lunes, 28 de abril de 2014

SEGURIDAD CIUDADANA, ASUNTO PENDIENTE

                        No sé si la tan traída y llevada Ley de Seguridad ciudadana mejorará la situación actual o no. Lo que sí sé es que la seguridad ciudadana es un asunto pendiente que, de una vez por todas, debe salir de la confusión incomprensible en que se encuentra ahora. Es intolerable que, tras cualquier episodio de desorden público, la resaca sea un eterno debate sobre la inadecuada actuación policial y jamás sobre las reprobables conductas indecentes de quienes, aprovechando las concentraciones legítimas y legales de la índole que sea o la presencia de políticos u otras personas no deseadas, se dedican a atentar violentamente contra las cosas y las personas, incluso contra las fuerzas de orden público, casi con absoluta impunidad. También sé que cualquier Ley de Seguridad ciudadana o sobre cualquier otro asunto, será incapaz de mejorar o resolver situaciones indeseables si los ciudadanos en general y, muy en especial, sus dirigentes políticos, sindicales o sociales, prefieren actuar ante ellas de forma arbitraria y demagógica, censurándolas o mirando hacia otro lado, cuando no justificándolas, según entiendan que, coyunturalmente, perjudican o benefician a sus intereses particulares.
            Si somos incapaces de entender que la violencia, verbal o física, debe ser perseguida por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que para eso están y les pagamos; que los destrozos en el mobiliario urbano hemos de pagarlos entre los ciudadanos honrados a través de los impuestos; que la agresión física a propiedades privadas (cajeros, escaparates, cafeterías, etc) atentan seriamente contra quienes se ganan la vida honrada y legalmente; que la agresión oral o física a autoridades gubernamentales, políticas, judiciales o del orden en general atentan contra los cimientos de la democracia, menoscabando su solidez; o que, en definitiva, la violencia o su apología es la antítesis de la democracia, por lo que, en su defensa, debe ser reprimida siempre, pero únicamente por quienes tienen el derecho y el deber de hacer un uso adecuado de la misma cuando no queda más remedio, es decir, por las fuerzas de orden público; si, entre otras cosas, no somos capaces de entenderlo, no nos merecemos vivir en paz y en libertad.
            Si, según datos publicados, la Justicia absuelve al 70% de los acusados de desórdenes públicos, sin incluir datos del País Vasco y Navarra; si en las sucesivas refriegas callejeras cada vez son más los policías heridos que sus violentos agresores; si en 33.000 manifestaciones se ha empleado material antidisturbios sólo en el 0´08% de las mismas; si incluso las consignas a la policía ante los violentos es que hay que “aguantar” o “no salir con los medios adecuados”; si los radicales se lanzan, incluso en las universidades aunque ni sean estudiantes, al grito de a “la caza de la policía” o “vamos a matarlos que son pocos”, si todo esto y mucho más sucede en nuestro país, nadie, con dos dedos de frente, puede aceptar encima la calificación que algunos hacen a nuestra policía democrática como “fascista” o “franquista”, cuando, a todas luces, los totalitarios son dichos sujetos y los partidos u organizaciones que les apoyan por acción u omisión. Que otros muchos más, vaya usted a saber con qué interés, den crédito a estas descalificaciones policiales, al extremo de aplaudir, cuando no solicitar, que a las manifestaciones en España asistan observadores internacionales, como si fuéramos negreros, ya es el colmo. Y que todo ello pueda influir en que la supuesta futura Ley de Seguridad ciudadana opte por sanciones administrativas frente a las penas de cárcel que, por similares conductas, se aplican en países como EEUU, Francia, Alemania o Portugal es simplemente grotesco.
            La seguridad ciudadana es un asunto pendiente, no tanto por la ausencia de una adecuada Ley de Seguridad, que en todo caso siempre puede ser mejorable, sino por la mala conciencia que algunos prefieren desenterrar casi a diario para beneficio propio. Poner en entredicho a nuestras fuerzas de orden público, que nada tienen que ver con aquellas de la dictadura, aprovechando, cuando no inventando, cualquier exceso individual para generalizar su desprestigio, sólo sucede en nuestro país, tan aficionado a ser más papistas que el Papa, seguramente por nuestra absurda mala conciencia tan rentable para los radicalismos. Y luego nos lamentamos.
            Hoy mismo, al igual que otros políticos de distintos colores, Navarro, el líder del PSC, ha sido abofeteado públicamente, tras sufrir graves insultos y amenazas, incluso de muerte. Vaya por delante la más contundente repulsa y condena por estos hechos que, con razón, él mismo califica como hechos no aislados. Evidentemente, con distintas intensidades de condenas o de justificaciones los han sufrido otros no sólo en la vía pública, sino también en actos públicos e incluso en sus domicilios particulares. El gran error en el que, como en casos anteriores, también ahora, incluso como víctima directa, incurre el mismísimo Navarro, es culpar del clima crispado en Cataluña a Mas y a Rajoy por sus políticas de disenso en el tema soberanista, cuando los únicos culpables son los agresores y nadie, absolutamente, nadie más. Ninguna comprensión, justificación o excusa hacia la violencia que, “per se” es intrínsecamente mala y sólo merece unánime tolerancia cero proceda de quien proceda y agreda a quien agreda. ¡Es tan difícil entenderlo! Yo creo que no. Al final, quien siembra vientos, recoge tempestades.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

lunes, 21 de abril de 2014

UNOS MÁS IGUALES QUE OTROS

                        El malestar casi generalizado por los efectos de la crisis y el consecuente desapego ciudadano (en muchos aspectos, más que merecido) a los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que, junto a PNV y CiU, han pivotado la gobernabilidad de nuestra democracia, basada en un bipartidismo clásico, es terreno abonado, no sólo para el desarrollo de los partidos minoritarios (nacionalistas o no) dentro del sistema, especialmente IU y UPyD, sino también para la germinación de experimentos nuevos que consideran pernicioso el elenco de partidos políticos actuales, a los que califican como “del régimen”, creciendo como setas, junto a otros que, simplemente, son el cauce de expresión de cualificados ex militantes de los anteriores. Así “Recortes Cero” con el actor Manuel Galiana o el pintor Antonio López, “Vox” con el popular Alejo Vidal-Quadras, “Partido X” con el informático Falciani, “Movimiento RED” con el juez Elpidio José Silva, o “Podemos” con el profesor Pablo Iglesias, son, entre otros, quienes nos iluminarán durante la campaña electoral europea del 25-M con sus mágicas soluciones, conformando un abanico variopinto de opciones políticas al no tener cabida sus mágicos proyectos en ninguno de los actuales partidos del panorama político español.    
            No se trata pues de posicionamientos ideológicos de izquierda o derecha dentro de los “partidos del régimen”, es decir, del régimen democrático que nos hemos dado el conjunto de los españoles. Menos aún de transformar y mejorar las estructuras internas de funcionamiento de los mismos. Se trata, por parte de la mayoría de ellos, de erradicar el régimen y sustituirlo por otro régimen distinto. Un régimen absolutamente igualitario, casi perfecto, en el que no quepa el más mínimo privilegio, la más mínima ventaja económica, social o política. La banca, los partidos políticos clásicos, los mercados, los empresarios, los recortes y, si me apuras, hasta la propiedad privada, son exponentes de un sistema burgués maléfico al servicio de unos pocos y en contra de los pueblos en su conjunto. Por tanto, no se trata de erradicar sus abusos, ni de corregir sus carencias, sino de sustituirlo por arte de magia por un sistema imaginario que, inexistente a lo largo de toda la Historia de la Humanidad, garantice la igualdad, la abundancia y la bondad sin límites desde la libertad. Una especie de milagro que, a diferencia del “de los panes y los peces”, conseguirán estos iluminados si tenemos a bien votarles (dentro de las reglas de este perverso sistema democrático -¡algo bueno tenía que tener!-) para catapultarlos, con todos los privilegios y honores que conlleva, a la categoría de eurodiputados. Bueno, en su caso, seguro que sus privilegios estarían justificados, teniendo en cuenta la alta bondad de sus objetivos y la alta perversidad de los que obtengan el escaño en las listas de los “partidos del régimen”. Sus partidos, ya ven, no son del régimen, simplemente se aprovechan de él.
            Por fortuna, a estos vendedores de humo en tertulias televisivas (por cierto, en cadenas privadas capitalistas) se les ve el plumero de aspirantes a políticos dentro del “régimen”, que tanto odian por su perversidad, en cuanto tienen la ocasión, como es el caso. Y entonces ponen en evidencia sus verdaderas intenciones, que consisten en formar parte del engranaje del “régimen”, que pretenden derribar, pero desde un puesto dirigente que les permita disfrutar, personalmente y como grupo político, de todos los privilegios del mismo. A tan ilustres y demagogos personajes les viene pequeña la militancia política de base en cualquier partido, de izquierdas o derechas, para enriquecerlo con sus genuinas aportaciones y convertirlas en mayoritarias dentro del mismo. Lo suyo es crear su propio partido y, obviamente, liderarlo.
            De todos ellos el más paradigmático es “Podemos” del profesor, politólogo y tertuliano Pablo Iglesias, azote televisivo de todas las maldades del sistema y depositario de todas las purezas teóricas de la Humanidad. Espejo en que mirarse la ingenua izquierda española por su habilidad dialéctica para arremeter contra la derecha, sin enterarse que, para personajes como él, dicha izquierda es también el objetivo a abatir. Así, tras colaborar con IU, que se dejaba querer, “Podemos” cobra vida propia cuando IU no acepta la idea de dejar en manos de la ciudadanía la confección de las listas, convirtiéndola obviamente en contrincante político. Pero, curiosamente, nada más empezar a andar como partido político, desde el interior de “Podemos” ya se denuncian “dedazos” de Pablo Iglesias para confeccionar las listas, dejando en entredicho la transparencia y la participación democrática que esgrimía a los cuatro vientos. El “círculo” (así denominan al experimento en vez de “partido”) murciano ha dado la voz de alarma, pero no es el único que ya discrepa de los métodos de Iglesias y compañía. Por lo visto, el “grupo promotor”, es decir, Iglesias y sus allegados, no es neutral (como en todos los partidos) con las aspiraciones de los candidatos, por lo que en el partido (o círculo, o lo que se quiera) ya reclaman “el establecimiento de unas reglas de juego claras desde el inicio, que todos y todas respetemos”. Obviamente, Pablo Iglesias ha diseñado un partido a su medida. Simplemente ocultó que en su mágico mundo de “igualdad” unos son más iguales que otros. Basta saber si sucede lo mismo en su mundo de “libertad”. Esa es, de momento, la incógnita.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

lunes, 14 de abril de 2014

PRIMER GRAVE ERROR DE SUSANA DÍAZ

                        Con todo lo que está cayendo en Andalucía y por si no fuese suficiente con los ERE fraudulentos, con la ocupación de fincas y supermercados y con otra serie de pintorescas, cuando no delictivas, conductas políticas impresentables, Susana Díaz, la gran esperanza socialista, comete un primer grave error que puede echar por tierra cualquier esperanza de la necesaria regeneración del PSOE-A liderada por ella misma. En tres días ha echado por tierra toda la credibilidad acumulada a pulso desde que Griñán la nombrara su heredera tras abandonar la Presidencia de la Junta de Andalucía. Si a su trayectoria ascendente añadía, justo hace tres días, el gesto impecable de poner orden en la Consejería de Fomento, retirando competencias ante el presunto proceder irregular, cuando no delictivo, de la Consejera Elena Cortés de IU por el realojo de “okupas”, acaba de añadir un borrón morrocotudo e indigno de un gobernante solvente al anular totalmente su propia decisión, desmintiendo así sus propios argumentos con los que justificaba su intervención personal en la Consejería. Si hace tres días fue digna de todo tipo de elogios por su valentía en la defensa de la total trasparencia y legalidad en los procedimientos administrativos y en las actuaciones gubernamentales, hoy es acreedora de todo tipo de sospechas sobre las motivaciones que la han llevado a protagonizar semejante espectáculo. Inmadurez, imprudencia, falsedad, cobardía, claudicación, egoísmo personal, incompetencia…. son algunas de las sospechas que se ciernen sobre su insólita y ridícula actuación, cualidades, todas ellas, indignas de un gobernante fiable, solvente y creíble.
            Un gobernante fiable, solvente y creíble no puede permitirse el lujo de tomar decisiones drásticas, de hondo calado, de forma precipitada y justificarlas públicamente ante la ciudadanía para, tres días después, anularlas sin ningún tipo de explicación convincente restituyendo el estatus anterior con el argumento de “donde dije digo, digo Diego” y, menos aún si, a todas luces, la incomprensible rectificación obedece a las enérgicas presiones públicas de los supuestos afectados directos por las decisiones adoptadas. ¿Actuó Elena Cortés con arreglo a la legalidad y a las normas establecidas para la concesión de vivienda pública?  ¿Discriminó a los miles de familias que en lista de espera supuestamente tenían preferencia temporal frente a los “okupas” realojados? ¿Favoreció Elena Cortés la reivindicación de los okupas frente a quienes la hacen de forma legal apuntándose a las listas de espera? Son las cuestiones que, según Susana Díaz, avalaban su decisión de intervenir en la Consejería, pero, anulada su decisión, la respuesta más creíble ahora es la de la mismísima Secretaria General de Vivienda de la Consejería, Amanda Meyer, quien, tras afirmar que se sigue trabajando en el realojo de los okupas