El
sorprendente cierre de RTVV por parte del Presidente Fabra ha generado en la
Comunidad Valenciana un lógico debate político, no exento de las
correspondientes contradicciones, que, a mi juicio, no debiera agotarse en sí
mismo, ya que, aprovechando el inesperado evento, habría de generalizarse al
resto de televisiones autonómicas que, con los matices que se quiera,
atraviesan parecidas circunstancias a las que han motivado el cierre de Canal
Nou. Si Fabra alega razones de inviabilidad económica para el cierre, al verse
obligado a mantener el “statu quo” con la anulación del ERE por parte del TSJV,
idéntica razón podrían esgrimir el resto de presidentes de CCAA (los 13 que
cuentan con televisiones públicas autonómicas) para echar el cierre a las
suyas; idénticos argumentos de crítica se esgrimirían por quienes en cada
comunidad estuviera en la oposición e idénticas razones para el reajuste o
cierre por parte de quien gobernase, pues, al margen de la mala gestión
presente y pasada de los distintos gobiernos y sus diferentes colores políticos,
la caótica situación de las teles autonómicas no es exclusiva de este o aquel
lugar ni de este o aquel gobernante concreto sino que es generalizada, con los
lógicos matices que se quiera en unos u otros casos. Baste con señalar que casi
900 millones de euros anuales salen de las arcas públicas para satisfacer a una
audiencia que no llega al 9% de media, un derroche inadmisible, máxime si
tenemos en cuenta que el papel de “servicio público”, que justificó su origen,
hace mucho tiempo que se esfumó, convirtiéndose en instrumentos parciales de
propaganda al “servicio privado” de los distintos gobernantes de turno en cada
comunidad autónoma.
Sin
ser prolijo en datos concretos de cada tele autonómica y sin hacer un análisis
pormenorizado y comparativo, que no es objeto de este espacio, baste citar que
el déficit anual de las cadenas autonómicas es de unos 1.500 millones, que
acumulan una deuda de casi 3.000 millones, que cuestan al Estado el triple que
la corporación RTVE (que tampoco es paradigma de buena gestión), que cada año
acumulan pérdidas insostenibles, que tienen plantillas sobredimensionadas (unos
11.000 trabajadores) frente a las racionalizadas plantillas del conjunto de las
cadenas privadas, que algunos directivos o técnicos cualificados gozan de
sueldos muy altos, que son nidos de clientelismo político (como otros tantos
entes públicos) entorpeciendo la eficiencia de los grandes profesionales con
que también cuentan… y, en definitiva, que son un pozo sin fondo insoportable,
que sufragamos todos los ciudadanos con los escasos recursos que tenemos. Por
tanto, se mire como se mire y al margen de demagogias, Fabra, como el resto de
presidentes autonómicos, tiene sobradas razones para reajustar su TV
autonómica, intentando hacerla viable, y si se lo impiden, como es el caso,
para cerrarla. Una decisión política valiente y arriesgada ya que, aprovechando
que el Pisuerga pasa por Valladolid, desencadena una feroz campaña por parte de
la oposición (el PP haría lo propio si Susana Díaz cerrara Canal Sur), incluso
incurriendo en determinadas incoherencias, pues tampoco está exenta de razones
sobre la gran parte de responsabilidad, por acción u omisión, que tiene el
Gobierno de turno y el partido que lo sostiene para haber provocado o, al
menos, permitido llegar a esta caótica situación que no hay por dónde cogerla.
Al
final, lo lamentable es los casi 1.800 trabajadores que se quedan sin empleo,
las verdaderas víctimas de un desastre que no provocaron, y, en sus justos
términos, los verdaderos responsables son los distintos gobiernos que se
sucedieron en la Comunidad Valenciana y, especialmente, los del PP que lleva
décadas haciéndolo sin poner freno a la situación; todos, menos el de Fabra
que, curiosamente, aunque le toque ahora bailar con la más fea, es quien ha
decidido acabar con una situación insostenible. Pero también son responsables
los sindicatos por no entender, como sí lo han hecho en otros sectores, que la
viabilidad pasaba por un reajuste drástico del gasto (más bien despilfarro)
que, lamentablemente, pasaba por un ERE, y, ¡cómo no!, los jueces que, con las
razones jurídicas que no pongo en duda, no han querido o no han podido dar una
alternativa salvo el mantenimiento de lo insostenible. Un aviso a navegantes ya
que en otras CCAA, por ejemplo, en Madrid, la situación es parecida.
Lo
incomprensible es que la oposición que, con razón absoluta, ha venido
cuestionando Canal Nou por su manifiesta parcialidad al servicio de los
gobiernos populares, en asuntos tan turbios como los distintos casos de
corrupción, se rasguen ahora las vestiduras por la desaparición de este
instrumento propagandístico en manos de Fabra. Tan incomprensible como que éste
renuncie al mismo. Ya no sabemos si cuando el PSPV anuncia que volverá a crear
RTVV si ellos gobiernan, lo hace por motivos electoralistas o para tener en sus
manos tan eficaz instrumento, que, según el PP, en Andalucía tan buenos
resultados da a los gobiernos socialistas. Pienso que, salvo en el drama de los
trabajadores, toda la oposición debería estar contenta por la renuncia que
Fabra hace de Canal Nou de cara al futuro y que quien debería estar molesto es
el PP que, por primera vez, no podrá contar con tan importante soporte
propagandístico. ¿No era tan nefasto Canal Nou para la oposición? Yo lo he oído
tantas veces que no lo dudo. ¡Mira que si al final Fabra, en un ataque de
responsabilidad inusitada, ha hecho lo que tenía que hacer! Si así fuera, que
todos los demás sigan su ejemplo.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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