SEGURIDAD CIUDADANA, ASUNTO PENDIENTE

                        No sé si la tan traída y llevada Ley de Seguridad ciudadana mejorará la situación actual o no. Lo que sí sé es que la seguridad ciudadana es un asunto pendiente que, de una vez por todas, debe salir de la confusión incomprensible en que se encuentra ahora. Es intolerable que, tras cualquier episodio de desorden público, la resaca sea un eterno debate sobre la inadecuada actuación policial y jamás sobre las reprobables conductas indecentes de quienes, aprovechando las concentraciones legítimas y legales de la índole que sea o la presencia de políticos u otras personas no deseadas, se dedican a atentar violentamente contra las cosas y las personas, incluso contra las fuerzas de orden público, casi con absoluta impunidad. También sé que cualquier Ley de Seguridad ciudadana o sobre cualquier otro asunto, será incapaz de mejorar o resolver situaciones indeseables si los ciudadanos en general y, muy en especial, sus dirigentes políticos, sindicales o sociales, prefieren actuar ante ellas de forma arbitraria y demagógica, censurándolas o mirando hacia otro lado, cuando no justificándolas, según entiendan que, coyunturalmente, perjudican o benefician a sus intereses particulares.

            Si somos incapaces de entender que la violencia, verbal o física, debe ser perseguida por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que para eso están y les pagamos; que los destrozos en el mobiliario urbano hemos de pagarlos entre los ciudadanos honrados a través de los impuestos; que la agresión física a propiedades privadas (cajeros, escaparates, cafeterías, etc) atentan seriamente contra quienes se ganan la vida honrada y legalmente; que la agresión oral o física a autoridades gubernamentales, políticas, judiciales o del orden en general atentan contra los cimientos de la democracia, menoscabando su solidez; o que, en definitiva, la violencia o su apología es la antítesis de la democracia, por lo que, en su defensa, debe ser reprimida siempre, pero únicamente por quienes tienen el derecho y el deber de hacer un uso adecuado de la misma cuando no queda más remedio, es decir, por las fuerzas de orden público; si, entre otras cosas, no somos capaces de entenderlo, no nos merecemos vivir en paz y en libertad.

            Si, según datos publicados, la Justicia absuelve al 70% de los acusados de desórdenes públicos, sin incluir datos del País Vasco y Navarra; si en las sucesivas refriegas callejeras cada vez son más los policías heridos que sus violentos agresores; si en 33.000 manifestaciones se ha empleado material antidisturbios sólo en el 0´08% de las mismas; si incluso las consignas a la policía ante los violentos es que hay que “aguantar” o “no salir con los medios adecuados”; si los radicales se lanzan, incluso en las universidades aunque ni sean estudiantes, al grito de a “la caza de la policía” o “vamos a matarlos que son pocos”, si todo esto y mucho más sucede en nuestro país, nadie, con dos dedos de frente, puede aceptar encima la calificación que algunos hacen a nuestra policía democrática como “fascista” o “franquista”, cuando, a todas luces, los totalitarios son dichos sujetos y los partidos u organizaciones que les apoyan por acción u omisión. Que otros muchos más, vaya usted a saber con qué interés, den crédito a estas descalificaciones policiales, al extremo de aplaudir, cuando no solicitar, que a las manifestaciones en España asistan observadores internacionales, como si fuéramos negreros, ya es el colmo. Y que todo ello pueda influir en que la supuesta futura Ley de Seguridad ciudadana opte por sanciones administrativas frente a las penas de cárcel que, por similares conductas, se aplican en países como EEUU, Francia, Alemania o Portugal es simplemente grotesco.

            La seguridad ciudadana es un asunto pendiente, no tanto por la ausencia de una adecuada Ley de Seguridad, que en todo caso siempre puede ser mejorable, sino por la mala conciencia que algunos prefieren desenterrar casi a diario para beneficio propio. Poner en entredicho a nuestras fuerzas de orden público, que nada tienen que ver con aquellas de la dictadura, aprovechando, cuando no inventando, cualquier exceso individual para generalizar su desprestigio, sólo sucede en nuestro país, tan aficionado a ser más papistas que el Papa, seguramente por nuestra absurda mala conciencia tan rentable para los radicalismos. Y luego nos lamentamos.

            Hoy mismo, al igual que otros políticos de distintos colores, Navarro, el líder del PSC, ha sido abofeteado públicamente, tras sufrir graves insultos y amenazas, incluso de muerte. Vaya por delante la más contundente repulsa y condena por estos hechos que, con razón, él mismo califica como hechos no aislados. Evidentemente, con distintas intensidades de condenas o de justificaciones los han sufrido otros no sólo en la vía pública, sino también en actos públicos e incluso en sus domicilios particulares. El gran error en el que, como en casos anteriores, también ahora, incluso como víctima directa, incurre el mismísimo Navarro, es culpar del clima crispado en Cataluña a Mas y a Rajoy por sus políticas de disenso en el tema soberanista, cuando los únicos culpables son los agresores y nadie, absolutamente, nadie más. Ninguna comprensión, justificación o excusa hacia la violencia que, “per se” es intrínsecamente mala y sólo merece unánime tolerancia cero proceda de quien proceda y agreda a quien agreda. ¡Es tan difícil entenderlo! Yo creo que no. Al final, quien siembra vientos, recoge tempestades.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena