Que la situación en España,
al margen de la crisis económica, es bastante deplorable no cabe duda alguna. A
la crisis económica, de la que, con más o menos dificultades, se puede salir,
se añade una crisis social, política y de valores que, junto a la crisis del
modelo territorial, dificultan de forma alarmante una recuperación global en
todos los sentidos, amenazando incluso la supervivencia de España como Estado y
la convivencia en paz entre todos los españoles. Justo cuando se celebra el 35º
aniversario de la Constitución, que tanto esfuerzo costó consensuar, dice
Miguel Roca, uno de los padres de la misma, que el “espíritu constitucional” se
ha roto y añade que “el modelo territorial está agotado por la cerrazón del Tribunal
Constitucional”, añadiendo, en pleno debate sobre una hipotética reforma de la
Carta Magna, que hoy no ve posible “una Constitución de amplio consenso”.
Estando de acuerdo con Roca en gran parte de su diagnóstico, no tanto en las
causas del mismo, su escaqueo, que me recuerda a Durán i Lleida, a la hora de
afrontar cuestiones esenciales con meridiana claridad, como la de si Artur Mas
debe cumplir la Constitución, pone en evidencia de soslayo las verdaderas
causas de muchos de los desencuentros actuales sobre el modelo territorial.
Entre ellas las de quienes, como él mismo, mantienen un discurso difuso sobre
aspectos democráticos fundamentales como, por ejemplo, la exigencia contundente
del cumplimiento de la ley y especialmente por parte de las instituciones y sus
gobernantes.
Dice Roca, y dice bien, que es
difícil distinguir entre Estado Federal y Estado de las Autonomías que “en la
práctica, tiene muchísima similitud, muchísima”, que “hay que sentarse y hablar
y buscar escenarios de concordia y de pacto” tal como en la Transición hicieron
personas mucho más dispares (él mismo, Fraga, Solé Tura, Peces-Barba), pero que
aquel espíritu de concordia se rompió y no ve “un clima de consenso y respeto
suficiente como para avanzar”. Cierto, pero, a mi juicio, yerra cuando
responsabiliza de la situación al Tribunal Constitucional por su cerrazón, en
vez de identificar como verdaderos responsables a quienes, sistemáticamente, desde
las propias instituciones constitucionales, incumplen la legalidad emanada de
la Constitución (requisito básico del espíritu constitucional y democrático), a
quienes prostituyen la Historia para adoctrinar a las nuevas generaciones en un
falso revanchismo basado en agravios históricos inventados, y, a quienes entienden
el diálogo sólo si se aceptan sus reivindicaciones y sus métodos para
conseguirlas por ilegales que sean. Yerra además cuando no pone en términos de igualdad
la reivindicación del “recentralismo” frente a la del “independentismo”, considerando la primera como motivo de
frustración (que lo es) para los que “defendieron la descentralización como un
hecho esencial de esta nueva España democrática”, pero eludiendo la segunda
porque, dice Roca, “forma parte de la actualidad a la que yo prefiero no
referirme”, como si esta reivindicación no fuera, como mínimo, tan frustrante como
la anterior y, si además la reivindican, como es el caso, “sí o sÍ” por encima
de leyes y constituciones, mucho más peligrosa y amenazante. ¿Quiénes rompen el
espíritu constitucional? Desde luego no quienes mantienen que cualquier
reivindicación es legítima, pero que, en todo caso, su planteamiento y
desarrollo se ajustará estrictamente a las reglas de juego establecidas.
El
problema no es que el modelo territorial esté agotado o no. Los modelos
territoriales, con los ajustes necesarios, no son entes con fecha de caducidad.
Hay Estados que los conservan durante muchísimos años y no, como dicen algunos,
hay que cambiarlos en cada generación. El problema (y lo he dicho y argumentado
en más de una ocasión) es que ningún modelo de estado, ningún modelo
territorial, puede resistir durante mucho tiempo si las autoridades que
gobiernan sus instituciones hacen dejación de sus responsabilidades y cada una
de ellas, incluso asumiendo competencias que no tiene, fomenta y prefiere la
discordia a la concordia, la insolidaridad a la solidaridad y la ilegalidad a
la legalidad, sin que ninguna autoridad superior le ponga freno a semejante locura.
Este es el verdadero problema. Y esto es lo que en ningún estado democrático
serio, salvo en el nuestro, se permite.
Carece
de sentido marear la perdiz con reformas constitucionales sin amplio consenso
para sustituir el amplio consenso de la que tenemos. Más aún en temas
fundamentales como es sustituir el actual modelo de estado, cuasi federal,
cuando el objetivo no es racionalizarlo, sino independizar determinados
territorios. Si este modelo de estado está agotado, el que lo sustituyera,
mucho menos consensuado que el actual, sería un modelo exhausto y prácticamente
moribundo. Un verdadero trampolín para quienes definitivamente quieren
finiquitar España como Estado, ya sea unitario, autonómico o federal. ¿Qué es
lo que hay que negociar? ¿La disolución del Estado Español? Ese es el objetivo
verdadero de quienes entienden España como un estorbo para conseguir sus fines.
Por tanto, en todo caso, lo que procede, de momento, es que el modelo de estado
que tenemos funcione. En la Constitución están las claves para ello, incluso
las que posibilitan hasta su reforma profunda. Es tan sencillo como cumplirla,
pero sobre todo, hacerla cumplir por parte de quienes tienen la responsabilidad
de hacerlo. Para eso les pagamos entre todos los españoles.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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