En
el Sancta Sanctorum de la soberanía nacional y, por tanto, de la Democracia con
mayúsculas, se ha debatido ampliamente, como debe ser, la toma en consideración
de la proposición del Parlament de Catalunya para que el Congreso de los
Diputados le ceda la competencia estatal de convocar un referéndum en Cataluña
en el sentido de que los catalanes decidan su propio destino, incluida la
independencia de Cataluña. La respuesta democrática, como era de esperar, ha
sido contundente: 299 votos en contra, 47 a favor y 1 abstención.
Pero lo insólito es
que ni Artur Mas ni su socio Oriol Junqueras, principales valedores y
promotores de tan interesante iniciativa, han comparecido en el Congreso para
defenderla e ilustrarnos con las poderosas razones y argumentos que avalan su
propuesta y han enviado al efecto a tres representantes de la Cámara autonómica
para que carguen con el “marrón” de defender lo indefendible en sede
parlamentaria. Es cínico además que, nada más finalizar el debate, el propio
Mas diga públicamente que “es una oportunidad perdida pero el camino continúa”
cuando ha sido él y su socio quienes han perdido la oportunidad de dar la cara
donde hay que darla, en vez de escaquearse para evitar el riesgo personal de
hacer el ridículo y quedar políticamente en entredicho como demócratas. ¿Qué
camino continúa? ¿El de la ilegalidad? Si así es ¡para qué solicitan al
Congreso la cesión de la competencia, reconociendo implícitamente que no la
tienen! Es más, ni siquiera la tiene el Congreso y, menos aún, el Gobierno.
¿Por qué amparan su ilegalidad exigiendo a otros la comisión de un acto ilegal?
Y lo fundamental, ¿acatarán la decisión democrática de la instancia a que han
recurrido? Así debiera ser en quienes por activa y pasiva mantienen que la
democracia consiste en votar. Curiosamente se ha votado y, además, en el lugar
adecuado y con arreglo a lo establecido.
Como era de esperar,
bien porque los suplentes no están a la altura, bien porque no se trata de
alturas sino de falta de argumentos, han bastado las intervenciones bien
documentadas y con argumentos concretos de Rajoy, Rubalcaba y Rosa Díez para
desmontar de un plumazo las elucubraciones genéricas y teóricas con que los
suplentes, con mayor o menor acierto, han hilvanado sus respectivos discursos.
Sus apelaciones vagas a la democracia, la capacidad de decisión y la voluntad
política, quedaron anuladas frente a la apelación concreta de que la democracia
requiere el imperio de la ley; la capacidad de decisión exige ser titular de la
soberanía; y la voluntad política, dentro de las reglas de juego, nunca es
unidireccional, siendo válida cualquiera de ellas y la contraria.
Un
“no” rotundo a la iniciativa del Parlament porque la Constitución impide delegar
competencias indelegables; porque los asuntos que afectan a todos los españoles
por igual son competencia exclusiva del Gobierno; porque lo contrario supondría
la autoliquidación del Estado; porque la parte no puede elegir por el todo;
porque pretende una soberanía inexistente; porque ni la competencia pretendida
es transferible, ni el propósito es aceptable; porque los derechos
fundamentales de los españoles son inviolables, incluso para las Cortes, aunque
lo solicitasen los afectados directamente, pues se situarían por encima de
ellos; porque ningún gobierno, por mayoritario que sea, tiene poder absoluto,
ni está por encima de la legalidad….. Y así otras tantas razones más basadas en
la ilegalidad de la petición autonómica, y, en definitiva, en el sentido común.
Un “no” rotundo al torticero
desprestigio de la Constitución, sus principios y a las instituciones con fines
políticos porque los tribunales, entre ellos el TC, están para que nadie rebase
los límites de la legalidad arbitrando las discrepancias; porque, como todas
las constituciones, nuestra Constitución protege la soberanía nacional; porque,
salvo que se cambie, sin saltarse las reglas al efecto, su vigencia es inapelable
e indiscutible; porque no vale eludirla apelando al pasado ya que cada
Constitución anula a las anteriores y por ello se las vota en referéndum;
porque, justo por ello, nadie impone nada a nadie… Y así algunas otras razones
más basadas en el Derecho comparado y, en definitiva, en el sentido común.
Y
un “no” rotundo a las mentiras y medias verdades utilizadas con fines
proselitistas porque la culpa de lo que sucede en Cataluña no es de España;
porque no hay ninguna opresión, ni se persigue la lengua, ni la cultura; porque
no hay trato discriminatorio, ni se impide el desarrollo económico; porque es
mentira que si un territorio quiere se va y se lleva la parte del territorio;
porque es incomparable Cataluña a Escocia, que, con supuestos históricos y
constitucionales distintos y más favorables, ya quisiera tener las mismas
competencias; porque la verdad es que Cataluña y España tienen siglos de
historia en común; porque jamás Cataluña tuvo más autogobierno que en la
actualidad, gracias a la Constitución; porque no sólo hay que vender las
hipotéticas ventajas de una hipotética independencia catalana, sino también los
inconvenientes económicos y de integración internacional al quedar fuera de los
organismos suscritos por España, entre ellos la UE; y, en definitiva, porque
hay una puerta abierta a cualquier proyecto político, incluso el
independentista, que consiste en iniciar los trámites para una reforma
constitucional y, como para el resto de proyectos, conseguir los apoyos
necesarios para convertirlo en cualificadamente mayoritario para la mayoría del
pueblo soberano español, incluidos los catalanes.
En
consecuencia, un “no” rotundo al totalitarismo, a la irresponsabilidad, a la
deslealtad, a la mentira, a la hipocresía y a la irracionalidad que ni Mas, ni
Junqueras se han atrevido a defender personalmente en sede parlamentaria. Lo
suyo es hacerlo en la patria chica.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
No hay comentarios:
Publicar un comentario