domingo, 26 de enero de 2014

UCRANIA EN LA ENCRUCIJADA

                        Desde hace un par de meses Ucrania está inmersa en un conflicto que nadie sabe cómo acabará. Lo que empezó como una serie de protestas callejeras contra el gobierno ucraniano ha ido empeorando al extremo de que, además de los heridos, ya son varios muertos los que desgraciadamente tiñen de luto las calles de Kiev, la capital, corriéndose un serio riesgo de que estalle una guerra civil.
Vinculado desde su historia moderna al mundo eslavo oriental, el actual territorio de Ucrania, cuna del más poderoso y grande Estado europeo de hace mil años, el Rus de Kiev, matriz de tres nacionalidades posteriores (ucraniana, rusa y bielorrusa), sufre históricamente las tensiones típicas de estar en una encrucijada, entre oriente y occidente, al extremo de que, tras la decadencia de su máximo esplendor, con la devastación de la invasión mongola en el XIII, dividido en varios principados, sufrirá una larga etapa de dominación y dependencia extranjera (polaca, lituana, otomana, austriaca, rusa, tártara…) para caer, tras la Primera Guerra Mundial en la órbita soviética como parte de la URSS hasta su disolución en 1991 y formar parte de la posterior CEI, donde, contra las previsiones, sufre una alarmante crisis económica, antes de conseguir un cambio de tendencia como república semipresidencialista, no exenta de comportamientos gubernamentales corruptos, fraudes electorales y conflictos con Rusia.
            En la actualidad Ucrania está inmersa de nuevo en una encrucijada de difícil salida. Su estratégica situación entre la UE y Rusia la convierte en presa propiciatoria del interés de la primera por incrementar su influencia hacia el este y el interés de la segunda por no perder su hegemónica posición en la zona, especialmente sobre Ucrania con la que mantiene fuertes lazos económicos. La fuerte interdependencia energética entre la UE y Rusia, suministradora esencial del gas natural a la mayor parte de Europa, pasa por la amplia red de infraestructuras de gaseoductos que atraviesa el territorio ucraniano para posibilitar su transporte, mientras la UE quiere atraer a su órbita a seis estados de la extinta Unión Soviética, entre ellos Ucrania, el más importante de todos desde el punto de vista político y económico. Si añadimos la dualidad cultural de Ucrania (ucraniana, en la zona occidental; rusa en la oriental y meridional) el conflicto está servido, entre quienes desean firmar un acuerdo de asociación comercial con la UE y quienes prefieren consolidar el proyecto de Putin de una unión aduanera para estrechar aún más los lazos entre territorios de la antigua URSS. Y precisamente el desencadenante último del conflicto hace dos meses es el rechazo por parte de las autoridades ucranianas al acuerdo con la UE cuando estaba todo previsto para su inminente firma.
            El mantenimiento de la relación especial de Ucrania con Rusia aleja las aspiraciones de los sectores ucranianos proeuropeos de convertir el país en un estado democrático más de Europa Occidental, miembro de la UE, que goce en definitiva de las garantías de libertad democrática que todavía no han conseguido plenamente los que, como la mismísima Rusia, están inmersos en un proceso de transición a la democracia plena con el consecuente bagaje de respeto a los derechos humanos. La claudicación de los gobernantes ucranianos ante las presiones de Putin ha levantado a una buena parte de la población que, como europeos, no están dispuestos a resignarse a un momentáneo alejamiento de Europa Occidental, lo que, inevitablemente se traduce en una cierta tensión entre Rusia y la UE, condenadas a entenderse aunque sólo sea por los intereses de política energética y comercial. Si, de momento Putin ha ganado la batalla frente a la UE en esta especie de renovada guerra fría diplomática, palpable en otros escenarios como Siria, Irán, etc, la decisión final queda en manos de lo que decida el pueblo ucraniano, cuyos líderes opositores acaban de rechazar hasta la oferta del presidente Yanucovich para que, cesando el actual gobierno, formen ellos uno nuevo. Quieren la dimisión del mismísimo presidente y la convocatoria de elecciones plenamente democráticas para que sea el pueblo quien decida el futuro.
            Por el bien de la UE y de Rusia, pero muy especialmente de Ucrania, cabe esperar que el conflicto no acabe en un baño de sangre y, si ha de caer el gobierno, que lo haga pacíficamente como respuesta al rechazo casi generalizado de los ucranianos, para que nuevas elecciones decidan el futuro. ¡Ojala que las víctimas mortales de estos días sirvan como ejemplo del camino que hay que rechazar! Teniendo en cuenta que más de la mitad de las exportaciones rusas son con la UE, la peor de las soluciones para todos sería que Ucrania, por culpa de fuerzas centrífugas hacia la UE y Rusia, acabara en una balcanización irreversible. Al margen de los legítimos intereses de unos y otros, tanto Rusia como la UE debieran intentar suavizar el conflicto para favorecer un final tranquilo y negociado a tres bandas, evitando una tragedia que los ucranianos no merecen. Han estado durante demasiado tiempo en una eterna encrucijada de intereses encontrados.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 22 de enero de 2014

DEJACIÓN DE AUTORIDAD

                        No cabe duda alguna, la democracia española está enferma y empeora a pasos agigantados. Cada día aparecen síntomas nuevos de su enfermedad, que se agrava progresivamente, afectando a sus distintos órganos y debilitándolos de tal forma que cada vez es más difícil hacerlos funcionar con normalidad para optimizar el cometido que a cada uno de ellos le hemos encomendado. El resultado, un déficit democrático preocupante que amenaza la solidez del sistema. Ni los partidos políticos, ni las distintas instituciones gubernamentales, ni los sindicatos, ni las asociaciones ciudadanas, ni los medios de comunicación etc etc, están a la altura de las circunstancias a la hora de ejercer escrupulosamente las respectivas responsabilidades asignadas, provocando un caos organizativo de padre y muy señor mío que no hay por dónde cogerlo y un desmadre descomunal en el que cada cual hace lo que le viene en gana, sea legal o no. Si nadie lo evita y, al final, no pasa nada, pues siempre hay “razones” que lo justifican todo, las autoridades pertinentes que decidan hacer bien su trabajo, como es su obligación, siempre corren el riesgo de ser tachadas de fascistas y represoras, por quienes, precisamente, utilizan la violencia, verbal o física, como método de imponer a los demás sus criterios. Y, ante semejante panorama, lo menos complicado para los gobernantes es hacer dejación de su autoridad, que es precisamente lo más nefasto para el sistema democrático, basado en el principio de legalidad y amparado en el imperio de la ley.
            Aunque sobre la dejación de autoridad se pueden poner cientos de ejemplos e ilustrarlos con sus respectivas consecuencias nefastas en áreas como la corrupción, el independentismo, el sistema carcelario, los movimientos antisistema, los partidos, el sistema financiero, los sindicatos, etc etc, el más ilustrativo, por su concreción e inmediatez, es lo sucedido en Burgos en estos días, paradigma de lo que jamás debiera hacerse en democracia. Que un gobernante, en este caso local, con cuyo partido, en este caso el PP, gana por mayoría superabsoluta la alcaldía, en este caso la de Burgos, se rinda ante la protesta callejera vecinal, adulterada con grupos violentos, porque pretende cumplir con su programa electoral, en este caso la construcción de un bulevar, es simplemente intolerable. Que la oposición, en este caso el PSOE, que también llevaba el dichoso bulevar en su programa, no haga piña con el alcalde frente a la violencia callejera, es indecente e hipócrita. Y que los vecinos, al margen de las razones de su cambio de criterio (si fueran los que desde siempre se opusieron serían una exigua minoría a tenor del resultado electoral), no hayan desenmascarado y rechazado a los grupos violentos, ni hayan recurrido a los cauces normales de protesta, sino todo lo contrario, es inexplicable y peligroso. Al final, entre unos y otros han propiciado que en Burgos triunfe la anarquía, la tiranía o el radicalismo violento, da igual, y, en todo caso, se han cargado la democracia.    
            Quema de contenedores, rotura de escaparates, botellas de gasolina, insultos y gritos han sustituido a las palabras y razonamientos como cauces de participación y agentes de la decisión final. No sólo en el barrio burgalés de Gamonal, el lugar elegido para construir el bulevar, sino en más de cuarenta ciudades que, al grito de “Todos somos Gamonal”, se solidarizaban extrañamente con el proceder de los vecinos burgaleses. Triunfo de la rebelión violenta. No en vano, algún que otro líder, de algún que otro partido, supuestamente democrático, manifestaba el deseo de que Gamonal fuese la chispa que incendiase la revolución en España. Por tanto, junto a los violentos y enmascarados anónimos, no extraña la proliferación de manifestantes, encuadrados en grupos antisistema y partidos o asociaciones como los Colectivos de Jóvenes Comunistas de España, Unión de Juventudes Comunistas, Alternativa Republicana de Madrid, CNT….que, todos ellos juntos, apenas consiguen el 1% de apoyo electoral, pero que en algaradas callejeras, que exceden cualquier derecho de reunión o manifestación, obtienen el 100% de eficacia, sobre todo si, como es el caso, hay una flagrante dejación de autoridad democrática.
            El alcalde de Burgos, como cualquier otro gobernante en circunstancia similar, debiera dimitir “ipso facto”, reconociendo así su incapacidad pasada, presente y futura para gobernar. Pasada al no haber sabido dar fluidez a los cauces de participación y comunicación ciudadana, confiando su suerte sólo a la legitimidad de su mayoría absoluta, al extremo de ignorar el frentismo que se estaba gestando. Presente, por su torpeza al afrontar el conflicto ya estallado, manteniendo su postura y reforzándola con la aprobación democrática en un pleno del Ayuntamiento para, horas después, rendirse ante los violentos con el argumento de mantener “la paz social”, de que las empresas concesionarias recibían presiones en sus propias sedes y de que “es mucho más importante la convivencia”. Y futura porque, tales argumentos, impuestos por la fuerza de los violentos y no por la razón democrática, socaban directamente su autoridad personal y la del modelo democrático, incitando al uso de la fuerza a quienes no tienen legitimidad para ejercerla como método para conseguir los objetivos que pretendan, al margen de la bondad o maldad de los mismos y, sobre todo, al margen de las reglas de juego establecidas.
            A pesar de las torpezas, tozudeces, errores e incluso irregularidades, delictivas o no, de cualquier gobernante, y, al margen de las razones, intereses y objetivos, razonables o no, de cualquier colectivo de ciudadanos, traspasar el umbral de las reglas de juego es siempre la peor de las soluciones. Y si la conclusión final es el triunfo de la fuerza y la violencia ilegítima por dejación de autoridad, voluntaria o forzosa, la solución es pésima, un verdadero dardo envenenado al corazón de la democracia. Es lo que ha sucedido en Burgos.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 19 de enero de 2014

MÁS DESPROPÓSITOS DE MAS

                        No hay por dónde coger el cacao mental de Artur Mas y sus colegas independentistas mientras inexorablemente su locura irresponsable, ilegal y antidemocrática se estrella, una y otra vez, contra el muro de la sensatez. No extraña que a su retahíla de inexactitudes, mentiras e incoherencias para justificar su injustificable proyecto, se sigan añadiendo más despropósitos a medida que se pone en evidencia la falta de apoyos internacionales. Como si de un alucinado se tratase, ni el silencio internacional, cuando no su expreso rechazo, a la petición de apoyos para llevar adelante su ilegítima e ilegal consulta soberanista, basada en el inexistente derecho a decidir de los catalanes (que reconoce implícitamente al solicitar a las Cortes Generales autorización para convocarla, sabiendo que la soberanía recae en todo el pueblo español en su conjunto y no en una parte del mismo), le hace bajar del burro y rectificar el inmenso error que está cometiendo. Ni siquiera su disimulada reunión con el xenófobo y euroescéptico Maroni, único líder político europeo que apoya su objetivo independentista, se libra de las sinrazones de su utópico proyecto, soberanista y a la vez europeísta, al “venderle” al italiano la cuadratura del círculo, aclarándole su vocación de pertenencia a la UE tras la hipotética independencia, frente a la coherencia euroescéptica de Maroni que asume, como no puede ser de otra forma ya que no depende de él mismo, la salida de la UE en caso de que cualquier territorio (como Cataluña o Lombardía) perteneciente a cualquier estado miembro (como España o Italia). Coherencia y honestidad que contrasta con el humo que pretende vender Artur Mas y que nadie, con dos dedos de frente, le compra. Al menos, el italiano, asumiendo todas las consecuencias, no engaña a nadie y, a diferencia de Mas, no tiene reparos en reconocer que la hipotética independencia de un territorio europeo del estado-matriz al que pertenece conlleva (como ya le han dicho a Mas por activa y pasiva) la inmediata salida de la UE y que su hipotético regreso futuro, que no inmediato, queda sujeto, entre otras condiciones, a la unanimidad de los estados miembros.
Y mientras el pulso de Mas al Estado Español y a la propia UE se estrella, una y otra vez, contra la lógica y el sentido común democrático, el presidente catalán sigue haciendo el ridículo dentro y fuera de España. Manifiesta que siente “envidia” de lo que sucede en Escocia y que le gustaría que el gobierno español actuase con “la misma mentalidad” que el británico; se pregunta y concluye: “¿Cómo se puede convencer a los catalanes de que no tienen derecho a votar? Es difícil parar un movimiento político y pacífico”; y arremete contra el Gobierno español porque le hace “arrodillarse” para recibir créditos lo que supone “una ofensa a la dignidad del pueblo catalán”. Se le olvida decir que no es cuestión de mentalidad de un gobierno u otro, sino de la legalidad democrática surgida del proceso histórico diferente de cada pueblo; que Escocia, con una larga historia y experiencia como estado independiente, nada tiene que ver con Cataluña, jamás constituida como tal y, desde el final del medievo, coautora, junto a otros territorios españoles, del estado moderno español y, por tanto, perteneciente de forma indisoluble al mismo; que Reino Unido y España, por su distinta historia, conformación y estructuración estatal y su legalidad democrática son radicalmente diferentes, siendo indecente y tramposo apelar a medidas iguales para situaciones desiguales; que el problema no es convencer a los catalanes de que no tienen derecho a votar, sino engañarles de forma torticera que lo tienen a base de mentiras y argumentos irracionales; que dichas prácticas políticas ilegales auspiciadas desde las instituciones democráticas, sin competencias para ello, no es propio de movimientos pacíficos y fiables; que aplicar y obligar a cumplir los requisitos establecidos para los distintos territorios de un estado por parte de quienes tienen la responsabilidad y obligación de hacerlo no supone “arrodillar” a nadie, sino velar por el interés general y el principio de igualdad.
Y, finalmente, se le olvida que lo que realmente supone una “ofensa a la dignidad del pueblo catalán”, o de cualquier otro pueblo, es engañarle para justificar el derroche de su dinero en cuestiones identitarias en vez de garantizar primero sus necesidades básicas, es malversar el erario público mediante comportamientos corruptos e ilegales de cualquier índole, es dividir el pueblo entre buenos y malos según obedezcan o no las consignas del régimen y, sobre todo, es transformar cualquier crítica merecida al gobernante en ofensa a la dignidad de sus gobernados para vendérsela de forma torticera como tal y eludir así el coste de su irresponsable, temeraria y catastrófica gestión. Fusionar territorios, pueblos y gobiernos en entes monolíticos con destino en lo universal es puro fascismo. Lo indigno no es pedir créditos para financiar las necesidades del pueblo que gobiernas, sino tener que pedirlos por haber derrochado los recursos en gastos superfluos  en vez de invertirlos en mejorar su calidad de vida. Pero, en tal caso, el indigno no es el pueblo sino el gobernante irresponsable e incompetente que, si además pretende engañar a su pueblo para seguir ejerciendo semejante irresponsabilidad, mostrándole enemigos externos inexistentes como los causantes de las penurias que el gobernante provoca, el término “indignidad” es un halago frente el calificativo que realmente merece.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

sábado, 11 de enero de 2014

MENUDO PANORAMA

                        Se mire como se mire España tiene un panorama preocupante. No ya por razones económicas, que también, sino por otras razones que, a mi juicio, son incluso más difíciles de afrontar, sobre todo, cuando la desconexión entre los ciudadanos y sus representantes políticos es abismal. Basta echar un vistazo al último barómetro del CIS (diciembre de 2.013) para constatar que los principales problemas de la ciudadanía poco tienen que ver con las principales preocupaciones y dedicaciones de los políticos (tanto los de los gobiernos, central o autonómicos, como los de la oposición) y de las cúpulas sindicales. Basta comparar dicho barómetro con los anteriores, para constatar la evolución de las preocupaciones mayoritarias del pueblo y su proyección futura como elemento esencial de distorsión de la convivencia democrática.
