Algo
grave está fallando en nuestro país a la hora de afrontar los grandes asuntos
de Estado que, curiosamente, debieran ser, por pura lógica, los que menos
quebraderos de cabeza diesen, tal como sucede en los demás países de nuestro
entorno. A la lista de ejemplos al respecto, se acaba de añadir lo que el
propio Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, califica como “aquelarre”
etarra “repugnante” y “deleznable”, refiriéndose al acto convocado y finalmente
celebrado en Durango por el colectivo de los expresos de ETA. Un asunto que,
desde la desautorización por parte de la sentencia de Estrasburgo de la
“doctrina Parot”, trae de cabeza a los diferentes poderes del Estado, incapaces
de dar una respuesta coherente y unívoca a las consecuencias de la aplicación
de la misma. No sé si adrede, por incapacidad, incompetencia o estrategia en un
asunto tan delicado se confunde, a mi juicio, la gimnasia con la magnesia,
provocando daños innecesarios no sólo en el colectivo de víctimas, sino también,
en la credibilidad de nuestras instituciones y, a la postre, en toda la
ciudadanía española.
Avalando
las palabras de Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, de que “la foto de los
expresos de ETA hiere a las víctimas y revive su dolor”, algo irremediable
desde el punto de vista humano en cualquier supuesto salvo con la pena de
muerte o la cadena perpetua sin remisión ni revisión de pena, no se puede
generar con falsas palabras esperanzas a las víctimas, sabiendo o debiendo
saber que los hechos son tozudos y al aplicar la legalidad vigente dichas
palabras quedarán en un exabrupto innecesario. Como las citadas medidas penales
anteriores, ni tienen cabida en un estado moderno democrático, ni desde el
punto de vista humano (lo que no quiere decir que no haya otras más duras que
las vigentes, como prisión perpetua revisable, exigencia de determinados
supuestos para conseguir la libertad, libertad vigilada….), es deseable
reconocer y decir desde el inicio que, con la legalidad vigente, los presos
excarcelados por haber cumplido sus penas (cuestión distinta es si eran justas
o no) tienen todos los derechos de cualquier ciudadano libre, como es el caso
de la reunión de Durango, que no le pueden ser vedados de forma preventiva.
¿Cómo
puede hablar “a priori” el Ejecutivo de aquelarres deleznables y repugnantes,
mientras el Judicial, incluida Fiscalía, lo avala como ajustado a la legalidad
vigente aprobada por el Legislativo? Tanto la AVT como Dignidad y Justicia
tienen todo el derecho de solicitar la suspensión del acto si lo consideran un
“homenaje” a ETA y por tanto al terrorismo, pero, “judicializado” el asunto,
como dice Fernández Díaz, “el juez es el que tiene la última palabra” y, al no
ver indicios de delito en la convocatoria, no sólo puede, sino que además debe,
guste o no guste, desestimar la petición de prohibición y aceptar su
celebración como así ha sido, poniendo en evidencia el descrédito del ministro
de Interior al calificar la reunión antes de la decisión judicial como algo tan
aberrante. Cuestión distinta es que, durante la celebración, se esté a la
expectativa por si en el transcurso de la misma se comete algún hecho de palabra
u obra de carácter delictivo, que, al parecer, no se ha producido.
Las palabras de Fernández Díaz son
inapropiadas e improcedentes al exceder la lógica crítica a un evento que,
desde el punto de vista humano e incluso político, suscita una repulsa casi
generalizada. Debiera tener presente que si, como dice, las personas convocadas
están “libres” pero jamás se han arrepentido de sus “crímenes horribles”, ni
han pedido perdón a las víctimas, ni se han “desvinculado” de ETA, ni le han
pedido que se disuelva, son libres como consecuencia de una legalidad que, según él, permite aquelarres repugnantes
y deleznables, que una democracia en condiciones no debiera permitir.
Y, lógicamente,
desde esta lógica diabólica de celebraciones legales de aquelarres diurnos (los
verdaderos eran nocturnos) lo menos sorprendente es que los convocados promuevan
públicamente el “derecho a decidir” de los vascos al estilo catalán (antes ya
lo hicieron mediante el tiro en la nuca y la bomba devastadora), en su nuevo
empeño de seguir “trabajando para superar la represión” y poniendo su
“experiencia y vivencias al servicio del proceso político”. El verdadero
aquelarre político cotidiano, ya que parece el resultado de una brujería, es
que la gente decente, democrática y pacífica figure en el guión de esta
película de terror como los protagonistas de la represión frente a los indecentes,
totalitarios y violentos, cuya experiencia del explosivo y la pistola ponen
ahora al servicio del “proceso político” que, como siempre, desde la libertad y
la democracia, quedó garantizado para todos los españoles (aunque algunos
quieran dinamitarlo) en el momento en que entre todos aprobamos por amplísima
mayoría nuestra Constitución vigente. Impedir el aquelarre político cotidiano
sólo está en manos de las Cortes Generales, pero mientras no se decida evitarlo
por acción u omisión tendremos que soportar estoicamente eventos puntuales como
el de Durango al contemplar, como dice el juez, todos los requisitos legales.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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