lunes, 30 de diciembre de 2013

PRUDENCIA Y COHERENCIA

                        Es momento de balances y previsiones. Balances de resultados de un 2013 que nos dice adiós y previsiones para un 2014 que, al menos en España, se prevé bastante complicado. Superado el ecuador de la legislatura del gobierno del PP con mayoría absoluta, con sus luces y sombras, cada vez queda menos tiempo para que, tanto el gobierno como la oposición, consigan ganarse la credibilidad perdida, tanto a nivel interno como externo, requisito básico para que, al margen de las preferencias ideológicas individuales, la política recobre el rol imprescindible que le corresponde en una sociedad democrática. Hoy por hoy, desgraciadamente, no es así y demasiada gente considera a los políticos como uno de los graves problemas que tiene España en vez de considerarlos el eje esencial de la solución de los mismos. En estas condiciones son excesivas las incertidumbres para afrontar con solvencia política las próximas elecciones generales, corriéndose el riesgo de que un voto cautivo del desencanto y huérfano de la convicción, si supera la ciénaga de la abstención, vaya a parar a opciones políticas inviables, generando un mapa político de ingobernabilidad que, tal como está el patio, España no se puede permitir.
            Con semejante panorama de previsible inestabilidad política, tanto el PP, como partido del gobierno, como el PSOE, principal partido de la oposición, están obligados a mirar más allá de lo que queda de legislatura y, con altura de miras, por encima de los legítimos intereses electorales, arbitrar políticas consensuadas, desde la prudencia y la coherencia, para afrontar los asuntos pendientes en lo que queda de legislatura, obligando al resto de partidos a sumarse a lo razonable o desenmascarándolos de sus irracionales proyectos inviables. Si tal como dice el Ecofín entre los grandes deberes por culminar está la reforma laboral, la de las pensiones y el control de las comunidades autónomas no nos podemos permitir el lujo de tratar dichos asuntos con tópicos generalistas para caer en incoherencias manifiestas que provocan el típico debate del “y tú más” o el “por qué no lo hiciste cuando gobernabas” del que siempre salen beneficiados quienes, sin previas responsabilidades de gobierno, pueden seguir demagógicamente ofertando la luna.
            Si la imprudencia por un lado y la incoherencia por otro son las principales fuentes del descrédito acumulado por parte del PP y del PSOE, sólo será posible salir de esta situación afrontando de forma honesta y desde la prudencia los debates pendientes con absoluta coherencia y no con exabruptos como argumentos que no se sostienen ni entre los propios correligionarios, especialmente si en tu etapa de gobierno (o de oposición) hiciste lo que criticas ahora o te comportaste como el que ahora repudias. Ni al PP le vale ya apelar a las herencias para justificar las incoherencias con su proyecto ideológico-programático, ni al PSOE, recurrir a descalificativos gratuitos de las políticas que, practicadas hoy por el PP, se asemejan a las que ellos practicaron cuando gobernaban (valga como ejemplo oponerse a la nueva ley del aborto con el argumento de que socaba la libertad de las mujeres cuando la ley  socialista de 1985 se asemeja bastante a la de Gallardón, lo que, en boca de Rubalcaba, ministro comodín de casi todos los gobierno socialistas, es pura demagogia se mire como se mire, salvo que idéntica ley tenga efectos liberticidas no según su contenido sino según quién la elabore o la aplique).
            No es baladí recordar que, al margen de las exigencias de la UE, otras muchas reformas están pendientes de adopción o plena aplicación como la ley Wert, la reforma tributaria o la citada ley del aborto, así como el grave asunto de la consulta catalana soberanista que, por sí mismas, predicen un 2014 convulso. Si además han de celebrarse elecciones al Parlamento Europeo, para elegir por sufragio universal directo, libre y secreto a los eurodiputados, que por vez primera, gracias al Tratado de Lisboa, verán incrementado el poder de la Eurocámara, la convulsión política del año entrante está más que asegurada. Y si, para colmo, muchos de los casos de corrupción en progresión investigadora sirven como el más indeseable ingrediente del descrédito político con el argumento intolerable del “y tú más”, la rehabilitación de la prudencia y coherencia política de los partidos en España se me antoja harto complicada.
            Se puede o no estar de acuerdo en que el 2014 será el año que inicie la recuperación económica. Incluso es probable que así sea, casi toda Europa lo está haciendo. Pero desgraciadamente España, aunque saliera de dicha crisis, está afectada por otras crisis, incluso más graves, como es la crisis de valores, social, política y territorial. De la económica se puede salir haciendo las cuentas bien. Las restantes requieren otros muchos más esfuerzos, comenzando por la asunción de una serie de valores por parte de nuestros gobernantes y políticos que, lamentablemente, han perdido. Uno de los importantes, la prudencia, tanto en la forma como en el fondo de afrontar los problemas; otro, la coherencia, tanto en las propuestas como en las críticas a la hora de hacer creíbles los proyectos. Sin éstos es difícil asumir el resto de valores que deben adornar a un gobernante. ¿Estarán los nuestros dispuestos a intentarlos? Es el primer reto a superar en 2014.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

martes, 24 de diciembre de 2013

ACERCA DEL ABORTO

                        Es preocupante el alto índice de frivolidad que acompaña al debate público sobre un asunto de máxima importancia y complejidad, como es el aborto, desde que el PP, tal como mantenía en su programa electoral, apoyado por mayoría absoluta, ha decidido modificar la ley vigente al respecto que, caprichosa y unilateralmente, decidió implantar ZP en 2010, rompiendo el consenso de “hechos consumados” de la anterior ley socialista de 1985, avalada por el TC, que, ni el mismísimo Aznar, se atrevió a modificar. Por tanto, al margen de la posición de cada cual sobre el aborto y para centrar el debate, el PP está legitimado y avalado electoralmente para afrontar dicha reforma, al igual que ZP en su día. Es incoherente que, mientras se le critica con razón por incumplir su programa electoral, cuando lo cumple, como es el caso, se le critique igualmente achacando la decisión a intereses ocultos. Cuestión distinta es si no hubiera sido mejor en 2010 dejar las cosas como estaban, salvo que se hubiese logrado un amplísimo consenso para modificar la ley sobre asunto tan delicado y sensible, cuando la legalidad ya estaba asumida por toda la sociedad, sin reparar en la inconveniencia de someterla al vaivén ideológico del partido gobernante que, a lo sumo, representa a la mitad social.
            Dicho lo anterior, es intolerable dividir a la gente entre proabortistas o antiabortistas, cuando, desde el sentido común, el aborto supone un fracaso, jamás un éxito, y, por tanto, salvo excepciones que confirman la regla, nadie es proabortista, aunque algunos así lo parezcan. Se trata de dar una respuesta legal a un grave problema social que lleva implícitas esenciales cuestiones éticas, morales, sanitarias, científicas e incluso económicas. Un complejo asunto que, obviamente, genera en la UE un amplio abanico legislativo que abarca desde la prohibición y pena de cárcel en Malta, a la libre decisión de abortar durante las 24 semanas de gestación (cuando el feto ya es casi viable de forma independiente) en Holanda. Sin entrar en pormenores de los distintos países que no cabrían en este espacio, se trata, en definitiva, de deshacerse de forma voluntaria de un feto y en qué condiciones y circunstancias se permite sin incurrir en delito. Para afrontar el problema, dos modelos: el de “plazos”, que es el mayoritario, consistente en establecer un periodo de libre decisión sin más de la embarazada para interrumpir el embarazo; y, el de “supuestos”, consistente en determinar determinadas circunstancias para interrumpirlo. Ninguno de ellos lleva implícito un plus de modernidad o progresía sino distinta forma de entender la cuestión; lo contrario nos llevaría a que, por ejemplo, Reino Unido o Finlandia, son países anticuados y poco progresistas, pues ambos contemplan el sistema de “supuestos”. En España, que en 1985 optó por este sistema con un gobierno socialista, otro gobierno socialista, sin consenso con los conservadores, decidió pasar al sistema de “plazos”, provocando ahora que un gobierno conservador quiera volver al sistema anterior.
            En ambos sistemas, rebasadas las circunstancias legales, se incurre en delitos o faltas, como sucede en cualquier otra norma legal y, generalizadamente, precisan informes médicos, psíquicos, sociales, plazos de reflexión a la embarazada, ofrecimiento de otras alternativas antes de practicar el aborto, no para entorpecerlo, sino para garantizar que se ajusta a derecho. Sólo en el sistema de “plazos” y sólo durante el periodo de libre decisión de la embarazada (que suele ser hasta las 12 a 14 semanas del embarazo, donde claramente el feto no es viable de forma  autónoma) se exime de cualquier requisito salvo la libre voluntad, mientras que situaciones como violación o riesgo para la salud de la mujer, suelen asumirse con normalidad y, en menor medida, las malformaciones del feto (cada vez más cuestionadas por los Derechos Humanos) y, raramente, razones económicas o sociales. Este es “grosso modo” el trato legal europeo al respecto. Entre el aberrante aborto libre sin más, desde la fecundación a la víspera del nacimiento, y la aberrante prohibición del mismo en cualquier momento o circunstancia, hay infinidad de posibilidades y cada sociedad ha de legislar sobre dónde sitúa los márgenes legales para interrumpir una vida humana en ciernes que es de lo que, en definitiva, se trata. Unos límites para que, asumidos mayoritariamente, no queden al libre albedrío de la conciencia individual actos que supondrían aberraciones desde el punto de vista de la condición humana. Es incomprensible que un asunto que ni la ciencia médica, ni la política de derechos humanos, ni la tecnología, ni la ética, entre otras ciencias, es capaz de situar y delimitar en sus justos términos, se trate de forma frívola como un asunto de avance o regresión evolutiva de la Humanidad en términos de progreso o regreso de las distintas sociedades. ¿No sería mejor buscar un punto de encuentro y estabilizar la cuestión con un amplio consenso basado en el sentido común en vez situarlo como punto de mira de todos los intereses partidistas de unos y otros?
            Desgraciadamente, como en 1985 o 2010, no es precisamente el sentido común lo que prevalece. Ni aquel histórico “mamá no me mates” para oponerse a la ley de Felipe González, ilustrado con un panfleto en que una tijera troceaba un feto viable autónomamente, ni aquel “un feto es un ser vivo pero no humano” de la Ministra Aído, como argumento para avalar la ley “de plazos” de ZP, aportan nada al sereno debate que precisa la definitiva legislación sobre el aborto en España. Menos, acusar al Gobierno de Rajoy, como hace Rubalcaba, de cambiar la libertad de las mujeres por un puñado de votos de la extrema derecha. Bastaría con preguntarle si Felipe esclavizó a las mujeres por su ley “de supuestos”, mientras él era ministro, o a cambio de qué votos o intereses Zapatero cambió la ley en 2010, mientras él ya no era ministro sino vicepresidente del Gobierno. Con este tipo de argumentos no vamos a ninguna parte. Seguramente es que tampoco pretendemos ir a ninguna parte.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 19 de diciembre de 2013

CASTRO Y SILVA, ¿VÍCTIMAS O VERDUGOS?

                        Mientras que la Justicia en España está en el punto de mira, por tantas y tantas razones que ahora no vienen a cuento, dos jueces, José Castro y Elpidio José Silva, están en el ojo del huracán mediático. Según se mire, a ambos se les considera víctimas o verdugos, pero no jueces imparciales, en los casos que investigan sobre presuntos delitos de corrupción protagonizados por sendas personas relevantes socialmente, la Infanta Cristina en el caso de Castro y Blesa, ex presidente de Caja Madrid, en el de Silva. Los respectivos fiscales, Pedro Horrach y Manuel Moix les han desautorizado públicamente de forma tan contundente que, excediendo lo que pudiera considerarse una normal discrepancia de interpretación jurídica, está provocando un bochornoso espectáculo intolerable. Salvo que, insólitamente, se considere a los citados jueces como indocumentados, lo que contradice su propia experiencia, sólo cabe, a tenor de lo expuesto por los fiscales, considerarlos como verdugos caprichosos de Cristina y de Blesa, respectivamente, o como víctimas propiciatorias por intentar hacer justicia en tan altas instancias.  
            El calvario de Castro se inicia por la imputación o no de la Infanta Cristina en el “caso Noos”, sobradamente conocido. El juez considera su imputación, el fiscal la rechaza porque no hay indicios. Pero, antes de que Castro dicte auto formal de imputación, Horrach le entrega un informe concluyendo que, además de la ausencia de indicios para la imputación, sus últimas diligencias de investigación son “contradictorias e innecesarias”, argumentando tal calificativo, y además concluye que se investigue al presidente del sindicato de técnicos de Hacienda por acusar a funcionarios adscritos al caso de manipular datos fiscales para favorecer a la Infanta, lo que considera “grave, gratuita y falsa”. Sin embargo el fiscal, de forma sorprendente, señala al juez que “es un principio básico del Derecho penal que no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho” y que, según los últimos informes de la Agencia y de la UDEF, se corrobora “la inexistencia de indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación”, apuntando además que Castro se haya centrado últimamente en una intensa actividad investigadora centrada “exclusivamente” en la mercantil Aizoon y en los gastos personales imputados a la Infanta en la misma, y que “resulta cuando menos llamativo que dicha investigación no se haya extendido en los mismos términos e intensidad” a otras mercantiles participadas por la esposa de Torres, el ex socio de Urdangarín, así como otra serie de veladas acusaciones de parcialidad al juez Castro, que sería prolijo citar aquí.
            El calvario de Silva comienza cuando, por segunda vez, ordena ingreso en prisión (esta vez sin fianza) de Miguel Blesa y la Audiencia de Madrid le obliga a liberarle, mientras Fiscalía presenta una querella contra el juez por dos delitos contra la libertad individual, prevaricación y por un continuado “retardo malicioso” en el proceso. Graves acusaciones contra el juez, como incumplimiento de “deberes legales”, actuación “radicalmente contraria a derecho”, autos “incongruentes”, medidas acordadas a instancia del sindicato Manos Limpias, que no estaba personado en la causa, “injustificada e inmotivada reapertura de diligencias previas” a raíz de una denuncia “muy genérica e imprecisa” del citado sindicato sobre un multimillonario crédito a Díaz Ferrán y, entre otras, “torticero” modo de actuar en el asunto de la compra del  Banco de Florida. Consecuencia, Blesa en la calle y Silva ante el posible final de su carrera judicial. Y, mientras Silva se defiende, amenazando con tirar de la manta y dar a conocer todos los datos sobre las irregularidades cometidas “durante los últimos 15 años en determinadas cajas de ahorro” y las alianzas entre “corruptos” y “determinados elementos de la casta política”, aunque “el sistema no lo soportaría” y se generaría “una situación institucional insostenible”, una serie de correos de Blesa manifiestan que Aznar exigía contrapartidas, entre otra serie de detalles escabrosos que, según Silva, desvelan asuntos tan dispares como las luchas internas del PP, o son prueba suficiente de la gestión delictiva que hizo Blesa en la entidad bancaria que presidió a instancia de su amigo Aznar, concluyendo que “en cualquier país del mundo este señor estaría en prisión”.
            Ni sé si la Infanta ha de ser imputada o no; ni, si Blesa ha de estar o no en la cárcel. Los jueces y magistrados son quienes han de decidirlo en los tribunales. Lo demás son especulaciones. Pero sé que jueces y fiscales no pueden dar semejantes espectáculos si quieren ganar credibilidad. ¿Son tan incompetentes Castro y Silva como se desprende de lo manifestado por Horrach y Moix? Si no son incompetentes, ¿son tan perversos? ¿Qué tienen contra Cristina y Blesa? ¿Por qué? Y si no hay nada de esto tampoco y su actuación se ajusta a derecho ¿qué tienen los fiscales contra ellos? Alguien tendrá que pagar por tamaña irresponsabilidad, que, obviamente, alguien está cometiendo, pues para saber al final cuál debe ser el destino que jurídicamente se dé a la Infanta Cristina o a Miguel Blesa, es obligado esclarecer primero si Castro y Silva son o pretenden ser sus verdugos, pues, en caso negativo, ellos serían las verdaderas víctimas.
            Y ustedes ¿qué piensan al respecto?

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 13 de diciembre de 2013

CATALUÑA HACIA EL ABISMO

                        Es la noticia por excelencia. Todos los diarios españoles importantes la llevan en portada y algunos de ellos prácticamente en exclusiva. No es para menos. Este enésimo paso dado por Artur Mas en su delirante camino hacia ninguna parte es de tal gravedad, no tanto en el fondo, sino en las formas, que deja poco margen a cualquier solución razonada y razonable. Una doble pregunta, para que quepan todas las sensibilidades secesionistas. “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?”, y, si responde afirmativo, “¿Quiere que éste sea independiente?”; incluso cabría hasta una tercera pregunta para cerrar el círculo, por ejemplo, ¿Qué más quiere usted? Una verdadera locura, insólita en el mundo civilizado y democrático, que, por encima de leyes y constituciones, por encima de derechos y deberes, pretende abrirse camino, pase lo que pase y caiga quien caiga, al margen de las nefastas consecuencias que provoque en primer lugar en Cataluña, en España después y finalmente en toda la Unión Europea. Es la materialización del mayor desafío totalitario que un gobernante regional hace a su propio Estado democrático, obligando a éste a defender con uñas y dientes la soberanía que su propio pueblo se ha otorgado o a claudicar ante la sinrazón violenta de quienes desde sus mismas entrañas utilizan el poder que se les ha otorgado contra quienes tienen legitimidad para hacerlo, el pueblo español.
            Ante semejante amenaza sólo cabe la respuesta democrática y rotunda del gobierno que el pueblo amenazado eligió democráticamente. “La consulta no se va a celebrar; es inconstitucional” ha dicho Rajoy. Y ha dicho bien. “Les garantizo que esta consulta no se celebrará porque choca con el fundamento de la Carta Magna, la indisoluble unidad de la nación española”, ha rematado el presidente del gobierno contundentemente. Como no podía ser de otra forma, salvo que, una vez más en nuestra historia, nos dispongamos a dinamitar los cimientos del Estado Español, tanto los dirigentes del PSOE, primer partido de la oposición, como los del PP, pasando por los de UPyD, Ciutadans y otras formaciones minoritarias, han cerrado filas con el presidente Rajoy en la defensa contundente de la democracia. Un gesto esperado de responsabilidad frente a quienes, titubeantes aún, o claramente alineados con la amenaza antidemocrática, están dispuestos a llegar hasta el borde de un abismo con consecuencias impredecibles en caso de no frenar a tiempo. Ellos sabrán lo que hacen y la Historia se encargará de colocarlos en el lugar que merecen.
           Desgraciadamente, cuando más firmeza se requiere por parte de todos los demócratas para defender la libertad, en las tertulias mediáticas se percibe aún en algunos personajes un tufo putrefacto a la hora de justificar lo injustificable. Cuando las amenazas dejan de ser retóricas para convertirse en reales, no caben justificaciones ni medias tintas. Otro gallo cantaría si en su debido momento se hubiese actuado enérgicamente frente a hechos puntuales o desacatos intolerables de menor entidad. Hoy no estaríamos donde estamos, aunque ya no es momento de lamentarnos de un pasado errático, sino que es momento de enderezarlo. He repetido mil veces que la rotunda aplicación de la ley es la mejor de las garantías para la supervivencia de una sociedad democrática. Por ello no entiendo los cantos de sirena de algunos instando a una negociación innegociable o alertando de las consecuencias de aplicar la legalidad constitucional, al extremo de, si fuera necesario, intervenir incluso la comunidad autónoma, si es lo que al final pretende el Gobierno de la Generalitat y sus valedores. Algún precio habrá que pagar ante la amenaza insensata de la sinrazón y, democráticamente hablando, siempre será más barato reforzar el sistema democrático que rendirlo ante los insensatos, aunque de su sometimiento legal hagan después un ejercicio más de victimismo con un claro objetivo electoral. ¿Acaso no es el victimismo embustero la esencia de su razón política? La única alerta ineludible es la amenaza descarada al Estado de Derecho.
          Tal como está planteado el problema la única solución posible desde el lado democrático es contraponer como última barrera el escrupuloso respeto a la Carta Magna con todas sus consecuencias, dejando bien claro que los daños colaterales que pudieran producirse (incluida la intervención de la Generalitat por parte del Estado Español del que forma parte) son responsabilidad exclusiva de quienes, irresponsablemente, pretenden imponer su voluntad a la inmensa mayoría de los españoles, incluidos los catalanes, y en modo alguno de quienes tienen el derecho y el deber de actuar ante semejante desafío antidemocrático de corte totalitario. Quién no tenga esto bien claro ni esté dispuesto a dar la cara en su defensa es tan peligroso como quien, teniendo clarito lo contrario, está dispuesto a hacer cualquier cosa para imponer su pensamiento único.
            Mas y sus colegas tienen todo el derecho a declararse independentista y a reivindicarlo públicamente, siempre que de forma inequívoca acate y se someta a la decisión mayoritaria de los españoles, incluidos los catalanes, y a las reglas establecidas por ellos. Pero ello no le otorga el derecho de insultar a los españoles no catalanes, tachándolos de ladrones e imperialistas por ejemplo, ni a dividir a los españoles catalanes en ciudadanos buenos o malos, según coincidan o no con sus objetivos. Menos derecho aún a utilizar su cargo institucional y los recursos públicos pertinentes para arremeter contra el Estado al que él mismo representa, pues, superando con creces el concepto de deslealtad, es lo más parecido al concepto de traición.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

jueves, 12 de diciembre de 2013

¿CATALANOFOBIA O HISPANOFOBIA?

                        ¿Qué sucedería si un partido de ámbito español dijese que Cataluña le está robando a España, que está contra España o que quiere liquidar a España? ¿Qué, si ese partido fuese el partido gobernante en España? ¿Qué, si fuese el mismísimo gobierno español? Con absoluta certeza, en el primer caso, el partido sería tildado de catalanofobia y enemigo de Cataluña (amén de fascista, opresor, etc); en el segundo caso, además de lo anterior, se le tacharía de irresponsable e indigno de sostener tan alta institución de gobierno; y, en el tercer caso, además se le declararía ilegítimo directamente y, por tanto, susceptible de no ser obedecidas sus decisiones. Pues bien, sin que nada de esto suceda, sino, curiosamente, todo lo contrario (son algunos partidos de ámbito catalán quienes dicen que España roba a Cataluña, que España está contra Cataluña y que quiere liquidar a Cataluña, entre ellos el que gobierna en Cataluña y, por ende, su propio gobierno con Mas a la cabeza), se da la paradoja de que en España, según estos sujetos, hay una extendida e insoportable catalanofobia, que hace imposible la convivencia de los catalanes con el resto de españoles, y no hay hispanofobia desde Cataluña ya que, según manifiesta el mismísimo Tardá en 24 horas (tesis de ERC y sus aliados), cualquier manifestación de hispanofobia desde Cataluña no es de carácter general y obedece a grupos aislados y puntuales. La catalanofobia española, obviamente, es generalizada.
            Ya ven, un mundo al revés que, sin escrúpulo alguno, estos sujetos repiten y repiten de forma chulesca, convencidos de que sus alucinantes visiones de una realidad inexistente les conducirán a un irreal futuro que venden como real, basado en la prostitución de la historia. Mientras el citado Tardá expresaba en TV su deseo de hacer bien la ilegal consulta y a la pregunta “¿y si no?”, responde que entonces la harán mal, el portavoz de la Generalitat, inaugurando un simposio oficial titulado “España contra Cataluña” (ya conocido en los medios como el simposio del odio), no tiene reparo alguno en atizar a España aseverando que “los imperialistas españoles quieren liquidar a Cataluña”. Si Rajoy, como es su deber, o el Parlamento español, desautorizan la convocatoria del referéndum, ya se sabe de antemano quiénes son los culpables: los indecentes imperialistas españoles. Como de antemano se sabe el resultado de ese simposio, según ellos, científico, sobre las relaciones en los últimos tres siglos entre España y Cataluña (como si fueran entes ajenos paritarios), que ya desde su título delata su carácter propagandístico y panfletario. El garante de tan imparcial y noble tarea científica es Jaume Sobrequés, recalcitrante independentista, provocando que hasta Tardá diga que hubiera sido mejor poner en el título al menos una interrogación. Hubiese disimulado su marcado sectarismo. Y con semejantes propósitos se pretende elaborar una especie de catálogo de agravios basados en el BOE, omitiendo que no sólo de Cataluña, sino de cualquier otra autonomía, provincia o pueblo, se podría elaborar una lista parecida de agravios y otra de todo lo contrario, sin que ello suponga un trato discriminatorio, sino, simplemente, unas carencias por los recursos limitados del Estado que, en el caso catalán, no sería la zona más perjudicada ni siquiera en los deplorables momentos (que son la mayoría desgraciadamente) en que España no gozaba de libertades democráticas. ¡Qué tendría que decir Extremadura, Galicia o Andalucía!
            Pues bien, en este contexto de agresiones y de hispanofobia por parte de los independentistas catalanes, por fin Artur Mas que, según Tardá, está donde está porque le ha obligado la ciudadanía, ha pactado con ERC, ICV-EUIA y la CUP la fecha del referéndum (el nueve de noviembre de 2014) y una doble pregunta: “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?” y, en caso afirmativo, “¿quiere que sea independiente?”. Las respuestas no se han hecho esperar: Rajoy, “no se celebrará” al ser “radicalmente contraria” a la Constitución; Rubalcaba, acusando a Mas de llevar a Cataluña “a un callejón sin salida” ya que “no tiene marco legal ni cabe en la Constitución”; Rosa Díez, diciendo que están haciendo “el ridículo más espantoso”. . . y así sucesivamente por el resto de líderes democráticos y, como tales, respetuosos con la Constitución, mientras que desde la UE, el mismísimo Van Rompuy advierte que “si un territorio de un estado miembro se separa, será un tercer país respecto a la UE y en él no se aplicarían los tratados europeos”. Más claro, el agua, por más que un panfleto, distribuido por Artur Mas, diga todo lo contrario para hacer creer a los catalanes en su tramposa entelequia. El desafío sigue adelante, junto al engaño y las mentiras. En esta especie de afianzar el odio a lo español, cabe todo. Es más, desde el más rancio independentismo, un reto chulesco, ¡que se atreva Rajoy a aplicar la intervención de la autonomía! Un agravio más a incluir en la lista de Sobrequés.
            Y lo grave no es la reivindicación nacionalista o independentista. Cada loco tiene todo el derecho a expresar lo que considere oportuno y a reivindicarlo, siempre que no atente contra la dignidad humana. Lo grave es que la locura se dirija desde las instituciones democráticas, gracias a los recursos de todos los españoles a los que quieren liquidar mediante una indecente hispanofobia, típica de mentes totalitarias y antidemocráticas, aprovechando la posición prevalente que todos los españoles, incluidos los catalanes, les concedimos en las urnas para que fomentasen precisamente todo lo contrario.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 8 de diciembre de 2013

AGENCIA TRIBUTARIA, OTRO DESPROPÓSITO

                        Más de trescientos ceses que, según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, se han dado en apenas veinte meses de legislatura no es asunto baladí. Ni lo es la destitución por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), vulgarmente conocida como Agencia Tributaria, de cinco funcionarios de alto rango o la dimisión del director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Luis Jones, por las discrepancias con el nuevo Director General de la AEAT, Santiago Menéndez, nombrado antes del verano. Algo huele mal y requiere explicaciones convincentes por parte del señor Montoro, para evitar la lógica cascada de especulaciones al respecto, que favorece la sospecha y la desconfianza en una inspección fiscal que no debiera dejar duda alguna sobre su profesionalidad, imparcialidad y objetividad.
            Cierto que, como se dice desde la AEAT, dichos cambios y los que puedan acaecer en próximos días, pueden enmarcarse en el lógico proceso de renovación de equipos que acompañan normalmente al nuevo director general. Pero no es menos cierto que el asunto comienza cuando cesa una inspectora de la Delegación de Grandes Contribuyentes tras rechazar un recurso de reposición de la multinacional CEMEX contra una sanción multimillonaria, provocando además la dimisión de su superior jerárquico, circunstancia que pone en tela de juicio lo que debiera ser normal en un normal relevo de un director general, quien, obviamente, para exigirle la asunción plena de responsabilidades requiere tener la libertad suficiente para rodearse de los cargos de confianza pertinentes. O, como dice el ministro, Santiago Menéndez tiene todo el derecho a “montar su equipo”. Si, por otra parte, los inspectores de Hacienda exigen que al director general de la AEAT lo nombre el Parlamento y no directamente el Gobierno para preservar su independencia, si la petición la hacen tras la dimisión de Jones, si Montoro manifiesta que la cúpula de la Unidad de Grandes Contribuyentes estaba llena de socialistas y si Rubalcaba acusa a Montoro de “caza de brujas” es urgente que el lógico debate público desencadenado no quede en agua de borrajas y, como en otros asuntos, satisfaga en exclusiva el interés por una nueva refriega política estéril.
            Los ciudadanos tenemos derecho a saber si hay injerencias políticas en la Agencia y, en caso afirmativo, en qué dirección se dan y a quiénes benefician o perjudican; si es algo novedoso o normal en el pasado; por qué si el Gobierno elegía al Director General hasta la fecha, ahora es mejor que lo elija el Parlamento para que tenga independencia ¿antes no eran independientes?; si ha sido concretamente Menéndez quién ha provocado con su particular conducta la petición del cambio de modelo de nombramiento; si los ceses y destituciones citados han sido arbitrarios u obedecen a criterios profesionales o razones tradicionalmente aceptadas; si la “caza de brujas” es una acusación genérica o hay datos concretos que la avalen. . . y así sucesivamente de una serie de aspectos que están en la mente y en la boca de todos. Porque, en definitiva, lo que la gente se pregunta es cómo es posible que ninguno de los gobiernos democráticos haya sido capaz de reducir el nivel de fraude fiscal en España. Y lo que la gente espera es que, en vez de estar tirándose los trastos a la cabeza, los distintos partidos, los sindicatos, la patronal, el gobierno y la oposición (todos ellos sufragados con nuestros impuestos) acaben con la economía sumergida, con el fraude y con la corrupción. Mientras el país se hunde en la miseria y el pueblo derrocha sangre, sudor y lágrimas para llegar a fin de mes, es un despropósito que se sirva en bandeja un debate genérico (otro más) con acusaciones veladas y respuestas insustanciales para que las cosas sigan empeorando.
            Lo que unos y otros deben explicar y, sobre todo, qué piensan hacer para mejorarlo, es por qué el 25% del PIB (unos 250.000 millones anuales) conforma la economía sumergida (datos del sindicato de técnicos de Hacienda), situándonos casi a la cabeza de la UE, con más del 80% del fraude fiscal y laboral total oculto y sin castigo; por qué ha crecido en los últimos años casi dos puntos; por qué, aunque en el último año y medio se han aflorado unos 22.500 millones de fraude a Hacienda y la SS, sólo supone el 19´3% del total anual, con una tasa de impunidad del 80´7%, siendo lo que el propio gobierno califica como el mejor año de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal. ¡Cómo sería el peor! En definitiva, por qué es imposible acabar con tantísimo sinvergüenza.
            Pero si son incapaces de explicar las razones de los ceses y las destituciones o las de la “caza de brujas” me temo que, con mucho más motivo, serán incapaces de ponerse de acuerdo para, al menos, intentarlo. Hombre, lo de la independencia del Director General de la AEAT lo tienen claro, el mejor ejemplo es el que acaban de cerrar con el CGPJ. Perdón, se me olvidaba que aquí sólo se trata de un cargo unipersonal y es imposible repartirse la tarta. ¿Por qué no una dirección colegiada de la AEAT? En fin, no quiero seguir dando pistas.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 3 de diciembre de 2013

ESPÍRITU CONSTITUCIONAL Y MODELO TERRITORIAL

                    Que la situación en España, al margen de la crisis económica, es bastante deplorable no cabe duda alguna. A la crisis económica, de la que, con más o menos dificultades, se puede salir, se añade una crisis social, política y de valores que, junto a la crisis del modelo territorial, dificultan de forma alarmante una recuperación global en todos los sentidos, amenazando incluso la supervivencia de España como Estado y la convivencia en paz entre todos los españoles. Justo cuando se celebra el 35º aniversario de la Constitución, que tanto esfuerzo costó consensuar, dice Miguel Roca, uno de los padres de la misma, que el “espíritu constitucional” se ha roto y añade que “el modelo territorial está agotado por la cerrazón del Tribunal Constitucional”, añadiendo, en pleno debate sobre una hipotética reforma de la Carta Magna, que hoy no ve posible “una Constitución de amplio consenso”. Estando de acuerdo con Roca en gran parte de su diagnóstico, no tanto en las causas del mismo, su escaqueo, que me recuerda a Durán i Lleida, a la hora de afrontar cuestiones esenciales con meridiana claridad, como la de si Artur Mas debe cumplir la Constitución, pone en evidencia de soslayo las verdaderas causas de muchos de los desencuentros actuales sobre el modelo territorial. Entre ellas las de quienes, como él mismo, mantienen un discurso difuso sobre aspectos democráticos fundamentales como, por ejemplo, la exigencia contundente del cumplimiento de la ley y especialmente por parte de las instituciones y sus gobernantes.
            Dice Roca, y dice bien, que es difícil distinguir entre Estado Federal y Estado de las Autonomías que “en la práctica, tiene muchísima similitud, muchísima”, que “hay que sentarse y hablar y buscar escenarios de concordia y de pacto” tal como en la Transición hicieron personas mucho más dispares (él mismo, Fraga, Solé Tura, Peces-Barba), pero que aquel espíritu de concordia se rompió y no ve “un clima de consenso y respeto suficiente como para avanzar”. Cierto, pero, a mi juicio, yerra cuando responsabiliza de la situación al Tribunal Constitucional por su cerrazón, en vez de identificar como verdaderos responsables a quienes, sistemáticamente, desde las propias instituciones constitucionales, incumplen la legalidad emanada de la Constitución (requisito básico del espíritu constitucional y democrático), a quienes prostituyen la Historia para adoctrinar a las nuevas generaciones en un falso revanchismo basado en agravios históricos inventados, y, a quienes entienden el diálogo sólo si se aceptan sus reivindicaciones y sus métodos para conseguirlas por ilegales que sean. Yerra además cuando no pone en términos de igualdad la reivindicación del “recentralismo” frente a la del “independentismo”,  considerando la primera como motivo de frustración (que lo es) para los que “defendieron la descentralización como un hecho esencial de esta nueva España democrática”, pero eludiendo la segunda porque, dice Roca, “forma parte de la actualidad a la que yo prefiero no referirme”, como si esta reivindicación no fuera, como mínimo, tan frustrante como la anterior y, si además la reivindican, como es el caso, “sí o sÍ” por encima de leyes y constituciones, mucho más peligrosa y amenazante. ¿Quiénes rompen el espíritu constitucional? Desde luego no quienes mantienen que cualquier reivindicación es legítima, pero que, en todo caso, su planteamiento y desarrollo se ajustará estrictamente a las reglas de juego establecidas.
            El problema no es que el modelo territorial esté agotado o no. Los modelos territoriales, con los ajustes necesarios, no son entes con fecha de caducidad. Hay Estados que los conservan durante muchísimos años y no, como dicen algunos, hay que cambiarlos en cada generación. El problema (y lo he dicho y argumentado en más de una ocasión) es que ningún modelo de estado, ningún modelo territorial, puede resistir durante mucho tiempo si las autoridades que gobiernan sus instituciones hacen dejación de sus responsabilidades y cada una de ellas, incluso asumiendo competencias que no tiene, fomenta y prefiere la discordia a la concordia, la insolidaridad a la solidaridad y la ilegalidad a la legalidad, sin que ninguna autoridad superior le ponga freno a semejante locura. Este es el verdadero problema. Y esto es lo que en ningún estado democrático serio, salvo en el nuestro, se permite.
            Carece de sentido marear la perdiz con reformas constitucionales sin amplio consenso para sustituir el amplio consenso de la que tenemos. Más aún en temas fundamentales como es sustituir el actual modelo de estado, cuasi federal, cuando el objetivo no es racionalizarlo, sino independizar determinados territorios. Si este modelo de estado está agotado, el que lo sustituyera, mucho menos consensuado que el actual, sería un modelo exhausto y prácticamente moribundo. Un verdadero trampolín para quienes definitivamente quieren finiquitar España como Estado, ya sea unitario, autonómico o federal. ¿Qué es lo que hay que negociar? ¿La disolución del Estado Español? Ese es el objetivo verdadero de quienes entienden España como un estorbo para conseguir sus fines. Por tanto, en todo caso, lo que procede, de momento, es que el modelo de estado que tenemos funcione. En la Constitución están las claves para ello, incluso las que posibilitan hasta su reforma profunda. Es tan sencillo como cumplirla, pero sobre todo, hacerla cumplir por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Para eso les pagamos entre todos los españoles.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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