            Justo cuando la tremenda crisis económica, aunque lentamente, parece que cambia el rumbo en su inexorable caída hacia el abismo, aparecen abismos mucho más peligrosos sin que, al parecer, nadie esté dispuesto a evitarlos, sino todo lo contrario, cuando debiera ser la prioridad consensuada de todas las fuerzas políticas o, al menos, de aquellas que tienen una clara vocación de gobierno.
            Pues bien, sin pretensión exhaustiva, los diez problemas principales que percibe la ciudadanía española en diciembre pasado son, por orden de importancia según porcentaje, el paro (77%), la corrupción y el fraude (37´6%), los de índole económica (29´7%), partidos y clase política (26´2%), seguidos a gran distancia por la sanidad (10´9%), la educación (8´4%), los de índole social (8%), los recortes (4´8%), el gobierno y los políticos (4´1%) y la inseguridad ciudadana (3´4%), quedando los demás asuntos en una escala mucho menor. Basta compararlos con los de tres fechas anteriores, como el año 2000 (segunda legislatura del gobierno de Aznar), 2005 y 2010 (primera y segunda legislatura del gobierno de ZP) para observar porcentualmente como han evolucionado y extraer las pertinentes conclusiones: paro (59´9, 49 y 78´6), corrupción y fraude (0, 0´6 y 2´7), índole económica (11´7, 17´5 y 52), partidos y clase política (4´8, 10 y 19´3), sanidad (3´2, 6´1 y 0´3), educación (3´3, 6´3 y 4´9), índole social (5´8, 6´7 y 4´9), recortes (irrumpen en 2012 para el 6´6%), gobierno y políticos (0, 1´7 y 6´6) e inseguridad ciudadana (9´4, 22´6 y 8´1). Es obvio que, salvo el endémico problema del paro (incluso en época de bonanza), siempre visto como primer o segundo problema en competencia con el terrorismo hasta el 2008, el mayor contraste en las preocupaciones ciudadanas está en los asuntos de corrupción y en la actuación política, dos problemas interrelacionados apenas percibidos como tales anteriormente, que han irrumpido con tal fuerza en los últimos años que hoy suponen la mayor preocupación aupándose a los primeros cinco problemas ciudadanos, junto a los de índole económica, con la agravante de que mientras éstos y el paro están, al menos, en recesión, los relativos a la corrupción y a los políticos siguen “in crescendo” y amenazan seriamente los pilares de la democracia, beneficiando a los enemigos de la misma.
            No es casualidad que en la actualidad se estén investigando en los tribunales más de 1.500 casos de corrupción política y financiera, más de 300 considerados como macroprocesos por su volumen y complejidad, con tramas delictivas surgidas en el seno de los partidos políticos y las instituciones que dirigen, con participación incluso de los sindicatos en algunos casos, así como de dirigentes patronales y gobernantes territoriales de distintos ámbitos. Un rayo endiablado que no cesa con más de 300 políticos imputados en los mismos. Una verdadera calamidad.
            En fin, un sombrío panorama que se convierte en tenebroso cuando los distintos organismos e instituciones, incluidos partidos y sindicatos, en vez de ponerse a disposición de la justicia para limpiar de “chorizos” el sistema, intentan marear la perdiz con prácticas dilatorias, poniendo palos en la rueda para dificultar el esclarecimiento de los hechos y distrayendo la atención ciudadana, alentando y animando debates sobre asuntos que, a todas luces, no forman parte, importante al menos, de los problemas que percibe la ciudadanía de forma mayoritaria. Valga como ejemplo el porcentaje de importancia que en el barómetro de diciembre conceden los ciudadanos a algunos problemas, que de forma teledirigida inundan las calles y ocupan la movilización social con apariencia de mayoritaria irritación ciudadana, frente a los anteriores: la inmigración, el 2´9%; los bancos, 2´4%; las pensiones, 1´9%; la subida del IVA, 1´4%; los desahucios, 1´2%; la vivienda, 0´9%; el terrorismo, 0´4%; la monarquía, 0´4%; los problemas medioambientales, 0´2%; o, la reforma laboral, 0´1%.  ¿Cuántas movidas, debates y agitaciones por estos temas? ¿Cuántos para resolver los verdaderos problemas que inquietan a la mayoría de los ciudadanos? Júzguenlo ustedes. Es el verdadero drama de la desconexión entre el pueblo y sus representantes ya que éstos, en vez de dedicar todo el tiempo y esfuerzo a resolver los problemas reales que perciben aquéllos, prefieren amplificar los que, estando muy atrás en el ranking de sus preocupaciones, son más propicios a la movilización callejera y mediática de cara a obtener un rédito electoral favorable mediante la satisfacción de sus adeptos más radicales y, a la vez, desviar la atención de los ciudadanos sobre lo que realmente les preocupa.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 5 de enero de 2014

EL AQUELARRE ETARRA

                        Algo grave está fallando en nuestro país a la hora de afrontar los grandes asuntos de Estado que, curiosamente, debieran ser, por pura lógica, los que menos quebraderos de cabeza diesen, tal como sucede en los demás países de nuestro entorno. A la lista de ejemplos al respecto, se acaba de añadir lo que el propio Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, califica como “aquelarre” etarra “repugnante” y “deleznable”, refiriéndose al acto convocado y finalmente celebrado en Durango por el colectivo de los expresos de ETA. Un asunto que, desde la desautorización por parte de la sentencia de Estrasburgo de la “doctrina Parot”, trae de cabeza a los diferentes poderes del Estado, incapaces de dar una respuesta coherente y unívoca a las consecuencias de la aplicación de la misma. No sé si adrede, por incapacidad, incompetencia o estrategia en un asunto tan delicado se confunde, a mi juicio, la gimnasia con la magnesia, provocando daños innecesarios no sólo en el colectivo de víctimas, sino también, en la credibilidad de nuestras instituciones y, a la postre, en toda la ciudadanía española.
            Avalando las palabras de Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, de que “la foto de los expresos de ETA hiere a las víctimas y revive su dolor”, algo irremediable desde el punto de vista humano en cualquier supuesto salvo con la pena de muerte o la cadena perpetua sin remisión ni revisión de pena, no se puede generar con falsas palabras esperanzas a las víctimas, sabiendo o debiendo saber que los hechos son tozudos y al aplicar la legalidad vigente dichas palabras quedarán en un exabrupto innecesario. Como las citadas medidas penales anteriores, ni tienen cabida en un estado moderno democrático, ni desde el punto de vista humano (lo que no quiere decir que no haya otras más duras que las vigentes, como prisión perpetua revisable, exigencia de determinados supuestos para conseguir la libertad, libertad vigilada….), es deseable reconocer y decir desde el inicio que, con la legalidad vigente, los presos excarcelados por haber cumplido sus penas (cuestión distinta es si eran justas o no) tienen todos los derechos de cualquier ciudadano libre, como es el caso de la reunión de Durango, que no le pueden ser vedados de forma preventiva.
            ¿Cómo puede hablar “a priori” el Ejecutivo de aquelarres deleznables y repugnantes, mientras el Judicial, incluida Fiscalía, lo avala como ajustado a la legalidad vigente aprobada por el Legislativo? Tanto la AVT como Dignidad y Justicia tienen todo el derecho de solicitar la suspensión del acto si lo consideran un “homenaje” a ETA y por tanto al terrorismo, pero, “judicializado” el asunto, como dice Fernández Díaz, “el juez es el que tiene la última palabra” y, al no ver indicios de delito en la convocatoria, no sólo puede, sino que además debe, guste o no guste, desestimar la petición de prohibición y aceptar su celebración como así ha sido, poniendo en evidencia el descrédito del ministro de Interior al calificar la reunión antes de la decisión judicial como algo tan aberrante. Cuestión distinta es que, durante la celebración, se esté a la expectativa por si en el transcurso de la misma se comete algún hecho de palabra u obra de carácter delictivo, que, al parecer, no se ha producido.
             Las palabras de Fernández Díaz son inapropiadas e improcedentes al exceder la lógica crítica a un evento que, desde el punto de vista humano e incluso político, suscita una repulsa casi generalizada. Debiera tener presente que si, como dice, las personas convocadas están “libres” pero jamás se han arrepentido de sus “crímenes horribles”, ni han pedido perdón a las víctimas, ni se han “desvinculado” de ETA, ni le han pedido que se disuelva, son libres como consecuencia de una legalidad  que, según él, permite aquelarres repugnantes y deleznables, que una democracia en condiciones no debiera permitir.
Y, lógicamente, desde esta lógica diabólica de celebraciones legales de aquelarres diurnos (los verdaderos eran nocturnos) lo menos sorprendente es que los convocados promuevan públicamente el “derecho a decidir” de los vascos al estilo catalán (antes ya lo hicieron mediante el tiro en la nuca y la bomba devastadora), en su nuevo empeño de seguir “trabajando para superar la represión” y poniendo su “experiencia y vivencias al servicio del proceso político”. El verdadero aquelarre político cotidiano, ya que parece el resultado de una brujería, es que la gente decente, democrática y pacífica figure en el guión de esta película de terror como los protagonistas de la represión frente a los indecentes, totalitarios y violentos, cuya experiencia del explosivo y la pistola ponen ahora al servicio del “proceso político” que, como siempre, desde la libertad y la democracia, quedó garantizado para todos los españoles (aunque algunos quieran dinamitarlo) en el momento en que entre todos aprobamos por amplísima mayoría nuestra Constitución vigente. Impedir el aquelarre político cotidiano sólo está en manos de las Cortes Generales, pero mientras no se decida evitarlo por acción u omisión tendremos que soportar estoicamente eventos puntuales como el de Durango al contemplar, como dice el juez, todos los requisitos legales.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 2 de enero de 2014

LOS DESAFÍOS DE RAJOY

                        Los datos positivos de los últimos días (bajada de la prima de riesgo, bajada del desempleo, repunte de la intención de voto al PP, vuelta a cifras positivas del IBEX, crecimiento del mercado de vehículos, incremento de inversiones extranjeras, entre otras) están provocando una cierta euforia en algunos y una especie de frustración en otros que para nada favorece la definitiva salida de la crisis. Rebasar la lógica perspectiva de ver el vaso medio lleno o medio vacío, para situarse en el desbordamiento o la sequía del mismo, es perder la perspectiva de una realidad presente, pasada y futura, imprescindible para optar por las políticas más convenientes de cara al futuro para la mayoría de los españoles. Ni hay que echar las campanas al vuelo por los éxitos logrados, que los ha habido, ni rasgarse las vestiduras ante los fracasos, que también los ha habido, ni ante todo lo que queda por hacer, que son los verdaderos desafíos a los que ha de enfrentarse Rajoy y su gobierno en lo que queda de legislatura.
            En primer lugar, por la repercusión en otras medidas de carácter económico, el desafío de cumplir el compromiso del déficit con la UE, que, a pesar de los recortes presupuestarios y subidas de impuestos, requiere de nuevos ajustes y la exigencia de que las CCAA cumplan su parte. Si la promesa final de Rajoy es que a final de legislatura bajen los impuestos (así lo exige la mayoría según las encuestas), cada vez le queda menos tiempo para conseguir dicho objetivo.
            En segundo lugar, implantar la reforma educativa, la conocida “ley Wert” que tanta oposición ha generado en la inmensa mayoría de sectores y en algunas autonomías, que incluso se niegan a implantarla en sus territorios, augurando un próximo inicio de curso escolar bastante tumultuoso.
            En tercer lugar, la reforma de la ley del aborto, que cuenta con el rechazo de toda la oposición e incluso de algunos líderes o barones del propio PP, además de otros grupos sociales, sindicales, etc
            En cuarto lugar, la reforma fiscal que exige la Troika, apuntando a que hay margen para subir el IVA y recaudar más con el IRPF y Sociedades sin aumentar los tipos, obligando al gobierno a optar entre recaudar más sin incrementar los impuestos a los ciudadanos o, simplemente a crear impuestos de nuevo cuño.
            En quinto lugar, la reforma eléctrica, obligada tras el intento de una subida superior al 10%, que la intervención del Gobierno ha dejado en el 2´3%, evidenciando el fracaso de su reforma de julio, que ahora afrontará entre el descontento de consumidores y de empresas eléctricas que se sienten defraudadas.
            En sexto lugar, la Ley de Seguridad Ciudadana que, siendo más garantista que la actual, es rechazada frontalmente por la oposición y considerada “altamente problemática” por el Consejo de Europa, al afrontar temas sensibles sobre manifestaciones etc.
            En séptimo lugar, el proyecto de Código Procesal Penal que sustituiría a la Ley de Enjuiciamiento, con propuestas novedosas como quitar la instrucción a los jueces para dárselo a los fiscales o limitar la información a los medios, que levantan ampollas como es lógico.
            En noveno lugar, la reforma del Código Penal que introduce, entre otras novedades, la prisión permanente revisable, la libertad vigilada, el delito de resistencia pasiva y otros referentes a la corrupción, que, aun homologando a España con la mayoría de sus socios, ha provocado una reacción feroz en la oposición.
            En décimo lugar, afrontar unas elecciones europeas en mayo, que, sin lugar a dudas, serán un auténtico termómetro de cara al último tramo de la legislatura.
            Y, por si este decálogo fuera poco, tener que afrontar todos estos retos en un ambiente enrarecido, no sólo por la oposición casi unánime del resto de partidos políticos (esto es España, no Alemania, donde se razona), sino además por el desafío soberanista de Artur Mas y compañía que, con total seguridad, seguirá, al menos hasta noviembre, sacando de quicio a todos los españoles, incluidos los catalanes, con su esquizofrénica hégira hacia la nada. Una deriva loca que, antes o después, invalidará sin duda la estrategia actual de firmeza de Rajoy en sus declaraciones ante la escalada de la política de hechos consumados por parte de los independentistas, obligándole a pasar a la acción para evitar la consumación definitiva de tamaño delirio. Como presidente del Gobierno, está obligado a ello, por más cantos de sirena que algunos ingenuos le hagan con el argumento de evitar lo que llaman “choque de trenes”, cuando lo que sucede en realidad es que uno de ellos se ha salido de la vía y está a punto de descarrilar, si es que ya no lo ha hecho, y ahora lo que toca es reparar los daños causados y atender a los damnificados.
            Este es el vía crucis que le espera a Rajoy en la segunda parte de la legislatura, por más que, a pesar de lo que ha caído en la primera parte, todavía, según las encuestas, ganaría las elecciones sacando casi diez puntos al PSOE de Rubalcaba que no remonta ni a la de tres. Si para ello se requiere que Rajoy caiga diez puntos más, mejor que se queden todos como están y que ambos anuncien que en la siguiente legislatura gobernarán en coalición, como en Alemania, para salir definitivamente de este negro agujero.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena                        

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