el parlamento sueco de Demócratas de Suecia, que se suma a las presencias parlamentarias en Países Bajos, Dinamarca, Austria, Eslovaquia, Letonia, Bulgaria, Francia, Finlandia… (por no añadir el haberse quedado a las puertas en Alemania, ni el peculiar caos italiano), así como el éxito en las últimas elecciones europeas obteniendo entre el 5% y el 10% de apoyos (Rumanía, Finlandia, Grecia, Francia, Reino Unido y Eslovaquia) e incluso superando el 10% (Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Hungría, Austria, Bulgaria e Italia), ponen en evidencia que el totalitarismo derechista es una real amenaza en Europa. Si se añade el variopinto movimiento antisistema (antiglobalización, anticapitalismo, anticonformismo militante…) auspiciado a veces por grupos pacifistas inconformistas (ecologistas, verdes…), pero utilizado y manipulado por grupos violentos heterogéneos, que van desde la extrema izquierda (anarquistas, comunistas…) a la extrema derecha (fascistas, neonazis…), proclives ambas a la violencia urbana y a la acción directa de la fuerza, el panorama europeo es sombrío en un ambiente de malestar colectivo causado por la crisis económica y la creciente desconfianza en los esquemas clásicos en que se han basado las llamadas “democracias occidentales”.
            Se precisa pues un revisionismo político regeneracionista en la vieja Europa para superar los viejos esquemas de proyectos políticos basados en los cuatro tópicos clásicos, ya desfasados, que diferencian las opciones políticas democráticas entre la izquierda y la derecha. La globalización exige planteamientos nuevos ante nuevos retos y nuevos obstáculos, al extremo de que determinados asuntos (inmigración, derechos humanos, integración cultural, terrorismo, drogas, delincuencia….) no pueden quedar como falsas armas arrojadizas electorales, de unos u otros, para generar en la población mayor desencanto, frustración y desconfianza en el momento en que se hace patente su inviabilidad o inconveniencia de ponerlas en práctica al obtener el gobierno. Baste como ejemplo, la decisión del gobierno socialista de Hollande de expulsar de Francia a gitanos búlgaros o rumanos, desmantelando sus campamentos, con el argumento de su nula voluntad de integrarse, convirtiéndose en focos de delincuencia incontrolables. ¡Quién lo diría cuando en campaña electoral calificaba las expulsiones como prácticas caprichosas e inhumanas del gobierno de derechas de Sarkozy, asumiendo las perversas políticas de extrema derecha de Le Pen! Si los desalojos eran entonces “inmorales e ilegales”, ¿por qué ahora no lo son? Y así, tantos otros ejemplos, sobre otros tantos asuntos (islamismo, “sin papeles”, libre circulación…) que, a todas luces, sería más sensato afrontar (y más eficaz frente a los planteamientos xenófobos de partidos totalitarios) mediante un consenso democrático generalizado, superador de opciones de izquierda o derecha, sobre la integración de los inmigrantes, su regularización y su control por parte de las instituciones, como la de cualquier otra persona no inmigrada, justo para garantizarle, como al resto, sus derechos y exigirle sus obligaciones sin agravios comparativos.
            Es urgente pues un papel más activo de la Comisión Europea para vigilar la calidad democrática dentro de sus fronteras. Pero, como en otros tantos asuntos, ni la UE tiene mecanismos al efecto, ni los estados miembros están dispuestos a concedérselos, ni los partidos democráticos de Europa quieren renunciar al privilegio demagógico de usar como propias cuestiones de sentido común con el único objetivo de ganar elecciones para quedar después con el culo al aire. Una frivolidad que puede traer graves consecuencias para la paz y la libertad en un futuro más próximo de lo que algunos prefieren creer. Entretanto un nuevo amanecer dorado para los totalitarismos, que en tales condiciones se mueven como peces en el agua.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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