Se
mire como se mire y por más que unos y otros se empeñen en negarlo, aunque ya
todos lo reconozcan, la grave crisis en el gobierno de coalición PSOE-IU de la
Junta de Andalucía es un hecho indiscutible, tanto en el fondo como en la
forma. En el fondo porque pone de relieve las profundas diferencias ideológicas
de sendos socios, que se disputan un electorado de izquierdas en sentido
genérico (aunque IU, tanto en campaña como generalmente, tache al PSOE como un
partido de derechas casi homologable con el PP), y del modo de entender la
legalidad. En la forma porque ante un asunto tan sensible como los desalojos y
realojos de viviendas han sido incapaces de adoptar acuerdos internos, previos
a las decisiones (una cosa es la teoría genérica y otra la práctica concreta),
adoptando la estrategia de los hechos consumados, que provoca una crisis
prácticamente irreversible, al menos, para la credibilidad ciudadana en el
futuro. Bien PSOE, bien IU, según se resuelva la crisis, saldrá bastante tocado
si se mantiene la alianza gubernamental tras este pulso político. Uno u otro va
a quedar desacreditado ante la opinión pública.
Los
hechos hablan por sí solos. En el entorno del 15-M y de los movimientos
anti-desahucios y “okupa” surge en Sevilla la Corrala La Utopía (más que
acertado el nombre) tras ocupar varias familias un edificio vacío, propiedad de
Ibercaja, no como protesta sino como alojo definitivo. Dicha “okupación”, como
tantas otras, apoyada por movimientos antisistema, cuenta asimismo con el apoyo
político de IU y, obviamente, de la Consejería de Fomento y Vivienda que,
gracias al pacto de Gobierno, está en manos de dicho partido, por lo que la
Consejera, que no distingue entre la idílica utopía y la trágica realidad,
confiere a la Corrala Utopía un respaldo institucional sin precedentes. Pero, como
era más que previsible, incluso para la Consejera, llega el momento del
desalojo de los okupas por orden judicial (como en cualquier estado configurado
social, política y económicamente como el nuestro, regido por el imperio de la
ley y no por la arbitrariedad). Entonces, los desalojados deciden acampar a las
puertas del Ayuntamiento y Elena Cortés, que así se llama la titular de Fomento
y Vivienda, los realoja en las pocas viviendas disponibles que tiene La Junta y
en viviendas de alquiler, saltándose a la torera la gigantesca lista de espera
de solicitantes que, desde hace tiempo, están en circunstancias similares o
incluso peores que la de los “okupas”.
Ante
semejante arbitrariedad, Susana Díaz, presidenta de La Junta, decide retirarle
por decreto las competencias en materia de adjudicación de viviendas a su Consejera
de Fomento (IU) para transferirlas a la de Hacienda y Administración (PSOE).
“Tengo a 12.000 familias en Sevilla y a otros miles en el resto de Andalucía
esperando una vivienda, que no pueden ver que tengan más derechos los que
ocupan una vivienda que quienes esperan pacientemente en una lista por muy mal
que lo estén pasando” es su razonada justificación. La gresca está servida
entre IU y PSOE, su matrimonio de conveniencias amenazado y más que justificada
la lógica protesta de los inscritos en la lista de espera tan arbitrariamente
relegados, pues, como añade Susana Díaz hay que “respetar el principio de
igualdad, que tiene que ser compatible con el listado de personas que esperan
una vivienda y con la legalidad”. Justo lo que no ha tenido en cuenta su
Consejera de IU. Si hace unos días en el Congreso Rubalcaba decía que la
legalidad es la principal arma que tienen los
pobres, hoy Cayo Lara apoya el comportamiento de la Consejera
considerándolo una “decisión política, valiente y comprometida con la gente” en
un alarde demagógico magistral que los pobres del listado seguro que han
percibido….y los “okupas” de La Utopía también. Ante la imposibilidad de
satisfacer las necesidades de todos, nada mejor, según IU, que la arbitraria
decisión gubernamental satisfaciendo a unos y perjudicando a otros, sin previa
garantía de equidad y a su mero antojo.
Ahora,
en un mar de especulaciones sobre el interés de Susana Díaz por un adelanto
electoral, cabe preguntar ¿por qué IU insta a Díaz a rectificar el decreto pero
no le da un ultimátum e insiste sin embargo en que no hay peligro de ruptura
del pacto de gobierno? ¿Por qué Díaz se limita a retirar las competencias a la
Consejera y no la cesa, avalando los hechos consumados? Por qué, en definitiva,
si el coordinador general de IU-CA, Antonio Maillo, dice que “ha sido la
presidenta la que ha abierto una crisis” y no la Consejera cuya gestión “ha
sido impecable”, ni hay ceses ni hay rupturas del pacto gubernamental. Unos y
otros sabrán. Lo cierto es que, tras esta crisis, las cosas no pueden continuar
como si nada hubiese pasado. Susana Díaz, que ha actuado en este asunto de
forma impecable, no puede ahora, como pretende IU, echar marcha atrás, teniendo
la excusa perfecta para adelantar las elecciones, si ello le interesa, y
desprenderse del demagógico proceder de IU que se vende hipócritamente como el
único valedor de las causas de los más necesitados, sin reparar en que, de ser
así, ¿qué hacían las 12.000 familias esperando una vivienda sin que la
Consejera adjudicara las disponibles según criterios establecidos? Y, en todo
caso, qué intereses defiende adjudicándoselas ahora por vía de urgencia a los
“okupas”, cuyas actuaciones ilegales ha apoyado desde el inicio, negándoselas a
quienes se han ajustado a una legalidad establecida por la institución que la
propia Consejera representa. Y, finalmente, si Susana se mantiene en sus trece,
¿qué intereses defiende IU apoyando su gobierno tras la flagrante desautorización
pública a su gestión en el mismo?
Fdo. Jorge Cremades Sena
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