ESPÍRITU CONSTITUCIONAL Y MODELO TERRITORIAL

                    Que la situación en España, al margen de la crisis económica, es bastante deplorable no cabe duda alguna. A la crisis económica, de la que, con más o menos dificultades, se puede salir, se añade una crisis social, política y de valores que, junto a la crisis del modelo territorial, dificultan de forma alarmante una recuperación global en todos los sentidos, amenazando incluso la supervivencia de España como Estado y la convivencia en paz entre todos los españoles. Justo cuando se celebra el 35º aniversario de la Constitución, que tanto esfuerzo costó consensuar, dice Miguel Roca, uno de los padres de la misma, que el “espíritu constitucional” se ha roto y añade que “el modelo territorial está agotado por la cerrazón del Tribunal Constitucional”, añadiendo, en pleno debate sobre una hipotética reforma de la Carta Magna, que hoy no ve posible “una Constitución de amplio consenso”. Estando de acuerdo con Roca en gran parte de su diagnóstico, no tanto en las causas del mismo, su escaqueo, que me recuerda a Durán i Lleida, a la hora de afrontar cuestiones esenciales con meridiana claridad, como la de si Artur Mas debe cumplir la Constitución, pone en evidencia de soslayo las verdaderas causas de muchos de los desencuentros actuales sobre el modelo territorial. Entre ellas las de quienes, como él mismo, mantienen un discurso difuso sobre aspectos democráticos fundamentales como, por ejemplo, la exigencia contundente del cumplimiento de la ley y especialmente por parte de las instituciones y sus gobernantes.

            Dice Roca, y dice bien, que es difícil distinguir entre Estado Federal y Estado de las Autonomías que “en la práctica, tiene muchísima similitud, muchísima”, que “hay que sentarse y hablar y buscar escenarios de concordia y de pacto” tal como en la Transición hicieron personas mucho más dispares (él mismo, Fraga, Solé Tura, Peces-Barba), pero que aquel espíritu de concordia se rompió y no ve “un clima de consenso y respeto suficiente como para avanzar”. Cierto, pero, a mi juicio, yerra cuando responsabiliza de la situación al Tribunal Constitucional por su cerrazón, en vez de identificar como verdaderos responsables a quienes, sistemáticamente, desde las propias instituciones constitucionales, incumplen la legalidad emanada de la Constitución (requisito básico del espíritu constitucional y democrático), a quienes prostituyen la Historia para adoctrinar a las nuevas generaciones en un falso revanchismo basado en agravios históricos inventados, y, a quienes entienden el diálogo sólo si se aceptan sus reivindicaciones y sus métodos para conseguirlas por ilegales que sean. Yerra además cuando no pone en términos de igualdad la reivindicación del “recentralismo” frente a la del “independentismo”,  considerando la primera como motivo de frustración (que lo es) para los que “defendieron la descentralización como un hecho esencial de esta nueva España democrática”, pero eludiendo la segunda porque, dice Roca, “forma parte de la actualidad a la que yo prefiero no referirme”, como si esta reivindicación no fuera, como mínimo, tan frustrante como la anterior y, si además la reivindican, como es el caso, “sí o sÍ” por encima de leyes y constituciones, mucho más peligrosa y amenazante. ¿Quiénes rompen el espíritu constitucional? Desde luego no quienes mantienen que cualquier reivindicación es legítima, pero que, en todo caso, su planteamiento y desarrollo se ajustará estrictamente a las reglas de juego establecidas.

            El problema no es que el modelo territorial esté agotado o no. Los modelos territoriales, con los ajustes necesarios, no son entes con fecha de caducidad. Hay Estados que los conservan durante muchísimos años y no, como dicen algunos, hay que cambiarlos en cada generación. El problema (y lo he dicho y argumentado en más de una ocasión) es que ningún modelo de estado, ningún modelo territorial, puede resistir durante mucho tiempo si las autoridades que gobiernan sus instituciones hacen dejación de sus responsabilidades y cada una de ellas, incluso asumiendo competencias que no tiene, fomenta y prefiere la discordia a la concordia, la insolidaridad a la solidaridad y la ilegalidad a la legalidad, sin que ninguna autoridad superior le ponga freno a semejante locura. Este es el verdadero problema. Y esto es lo que en ningún estado democrático serio, salvo en el nuestro, se permite.

            Carece de sentido marear la perdiz con reformas constitucionales sin amplio consenso para sustituir el amplio consenso de la que tenemos. Más aún en temas fundamentales como es sustituir el actual modelo de estado, cuasi federal, cuando el objetivo no es racionalizarlo, sino independizar determinados territorios. Si este modelo de estado está agotado, el que lo sustituyera, mucho menos consensuado que el actual, sería un modelo exhausto y prácticamente moribundo. Un verdadero trampolín para quienes definitivamente quieren finiquitar España como Estado, ya sea unitario, autonómico o federal. ¿Qué es lo que hay que negociar? ¿La disolución del Estado Español? Ese es el objetivo verdadero de quienes entienden España como un estorbo para conseguir sus fines. Por tanto, en todo caso, lo que procede, de momento, es que el modelo de estado que tenemos funcione. En la Constitución están las claves para ello, incluso las que posibilitan hasta su reforma profunda. Es tan sencillo como cumplirla, pero sobre todo, hacerla cumplir por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Para eso les pagamos entre todos los españoles.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena