DEJACIÓN DE AUTORIDAD

                        No cabe duda alguna, la democracia española está enferma y empeora a pasos agigantados. Cada día aparecen síntomas nuevos de su enfermedad, que se agrava progresivamente, afectando a sus distintos órganos y debilitándolos de tal forma que cada vez es más difícil hacerlos funcionar con normalidad para optimizar el cometido que a cada uno de ellos le hemos encomendado. El resultado, un déficit democrático preocupante que amenaza la solidez del sistema. Ni los partidos políticos, ni las distintas instituciones gubernamentales, ni los sindicatos, ni las asociaciones ciudadanas, ni los medios de comunicación etc etc, están a la altura de las circunstancias a la hora de ejercer escrupulosamente las respectivas responsabilidades asignadas, provocando un caos organizativo de padre y muy señor mío que no hay por dónde cogerlo y un desmadre descomunal en el que cada cual hace lo que le viene en gana, sea legal o no. Si nadie lo evita y, al final, no pasa nada, pues siempre hay “razones” que lo justifican todo, las autoridades pertinentes que decidan hacer bien su trabajo, como es su obligación, siempre corren el riesgo de ser tachadas de fascistas y represoras, por quienes, precisamente, utilizan la violencia, verbal o física, como método de imponer a los demás sus criterios. Y, ante semejante panorama, lo menos complicado para los gobernantes es hacer dejación de su autoridad, que es precisamente lo más nefasto para el sistema democrático, basado en el principio de legalidad y amparado en el imperio de la ley.

            Aunque sobre la dejación de autoridad se pueden poner cientos de ejemplos e ilustrarlos con sus respectivas consecuencias nefastas en áreas como la corrupción, el independentismo, el sistema carcelario, los movimientos antisistema, los partidos, el sistema financiero, los sindicatos, etc etc, el más ilustrativo, por su concreción e inmediatez, es lo sucedido en Burgos en estos días, paradigma de lo que jamás debiera hacerse en democracia. Que un gobernante, en este caso local, con cuyo partido, en este caso el PP, gana por mayoría superabsoluta la alcaldía, en este caso la de Burgos, se rinda ante la protesta callejera vecinal, adulterada con grupos violentos, porque pretende cumplir con su programa electoral, en este caso la construcción de un bulevar, es simplemente intolerable. Que la oposición, en este caso el PSOE, que también llevaba el dichoso bulevar en su programa, no haga piña con el alcalde frente a la violencia callejera, es indecente e hipócrita. Y que los vecinos, al margen de las razones de su cambio de criterio (si fueran los que desde siempre se opusieron serían una exigua minoría a tenor del resultado electoral), no hayan desenmascarado y rechazado a los grupos violentos, ni hayan recurrido a los cauces normales de protesta, sino todo lo contrario, es inexplicable y peligroso. Al final, entre unos y otros han propiciado que en Burgos triunfe la anarquía, la tiranía o el radicalismo violento, da igual, y, en todo caso, se han cargado la democracia.    

            Quema de contenedores, rotura de escaparates, botellas de gasolina, insultos y gritos han sustituido a las palabras y razonamientos como cauces de participación y agentes de la decisión final. No sólo en el barrio burgalés de Gamonal, el lugar elegido para construir el bulevar, sino en más de cuarenta ciudades que, al grito de “Todos somos Gamonal”, se solidarizaban extrañamente con el proceder de los vecinos burgaleses. Triunfo de la rebelión violenta. No en vano, algún que otro líder, de algún que otro partido, supuestamente democrático, manifestaba el deseo de que Gamonal fuese la chispa que incendiase la revolución en España. Por tanto, junto a los violentos y enmascarados anónimos, no extraña la proliferación de manifestantes, encuadrados en grupos antisistema y partidos o asociaciones como los Colectivos de Jóvenes Comunistas de España, Unión de Juventudes Comunistas, Alternativa Republicana de Madrid, CNT….que, todos ellos juntos, apenas consiguen el 1% de apoyo electoral, pero que en algaradas callejeras, que exceden cualquier derecho de reunión o manifestación, obtienen el 100% de eficacia, sobre todo si, como es el caso, hay una flagrante dejación de autoridad democrática.

            El alcalde de Burgos, como cualquier otro gobernante en circunstancia similar, debiera dimitir “ipso facto”, reconociendo así su incapacidad pasada, presente y futura para gobernar. Pasada al no haber sabido dar fluidez a los cauces de participación y comunicación ciudadana, confiando su suerte sólo a la legitimidad de su mayoría absoluta, al extremo de ignorar el frentismo que se estaba gestando. Presente, por su torpeza al afrontar el conflicto ya estallado, manteniendo su postura y reforzándola con la aprobación democrática en un pleno del Ayuntamiento para, horas después, rendirse ante los violentos con el argumento de mantener “la paz social”, de que las empresas concesionarias recibían presiones en sus propias sedes y de que “es mucho más importante la convivencia”. Y futura porque, tales argumentos, impuestos por la fuerza de los violentos y no por la razón democrática, socaban directamente su autoridad personal y la del modelo democrático, incitando al uso de la fuerza a quienes no tienen legitimidad para ejercerla como método para conseguir los objetivos que pretendan, al margen de la bondad o maldad de los mismos y, sobre todo, al margen de las reglas de juego establecidas.

            A pesar de las torpezas, tozudeces, errores e incluso irregularidades, delictivas o no, de cualquier gobernante, y, al margen de las razones, intereses y objetivos, razonables o no, de cualquier colectivo de ciudadanos, traspasar el umbral de las reglas de juego es siempre la peor de las soluciones. Y si la conclusión final es el triunfo de la fuerza y la violencia ilegítima por dejación de autoridad, voluntaria o forzosa, la solución es pésima, un verdadero dardo envenenado al corazón de la democracia. Es lo que ha sucedido en Burgos.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena