AL MENOS, UNA SORAYA SOBRA

                        El bochornoso, barriobajero, indecente, demagógico e indigno rifirrafe parlamentario entre Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, y Soraya Rodríguez, portavoz parlamentaria socialista en el Congreso de los Diputados, sólo aporta como positivo el convencimiento de que una de las dos Sorayas está de más en la política española. Sobra, por tanto, una Soraya. ¿Cuál de ellas? Ese es el dilema. O es la Soraya socialista por acusar sin fundamento a la Soraya popular, o es ésta, por no exigirle que acredite fehacientemente sus graves acusaciones o, en caso contrario, anunciar que se las demandará en los tribunales. Semejante espectáculo no puede, ni debe, zanjarse como si se tratara de una trifulca callejera. Ni los votantes socialistas, ni los populares, ni el resto de ciudadanos, se merecen que este bochornoso espectáculo se diluya entre el rumor, las verdades a medias, la confusión entre sobres y sobresueldos, entre una legalidad indecente y la ilegalidad o entre el cúmulo de privilegios que tienen nuestros políticos frente al resto de los mortales. Los ciudadanos nos merecemos saber, al menos, si alguna de las dos Sorayas actuó en su día ilegalmente o, en todo caso, cuál de ellas lo hizo de forma torticera en el rifirrafe parlamentario, pues una de las dos (o ambas), al margen de quién iniciara el esperpento, miente o actúa de mala fe en sede parlamentaria y, por tanto, carece del crédito necesario para seguir representando a la ciudadanía.

            ¿Cobró Sáenz de Santamaría sobres o sobresueldos ilícitos? ¿Cobró Rodríguez dobles sueldos ilegales por cesantía? ¿Se ocultaron a Hacienda dichas cantidades? ¿Eran cobros ilegales? ¿Se puede demostrar fehacientemente? En caso de respuesta afirmativa a estas cuestiones procede acudir a los tribunales además de sacarlas a relucir o no en el Parlamento. Y en caso de respuesta negativa procede aclarar para qué se introducen en el debate parlamentario, máxime si son conductas o prácticas habituales recíprocas, presumiblemente indeseables pero no delictivas, salvo que se acompañen de una iniciativa parlamentaria para erradicarlas. Ni una cosa ni la otra. Simplemente un cúmulo de reproches y acusaciones recíprocas, ni desmentidas contundentemente, ni aclaradas, adobadas con un confuso lenguaje pleno de insinuaciones maliciosas para que los ciudadanos, no puedan discernir si se trata de un nuevo caso de corrupción política, cuyo destino es los tribunales, o de un nuevo caso de privilegio político legal, cuyo destino debiera ser su abolición. Una verdadera ceremonia de la confusión.

            “Si quiere hablar de dobles sueldos, podemos recordar que usted cobró como portavoz y la cesantía hasta que la eliminó un Gobierno del PP” responde la Soraya popular a la acusación personal que le hace la Soraya socialista de haber cobrado unos 600.000 euros, sin aclarar si se trata de pagos en negro, sobres, sobresueldos o dobles sueldos, aunque insinuando una procedencia irregular. Se indigna tanto la vicepresidenta que, tras el debate (por llamarle algo), en los pasillos del Congreso afirma con rotundidad: “en mi puta vida he cobrado un sobre”. La portavoz socialista contesta que “menos tacos y más transparencia”, mientras su compañera Elena Valenciano, ante la petición de miembros del PP de que Rodríguez se retracte y pida disculpas, subraya que ésta no habló de “sobres”, sino de “sobresueldos” y que lo que ha de hacer el Gobierno es “aplicar la transparencia”. Un diálogo de besugos.

Centrado el esperpento, si, tal como está el patio, el cobro de dobles sueldos o sobresueldos es una indecencia (al igual que los sueldos desorbitados), aunque sea legal, añadir intencionadamente carácter delictivo a su perceptor, siendo tú mismo perceptor de los mismos, es, además de incoherente, una majadería. O estamos en el ámbito de la justicia o en el de la política. Si nos situamos en el primero, a los tribunales y, con la pertinente documentación, exigir la dimisión del afectado si es un cargo público. Si nos situamos en el segundo, a la coherencia personal y a la claridad argumental. Pero, como ninguna de las dos Sorayas se sitúa en el ámbito de la justicia y ambas optan por el de la política, es inadmisible su mutua incoherencia y oscurantismo argumental en el esperpéntico espectáculo protagonizado en sede parlamentaria. ¿Qué pretende la socialista sacando a relucir los presuntos dobles sueldos de la popular y relacionarlos con la corrupción? ¿Qué, la popular sacando los de la socialista si eran legales hasta que el PP lo prohibió? ¿Qué, si no se trata de supuestos delictivos sino indecentes en todo caso por parte de ambas?

            Es obvio que se trata de enfangar la campaña electoral recurriendo al peor de los asuntos, tanto para PP como para PSOE, como es la corrupción política, que tiene atenazados curiosamente a ambos partidos. Si ese va a ser el tema fundamental de la campaña europea, apaga y vámonos. En todo caso, ni siquiera era necesario elevar a categoría delictiva las conductas indecentes, aunque legales, de unos u otros. Ambos tienen materia más que suficiente en casos de corrupción reales. Ambas Sorayas debieran meditar ahora cuántos votos más (salvo los de piñón fijo) van a perder por su estúpido e innecesario comportamiento. Menos mal que, al menos, nos han aclarado que ambas se embolsaban más de un sueldo, cuando la mayoría de los trabajadores sólo percibe uno o ninguno. Por su manifiesta torpeza, siendo benevolente, en la medida que a cada una le toque, al menos, una Soraya sobra, o, quizás, las dos. Decida cuál.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena