jueves, 28 de noviembre de 2013

CARLOS FABRA, EL AFORTUNADO

                        Que Carlos Fabra es un hombre afortunado nadie puede ponerlo en duda. Persona popular donde las haya, él mismo ha alardeado de su fama: “Soy más famoso que José Tomás”, buscando el comparativo en una de sus favoritas aficiones, los toros, y en el más destacado de sus protagonistas. Político por tradición familiar, la Diputación Provincial, que su padre y algún otro miembro de su familia ya presidiera, ha sido la institución de sus amores, que ha presidido durante dieciséis años, y el PP su partido de referencia, presidiéndolo a nivel provincial durante veintidós. Castellón, su patria chica, su corralito particular, siendo probablemente el castellonense más importante, al menos a nivel mediático y de influencia político económica. Y, por si fuera poco, para que la saga de “los Fabra” tenga futuro, hasta una de sus hijas, Andrea, anda metida en política, aunque, en este caso, como diputada en el Congreso. . .¿Por dónde? Por Castellón, por dónde iba a ser. Fabra y Castellón o Castellón y Fabra son consustanciales. Con semejante papi, Andrea se permite el lujo de agredir verbalmente a los parados desde el hemiciclo. “¡Qué se jodan!”, una terminología indigna de una persona supuestamente bien educada. Ya ven, salvo esto último, todo un ser afortunado, pues, aunque Cospedal se viera obligada a censurar la actitud y el vocabulario de Andrea, nada que temer, un pecadillo de juventud, su todopoderoso papi, tildado por Rajoy como “político ejemplar”, supongo que en privado habrá reprendido la salida de tono de su hija. Algo así como, desde nuestra posición económica tan favorable, no es inteligente mencionar excesivamente a los parados, menos aún de forma grosera, cuando tan mal lo pasan; piensa que muchos de ellos te tienen que votar después. . .Y Andrea, seguro que lo habrá entendido.
            Carlos Fabra, por si todo lo anterior fuera poco, es afortunado por otras muchas razones. Probablemente sea el español que más veces le ha tocado la lotería nacional, decenas y cientos de miles de euros, a veces casi de forma sucesiva, año tras año, fue tocado por la varita mágica de la suerte. Lo que explica un sustancioso patrimonio económico, por más que las malas lenguas consideren que puede haber cosas raras en el asunto, después de que un gran amigo suyo decidiera acabar con su amistad acusándole de algún que otro delito. Es tal su suerte que, después de diez años de iniciarse el juicio, cuando el ministerio público solicitaba trece años de cárcel, le acaban de condenar sólo a cuatro años, y cuando se le imputaban delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias y cuatro contra la Hacienda Pública, sólo se le condena por estos cuatro delitos últimos, lo que ha supuesto gran alegría al condenado, que entiende que defraudar a Hacienda casi 700.000 euros (casi un millón si se incluye lo defraudado por su ex mujer, condenada también a dos años), no empaña su actuación política, que considera “correcta" ya que “no hubo corrupción, ni cohecho ni tráfico de influencias” y por tanto “nada enturbia” su etapa en la vida política. Es decir que para este personaje tan afortunado es clara y trasparente la actuación de los políticos, contradiciendo, como dice el fallo, que “es indiscutible que si se comparan, por ejemplo, los 60.000 euros de renta declarada en 1999 con los 774.000 euros ingresados en efectivo durante ese año, las cuentas no salen”, concluyendo el tribunal que con los ingresos detectados (unos 3´3 millones contando lo de su ex mujer) no se corresponde con su patrimonio y constituye una “fuente oculta” de dinero. Un grave error a mi juicio por parte del Tribunal, la fuente no es oculta, sino mágica (no se olviden lo de las loterías). Si el fiscal, durante la vista, no veía explicación “razonable” a de dónde sacaba dinero para realizar los ingresos que figuran en sus cuentas (y ello se queda en agua de borrajas) hasta se puede explicar, por pura lógica, que se olvidara declarar tan fantasmales cantidades a Hacienda que es por lo que en definitiva se le condena. Lo demás entra dentro de los misterios sin resolver.
            Es tan afortunado el personaje que, aunque los magistrados consideran su versión “ilógica”, “absurda” e “inverosímil”, me temo que si, tal como ha prometido, recurre la sentencia, hasta es capaz de verla rebajada y salir más airoso todavía. Ha prometido, mientras se da de baja en el PP, que, en caso de que agote todos los recursos sin resultado positivo no solicitará el indulto. Un grave error desde mi punto de vista ya que, con la suerte que tiene, seguro que se lo concederían. Si a su vez la Fiscalía Anticorrupción también va a recurrir la sentencia justo para lo contrario, el culebrón del “caso Fabra”, el artífice del aeropuerto fantasma sin aviones presidido por su gigantesca efigie, continuará por un tiempo más y, entretanto, lo de pisar la cárcel, ni hablar. Y lo de pagar la multa de casi 700.000 euros, más la indemnización por idéntica cantidad, ya veremos. Esperemos que no sea dentro de otros diez años.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 24 de noviembre de 2013

GUERRA DEL “Y TÚ MÁS”, PP Y PSOE A CUCHILLADAS

                        No hay asunto turbio, decisión desacertada o declaración incorrecta que, tanto el PP como el PSOE, con la amplia representatividad que entrambos tienen, como los más importantes partidos de nuestro sistema democrático, en vez de aclararlo, buscar el acierto o corregir el malentendido, no lo utilicen como arma arrojadiza en la absurda guerra del “y tú más”, declarada entre ellos desde que se produjo la primera alternancia democrática, tanto en el gobierno central, como en cualquiera de los autonómicos o municipales. Es el resignado sino que ofrecen a la inmensa mayoría de los ciudadanos que, salvo a los acólitos de cada uno de ellos (y no a todos), están hartos de reproches, incoherencias y demagogias, ya que lo que les interesa es que, entonando el “mea culpa” a quien en cada supuesto y en cada momento corresponda, se sienten para negociar y resolver el problema de la mejor forma posible y en beneficio de la mayoría.
            Sin mencionar la retahíla de casos de corrupción pura y dura, despilfarro, nepotismo, financiación irregular, subvención digitalizada, gasto suntuario, asesor injustificado, incumplimiento de promesa electoral, reajuste y recorte, congelación o bajada salarial y de pensión, endeudamiento desorbitado, falta de transparencia, indulto sorprendente, política fiscal agobiante…y otros tantos, que sirvieron para desenterrar los cuchillos y reavivar el “y tú más” a cuchillada limpia (se entiende que políticamente hablando, pues la sangre no llega al río, aunque la solución de los problemas tampoco), sirvan como ejemplo las actuales refriegas que, como las anteriores, se me antojan intolerables y absurdas.
            A cuchillada limpia, nunca mejor dicho, andan el PP y el PSOE sobre el asunto de las cuchillas instaladas en las verjas fronterizas de Melilla para impedir el paso clandestino de subsaharianos a España. Método obviamente inhumano y peligroso, además de ineficaz como disuasorio en personas que están dispuestas, si pueden, a jugarse la vida atravesando en patera el estrecho. Cuando todos entienden, como dice el nuevo portavoz de la Conferencia episcopal, que no es una forma adecuada para luchar contra la inmigración ilegal, aunque se utilice en otros lugares como cárceles o centrales nucleares, no se comprenden las tarascadas de Rubalcaba y Elena Valenciano por tan inhumana decisión del PP, amenazando incluso con llevar el asunto a la Comisión Europea, siendo precisamente el gobierno de Zapatero quien instaló las cuchillas, para desmantelar parte de ellas ante la presión social, con lo que parte de las que hay ahora son las instaladas bajo el gobierno del PSOE, que se completan con las instaladas ahora. ¿No sería más lógico que, en vez de puñaladas traperas, Rubalcaba instara serenamente a Rajoy para disuadirle aportándole su experiencia negativa como autor de la instalación de las cuchillas en su día? Dicho “mea culpa” aportaría a la opinión pública más claridad sobre el desmantelamiento de las cuchillas, que las cuchilladas dialécticas incoherentes para intentar adjudicar, en este caso, a Rajoy la inhumanidad de la medida en exclusiva. Además se entendería lo absurdo de gastar en su día casi nueve millones en instalar las cuchillas, para desmantelarlas parcialmente y aprobar dos resoluciones de urgencia para instalar un sistema disuasorio de “dispersión de líquidos” mucho más agresivo aún. ¿No sería más sensato consensuar una legislación sobre la inmigración ilegal?
            Y a cuchillada limpia, aunque más sibilinas, andan también sobre el asunto de la financiación irregular de los partidos políticos, cuando, prácticamente todos, o han sido ya condenados por el asunto o están bajo sospecha. Ha bastado que, tras una serie de cuchilladas a diestro y siniestro en la larga guerra del “y tú más” en casos de corrupción, el juez Ruz vea algo más que meras sospechas y a nivel indiciario apunte a una “contabilidad B” del PP, para que unos y otros saquen, una vez más, las hachas de guerra. Siendo un asunto grave, negado por Rajoy ante el mismísimo Parlamento, que lo agrava aún más en caso de que se demuestre dicha opacidad contable, sea o no delito o esté o no prescrito, ante la avalancha de peticiones de condena y dimisión a Rajoy por parte de la oposición, sale a la palestra González Pons para proclamar, sibilinamente, que en el PP son “tan honrados como todos”, una cuchillada trapera a la oposición que, afectada por el mismo asunto e incluso condenada por ello, en vez de exigir al PP un consenso para una ley trasparente sobre financiación de partidos, prefiere asimismo dar cuchilladas y elevar a condena los indicios judiciales, mientras mira hacia otro lado en asuntos tan graves como el de los EREs, aunque ya los indicios judiciales hayan llevado a la categoría de imputados a algunos de sus protagonistas, caso que en la investigación del juez Ruz ni ha sucedido todavía. En “román paladino” las palabras de Pons pueden significar que la misma honradez del PSOE, que los populares cuestionan, tiene el PP, algo así como somos tan deshonrados como ellos. Con haber proclamado “en el PP somos honrados” o simplemente callarse, si tiene dudas, hubiese bastado, pero el preventivo y amenazante a la vez “tan honrados como todos” deja muchas dudas en el putrefacto ambiente de la generalizada corrupción en España, así como un tufo a no querer oxigenarlo en el futuro. Una batalla más de la interminable guerra del “y tú más” que tanto daño está haciendo a la democracia.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

viernes, 22 de noviembre de 2013

EL PSC EN EL BUEN CAMINO

                        No sé si ha sido Navarro “motu proprio”, presionado por Susana Díez o a instancias de Rubalcaba, pero lo cierto es que el Secretario General del PSC ha dado un giro copernicano en la forma de enfocar el desafío independentista de Artur Mas y Junqueras. En un Consejo Nacional Extraordinario ha hecho, por fin, lo que debía haber hecho hace ya bastante tiempo. Aunque algo tarde, bienvenida sea la iniciativa. Más vale tarde que nunca. Le ha bastado someter a votación la tesis de la Ejecutiva, rechazando que el Parlament solicite autorización al Congreso para la convocatoria de un referéndum, para obtener un amplio respaldo. De 309 consejeros han votado a favor de la Ejecutiva de Navarro 258 (el 83´5%), manifestándose en contra sólo 41 (el 13´3%), en blanco 9 (el 2´9%) y nulo el voto restante. Una victoria aplastante de Navarro sin lugar a dudas. ¿Qué necesidad tenía de jugar al absurdo?
            Obviamente la vuelta del PSC a la cordura ha defraudado a los partidos independentistas (CiU, ERC, ICV y CUP) que, de forma consensuada, reclamaban la delegación de competencias en base al art. 150.2 de la Constitución para organizar la consulta, tras hacer una lectura torticera de dicho artículo que, ni literalmente permite semejante delegación de competencias, y, mucho menos, desde el sentido común y la literalidad de otros muchos artículos constitucionales. La bajada de Navarro del vagón de la locura soberanista supone un verdadero mazazo a los planes totalitarios de Mas, Junqueras y compañía. Hasta el mismísimo Durán i Lleida, experto en nadar y guardar la ropa, no ha podido disimular su enfado al manifestar que el PSC “nos falla en el momento más trascendente de Cataluña”, quitándose la careta de moderación que casi siempre lleva puesta y que le permitía simular un distanciamiento de la hoja de ruta de sus mismísimos socios (CDC y ERC), no de su proyecto, y una cierta proximidad con su “tercera vía” al federalismo del PSC y su, hasta ahora, ambigüedad sobre la famosa consulta catalanista. La tesis de Navarro de que el referéndum de autodeterminación sea pactado de forma legal y acordada entre los dos gobiernos, es simplemente una forma suave, para no levantar ampollas, de manifestar que el referéndum, hoy por hoy, es prácticamente imposible, ya que, si no se modifica antes la Constitución (y ello requiere un amplísimo consenso español), sería totalmente ilegal convocarlo, salvo que las mismísimas Cortes Generales se volvieran locas, caso que no sucedió cuando Ibarretxe intentó lo propio.
            Con el PP, PSOE y UPyD, claramente ubicados en el lado constitucionalista, incluso en Cataluña, e IU también (al menos en el resto de España, salvo Cataluña), la locura de CIU (aunque UDC siga sin aclararse) y ERC, acompañados por minorías aún más alocadas, tienen poco margen para la credibilidad democrática, ni presente ni futura, y mucho margen para poner en evidencia el lastre totalitario que arrastran, en caso de mantener su reivindicación unilateral de independencia, sí o sí, que, según las encuestas, sólo avalaría la mitad de los catalanes. ¿Y la otra mitad? ¿Y el resto de españoles? El “sensato” de Durán, único que sigue en la ambigüedad, tiene ya poco tiempo para decir al pueblo español (incluido el catalán) de qué lado está, si, como él mismo dice, con los que tienen más de cuatro dedos de frente o los que no llegan a eso.
            En el PSC sólo basta saber ahora si esa minoría independentista del 13% acatará las decisiones mayoritarias del partido o seguirá en actitudes díscolas, votando en las instituciones contra las directrices internas democráticamente establecidas. Al igual que Durán, tienen poco margen para optar sobre qué lado están, si en el democrático o en el totalitario. Como en la resolución del Consejo Nacional no se ha incluido la exigencia de que los parlamentarios se comprometan a votar la decisión de la mayoría sin romper la disciplina de voto (como ha venido sucediendo hasta ahora) y sólo ha quedado la recomendación de Navarro de que tienen la obligación “moral y democrática” de acatar las decisiones de la militancia, convendría que, ya puestos a oxigenar el PSC, quedara bien claro que las actitudes antidemocráticas no pueden quedar impunes como hasta ahora, máxime cuando, al parecer, quienes pierden la razón de los votos insinúan no tener claro acatar la disciplina de voto. En caso de llevar esta velada amenaza nacional-socialista, en detrimento de los principios democráticos socialistas, sin que semejantes personajes sean expulsados ipso facto por su manifiesto talante antidemocrático y, por tanto, totalitario, el PSC no sólo quedará relegado a la cuarta posición en Cataluña, como dicen las últimas encuestas, sino que correrá un grave riesgo de quedar como un partido desprestigiado y testimonial, con el correspondiente daño al PSOE a nivel de todo el Estado Español. Navarro y su Ejecutiva tienen la última palabra; Rubalcaba y la suya, la palabra y la decisión definitiva. ¡Ojala no tomen atajos durante el recorrido del buen camino que acaban de iniciar! España, más que nunca, lo necesita y Cataluña, como parte de España, mucho más.


                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 19 de noviembre de 2013

SOBRE LA JUSTICIA EN ESPAÑA (ARTÍCULOS ANTERIORES A 2011)


LA INJUSTA JUSTICIA EN ESPAÑA

                            A propósito de los datos aportados por el Excmo. Sr. D. Fernando Alvarez de Miranda en su última intervención en el Congreso de los Diputados en que hace balance de su gestión al frente del DEFENSOR DEL PUEBLO, cabe destacar sus lamentaciones por no haber podido tramitar la mayor parte de las quejas que los ciudadanos le han planteado ya que exceden de las competencias que la institución tiene atribuidas. Es muy triste comprobar que tan noble y alta institución como el Defensor del Pueblo no pueda intervenir en la defensa de la mayoría de los derechos que el Pueblo le plantea, que por cierto son muchas, cuando comprueba que la justicia ordinaria no se los ha garantizado
Dicho lo anterior, la noticia no deja de ser una mera estadística, sin embargo detrás de cada uno de los datos hay una situación de injusticia y un drama personal o familiar al que nadie aporta solución. Por ello para que la opinión pública pueda percibir toda la dimensión del problema, me parece interesante que al menos un caso, que personalmente conozco, sea conocido públicamente ya que el resto a los que se refiere el Defensor del Pueblo pueden tener elementos similares al margen de las causas que los provocaron.
          La persona a la que me refiero vive en Alicante y un juzgado de Alicante con sus decisiones le ha venido causando gravísimos perjuicios familiares, sociales, morales y económicos desde que su ex-mujer inició (después de cinco años de separación de mutuo acuerdo) una demanda de actualización de pensiones para los hijos (ella trabaja para la Administración), que no de impago de las mismas (125.000 pts. mensuales mas dos pagas extraordinarias anuales de igual cuantía por los tres hijos), comenzando así un procedimiento judicial cargado de irregularidades procesales, dilaciones indebidas, errores admitidos por el propio juzgado, indefensión, pérdida de documentos en el juzgado, etc. que le han obligado a esta persona al embargo de la totalidad de su salario, a pagar pensiones por hijos que viven con él y a su cargo, a retenerle cuantías muy superiores a las proporcionales con sus ingresos, a pagar pensiones por hijos que ya están trabajando, etc. consiguiendo finalmente su ruina económica (pérdida de la vivienda, por subasta, que estaba pagando con un crédito hipotecario ya que la anterior la dejó para sus hijos), su ruina moral (convirtiéndose en un moroso incapaz de hacer frente a los compromisos económicos contraídos) y su ruina familiar (no poder atender al hijo que voluntariamente había decidido vivir con él ya que el juzgado permitía el embargo de la totalidad de su salario, incluidas las 65.000 pts. –pensión ya revalorizada 195.000 pts. por los tres- por ese hijo que le eran enviadas a su madre).
          ¿Es correcto que ante una demanda (ni siquiera comunicada a la parte demandada) de “actualización de pensiones” que no de “impago de las mismas” un juzgado actualice “ipso facto” las cuantías y ordene su ejecución inmediata sin tener en cuenta las alegaciones que pueda plantear la parte demandada?. En el caso que expongo la parte demandante actuaba de mala fe al solicitar la revalorización según el IPC para la pensión de sus tres hijos (125.000 pts.) cuando uno de ellos por propia voluntad vivía con su padre varios años y este no había descontado su pensión a la madre ni había solicitado pensión de ella para este hijo con lo que la revalorización estaba sobradamente compensada para los dos hijos que seguían viviendo con ella.
          ¿Es correcto que un juzgado, conociendo todos los datos, permita el embargo de la totalidad del salario de un ciudadano que tiene un hijo a su cargo y en el citado embargo está incluida la pensión revalorizada de este hijo (65.000 pts) que le es enviada a la madre con la que este hijo no vive?. Entiendo que el embargo del salario es un recurso límite, cuando no hay otros bienes, y por ello la LEC establece unos tramos inembargables (que en este caso el juzgado se salta a la torera) precisamente para que la persona afectada pueda seguir trabajando y asumiendo los compromisos económicos contraídos; lo contrario seria antinatural ya que nadie soportaría estar trabajando si todo su salario le es embargado... ¿de qué viviría entonces?, la ley le obligaría a dedicarse a la delincuencia inevitablemente. Lo mas curioso es que este juzgado permite esta situación tras varios meses de litigio en que la jueza con un telegrama aclaratorio dice que ha tenido un error en sus decisiones anteriores; ¿cómo puede un juez decir que ha tenido un error y que ahora lo modifica sin conocer nuevos datos?, ¿cómo sabe ahora que su decisión es acertada y la anterior no?, ¿acaso no debe ser una instancia superior la que ha de decidir si la decisión judicial está ajustada a derecho o no en caso de recurso de las partes?.
          Por resumir la situación cabe destacar que, tras soportar durante mucho tiempo estas y otras irregularidades que cito al principio, cuando por fin el juzgado va dando razón al demandado, este solicita efectos retroactivos o alguna fórmula que le compense de los perjuicios económicos; la jueza le contesta que ello es imposible ya que al tratarse de pensiones por alimentos se supone que estos ya han sido consumidos. La abogada le informa de las posibilidades de recurrir o plantear demanda de responsabilidad civil, etc. pero para ello es necesario seguir pagando una serie de gastos (abogados, procuradores, etc.) que esta persona ya no puede afrontar (la han arruinado).
          En esta situación el demandado plantea una queja (esto es gratis) al Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo. El CGPJ le da la callada por respuesta; el Defensor del Pueblo le manda una cordial carta en la que, tras haberse informado de todo lo acontecido, le comunica que no tiene competencias para hacer nada al respecto ya que ha de ser la Justicia ordinaria la competente por la vía de los correspondientes recursos. Es decir, en este caso, lo imposible.
          Ante esta situación y sin perder el sentido del humor, ¡menos mal!, mi amigo está pensando en recurrir al Sr. Anguita para que haga una colecta pues si con ello ha conseguido aliviar la situación de un juez condenado, ¡cómo no lo va a hacer con cualquier otro trabajador que se encuentra en estos apuros!. Yo le he sugerido que seguramente le dará mejor resultado plantear el problema al Síndic de Greuges ya que, si ha podido tramitar su gran problema personal por no reservarle un despacho, tendrá competencia para tramitar este caso que, a mi juicio, es de mayor envergadura.
          En fin, este es el país que tenemos.
                             Fdo. Jorge Cremades Sena
                         (publicado en Información el 4-11-1999)

                             

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA:
                                   Mientras que la proliferación de determinados delitos (prevaricación, cohecho, extorsión, apropiación indebida, malversación de fondos públicos, estafa y otros parecidos) está convirtiendo España en el espejo donde se miran las más pintorescas repúblicas bananeras, miles de ciudadanos honrados, que, a falta de otros bienes, hacen frente a sus deudas contraídas por la vía del embargo de su salario, se sienten estafados y no precisamente por los autores de los citados delitos (no vale la pena pringarse por tan poco dinero), sino por la propia justicia a través de las “mejoras de embargo”.
            El procedimiento es bien sencillo aplicando el viejo refrán de “Hecha la ley, hecha la trampa”, surgido como los demás de la mayor de las sabidurías, la popular. En efecto, al no tratarse de crímenes o delitos, que regula el Código Penal, el cobro de una deuda se ejecuta a través del Código Civil, quien, a la vez que establece el cobro mediante el embargo de los bienes del deudor (incluido el salario a falta de otros bienes), establece lógicamente una protección de dicho salario (tramo no embargable) para que el deudor pueda seguir viviendo y pagando la deuda (hasta aquí, la Ley, que, en términos populares, significa que una parte del salario se destina a pagar y la otra se destina a vivir). No obstante, la mayoría de los citados deudores suele tener un bien, la cuenta corriente, donde precisamente su empresa le ingresa la parte no embargada, y los jueces, supongo que a petición del acreedor, mediante una “mejora de embargo” le embargan (valga la redundancia) el saldo de la misma, precisamente el dinero no embargable que la ley protege para que el deudor pueda seguir viviendo (hasta aquí, la Trampa, que supone, en términos populares, un sentimiento de sentirse estafados, al margen de no poder comer ese mes). Obviamente no se trata de una estafa en toda regla (la estafa es “un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro”), pero, al margen de tecnicismos, el perjuicio patrimonial es evidente y total, ya que queda perjudicado en el mínimo patrimonio que tiene (la parte no embargable de su salario), el engaño es claro, ya que la ley le ha dicho que esa parte del salario es de su libre disposición, y el ánimo de lucro es probable, ya que el acreedor pretende lucrarse al cobrar la deuda con antelación al tiempo establecido por la propia ley según las circunstancias del deudor.
            Esa sabiduría popular, que percibe el engaño, el agravio comparativo y la impotencia para hacer valer sus derechos, frecuentemente atropellados; que conoce su vulnerabilidad ante los poderosos y sus medios para burlar las normas; y que intuye que, al final, los daños provocados por los delincuentes de guante blanco repercute en su propia vida, se pregunta qué trampas utilizan éstos delincuentes para, a cambio de algún tiempo en la cárcel (poco, ya que, “arrepentidos”, por su buena conducta la pena real será sustancialmente rebajada) y la incautación de una parte de lo que han robado (presuntamente, no vaya a ser que incurra en un delito), salir en libertad convertidos en honrados ciudadanos poseedores de inmensas fortunas. No es de extrañar que el pueblo en general (y en particular esos miles de deudores “estafados” por la “mejora de embargo”), aun sin ser delincuentes, prefieran ser tratados por el Código Penal (el Código Civil no entiende de rebajas) en condiciones similares a las de los delincuentes de altos vuelos, ya que, comparativamente, con algunos días de arresto quedarían exentos del pago de la deuda legal (normalmente unos miles de euros, ya que su economía les impiden contraer deudas por mucho más), al igual que, con algunos años de cárcel, quedan exentos los citados delincuentes de la deuda delictiva (normalmente de millones de euros, ya que no vale la pena pringarse por menores cuantías), contraída con el pueblo gracias a sus fechorías y no aflorada en el correspondiente juicio.
            Como el pueblo es generoso, incluso así tendrían ventaja estos delincuentes ya que en el futuro se convierten en miembros “honrados” de la alta sociedad poderosa económicamente (el tiempo todo lo cura), mientras que el resto ha de seguir trabajando honradamente, en muchos casos para que ellos sigan incrementando su fraudulenta fortuna. ¡Faltaría más, tampoco podemos cargarnos el sistema de un plumazo!.
                                   Jorge Cremades Sena
(publicado en Información el 27-7-2006).

CON TODOS MIS RESPETOS, SEÑORÍA:

                        Un juez acaba de adoptar las primeras medidas (libertad vigilada) contra el agresor de un profesor (un exalumno de quince años) en su centro de trabajo, desestimando las medidas propuestas por la fiscalía de menores y el equipo técnico (ingreso en régimen semiabierto), que los jueces de menores suelen acatar. Sin entrar en qué medidas puedan ser las más adecuadas (el tiempo lo dirá), no sólo como elemento punitivo por los graves hechos cometidos, sino también como elemento rehabilitador del citado joven e, incluso, como elemento ejemplarizante para que otros jóvenes, con perfiles parecidos, reflexionen sobre las consecuencia de sus desviadas conductas, sí es necesario hacer una severa crítica a los argumentos que utiliza el citado juez para justificar su decisión, ya que, a todas luces, dichos argumentos deterioran la tarea educativa en España, alentando precisamente a aquellos que no cumplen con sus obligaciones educativas legales .
            En primer lugar, como otras tantas veces, se pone en duda la actuación del profesor, al argumentar que se desconocen las circunstancias de la agresión, cuando ésta se produce en un aula del centro educativo, donde el joven agresor, que no es alumno, no debe estar y el profesor, que tiene la obligación de controlarla e impedir actividades contrarias a la ley, intenta que se cumpla la normativa antitabaco en su centro. Salvo que el juez considere que el profesor no fue lo suficientemente cortés para invitar al joven a abandonar el recinto y por ello le impute responsabilidad en el inicio de la agresión, ésta es cometida por alguien, que obviamente está incumpliendo las normas, contra alguien que está velando porque las normas se cumplan y, en principio, ante la duda, parece más razonable que el iniciador del problema sea el joven al responder inadecuada y desproporcionadamente a los requerimientos. Es algo así como si al ladrón que sorprendes en tu domicilio y encima te pega (o tú le pegas) se le concede el beneficio de la duda de que por desconocer las circunstancias exactas del conflicto no es totalmente el responsable de iniciarlo, o, como ya sucedió en su día, no imputar a un presunto violador ya que la violada llevaba pantalones vaqueros, con lo que se desconocen las circunstancias de la agresión, que ella pudo consentir.
            En segundo lugar, se utilizan consideraciones tópicas (con las que, en principio, todos estamos de acuerdo) al argumentar que la repercusión social no debe influir y que debe primar el interés por recuperar al menor, dando a entender que las propuestas hechas por el fiscal de menores y el equipo técnico (formado por educadores y sicólogos), influidas por la repercusión social, no obedecen al interés de recuperar al menor y sí lo hacen las adoptadas por el juez, quien, al parecer, argumenta que dicho equipo técnico y la fiscalía no han tenido suficiente contacto con el joven. Salvo que dicho juez haya tenido más contacto con el joven y por ello su decisión sea la más adecuada en su beneficio, lo más razonable es dar más tiempo a fiscalía y al equipo técnico para que analicen con más profundidad su personalidad, calificada como “impulsiva al que le falta autocontrol”, y actúen en consecuencia con las medidas idóneas para reconducir su conducta y recuperarlo.
            En tercer lugar argumenta que el joven vive en una familia estructurada y que además el joven trabaja, olvidando que la familia, estructurada o no, está obligada por ley a tener al menor matriculado y es la responsable de su asistencia a las clases, y considerando como positivo a favor del menor que esté trabajando, circunstancia que tiene prohibida por ley. Salvo que el juez considere que los menores de dieciseis años deben ponerse a trabajar incumpliendo la ley (algunos padres lo practican con sus hijos) no se puede considerar el trabajo de un menor como algo loable ni para el menor ni para la familia que lo permite.
            En definitiva, al margen de las medidas que haya tomado, con todos mis respetos, Sr. Juez, tengo la sensación de que, con sus argumentos para justificarlas, no sólo ha perdido una oportunidad de ayuda a la mejora de la situación por la que atraviesa la Educación en España, sino que ha puesto una losa más para que la labor de los educadores sea sencillamente imposible. La sociedad le estaría más agradecida si hubiese argumentado que la familia tiene la obligación de matricular y envíar a sus hijos a clase en edad escolar obligatoria, que no se puede entrar sin autorización en las aulas al no ser alumno del centro, que no se puede fumar en las mismas, que no se puede pegar ni insultar a nadie (menos aún a un mayor o a un profesor), que no se puede perder el control cuando te indican que estás obrando mal, que, siendo menor, está prohibido trabajar. . . y que, por todo ello, el imputado debe permanecer en “libertad vigilada” porque lo considera mejor que el “ingreso en régimen semiabierto”.
                            Fdo. Jorge Cremades Sena 
(publicado en Información el 8-11-2006)

DE JUANA CHAOS: EL TRIUNFO DE LA VIOLENCIA
                    La excarcelación del preso De Juana Chaos tras una prolongada huelga de hambre, sobre la que manifiesta que sólo dejará “si recupero mi libertad”, provocando intencionadamente un lógico deterioro físico para conseguir que el gobierno pueda aplicarle, si así lo estima, beneficios penitenciarios por “razones humanitarias”, dibuja un futuro panorama de incertidumbres con riesgo de menoscabar el propio Estado de Derecho, ya que, a todas luces, es el triunfo de la violencia frente a la seguridad democrática. Las explicaciones al respecto del ministro Rubalcaba, quien, tras imputarse la decisión excarcelatoria como personal, aduce que está dentro de la legalidad (¡faltaría más!), que la toma por las citadas “razones humanitarias” y que es una decisión tomada por un “gobierno inteligente” ya que la “diferencia de los terroristas y los que no lo somos es que nos importa la vida”, supone un insulto a la inteligencia y una burla al sentido común aunque el ministro entienda la repulsa mayoritaria del pueblo frente a tan sanguinario personaje (¡menos mal!). Yo, y supongo que muchos más, hubiésemos preferido que, en todo caso y de forma valiente, Rubalcaba hubiese manifestado que se trata de una decisión puntual y excepcional, políticamente conveniente para conseguir en ese incierto futuro una definitiva liquidación de la violencia, es decir, un peaje más, apoyado (cuando no exigido) por sus socios de gobierno, con la intención (acertada o no) de consolidar una cierta esperanza de paz definitiva junto a una estabilidad gubernamental, como demuestra el hecho de que todos los grupos minoritarios califiquen la decisión, según el ministro, de “valiente y acertada”.  
          Sin embargo, el Sr. Rubalcaba oculta que tan legal es que De Juana Chaos cumpla en la cárcel la totalidad de la pena por amenazas (definitivamente acordada en 3 años tras la rebaja de los 12 años impuestos por la instancia anterior y de la exagerada petición inicial de 96 años), como la concesión de los beneficios carcelarios. Se trata pues de una decisión estrictamente política, que, en este caso, prefiere elegir la opción legal más suave y beneficiosa para un personaje que, durante el cumplimiento de su anterior condena por veinticinco asesinatos (18 años de los 3.000 impuestos), no sólo no se arrepiente (uno de los requisitos para el beneficio penitenciario), sino que se jacta y celebra el dolor de sus víctimas e incluso sigue amenazando por escrito, provocando así la nueva pena impuesta; un personaje que además deteriora conscientemente su salud con una huelga de hambre con el único objetivo (y así lo manifiesta) de salir de la cárcel, obviamente por razones humanitarias (otro de los requisitos para el beneficio carcelario, previsto para aquellos casos en que por razones naturales el preso puede estar en peligro de muerte). Es evidente que con una interpretación torticera de la ley es perfectamente legal aplicar a De Juana Chaos los citados beneficios carcelarios aunque para ello haya que forzar, en ausencia del arrepentimiento, el de razones humanitarias, contraviniendo el objetivo que en su día animó al legislador a contemplarlo; en el caso que nos ocupa es precisamente una actitud voluntaria y violenta (dejar de comer para morirse), convertida en un chantaje al Estado de Derecho, la que hace posible la justificación política para la excarcelación del preso por parte del Gobierno. El problema de tal decisión es que en el futuro se legitima la posibilidad de que cualquier otro preso (ya hay alguno que lo anuncia) decida adoptar la huelga de hambre para eludir la pena impuesta por los delitos cometidos y en este caso el Sr. Rubalcaba, si es consecuente, deberá adoptar idéntica decisión o, en caso contrario, ser arbitrario, extremos ambos que deterioran la buena salud de un Estado de Derecho.
          El Sr. Rubalcaba olvida que, aun siendo cierto que nos diferenciamos de los terroristas (y de otros delincuentes) por el aprecio a la vida, como Ministro, tiene además la obligación de protegerla, especialmente la de aquellos que no quieren perderla, garantizando su seguridad, y, precisamente, no es un buen método para conseguirlo dejar en libertad a aquellos que, habiendo segado muchas vidas, no se arrepienten e incluso la desprecian, al extremo de decidir voluntariamente quitarse la suya propia; hasta el más tonto se siente más seguro cuando un asesino en serie permanece encerrado el máximo tiempo legal posible, deseando incluso que la ley permita la cadena perpetua (sería igual de democrático si así se legislase), aunque seguramente no alcance a entender las decisiones de un “gobierno inteligente”. Sólo desde el fariseismo o desde la ingenuidad se pueden mantener semejantes argumentos y no parece razonable que el Gobierno actúe como el buen pastor bíblico que abandonaba el rebaño para recuperar a una oveja descarriada; tanta bondad infinita no es creíble, salvo que el Sr. Rubalcaba pretenda ganar el Cielo y no las próximas elecciones; el tiempo despejará la incógnita y finalmente sabremos las verdaderas razones de la excarcelación de De Juana Chaos.  
                            Fdo. Jorge Cremades Sena 
(Publicado en Información el 3-3-2007)

JUSTICIA Y LEY
                        En plena campaña de Elecciones Locales y Autonómicas, que, a tenor de los mensajes de política general vertidos en la misma y de los rumores de adelanto de las Generales, bien podían haberse hecho coincidir,  aparece la noticia escalofriante de la puesta en libertad de un violador en serie, quien, después de cumplir su condena (sesenta y cinco años de prisión) tras un encarcelamiento de dieciseis años, ni siquiera ha sido rehabilitado, según advierten los expertos en la materia. Dicho acontecimiento no es una excepción ya que está en perfecta sintonía con otros muchos casos que, en nombre de la legalidad vigente, se producen a diario, provocando una sensación generalizada de que “no hay justicia en España” y elevando la inseguridad ciudadana (incluido el terrorismo) a uno de los primeros lugares de preocupación de los españoles decentes, hartos de soportar en sus vidas y en sus bienes todo tipo de atropellos por parte de los diversos tipos de delincuentes (asesinos, violadores, terroristas, secuestradores, ladrones, políticos corruptos, alborotadores callejeros . . .) que campan a sus anchas al margen de la ley o, cuando ésta se les aplica, son puestos prematuramente en libertad, favorecidos por una serie de beneficios legales carcelarios en nombre de no se sabe bien qué tipo de principios. En tales circunstancias ¿quién se responsabiliza de la próxima niña o mujer violada? ¿quién, de la próxima persona asesinada?, ¿quién repone los bienes (públicos o privados) deteriorados o sustraídos?, ¿quién devuelve todos los caudales malversados?; lo irreparable del mal causado no es justificable al amparo de la legalidad de las actuaciones ya que, si, a todas luces, la aplicación de las leyes penales carcelarias resultan injustas (así lo percibe la mayoría de los ciudadanos), los responsables directos de tales daños son nuestros representantes políticos, quienes, teniendo la capacidad de intentar evitarlos con la modificación de dichas leyes, no lo hacen urgentemente, permitiendo este incomprensible caos social. De nada vale aplicar el peso de la Justicia si ésta, en definitiva, no pesa; es una broma macabra que una serie de condenas de privación de libertad de cientos y miles de años, aplicadas a una persona (es el peso justo evaluado por los delitos cometidos), se salden con unos cuantos años de cárcel (es el peso legal realmente soportado); lo primero, al margen de absurdo (una vida no da para tanto), excede el ensañamiento, lo segundo, al margen de pernicioso (semejantes delincuentes en libertad son un peligro público), excede la benevolencia y raya con la permisividad más absoluta. El resultado final es una burla siniestra a los ciudadanos normales, la mayoría, quienes no comprenden tan absurdos extremos y, llevados por el sentido común, sin ánimo de venganza, reclaman una justicia adecuada que, junto a la pena proporcionada al delito cometido, garantice además sus propios derechos y libertades.
            En estas circunstancias no sirve de nada que, a instancias de este o aquel candidato a alcalde, los máximos responsables políticos de este o aquel partido prometan (es tiempo de promesas) más y mejores dotaciones policiales o judiciales para la ciudad o pueblo en cuestión con el fin de perseguir la delincuencia; de nada vale incluso que tengan la intención de cumplir la promesa y la cumplan, si previamente no se plantean un cambio radical de nuestro código penal y demás leyes penitenciarias que restablezca la autoridad de dichos agentes y la contundencia y cumplimiento de la totalidad de las penas impuestas por los tribunales de justicia. Las justificaciones teóricas y abstractas, vacías de contenidos concretos, para mantener las cárceles como centros primordialmente de rehabilitación y reinserción social, olvidando o relegando a un segundo plano su carácter de centros de internamiento de delincuentes peligrosos (científicamente poco rehabilitables e insertables) en beneficio de la seguridad y la libertad del resto de la sociedad, no sólo deja de resolver los cotidianos problemas concretos de la gente sino que además fomenta la reincidencia de los delitos y la proliferación de vividores, quienes prefieren hacer de la delincuencia su forma habitual de vida, sabedores de que pronto gozarán de nuevo de la libertad suficiente para seguir delinquiendo o para disfrutar de los bienes obtenidos de forma fraudulenta y no devueltos a sus legítimos propietarios. Las carismáticas apariciones electorales de los principales dirigentes políticos en apoyo de sus alcaldables, preñadas de insultos y acusaciones de corrupción, son un reflejo parcial del enrarecido ambiente delictivo que se respira en muchos pueblos y ciudades que tienen que renovar sus respectivos consistorios; las cotidianas noticias en los medios escritos o audiovisuales, completan el resto de tan siniestro panorama sin que nadie se haga responsable de su diseño.
                            Fdo. Jorge Cremades Sena 
(publicado en Información el 26-5-2007)

HASTA SIEMPRE, MARI LUZ
Los últimos acontecimientos respecto al trágico destino de Mari Luz, la niña onubense presuntamente asesinada por un paidófilo que, con antecedentes penales y penas pendientes por cumplir, compartía vecindad en plena libertad con su nueva víctima, requieren una profunda reflexión sobre esta sociedad, cada vez más enferma, en la que, una vez más, con grandes dosis de hipocresía sobre el amparo de los derechos de los delincuentes, se manifiesta incapaz de proteger los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos, incluso el más fundamental de todos, el derecho a la vida, como es el caso, la vida de una persona totalmente inocente, una niña pequeña incapaz de mostrar cualquier tipo de resistencia frente a tan monstruoso asesino. No se trata de un caso aislado e inevitable, sino de uno más entre una serie de monstruosidades, cada vez más frecuentes, protagonizadas por personajes que, enfermos o no, en todo caso, no debieran estar en libertad. Es el momento idóneo para la citada reflexión ya que por estos días se están conformando las nuevas Cortes Generales, institución que, a todas luces, es la única que, de una vez por todas, puede y debe dar un giro radical a las leyes penales y penitenciarias de este país. Me temo, sin embargo, que no va a ser así, hay por lo visto asuntos más importantes que resolver.
¿Cómo es posible que un violador de su propia hija, reincidente y condenado por hechos delictivos similares, no haya pasado por una institución carcelaria y esté en libertad, al parecer, en este caso, por estar en “paradero desconocido”? ¿Cómo puede estar en paradero desconocido si, al parecer, percibe una pensión asistencial al igual que su esposa con la que convive en su domicilio familiar? ¿Cómo no está localizado si incluso ha sido denunciado por algún otro intento de abusos sexuales en otros lugares por donde ha pasado? Son demasiadas dosis de incompetencia o de negligencia que, a mi juicio, tienen responsables directos que, incluso con las leyes permisivas actuales, podían haber evitado con una actitud diferente tan macabro desenlace. Es intolerable que en una sociedad tan moderna e informatizada pueda circular con total libertad un condenado al que, con los impuestos que pagamos todos (incluidos los familiares de Mari Luz), se le esté pagando una pensión pública, mes a mes, sin que nadie repare en ello. ¿Cuántos como este personaje están en semejantes o parecidas circunstancias?
En todo caso la realidad es que, por una u otra circunstancia, amparados en una serie de medidas supuestamente humanitarias, demasiados personajes peligrosos campan a sus anchas entre los ciudadanos de bien, quienes ni siquiera deben perder los nervios ante las atrocidades que aquellos cometen, resignándose a tener que decirle como a Mari Luz, “hasta siempre”, y, en muchos supuestos, a compartir muy pronto vecindad con los que provocaron tan amargo adiós. Es el juego de la hipocresía social y la seudoprogresía humanitarista, que no quiere entender, aunque lo sabe, que, desgraciadamente, hay individuos que jamás debieran vivir en libertad precisamente para garantizar con más seguridad la libertad de los demás. Es necesario que, de una vez por todas, se reflexione sobre la bonanza social de determinados supuestos (entre otros, cadena perpetua, endurecimiento de penas, cumplimiento total de las mismas, permisos carcelarios, atenuantes y agravantes, negligencias judiciales y carcelarias, rehabilitación de enfermos mentales); es necesario que tal reflexión se haga con total libertad y sin ningún tipo de etiqueta ideológica previa; es necesario que todos empecemos a sentirnos responsables de la muerte de Mari Luz (y de la de otras tantas personas en similares circunstancias) por no exigir con nuestra voz y con nuestros votos que se tomen urgentes medidas para erradicar esta lacra social. Yo, desde aquí, quiero declararme responsable de la misma en la medida que me toca; quiero manifestar públicamente que prefiero equivocarme encerrando para siempre (o durante muchos años) a personas como el presunto asesino de Mari Luz, antes que darle la posibilidad (muy probable en la mayoría de casos similares) de que abuse o mate a otra niña; quiero gritarlo desde mis más íntimas convicciones democráticas y socialistas, sin importarme el riesgo de ser tachado por los seudoprogresistas como facha (mi actitud ante la vida y mi trayectoria política sobradamente avalan lo contrario). Ser más contundentes en la protección de la vida y la libertad, manteniendo encerrados el mayor tiempo posible a los que precisamente atentan contra ellas, no es cuestión de izquierdas o derechas, simplemente es de sentido común.
Por cierto, en estos trágicos días también se ha hecho pública la noticia de que el famoso asesino del rol (quien en su declaración describía fríamente y con todo lujo de detalles las dificultades que hubo de superar hasta acabar con la vida de su corpulenta víctima) puede salir en libertad por buena conducta; así lo han hecho otros muchos. Todavía estamos a tiempo, desde el respeto más profundo a nuestra democracia, de diseñar un futuro en el que a ninguna otra víctima inocente tengamos que decirle, como hacemos hoy, “Hasta siempre, Mari Luz”. ¿Qué nombre tendrá la próxima víctima?.
Fdo. Jorge Cremades Sena 

(publicado en Las Provincias el 2-4-2008)

EL SANCTA SANCTORUM DE LA FARSA:
                            De nuevo una sentencia judicial levanta ampollas en esta sociedad sin rumbo que, carente en la práctica de sólidos principios de convivencia, se complace en sacralizar teóricamente dichos principios cometiendo en su nombre las mayores aberraciones y causando a las gentes graves perjuicios, que, en definitiva, hacen cada vez más difíciles, casi imposibles, las relaciones humanas y consolidan un futuro incierto y sin rumbo. En semejante escenario, no es extraño que un cachete puntual dado por una madre a su hijo con la intención de corregir su conducta equivocada, mezclado con la herida circunstancial al golpearse con el lavabo, convierta a esta madre en una delincuente (o delincuenta, para los amantes de la seudoigualdad) y, como tal, sea condenada a encarcelamiento y alejada de su hijo, al que, hipócritamente, con dichas medidas, se pretende proteger de tan peligrosa maltratadora.
          Acostumbrados a ver en libertad a los verdaderos delincuentes (violadores, pedófilos, terroristas, ladrones, matones y verdaderos maltratadores, entre otros), ya sea por errores de la Justicia o por la aplicación del sacrosanto principio de la reinserción (a los cuatro días en la calle para que sigan delinquiendo), resulta repugnante que la celda, que cualquiera de ellos debiera ocupar, sea adjudicada a esta pobre madre, equiparada a los mismos de la noche a la mañana, sin reparar en el verdadero daño que no sólo van a causarle a ella, sino también a su propio hijo y al resto de su familia. Más repugnante, si cabe, ya que, al parecer, la sentencia que nos ocupa es impecable desde el punto de vista jurídico, a diferencia de otras muchas que obedecen a verdaderos disparates jurídicos de algunos jueces pintorescos; y, más que repugnante, abominable, el celo de la Fiscalía, que, no conforme con la pena impuesta, recurre la sentencia apelando a una mayor condena (hay que aplicar la agravante de que los “malos tratos” se produjeron dentro del domicilio familiar) para que la protección del citado menor sea total y conseguir, de rebote, que su calvario dure el mayor tiempo posible. ¡Faltaría más, ante una sentencia jurídicamente perfecta, no debe escaparse el mínimo resquicio punitivo que el Código Penal contemple!
          Así las cosas, no seré yo quien, desde estas líneas, critique, en este caso, la actuación inmaculada del juez en cuestión, ni tampoco la del fiscal; aún menos seré yo quien sugiera que no se aplique escrupulosamente lo que está legislado al respecto (a mi juicio un disparate del Legislador, que hay que modificar urgentemente). Simplemente me causa repugnancia que verdaderas chapuzas jurídicas mantengan en libertad (con o sin fianza) a peligrosos delincuentes, mientras que modélicas sentencias sirvan para encarcelar a una pobre madre y ordenar su alejamiento del hijo por darle un cachete esporádico, con la “perversa” intención de corregir su conducta o repeler sus incipientes agresiones.
          Entretanto, los que trabajamos diariamente con menores, los profesores del sistema público de educación obligatoria, asistimos atónitos al incremento del absentismo escolar, que controlamos celosamente, sin que nadie lo remedie; sufrimos las agresiones verbales e incluso físicas de los alumnos o entre ellos mismos, para que, en los casos más graves, como máximo castigo, sean trasladados al IES vecino; y escuchamos estoicamente las manifestaciones de muchos padres sobre su impotencia para obligar a sus hijos simplemente a que asistan a clase, a que modifiquen sus conductas o, sencillamente, a que realicen sus tareas educativas, y, en algunos casos, sus lamentaciones ante las agresiones y amenazas que reciben de ellos, cada vez más frecuentemente. Todo ello sin que nadie haga nada por remediarlo; por lo visto, es la fórmula políticamente correcta de proteger al menor, aunque el resultado académico final, sea fatal y el resultado global, el caos. ¿Qué deben hacer padres y profesores ante semejantes actitudes de los menores? Nada, ya que puedes causar graves traumas al menor y corres el riesgo de convertirte en maltratador. ¿Qué medidas tiene la Administración para corregir las perniciosas conductas de forma preventiva? Ninguna, ya que proteger al menor es el máximo objetivo y para ello ya están los padres y profesores, que los educan, y la Fiscalía de Menores, que vela para que así sea. Y, por si todo falla, el Juzgado correspondiente, ya ven, se encargará de poner las cosas en su sitio.
          En este Sancta Santorum de la Farsa que hemos creado, en el que miles de niños y jóvenes, bajo el hipócrita paraguas de su pseudoprotección, pululan a su libre albedrío, sin asistir a las clases obligatorias, sin ningún tipo de respeto a nadie ni a nada, organizados muchas veces en pandillas violentas y delictivas, y caminando hacia un futuro dramático, cuando una pobre madre pretende sacar a uno de ellos, a su propio hijo, de tan trágico escenario y, ante su impotencia, con todo el dolor del mundo, le propina un cachete para que reaccione, queda convertida en una delincuente peligrosa, encarcelada y alejada del mismo, para que éste pueda seguir disfrutando del idílico escenario de protección que le hemos proporcionado. Todo políticamente correcto y, ¡como no!, jurídicamente perfecto. Lástima que socialmente sea trágico.
         
                            Fdo. Jorge Cremades Sena
 (publicado en Información el 17 de diciembre de 2008)


REINSERCIÓN SOCIAL Y JUSTICIA

                        La excarcelación de presos comunes muy peligrosos, amén de los consabidos terroristas, a instancias de la famosa sentencia del TEDH de Estrasburgo, está levantando ampollas en la ciudadanía, poniendo de relieve la urgencia de una profunda reforma de la Justicia en nuestro país. Nadie se explica y, si alguien lo hace, nadie lo entiende, que verdaderos monstruos, violadores y asesino en serie, incluso algunos sin ningún tipo de arrepentimiento y, obviamente, sin estar reinsertados ni reeducados para convivir en libertad, condenados a cientos o miles de años de prisión, sean puestos en libertad, incluso antes de cumplir la máxima estancia en prisión establecida en España. Nadie lo puede entender, es imposible. Menos aún quienes sufrieron en sus propias carnes o en las de sus familiares más queridos las consecuencias irreversibles de sus perversas y macabras fechorías.   
            Si, siendo lego en la materia, en uno de mis primeros artículos sobre el tema (“La injusta justicia en España“, nov. 1999), dejaba bien claro lo que, desde mi punto de vista, suponía la aplicación de la justicia en un caso concreto, como era el caso, hoy, tras haber publicado otros muchos artículos sobre diferentes aspectos de la Justicia en España (“Hecha la ley, hecha la trampa”, jul.2006; “Con todos mis respetos, señoría”, nov.2006; “De Juana Chaos o el triunfo de la violencia”, mar.2007; “Justicia y Ley”, may.2007;  “Hasta siempre, Mari Luz”, abr.2008; “El Sancta sanctorum de la farsa”, dic.2008: “Politización de la Justicia”, may.2011; “Dimisión e inhabilitación”, jul.2011; “Menores desprotegidos”, ago.2011; “Cadena perpetua” sep.2012; “Justicia politizada, aberración democrática”, jul.2013; “Delinquir sale barato”, oct.2013; “Doctrina Parot, punto y final” oct.2013; “Claridad sobre la sentencia del TEDH”, oct.2013), sólo puedo ratificar aquella primera sensación. Convencido de que la Justicia española es manifiestamente mejorable y de que no hay salud democrática sin una justicia rápida, segura, eficaz, justa, equilibrada e igual para todos, me veo en la necesidad de reiterar de nuevo la urgencia de implantar en España, como hacen casi todos los socios de la UE, la pena de cadena perpetua revisable, tesis esgrimida en mi reciente artículo “Cadena perpetua” (consultar blog Ojo crítico; sep.2012), aunque incidiendo precisamente en el principio que esgrimen quienes se oponen a la misma, que es la reinserción social del reo.  
            Es contradictorio que España, donde no se contempla la cadena perpetua, frente a la mayoría de estados que si la contempla, sea desautorizada por un tribunal de derechos humanos, y es contradictorio que los detractores de la cadena perpetua argumenten para avalar su tesis que España es ya uno de los países con más años de pena de prisión. Siendo así, curiosamente, muchos de los presos ahora excarcelados seguirían privados de libertad en el resto de países, desde luego en todos los que contemplan la pena de cadena perpetua, sin que ello les haga susceptibles de reproche por los tribunales de derechos humanos. Si tanto España como sus socios entienden (y así lo recogen en sus respectivos ordenamientos jurídicos y en sus constituciones) que en el plano teórico-jurídico la finalidad de las penas privativas de libertad es la de reeducar y reinsertar en la sociedad a quienes han cometido el delito, no es cuestión de imponerle más o menos años de cárcel tras un mínimo razonable, sino de garantizar, especialmente en delincuentes altamente peligrosos, que su puesta en libertad, total o vigilada, dependerá del grado de reeducación y de reinserción que se haya conseguido. Y precisamente la modalidad de pena tasada en un determinado número de años (muchos o pocos), al margen de la aplicación de beneficios penitenciarios o no, jamás garantiza la reinserción, mientras que la cadena perpetua sí lo garantiza, asegurando además que verdaderos monstruos no sean puestos en libertad con la correspondiente alarma social que genera.
            Es demagógico pues un debate sobre la aplicación o no de la doctrina Parot que, obviamente, aplicada con efecto retroactivo vulnera derechos humanos, incluso de estos monstruos, pero que, aplicada o no, sólo consigue la permanencia de los mismos en prisión algún tiempo más, ya que, antes o después, con o sin beneficios penitenciarios, acabarían en libertad de todas formas al agotar sus años de condena por muchos que fueran. Entonces, incluso lo harían quienes, como es el caso ahora, se han negado a reeducarse, y, obviamente, según los técnicos en la materia, no están reinsertados, mientras que con la cadena perpetua, permanecerían privados de libertad hasta su hipotética reinserción.
            Nadie con dos dedos de frente, ni en nombre de cualquier ideología o derecho, puede defender la puesta en liberad de violadores o asesinos en serie, pues aunque la reeducación o reinserción sea la finalidad primordial de la pena de prisión, no es la única finalidad y, lamentablemente, hay monstruos que, porque no pueden o porque no quieren, son irreeducables o irreinsertables, convirtiéndose en bombas de relojería activadas desde el instante en que abandonan la cárcel. Por ello, según todas las encuestas, la inmensa mayoría aplaude la cadena perpetua revisable que, por fin, parece ser que el Ministro de Justicia está dispuesto a implantar en nuestro Código Penal. Es la mejor garantía, no sólo para la seguridad ciudadana, sino también para que recobre sentido la finalidad primordial de reinserción que lleva aparejada la pena de prisión. Es un aval para que la Justicia sea algo más justa, tanto con el reo como con la sociedad en su conjunto. Lo demás es mera demagogia.  
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena
                      PD. Cómo este blog sólo existe desde el año 2011, todos los artículos anteriores que cito en este post sobre determinados aspectos de la justicia, los cuelgo en la siguiente entrada que titularé SOBRE LA JUSTICIA EN ESPAÑA. Obviamente los posteriores a 2011 se pueden consultar en este blog.

domingo, 17 de noviembre de 2013

INTOLERABLE AMENAZA DE JUNQUERAS

                        Aunque no viene mal que todos los españoles, incluidos especialmente los catalanes, conozcan, de una vez por todas, el verdadero rostro de Oriol Junqueras y, por tanto, del partido que dirige, ERC, sus últimas amenazas vertidas en Bruselas exceden lo razonablemente permitido. Tras alardear de la hazaña de “poner dos millones de personas en las carreteras” (como si fueran floreros), pregunta “¿alguien cree que no somos capaces de parar la economía catalana durante una semana? Y yo, como otros muchos españoles (incluidos los catalanes), desde luego bastantes más de dos millones (que nadie va a “poner en la calle” sino que van a ir a las urnas legalmente institucionalizadas), le contesto que no me cabe ninguna duda de que personajes como Junqueras no sólo son capaces de parar la economía catalana durante una semana para perjudicar a España (mejor cegarme, si con ello te dejo tuerto) sino de hacer otras muchas cosas más, incluso mucho más graves para imponer sus totalitarios objetivos.
Pero, dicho lo anterior, las amenazas de Junqueras y de ERC, si es que las suscribe, no deben causar ningún temor; a lo sumo, sólo la preocupación de que, aprovechando la tibieza estrategia interesada de algunas otras formaciones políticas, siga demasiado tiempo siendo el verdadero gobierno catalán en la sombra, para mayor ruina socio-económica de los catalanes y político-partidaria de CiU que, al final, será señalado como el verdadero responsable de la catástrofe. Arruinar Cataluña ni siquiera precisa de la intencionalidad de Junqueras y ERC, basta con su manifiesta incompetencia, más que demostrada con el nefasto “gobierno tripartito” en que Carod Rovira, antecesor de Junqueras, vino a demostrar que era capaz de hacer muchas cosas, probablemente demasiadas, pero no precisamente las que necesitaban los españoles, incluidos los catalanes. Si entonces el tonto útil fue el PSC, ahora lo es CiU, pero con idéntico resultado, la ruina de Cataluña y de los catalanes. Si hasta ahora la ruina se debe a su manifiesta incapacidad e incompetencia para gestionar lo público, imaginen qué no harán si además le ponen intencionalidad para conseguirla. No pasa nada, siempre cabe el recurso de culpar a otros. ¿Acaso el culpable de todo no es España? 
            Pregunta además Junqueras qué impacto tendría su amenaza sobre el PIB español, qué opinión tendrían los acreedores de la deuda española y qué pasaría con la prima de riesgo. La respuesta es obvia, pero seguramente los acreedores no llegarían al extremo de rebajar la calificación de España a “bono basura” como ya han hecho con Cataluña a causa de la pésima gestión de sus gobernantes, apoyados y sostenidos por Junqueras y ERC. Y concluye que el conjunto de las instituciones catalanas (no las españolas con que se legitiman) decidirán si prevalecen los “principios democráticos” o “la actuación de facto por parte del Estado”, como si el Estado Español no fuese democrático y las instituciones catalanas no fuesen una parte de sus instituciones, democráticamente establecidas y con las limitaciones competenciales democráticamente asignadas que, personajes como Junqueras, se saltan y desacatan cuando les viene en gana.
            Pero lo triste y lamentable es que desde el Ejecutivo Catalán (ni del Español, que yo sepa) nadie censure enérgicamente tan irresponsables amenazas de paralizar la economía catalana, cuyo primer impacto, lo sufriría el pueblo catalán, ya bastante castigado por la prioridad de las políticas soberanistas frente a las políticas sociales. Simplemente el conseller de Empresa, Felip Puig, ha salido a la palestra para manifestar una obviedad, “es imposible parar la economía catalana ni dos horas”, mientras que Durán i Lleida ha concluido que la insinuación hecha por Junqueras en el Eurogrupo “no la puede hacer nadie con cuatro dedos de frente” ya que “afectaría gravemente a los intereses económicos y sociales de los catalanes” (al resto de españoles que les den –esto lo añado yo), considerando además que Bruselas es, en todo caso, el peor foro para lanzar semejante mensaje porque “va contra el propio objetivo de la independencia”.
En definitiva, recogiendo las declaraciones de Puig y de Durán, no queda claro la imposibilidad de paralizar la economía catalana, no sólo dos horas, sino incluso mucho más tiempo, pues dependería de los recursos, métodos e instrumentos que utilizaran quienes pretenden paralizarla, así como de la importancia que para ellos tenga el bienestar presente y futuro del pueblo catalán… Y tratándose de personajes que no tienen ni cuatro dedos de frente, se puede esperar cualquier cosa de ellos. Cuestión distinta es la consecución o no del objetivo independentista que, tal como insinúa Durán, es preferible tratarlo de forma más sibilina y no a lo bestia, como hace Junqueras, menos aún en Bruselas, donde no conviene que se te vea el plumero en semejantes asuntos. En la UE conviene utilizar estrategias más refinadas, como sucede en Madrid, bien lo sabe Durán, dejando la utilización de los exabruptos y las salidas de tono como recetas caseras, válidas en la patria chica, para captar adeptos a base de falsedades y mentiras que fomenten la animadversión de sus habitantes hacia el resto de españoles. Pero, obviamente, ello requiere tener algo más de cuatro dedos de frente.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 13 de noviembre de 2013

ARTUR MAS EN ISRAEL, ENÉSIMO ESPECTÁCULO

                        Por si a nivel interno de España no tuviésemos suficientes espectáculos bochornosos con el asunto independentista catalán, Artur Mas decide exportarlos al extranjero para mayor escarnio del Estado Español. A modo y manera de cualquier otro jefe de estado, decide viajar a Israel, acompañado por su esposa y por un amplio séquito de más de 60 personas, entre empresarios, periodistas, científicos y asistentes personales, que, instalados en un hotel de gran lujo, excede lo razonable de una comitiva autonómica con objetivos meramente comerciales o económicos (la competencia de política exterior o relaciones internacionales es exclusiva del Estado). Acostumbrados ya a estas expediciones diplomáticas de Mas y, en todo caso, aceptando pulpo como animal de compañía, los españoles pasamos ya de semejantes alardes, sabiendo que al final, las autoridades israelíes (como las del resto de países que ha visitado) lo reciben y lo tratan como lo que realmente es, un presidente autonómico español más, acompañado por nuestro embajador, como es lo lógico, que ni siquiera es recibido por Netanyahu, el primer ministro israelí. Pero en el último día de su periplo y durante el último acto protocolario estalla el escándalo, que. como en otras ocasiones, aprovechará Mas para vender humo.
            En la foto de protocolo con el presidente Simón Peres, aparecen lógicamente dos bandera. Y las dos israelíes, curiosamente. Insólito ya que lo normal es que una de las banderas sea la del  país anfitrión y la otra la del país de la autoridad visitante. Dos versiones al insólito hecho a cual peor. Mas se niega a posar con la rojigualda y Peres acepta su postura y, al no disponer (como es normal) de la cuatribarrada (de la estelada, mejor ni hablar), que ya hubiese sido el colmo, decide colocar una segunda bandera de Israel (primera versión). La decisión de no colocar la bandera española la toma Israel por iniciativa propia y sin presión alguna (segunda versión). El embajador español, allí presente, había reclamado la presencia de la bandera española. La embajada israelí en Madrid, sin comentar las razones de semejante irregularidad, aclara que la decisión al respecto siempre la adopta la parte israelí, una obviedad a medias si no se aclara de quién parte la iniciativa. Obviamente Artur Mas no solicitó la presencia de la rojigualda y se desconoce si solicitó la cuatribarrada. Entretanto el Ministerio de AAEE, que yo sepa, mirando hacia otro lado, al igual que el Gobierno español hace en todos y cada uno de los desacatos que a nivel interno comete el Gobierno de la Generalitat. ¿Se imaginan a cualquier otro estado ante semejante afrenta? Ninguno lo permitiría y, como mínimo, pediría explicaciones convincentes al embajador que curiosamente, antes del viaje de Mas, sostenía con criterio que sería tratado como “el presidente autonómico de un país amigo como España”. El tratamiento que, con bandera española incluida, han recibido los demás presidentes autonómicos que anteriormente visitaron Israel. Partiendo de que este tipo de camuflaje diplomático es malo “per se”, si la versión verdadera del incidente es la primera aún es peor, pero si es la segunda versión es lamentablemente pésimo.
            Tan pésimo como el callejón sin salida en que el Gobierno de Mas ha metido a Cataluña sin saber ahora cómo sacarla del mismo. Hace unos días CiU, en un ataque de lucidez democrática, vota en contra de convocar un referéndum unilateral en Cataluña, frente a su socio ERC que apoya la moción de la CUP (los de la zapatilla a Rato) en el Parlament, para hacer la consulta ilegal sin permiso alguno. Días antes un gesto razonable y por primera vez  permitía que el Consejero de Presidencia de Mas acudiera a la Zarzuela para presentar al Rey el nuevo delegado de la Generalitat en Madrid, una especie de embajador catalán en la capital de España, que sólo se entiende desde la esquizofrénica política española. Y finalmente parece que recurrirá al Parlament para que pida a Rajoy que le transfiera las competencias de convocar un referéndum, apelando al art. 150.2 de la Constitución y, por tanto, reconociendo implícitamente que no tienen competencia para convocarlo. Una nueva estrategia para culpar al Gobierno Central de la lógica negativa que la petición lleva implícita.
            Dice el citado artículo: “El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación….” Pero en su punto 3 dice: ”El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general” añadiendo que “Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad”. Por tanto, al margen del “podrá” y no “tendrá” (por muy acostumbrados que estén los nacionalistas a arrancar con presiones intolerables competencias que el Estado jamás debiera haber cedido) y. al margen de otros preceptos constitucionales, que sería prolijo relatar, como la  soberanía nacional en el pueblo español, el derecho y deber de defender España, el impedimento de privar a cualquier español de origen de su nacionalidad…..y tantos otros, salvo que se entienda que transferir competencias para convocar referéndums separatistas es de naturaleza transferible (150.2) por su obvio interés general y su consideración como tal por mayoría absoluta de las Cortes Generales (150.3), la respuesta de Rajoy, en este caso, es obviamente negativa, ya que, como ven, incluso debiera hacer todo lo contrario en otras materias ya transferidas. En definitiva, una falacia más del esquizofrénico independentismo.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

lunes, 11 de noviembre de 2013

CONFERENCIA DEL PSOE, NACIMIENTO DE UNA ESTRELLA

                        Finalizada la Conferencia Política del PSOE es tiempo de hacer balance y valorar si el esfuerzo realizado, que nadie pone en duda, se corresponde con el necesario objetivo de revitalizar un partido mortecino que cada vez ilusiona a menos gente. Elaborar una ponencia marco de 400 páginas con las propuestas hechas durante ocho meses y estudiar las 12.617 enmiendas presentadas, simplemente para alumbrar una cascada de ideas, que, por interesantes que sean, no tienen carácter ejecutivo, aunque sí lo tendrían si en vez de una Conferencia se tratase de un Congreso (cada vez más necesario) o, al menos, de un Comité Federal, parece excesivo para un evento meramente propagandístico. Y precisamente por tratarse de un evento de propaganda, debieran haber cuidado mucho más la puesta en escena y el final del acto. Sabiendo que nada se iba a decidir es absurdo que destacados socialistas hayan hecho demasiado ruido contra la Ejecutiva socialista al iniciarse la Conferencia para cargarse de silencios durante la misma y de aplausos fervorosos en su clausura a un líder cuestionado que proclama que el partido sale “imparable, fuerte, unido y con las ideas claras”, una especie de partido renovado que, obviamente, nadie se cree. No es creíble que en una reunión de tres días en la que nada se decide un partido político quede renovado por arte de magia, mientras que, nada más acabar la reunión, todo sigue igual: el mismo proyecto, la misma cúpula dirigente para ejecutarlo y los mismos barones que, reconociendo públicamente la falta de liderazgo en el partido, manifestaban antes de la Conferencia que “es el momento de agradecer a Rubalcaba el trabajo realizado”, que “Rubalcaba es pasado”, que, si no se hablaba de primarias, el resultado sería “frustrante” o que el calendario “debería salir” de la Conferencia. Al final, todo aplazado, como no podía ser de otra manera. Y los proclamados “vox populi” como contrincantes de Rubalcaba cuando se decidan a convocar las primarias, con las armas cargadas tras el aplauso unánime al líder que quieren sustituir. Mucho ruido para tan pocas nueces.
            Aparcados así los aspectos esenciales de las primarias, el calendario, el reglamento electoral, el modelo de Estado ya decidido en Granada por los líderes territoriales, la oposición al derecho a decidir, la relación con el díscolo PSC…y tantos otros asuntos de vital importancia, bienvenidas sean, no obstante, las nuevas ideas concretas de que, si posteriormente los órganos decisorios lo tienen a bien, se reduzcan el % de avales para ser candidato, se elabore un Código Ético, se tomen medidas a favor de la trasparencia, se exija la dimisión a los procesados, entre otras tantas medidas, que, a base de pérdida de credibilidad, serán de carácter obligado para cualquier partido que quiera sobrevivir a esta debacle. Y bienvenidas sean también las que innecesariamente se mencionan, pues ya formaban parte, que yo sepa, de los objetivos socialistas antes de la Conferencia, como el estado del bienestar, la igualdad, los servicios sociales, etc que citan como novedosas cuando siempre formaron parte de los objetivos socialistas. Si recordar éstas y añadir la posibilidad de que se puedan establecer aquéllas en el futuro es el bálsamo con que se recuperará la credibilidad perdida, bienvenida sea la Conferencia transmutadora por milagrosa que parezca, aunque muchos, lógicamente, no se lo van a creer.
            ¿Acaso no es un milagro que Gómez, López, Madina, Chacón, García-Page y algunos otros nombres estelares para suceder a Rubalcaba hayan sido eclipsados por una estrella fulgurante inesperada? Un verdadero milagro que en la Conferencia naciera una estrella capaz de iluminar al mismísimo Felipe González, que manifiesta que le “ilusiona”. Se trata de Susana Díaz, nombrada heredera por Griñán en la Presidencia de la Junta de Andalucía tras su huida al refugio del Senado por el turbulento caso de los EREs fraudulentos. Pero lo realmente milagroso es que para conseguirlo le ha bastado presentarse en la Conferencia haciendo una clara autocrítica al PSOE (tiene “un problema de liderazgo social, de reconocer errores y de admitir reproches de los ciudadanos en la calle”), exigiendo a Rubalcaba que defienda como PSOE “la unidad de España” con absoluta claridad y asegurando, para desmontar la estrategia de los dirigentes díscolos, que la Conferencia, tal como sostiene Rubalcaba, no es el lugar adecuado para elegir a quien ha de liderar el PSOE. Tres obviedades que, en circunstancias normales, no avalarían tan vertiginoso ascenso, evidenciando la caótica situación del PSOE, donde simplemente defender lo obvio se considera un mérito extraordinario.
            Y, por cierto, si es obvio que en España conseguir el gobierno requiere ganar la batalla del centro izquierda, no se entiende que este “nuevo” PSOE, renunciando a los principios socialdemócratas en el fondo y las formas, que ya venía practicando desde la catastrófica época de Zapatero, decida consolidar formalmente un giro a la izquierda, aproximando sus estrategias de “tomar las calles” a las que suele utilizar IU, que sólo le han valido para perder apoyos en favor de esta coalición, al igual que su aproximación al nacionalismo le ha costado una hemorragia de votos en favor de ERC. Atraer el voto mayoritario de centro-izquierda, moderado y pragmático, con recetas radicales y utópicas, como las que viene utilizando IU desde hace tiempo, no es el mejor camino si se tiene realmente vocación de aglutinar la mayoría social que te posibilite gobernar. Al contrario, es darle un balón de oxígeno electoral a IU y un respiro al PP, tal como vienen demostrando las encuestas, desde que los socialistas utilizan esta estrategia en la práctica, que ahora pretenden elevar como parte de su proyecto programático.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

Google+ Followers