aún no realojados, precisa que no se debe poner “ni una sola pega al proceso” y que IU “es garantía de procedimientos impecables y de hacer bien las cosas”. Un varapalo directo a la Presidenta de la Junta que, al menos, debiera salir al paso de las declaraciones de Meyer, que, de ser ciertas, la acusa por deducción de faltar a la verdad y de hacer las cosas mal. Y, como es incomprensible dar crédito a una cuestión y a la contraria, es obvio que alguien miente descaradamente en tan delicado asunto, al extremo de que, llevado el asunto a semejante disparate, alguien debiera dimitir o ser cesado en sus funciones por tamañas irresponsabilidades, sin olvidar que el mayor responsable es quien preside la Junta.
            Y, no conforme con lo anterior, tras la autodesautorización de Susana, el mismísimo Cayo Lara, lógicamente aprovecha la baza que Susana le ofrece, añadiendo que así se demuestra que “la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero” y que “eso es lo que ha prevalecido” pues “han tenido que restituir las competencias porque era justa la actuación y han tenido que dar justicia a lo que era justo y legal”. No hay que ir a Salamanca para entender que, según Lara, quien miente es Susana Díaz, que además actuaba injustamente. Una descalificación en toda regla de quienes, a pesar de todo, la apoyan para que siga gobernando, con el argumento de que, gracias a ello, las cosas no se hacen rematadamente mal en la Junta.
La tímida defensa que hace el PSOE de la autodesautorización de Susana, alegando que ha sido tras imponer la legalidad en el proceso del realojo de los “okupas”, cuando se mantiene el agravio comparativo con los integrantes del listado de espera, tal como ella decía, queda en aguas de borrajas ante la acometida de sus socios izquierdistas, que han encontrado un filón inesperado de desprestigio ante tan incomprensible actuación. Filón que, a todas luces, le viene como anillo al dedo al PP que, desde el inicio, como es lógico, ha puesto en marcha la sabia estrategia del “divide y vencerás”, cuando, en caso de haber adelantado las elecciones, les hubiera cogido en bragas, como vulgarmente se dice, y en total desventaja argumental ante un nuevo PSOE que, ante el supuesto proceder irregular de sus socios de gobierno, prefería deshacer el pacto y dejar de gobernar para que los andaluces decidiesen el futuro. ¡Claro, siempre que IU fuese incapaz de demostrar en campaña que era víctima de la diabólica estrategia de la Presidenta y no reo de su arbitraria actuación, causante de la ruptura!
Lamentablemente el grave error de Susana Díaz la condena a ser foco de atención de todas las críticas y todas las sombras, cuando estaba en sus manos seguir siendo foco de atención de todas las alabanzas y todas las luces. Es el precio de tan garrafal metedura de pata. Aunque algunos, incluso de su propio partido, quizá estén ahora frotándose las manos.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

sábado, 12 de abril de 2014

CRISIS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

                        Se mire como se mire y por más que unos y otros se empeñen en negarlo, aunque ya todos lo reconozcan, la grave crisis en el gobierno de coalición PSOE-IU de la Junta de Andalucía es un hecho indiscutible, tanto en el fondo como en la forma. En el fondo porque pone de relieve las profundas diferencias ideológicas de sendos socios, que se disputan un electorado de izquierdas en sentido genérico (aunque IU, tanto en campaña como generalmente, tache al PSOE como un partido de derechas casi homologable con el PP), y del modo de entender la legalidad. En la forma porque ante un asunto tan sensible como los desalojos y realojos de viviendas han sido incapaces de adoptar acuerdos internos, previos a las decisiones (una cosa es la teoría genérica y otra la práctica concreta), adoptando la estrategia de los hechos consumados, que provoca una crisis prácticamente irreversible, al menos, para la credibilidad ciudadana en el futuro. Bien PSOE, bien IU, según se resuelva la crisis, saldrá bastante tocado si se mantiene la alianza gubernamental tras este pulso político. Uno u otro va a quedar desacreditado ante la opinión pública.
            Los hechos hablan por sí solos. En el entorno del 15-M y de los movimientos anti-desahucios y “okupa” surge en Sevilla la Corrala La Utopía (más que acertado el nombre) tras ocupar varias familias un edificio vacío, propiedad de Ibercaja, no como protesta sino como alojo definitivo. Dicha “okupación”, como tantas otras, apoyada por movimientos antisistema, cuenta asimismo con el apoyo político de IU y, obviamente, de la Consejería de Fomento y Vivienda que, gracias al pacto de Gobierno, está en manos de dicho partido, por lo que la Consejera, que no distingue entre la idílica utopía y la trágica realidad, confiere a la Corrala Utopía un respaldo institucional sin precedentes. Pero, como era más que previsible, incluso para la Consejera, llega el momento del desalojo de los okupas por orden judicial (como en cualquier estado configurado social, política y económicamente como el nuestro, regido por el imperio de la ley y no por la arbitrariedad). Entonces, los desalojados deciden acampar a las puertas del Ayuntamiento y Elena Cortés, que así se llama la titular de Fomento y Vivienda, los realoja en las pocas viviendas disponibles que tiene La Junta y en viviendas de alquiler, saltándose a la torera la gigantesca lista de espera de solicitantes que, desde hace tiempo, están en circunstancias similares o incluso peores que la de los “okupas”.
            Ante semejante arbitrariedad, Susana Díaz, presidenta de La Junta, decide retirarle por decreto las competencias en materia de adjudicación de viviendas a su Consejera de Fomento (IU) para transferirlas a la de Hacienda y Administración (PSOE). “Tengo a 12.000 familias en Sevilla y a otros miles en el resto de Andalucía esperando una vivienda, que no pueden ver que tengan más derechos los que ocupan una vivienda que quienes esperan pacientemente en una lista por muy mal que lo estén pasando” es su razonada justificación. La gresca está servida entre IU y PSOE, su matrimonio de conveniencias amenazado y más que justificada la lógica protesta de los inscritos en la lista de espera tan arbitrariamente relegados, pues, como añade Susana Díaz hay que “respetar el principio de igualdad, que tiene que ser compatible con el listado de personas que esperan una vivienda y con la legalidad”. Justo lo que no ha tenido en cuenta su Consejera de IU. Si hace unos días en el Congreso Rubalcaba decía que la legalidad es la principal arma que tienen los  pobres, hoy Cayo Lara apoya el comportamiento de la Consejera considerándolo una “decisión política, valiente y comprometida con la gente” en un alarde demagógico magistral que los pobres del listado seguro que han percibido….y los “okupas” de La Utopía también. Ante la imposibilidad de satisfacer las necesidades de todos, nada mejor, según IU, que la arbitraria decisión gubernamental satisfaciendo a unos y perjudicando a otros, sin previa garantía de equidad y a su mero antojo.
            Ahora, en un mar de especulaciones sobre el interés de Susana Díaz por un adelanto electoral, cabe preguntar ¿por qué IU insta a Díaz a rectificar el decreto pero no le da un ultimátum e insiste sin embargo en que no hay peligro de ruptura del pacto de gobierno? ¿Por qué Díaz se limita a retirar las competencias a la Consejera y no la cesa, avalando los hechos consumados? Por qué, en definitiva, si el coordinador general de IU-CA, Antonio Maillo, dice que “ha sido la presidenta la que ha abierto una crisis” y no la Consejera cuya gestión “ha sido impecable”, ni hay ceses ni hay rupturas del pacto gubernamental. Unos y otros sabrán. Lo cierto es que, tras esta crisis, las cosas no pueden continuar como si nada hubiese pasado. Susana Díaz, que ha actuado en este asunto de forma impecable, no puede ahora, como pretende IU, echar marcha atrás, teniendo la excusa perfecta para adelantar las elecciones, si ello le interesa, y desprenderse del demagógico proceder de IU que se vende hipócritamente como el único valedor de las causas de los más necesitados, sin reparar en que, de ser así, ¿qué hacían las 12.000 familias esperando una vivienda sin que la Consejera adjudicara las disponibles según criterios establecidos? Y, en todo caso, qué intereses defiende adjudicándoselas ahora por vía de urgencia a los “okupas”, cuyas actuaciones ilegales ha apoyado desde el inicio, negándoselas a quienes se han ajustado a una legalidad establecida por la institución que la propia Consejera representa. Y, finalmente, si Susana se mantiene en sus trece, ¿qué intereses defiende IU apoyando su gobierno tras la flagrante desautorización pública a su gestión en el mismo?

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 9 de abril de 2014

INCOMPARECENCIA DE MAS Y DE JUNQUERAS

                        En el Sancta Sanctorum de la soberanía nacional y, por tanto, de la Democracia con mayúsculas, se ha debatido ampliamente, como debe ser, la toma en consideración de la proposición del Parlament de Catalunya para que el Congreso de los Diputados le ceda la competencia estatal de convocar un referéndum en Cataluña en el sentido de que los catalanes decidan su propio destino, incluida la independencia de Cataluña. La respuesta democrática, como era de esperar, ha sido contundente: 299 votos en contra, 47 a favor y 1 abstención.
Pero lo insólito es que ni Artur Mas ni su socio Oriol Junqueras, principales valedores y promotores de tan interesante iniciativa, han comparecido en el Congreso para defenderla e ilustrarnos con las poderosas razones y argumentos que avalan su propuesta y han enviado al efecto a tres representantes de la Cámara autonómica para que carguen con el “marrón” de defender lo indefendible en sede parlamentaria. Es cínico además que, nada más finalizar el debate, el propio Mas diga públicamente que “es una oportunidad perdida pero el camino continúa” cuando ha sido él y su socio quienes han perdido la oportunidad de dar la cara donde hay que darla, en vez de escaquearse para evitar el riesgo personal de hacer el ridículo y quedar políticamente en entredicho como demócratas. ¿Qué camino continúa? ¿El de la ilegalidad? Si así es ¡para qué solicitan al Congreso la cesión de la competencia, reconociendo implícitamente que no la tienen! Es más, ni siquiera la tiene el Congreso y, menos aún, el Gobierno. ¿Por qué amparan su ilegalidad exigiendo a otros la comisión de un acto ilegal? Y lo fundamental, ¿acatarán la decisión democrática de la instancia a que han recurrido? Así debiera ser en quienes por activa y pasiva mantienen que la democracia consiste en votar. Curiosamente se ha votado y, además, en el lugar adecuado y con arreglo a lo establecido.
Como era de esperar, bien porque los suplentes no están a la altura, bien porque no se trata de alturas sino de falta de argumentos, han bastado las intervenciones bien documentadas y con argumentos concretos de Rajoy, Rubalcaba y Rosa Díez para desmontar de un plumazo las elucubraciones genéricas y teóricas con que los suplentes, con mayor o menor acierto, han hilvanado sus respectivos discursos. Sus apelaciones vagas a la democracia, la capacidad de decisión y la voluntad política, quedaron anuladas frente a la apelación concreta de que la democracia requiere el imperio de la ley; la capacidad de decisión exige ser titular de la soberanía; y la voluntad política, dentro de las reglas de juego, nunca es unidireccional, siendo válida cualquiera de ellas y la contraria.
            Un “no” rotundo a la iniciativa del Parlament porque la Constitución impide delegar competencias indelegables; porque los asuntos que afectan a todos los españoles por igual son competencia exclusiva del Gobierno; porque lo contrario supondría la autoliquidación del Estado; porque la parte no puede elegir por el todo; porque pretende una soberanía inexistente; porque ni la competencia pretendida es transferible, ni el propósito es aceptable; porque los derechos fundamentales de los españoles son inviolables, incluso para las Cortes, aunque lo solicitasen los afectados directamente, pues se situarían por encima de ellos; porque ningún gobierno, por mayoritario que sea, tiene poder absoluto, ni está por encima de la legalidad….. Y así otras tantas razones más basadas en la ilegalidad de la petición autonómica, y, en definitiva, en el sentido común.   
            Un “no” rotundo al torticero desprestigio de la Constitución, sus principios y a las instituciones con fines políticos porque los tribunales, entre ellos el TC, están para que nadie rebase los límites de la legalidad arbitrando las discrepancias; porque, como todas las constituciones, nuestra Constitución protege la soberanía nacional; porque, salvo que se cambie, sin saltarse las reglas al efecto, su vigencia es inapelable e indiscutible; porque no vale eludirla apelando al pasado ya que cada Constitución anula a las anteriores y por ello se las vota en referéndum; porque, justo por ello, nadie impone nada a nadie… Y así algunas otras razones más basadas en el Derecho comparado y, en definitiva, en el sentido común.
            Y un “no” rotundo a las mentiras y medias verdades utilizadas con fines proselitistas porque la culpa de lo que sucede en Cataluña no es de España; porque no hay ninguna opresión, ni se persigue la lengua, ni la cultura; porque no hay trato discriminatorio, ni se impide el desarrollo económico; porque es mentira que si un territorio quiere se va y se lleva la parte del territorio; porque es incomparable Cataluña a Escocia, que, con supuestos históricos y constitucionales distintos y más favorables, ya quisiera tener las mismas competencias; porque la verdad es que Cataluña y España tienen siglos de historia en común; porque jamás Cataluña tuvo más autogobierno que en la actualidad, gracias a la Constitución; porque no sólo hay que vender las hipotéticas ventajas de una hipotética independencia catalana, sino también los inconvenientes económicos y de integración internacional al quedar fuera de los organismos suscritos por España, entre ellos la UE; y, en definitiva, porque hay una puerta abierta a cualquier proyecto político, incluso el independentista, que consiste en iniciar los trámites para una reforma constitucional y, como para el resto de proyectos, conseguir los apoyos necesarios para convertirlo en cualificadamente mayoritario para la mayoría del pueblo soberano español, incluidos los catalanes.
            En consecuencia, un “no” rotundo al totalitarismo, a la irresponsabilidad, a la deslealtad, a la mentira, a la hipocresía y a la irracionalidad que ni Mas, ni Junqueras se han atrevido a defender personalmente en sede parlamentaria. Lo suyo es hacerlo en la patria chica.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 3 de abril de 2014

DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN

                        La movida política y mediática desencadenada tras los incidentes del 22-M, así como la surgida alrededor del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, requiere reflexionar sobre el derecho de reunión y manifestación, consustancial con la Democracia y, por tanto, con la Constitución. Dicho de otro modo, no se entiende la democracia si no existe el derecho de reunión y manifestación, lo que requiere, por parte de la autoridad, la protección del mismo. Es el derecho de los ciudadanos a congregarse circunstancial o transitoriamente, bien de forma estática (reunión) o dinámica (manifestación). Pero, dicho lo anterior, no es, ni puede ser, un derecho ilimitado. Así lo entienden, menos en España, en todos los estados democráticos del mundo, ya que no es un derecho fundamental del individuo como tal (por ejemplo, como el derecho a la vida), sino en calidad de miembro del grupo y, además, su disfrute está muy estrechamente relacionado con el orden público, básico para la garantía de otra serie de derechos que, igualmente han de protegerse institucionalmente. Es, por tanto, inadmisible que, al margen de la ideología de cada cuál o del interés que tenga por cargar las tintas hacia la prevalencia o no del mantenimiento del orden público a la hora de fijar las lógicas limitaciones al ejercicio del derecho de reunión y manifestación, se utilice la demagogia y se tache de dictadores o anti demócratas a quienes, dentro de los límites que la propia ley establece o pueda establecer, constitucionalmente hablando, simplemente pretendan ajustar los desequilibrios manifiestos entre las garantías de protección de los derechos en conflicto de unos (los manifestantes) y de otros (todos los demás).
            Salvo que se pretenda en España una democracia peculiar e inédita, distinta a la de los demás estados democráticos de nuestro entorno geográfico o político, no se entiende, salvo desde la mentira y la mala fe, que se acuse al gobierno (que, en este caso, ideológicamente no es santo de mi devoción) de dictatorial por el mero hecho de que pretenda que el ejercicio del derecho de reunión y manifestación no suponga un reguero de violencia y atropello impune de los derechos de otros ciudadanos y, por lo tanto, se convierta en un acto ilegal. A cada quien le puede gustar más o menos el asunto, pero rebatirlo con acusaciones de antidemocracia es una majadería en toda regla. Basta recordar que en España, como en el resto de países libres y democráticos, se reconoce el derecho de reunión pacífica y, por ende, sin armas y sin necesidad de previa autorización u otro requisito, salvo si ésta es en lugar de tránsito público o es una manifestación que sólo requiere de comunicación previa a la autoridad, quien, además, sólo puede prohibirla o modificar sus circunstancias si hay razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
            Basta echar un vistazo al derecho comparado para entender que, con los matices pertinentes, en ningún lugar el derecho de manifestación es ilimitado, sin que por ello sus respectivos gobierno se vean acosados por la oposición política democrática simplemente porque cumplen a rajatabla la legalidad, ni los partidos mayoritarios sean tachados de totalitarismo porque pretendan modificar la ley en aquellos aspectos que consideran mejorables, especialmente si la modificación pretendida formaba parte de su proyecto electoral y fue respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Valga como ejemplo que países como Francia, Italia o EEUU requieren que las manifestaciones sean autorizadas y no sólo comunicadas; que países como Alemania, Francia, EEUU, Reino Unido o Países Bajos restringen e incluso prohíben manifestaciones si se celebran cerca de edificios públicos ocupados por el poder Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial, cuando aquí, no sólo se celebran cerca sino además rodeando los edificios e impidiendo a sus autoridades entrar en ellos; que en países como Bélgica están sujetas a control policial y prohibidas si amenazan la seguridad pública o si sus participantes se cubren el rostro, cuando aquí son los violentos quienes pretenden controlar a los policías enviados a las mismas; que en países como Francia, las aglomeraciones sobre un lugar público pueden ser dispersadas con castigos de hasta un año de cárcel y multa de hasta 15.000 euros para quienes se nieguen a hacerlo; o que, en países como Reino Unido, Francia o Alemania haya que señalar a los organizadores o responsables de la convocatoria, con sanciones en caso de que incumplan la normativa; y así, toda una serie de ejemplos que, oyendo a los libertadores democráticos españoles y sus acusaciones sobre las liberticidas actuaciones que se dan en España, nos llevarían a la conclusión lógica de que si, como dicen, en España hay una dictadura, con las pertinentes agresiones a la libertad y los correspondientes recursos a la tortura y atropello de los derechos humanos, en el resto de Europa (aunque de ella no digan nada, como prueba de su peligrosa demagogia) debe haber un sistema torturador liberticida sin parangón en el tiempo ni en el espacio; un verdadero estado de terror.
            Seguramente por ello es por lo que las insólitas imágenes del 22-M sólo se dan en España, la puesta en libertad de los agresores, también, y, por supuesto, la falta de unidad de todos los grupos políticos democráticos a la hora de defender a la población de los verdaderos enemigos de la libertad y la democracia, para impedir su vergonzante impunidad. Al menos, en los demás países, quién la hace, la paga. Aquí, no. Este es el déficit de nuestro Estado de Derecho, justo lo contrario de lo que los liberticidas mantienen.  

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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