Se
mire como se mire España tiene un panorama preocupante. No ya por razones
económicas, que también, sino por otras razones que, a mi juicio, son incluso
más difíciles de afrontar, sobre todo, cuando la desconexión entre los
ciudadanos y sus representantes políticos es abismal. Basta echar un vistazo al
último barómetro del CIS (diciembre de 2.013) para constatar que los
principales problemas de la ciudadanía poco tienen que ver con las principales preocupaciones
y dedicaciones de los políticos (tanto los de los gobiernos, central o
autonómicos, como los de la oposición) y de las cúpulas sindicales. Basta
comparar dicho barómetro con los anteriores, para constatar la evolución de las
preocupaciones mayoritarias del pueblo y su proyección futura como elemento
esencial de distorsión de la convivencia democrática.
Justo
cuando la tremenda crisis económica, aunque lentamente, parece que cambia el
rumbo en su inexorable caída hacia el abismo, aparecen abismos mucho más
peligrosos sin que, al parecer, nadie esté dispuesto a evitarlos, sino todo lo
contrario, cuando debiera ser la prioridad consensuada de todas las fuerzas
políticas o, al menos, de aquellas que tienen una clara vocación de gobierno.
Pues
bien, sin pretensión exhaustiva, los diez problemas principales que percibe la
ciudadanía española en diciembre pasado son, por orden de importancia según
porcentaje, el paro (77%), la corrupción y el fraude (37´6%), los de índole
económica (29´7%), partidos y clase política (26´2%), seguidos a gran distancia
por la sanidad (10´9%), la educación (8´4%), los de índole social (8%), los
recortes (4´8%), el gobierno y los políticos (4´1%) y la inseguridad ciudadana
(3´4%), quedando los demás asuntos en una escala mucho menor. Basta compararlos
con los de tres fechas anteriores, como el año 2000 (segunda legislatura del
gobierno de Aznar), 2005 y 2010 (primera y segunda legislatura del gobierno de
ZP) para observar porcentualmente como han evolucionado y extraer las pertinentes
conclusiones: paro (59´9, 49 y 78´6), corrupción y fraude (0, 0´6 y 2´7),
índole económica (11´7, 17´5 y 52), partidos y clase política (4´8, 10 y 19´3),
sanidad (3´2, 6´1 y 0´3), educación (3´3, 6´3 y 4´9), índole social (5´8, 6´7 y
4´9), recortes (irrumpen en 2012 para el 6´6%), gobierno y políticos (0, 1´7 y
6´6) e inseguridad ciudadana (9´4, 22´6 y 8´1). Es obvio que, salvo el endémico
problema del paro (incluso en época de bonanza), siempre visto como primer o
segundo problema en competencia con el terrorismo hasta el 2008, el mayor
contraste en las preocupaciones ciudadanas está en los asuntos de corrupción y
en la actuación política, dos problemas interrelacionados apenas percibidos
como tales anteriormente, que han irrumpido con tal fuerza en los últimos años
que hoy suponen la mayor preocupación aupándose a los primeros cinco problemas
ciudadanos, junto a los de índole económica, con la agravante de que mientras
éstos y el paro están, al menos, en recesión, los relativos a la corrupción y a
los políticos siguen “in crescendo” y amenazan seriamente los pilares de la
democracia, beneficiando a los enemigos de la misma.
No
es casualidad que en la actualidad se estén investigando en los tribunales más
de 1.500 casos de corrupción política y financiera, más de 300 considerados
como macroprocesos por su volumen y complejidad, con tramas delictivas surgidas
en el seno de los partidos políticos y las instituciones que dirigen, con
participación incluso de los sindicatos en algunos casos, así como de
dirigentes patronales y gobernantes territoriales de distintos ámbitos. Un rayo
endiablado que no cesa con más de 300 políticos imputados en los mismos. Una
verdadera calamidad.
En
fin, un sombrío panorama que se convierte en tenebroso cuando los distintos
organismos e instituciones, incluidos partidos y sindicatos, en vez de ponerse
a disposición de la justicia para limpiar de “chorizos” el sistema, intentan
marear la perdiz con prácticas dilatorias, poniendo palos en la rueda para
dificultar el esclarecimiento de los hechos y distrayendo la atención
ciudadana, alentando y animando debates sobre asuntos que, a todas luces, no
forman parte, importante al menos, de los problemas que percibe la ciudadanía
de forma mayoritaria. Valga como ejemplo el porcentaje de importancia que en el
barómetro de diciembre conceden los ciudadanos a algunos problemas, que de
forma teledirigida inundan las calles y ocupan la movilización social con
apariencia de mayoritaria irritación ciudadana, frente a los anteriores: la
inmigración, el 2´9%; los bancos, 2´4%; las pensiones, 1´9%; la subida del IVA,
1´4%; los desahucios, 1´2%; la vivienda, 0´9%; el terrorismo, 0´4%; la
monarquía, 0´4%; los problemas medioambientales, 0´2%; o, la reforma laboral,
0´1%. ¿Cuántas movidas, debates y
agitaciones por estos temas? ¿Cuántos para resolver los verdaderos problemas
que inquietan a la mayoría de los ciudadanos? Júzguenlo ustedes. Es el
verdadero drama de la desconexión entre el pueblo y sus representantes ya que
éstos, en vez de dedicar todo el tiempo y esfuerzo a resolver los problemas
reales que perciben aquéllos, prefieren amplificar los que, estando muy atrás
en el ranking de sus preocupaciones, son más propicios a la movilización
callejera y mediática de cara a obtener un rédito electoral favorable mediante
la satisfacción de sus adeptos más radicales y, a la vez, desviar la atención
de los ciudadanos sobre lo que realmente les preocupa.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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