martes, 24 de junio de 2014

AFORAMIENTO, A TRANCAS Y BARRANCAS

                        Que en España, el país con mayor número de aforados, se genere un debate político y público sobre el aforamiento de quien, hasta hace cuatro días, ha sido el Jefe del Estado durante 39 años, requiere, como mínimo, conocer de qué va el asunto para evitar ser arrollados por la carga demagógica a la que unos y otros nos tienen acostumbrados con el objetivo, no de poner orden en esto de los aforamientos, sino de sacar ventaja política partidaria a base de confundir a los ciudadanos, bien con mentiras, bien con verdades a medias. En ningún país normal se daría este tipo de debate, entre otras cuestiones, porque el asunto, tanto en el fondo como en las formas, todos los países lo tienen más que regularizado, tanto en los que son parcos en el aforamiento como en los que son exagerados, pues los hay para todos los gustos.
            De entrada cabe aclarar que un aforado es una persona que por su especial circunstancia, profesión o dedicación pública, goza (en caso de ser imputado por un delito) del derecho a ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal; su justificación es evitar las presiones políticas a las que pudiera verse sometido un tribunal ordinario, supuestamente menos independiente y más vulnerable que el anterior ante estas presiones. Obviamente el aforado, al ser juzgado por el tribunal superior, más independiente y cualificado, pierde el derecho al recurso, que tiene el resto de los mortales a la sentencia no firme de los tribunales ordinarios. Por tanto, una primera consideración es que el aforamiento para nada implica una desigualdad frente a la ley, que es igual para todos en términos objetivos y, en ese sentido, no supone ningún tipo de privilegio. Nada que ver, aunque algunos se empeñen en confundirlo y mezclarlo todo, con la inmunidad (diseñada para garantizar la libertad del legislador normalmente) o con la inviolabilidad, privilegio que consiste en la no sujeción a responsabilidad penal por actos emanados del ejercicio de su función.
            En cuanto al derecho comparado, la tónica general es que todos los países contemplen el aforamiento como algo normal, siendo más bien la excepción países como EEUU, Alemania o Reino Unido que no tienen ningún aforado. Lo excepcional, entre los que contemplan el aforamiento en su legislación, es que en España haya nada menos que unos 10.000 aforados, frente a países, como Italia o Portugal, en que sólo está aforado el Presidente de la República, u otros, como Francia, en que, además del Presidente, incluye sólo al Primer Ministro y su gobierno. Entre este abanico de posibilidades se mueve el resto de países en cuanto al aforamiento se refiere, siendo asunto distinto la variedad de matices que, relacionados o no, cada uno contempla en asuntos de inmunidad o inviolabilidad, que no es el caso.
            Por tanto, al margen del aforamiento o no del ex Monarca Juan Carlos I, el debate verdadero debiera ser qué pasa con la caterva de aforados que hay en España. Este es el problema y así lo señala el CGPJ por unanimidad, manteniendo a su vez la necesidad de aforar lo antes posible a los Reyes anteriores al tratarse “de personas consideradas de la máxima relevancia del Estado”. Por tanto, afórense y punto, dicen algunos, pues ninguna catástrofe vendrá porque en vez de 10.000 aforados haya tres o cuatro más. Tampoco vendría si no se concede el citado fuero, pues en otros muchos países cuando el monarca o jefe de Estado deja de serlo pierde cualquier tipo de protección judicial. Sí que es cierto que aquí, tan acostumbrados a tomar el rábano por las hojas, se le condenaría a un plus de riesgo, que no pasa en otros lugares, a causa de irresponsables y oportunistas demandas judiciales, cuyos protagonistas, incluidos a veces algunos jueces al admitirlas con cierta ligereza, sólo buscan una falsa notoriedad a sabiendas de que, por infundadas que sean, no les pasa nada. 
            Y, dicho todo lo anterior, lo indecente e intolerable es que una caterva de aforados, en vez de asumir ante la ciudadanía que los 10.000 aforamientos, es decir, los de ellos, es el verdadero problema, que hay que arreglar, pretenda argumentar su negativa a aforar al ex Rey por razones de desigualdad ante la ley, que no lo es, o refugiarse en razones procedimentales de tramitación para abstenerse en la medida, recordándole a quienes la apoyan que, al margen del circunstancial aforamiento en cuestión, lo sustancial es el desafuero generalizado para homologarnos con nuestros vecinos. Desafuero y, a la vez, exigencia de responsabilidad severa a quienes, jueces o demandantes, se tomen con frivolidad asuntos tan serios.
            ¿Alguien conoce “Soberanía”? Es un partido político. Anda enredado en denuncias contra Juan Carlos. Objeto, la “trama civil” del 23-F. Fuente de inspiración, el reciente libro de Pilar Urbano. Y sólo hace cuatro días que Juan Carlos dejó de estar protegido. La Audiencia delibera sobre el asunto. En fin, es lo que hay. Y, entretanto, el aforamiento, como otros tantos asuntos en nuestro país, a trancas y barrancas. Que al menos sirva para mayor gloria de Soberanía. Es lo que hay.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 18 de junio de 2014

LA SUCESIÓN, ACONTECIMIENTO HISTÓRICO

                        Si la sucesión de un rey siempre es un acontecimiento histórico importante, entre otras cosas, porque no obedece a un tiempo tasado previsible, sino a un hecho extraordinario imprevisible de índole natural o político, el relevo de Juan Carlos I por su hijo Felipe, lo es aún más por las circunstancias especiales que le rodea y su particular significado. En este caso, no sólo hay que tener en cuenta el mero hecho de la sucesión, histórico en sí mismo, sino también su significado político de continuidad institucional, frente a quienes entienden el periodo monárquico juancarlista como una excepcionalidad circunstancial. Y además porque supondrá la eliminación de los privilegios del varón frente a la hembra, al nombrar sucesora, con el pertinente título de Princesa de Asturias, a la hija mayor de Felipe VI.
En efecto, después de 39 años de reinado, el mejor periodo de la Historia de España sin lugar a dudas, Juan Carlos, merecidamente calificado como el Rey de la Democracia, deja paso a su hijo Felipe. Merecido sobrenombre el de Rey de la Democracia ya que la tradicional Monarquía Española (modelo de estado durante toda la Historia de España, excepto las breves y convulsas Primera y Segunda República, que acabaron como el rosario de la aurora), siempre se caracterizó por su absolutismo o, en el mejor de los casos, por su alianza, que ni siquiera neutralidad, con quienes se empeñaban, una y otra vez, en gobernar a favor de la mitad de los españoles contra la otra mitad, dándole apariencia democrática con estatutos otorgados o constituciones elaboradas por los vencedores del correspondiente episodio violento. Los vencedores, con el monarca a su lado, sometían así a los vencidos mediante una legalidad a la carta elaborada sólo por ellos y para ellos. Sin embargo, Juan Carlos, protagonista indiscutible de la Transición, vituperada e incluso vilipendiada hoy por quienes con apariencia de futuro pretenden volver al pasado, es el primer Rey plenamente constitucional y democrático, sometido a una Constitución plenamente democrática y homologable a las demás monarquías europeas. Una Constitución, la primera, que, elaborada por los representantes del pueblo español en su conjunto, sin limitación alguna, es de todos y para todos en vez de para unos contra los otros. Una Constitución en la que, a diferencia de las anteriores, cabe la alternancia política, la que decida todo el pueblo, incluida su propia modificación, siempre que el proceso se ajuste a lo que en ella está establecido, como en cualquier otro estado democrático, ya sea monárquico o republicano. Pero además, Juan Carlos es el primer rey español que se enfrenta a quienes, una vez más, se alzaron para imponer su voluntad por la fuerza, en vez de, como era tradicionalmente habitual en sus antepasados, aliarse con ellos o mirar hacia otro lado.
Bastaría lo anterior para que cualquier español, republicano o monárquico, le reconociera el acierto en el trabajo que constitucionalmente le encomendamos y, como en cualquier país civilizado, le guardásemos el debido respeto por ejercer, tan acertadamente además, la alta responsabilidad como Jefe de Estado. Pero en esta España desmemoriada, desagradecida y esperpéntica, algunos, probablemente demasiados, ebrios de intransigencia antidemocrática, ni siquiera son capaces de ejercer los derechos y las reivindicaciones, que la Constitución les ampara, con el decoro debido y los pertinentes argumentos racionales y pacíficos. Es decir, como lo suelen hacer con sus respectivos reyes los ingleses, daneses, holandeses, suecos, noruegos o belgas, ya sean monárquicos o republicanos. ¿Es tan difícil entenderlo? Ni siquiera es preciso pasar por la Universidad, basta con verlo en la tele.
            Si es evidente que el reinado de Juan Carlos es el mejor periodo histórico, el de mayor prosperidad, paz, progreso, integración exterior, formación, modernidad, libertad o autonomía territorial, ¿qué sentido tiene mirar al pasado para sustituirlo por modelos contrastadamente peores que, inevitablemente, ya fracasaron? ¿Por qué habrían de triunfar ahora? Sólo los necios optarían por lo peor desde lo mejor, y basta echar un vistazo a nuestra Historia para entenderlo. Más aún si quienes se empeñan en empeorarlo todo, para conseguir sus objetivos incomprensibles, por legítimos que sean, apelan a los viejos fantasmas de un pasado nefasto para olvidar, desfigurándolo conscientemente para eludir las sobredosis de intransigencia, odio, revancha y totalitarismo, de unos y otros, que inevitablemente condujeron a la terrible tragedia que la mayoría de españoles quieren superar de forma irreversible.
            Si las cosas funcionan generalmente bien y, sobre las que no funcionan, nada hay que imputarle a un rey, que reina pero no gobierna por decisión de los españoles, es sospechosa la defensa del cambio de modelo de Estado como panacea, en vez del de instituciones más directamente responsables por sus competencias. Por todo lo expuesto y otros tantos detalles que no caben en este espacio, procede desear a Felipe VI acierto en su gestión, pues incluso desde convicciones teóricas republicanas sinceras, se tiene la certeza de que en España, al menos hoy por hoy, la experiencia republicana sería un caos, como fueron las anteriores, empezando por dilucidar qué tipo de República sería. Ya que estamos en la moda de refrendarlo todo, seguro que, como Jefe de Estado, entre Aznar o Zapatero (por citar los últimos personajes con ciertas posibilidades) la mayoría de los españoles preferirían dejar las cosas como están con Felipe VI.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 14 de junio de 2014

PROBLEMAS EN PODEMOS

                        Apenas iniciados los primeros balbuceos de Podemos como partido político, y al margen del nombre que se le quiera dar, surgen, como es lógico, los primeros problemas organizativos que, en definitiva, con los eufemismos que se quiera, están detrás del reparto y control del poder, aspiración congénita del hombre como ser social, mediante el establecimiento de cauces de participación en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. Ni más ni menos que lo que hace el resto de partidos, con mayor o menor acierto y con mayor o menor calidad democrática interna. Hasta aquí, nada esencialmente novedoso en la transmutación de la iniciativa Podemos, surgida del movimiento ciudadano radical, en partido político. Lo novedoso es el empeño de sus líderes, de sus dirigentes, que ya los tiene como los demás partidos, en presentar Podemos como un ente radicalmente distinto, surgido por generación espontánea como panacea de la totalidad de los problemas ciudadanos. Y, claro, ante semejante irrealismo demagógico, apenas sostenible en el plano teórico, se impone la cruda e imperfecta realidad desde el instante mismo del aterrizaje en el terreno de lo práctico.
            Justo en el primer encuentro para organizar la asamblea constituyente del futuro partido aparecen ya discrepancias importantes entre Izquierda Anticapitalista (un partido integrado en Podemos desde su creación) y el equipo promotor (Iglesias, Errejón, Monedero y compañía). Mientras IA apuesta por dar más poder en la toma de decisiones a los “círculos Podemos” (léase los militantes), para “no caer en una democracia plebiscitaria”, el equipo promotor (léase la ejecutiva) apuesta por ampliar dicho poder a la ciudadanía. Según Errejón, jefe de campaña de Podemos, “el debate se centra en encontrar el punto que permita el equilibrio entre las dos posibilidades abiertas en este momento: que las decisiones fundamentales se tomen por delegados de los círculos en una especie de asamblea de delegados (léase Congreso) o que…. las decisiones más importantes sigan abiertas a la ciudadanía mediante diferentes herramientas de participación” (léase primarias). Y, digo yo, si cambiamos los términos por los de los paréntesis ¿qué diferencia sustancial hay con la polémica actual en el seno del PSOE sobre congreso y primarias abiertas o cerradas? Al final todo se reduce a una cuestión semántica para que la milonga suene mejor y en las formas parezca distinta, pues en el fondo, hablamos de lo mismo.
            Por tanto no hay problemas específicos en Podemos, sino los problemas comunes del resto de organizaciones políticas de las que, según Iglesias, surgen luego las “castas” que nos gobiernan. El problema por tanto de Podemos es, de entrada, explicar a sus propios militantes (imagínense al resto de la ciudadanía) por qué presenta “un equipo de trabajo cerrado”, con él mismo incluido, para organizar la asamblea constituyente del partido, tras haber hecho un canto celestial a la igualdad y a la democracia directa sin ningún tipo de ventajas. Es decir, un canto a lo imposible. El problema es explicar por qué en Podemos una lista cerrada con “personas de su confianza” es buena, mientras en los demás partidos es perversa y antidemocrática; por qué al ganar su lista con casi el 90% de la militancia frente a la elaborada por militantes sin influencia alguna es democracia perfecta y las que ganan las “castas” de los demás partidos son pucherazos antidemocráticos; por qué la controversia surgida en el seno de Podemos es positiva “discusión abierta” enriquecedora de la democracia interna, y las controversias en otros partidos son luchas indecentes por el poder; por qué las salidas de tono y los insultos de Iglesias a los poderes democráticamente establecidos son críticas razonables y las que le hacen a él son “ataques” intolerables; y, entre otros tantos porqués, en definitiva, por qué los dirigentes de los demás partidos son “castas” indeseables que sólo buscan satisfacer sus indecentes intereses particulares, mientras quienes dirigen Podemos son salvadores de la patria que sólo actúan sacrificándose por el bien del pueblo.
            Es lógico que trasladando dichos porqués de la razón a la fe ciega, cualquier mención a comportamientos pasados o cualquier crítica más o menos despiadada al actual proceder de semejantes “gurúes” de la verdad absoluta, sea considerada intolerable como ataque maquiavélico de las fuerzas del mal. Cualquier actuación pasada o presente poco decorosa tiene una especial justificación ajena a su voluntad e impuesta, mientras la misma actuación en los demás es consecuencia de su voluntaria y perversa intención. Es la ortodoxia interpretativa impuesta, desde las imágenes de Iglesias con el Príncipe y Blesa, hasta su peculiar acatamiento de la Constitución el otro día, pasando por su colaboración con el chavismo venezolano, que le critica por “negar ahora cualquier colaboración con el régimen bolivariano”, su movida para reventar conferencias, como la de Rosa Díaz, que niega a pesar de las imágenes, y tantas y tantas declaraciones y actitudes que demuestran su talante intransigente y antidemocrático, aparecidas en los medios de comunicación. El colofón, acompañando al coro del cinismo de las inmaculadas esencias políticas, su promesa de acatamiento: “Acato la Constitución hasta que la ciudadanía la cambie”. Esperemos que no esté diciendo que, en caso de ser cambiada, ya no la acatará y se echará al monte definitivamente. Si es así, mejor no hacer mudanzas. Personajes como Pablo Iglesias y sus colegas siempre es mejor que estén dentro del sistemas de “castas”, aunque ellos, como dogma de fe, no pertenezcan a ellas.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

jueves, 12 de junio de 2014

MONARQUÍA... O REPÚBLICAS

                        Por 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones el Congreso de los Diputados, es decir, el Sancta Sanctorum de la Democracia, ha aprobado la Ley que regula la abdicación de Juan Carlos I y posibilita, con arreglo a la Constitución, la entronización de su sucesor el Príncipe Felipe, tal como decidió en su día el pueblo español cuando se constituyó en pueblo soberano tras liquidar la dictadura que durante tantos años le tuvo sometido. Por tanto, el 85% de quienes representan la soberanía han dado el visto bueno a la decisión del Rey de abdicar, que es de lo que se trataba, para proseguir el procedimiento democráticamente establecido en el relevo personal del Jefe del Estado. Un trámite, único entre las Monarquías Europeas democráticas, que de forma sui géneris requiere el pronunciamiento expreso de las Cortes, sin que ello suponga menoscabo democrático alguno en las citadas monarquías pues, como en el caso español, obedece a la democrática decisión de sus respectivos pueblos. Por tanto, si los síes avalan lo constitucionalmente establecido, de no haber sido por el espectáculo impresentable que determinados grupos han escenificado en el hemiciclo, ni sabríamos si los noes lo que pretendían era que Juan Carlos no abdicara y siguiera como rey, ni si las abstenciones suponían que les daba igual cuál de los dos fuera el rey. Menos mal que hasta los espectáculos, por bochornosos que sean, a veces sirven para algo.
            En efecto, gracias a ello sabemos que el problema es que muchos de nuestros diputados o no saben de qué va el asunto o, adrede, pretenden prostituir el debate que toca, sustituyéndolo por otro que no toca y nada hay que decidir al respecto en dicha sesión parlamentaria. En cualquiera de los supuestos, ignorancia o mala intención, es vergonzoso y vergonzante que quienes tienen el alto honor de representar la soberanía popular al amparo de la Constitución, despotriquen, y, para colmo, en sede parlamentaria, de la propia legalidad que les legitima y ni siquiera respeten los reglamentos de la Cámara Baja. ¿Qué hacen como diputados si realmente piensan las barbaridades que hacen y dicen? Lo más coherente, en todo caso, sería que engrosaran las filas radicales de los grupos antisistema, sumándose al esperpento y minúsculo movimiento que, durante la sesión, pretendía rodear el Congreso, no sabemos bien si para incitar a la toma del palacio de invierno o para dar la bienvenida al nuevo monarca. En fin, sin comentarios.
            Sin embargo, tan coherentes señorías, bajo el sacrosanto e ilegal paraguas del multiusos “derecho a decidir” a secas, que, en todo caso, no venía a cuento en el debate, y olvidándose de que nuestro estado democrático es una vigente Monarquía Parlamentaria, buena parte de quienes representan ese 15% que se opone a aprobar el trámite parlamentario sucesorio lo prostituye exigiendo un referéndum sobre la forma de estado, monarquía o república, que ni procede en dicho momento, ni se ajusta a los mecanismos establecidos, ni nada que se le parezca. El desmadre, está servido y, adornado de pancartas, banderas republicanas y territoriales, tanto los radicales izquierdistas como los nacionalistas, con todo tipo de excesos verbales intolerables, se quitan la careta sobre sus verdaderas intenciones. De la disyuntiva “monarquía o república” inicial se pasa al de “monarquía o democracia”, que en boca de un parlamentario elegido democráticamente suena peor aún, para que el esperpento final sea un esquizofrénico manifiesto, un ¡Viva Cartagena!, que convierte el debate en “monarquía o repúblicas”, cada uno la suya, con vítores a tres de ellas (catalana, vasca y gallega) en suelo ibérico, que, a tenor de los argumentos y procedimientos esgrimidos, bien podrían ser diecisiete, treinta y cuatro o tropecientas repúblicas hispanas… o monarquías, por qué no. En fin, toda una exhibición irresponsable que debiera servir a la ciudadanía para tomar nota sobre qué sucedería en España si, alguna vez, semejantes personajes consiguieran el poder de la forma que fuera ya que, ante su desacato a las reglas de juego establecidas, cualquier cosa es posible y esperable.
            Si no reconocen el Parlamento como representante de la soberanía nacional, ¿qué hacen en él además de cobrar y gozar de los privilegios que como diputados les corresponde? Monárquico o republicano, de izquierdas o de derechas, nacionalista o no, terrícola o extraterrestre, nadie tiene derecho a mentir descaradamente desde la tribuna de las Cortes, ni a engañar a los ciudadanos, ni a prostituir las instituciones democráticamente establecidas. Felipe VI no hereda la Jefatura del Estado “como si fuera una propiedad privada”, sino porque así lo ha establecido el pueblo español en las urnas. Por tanto es una majadería política hablar de “una maniobra oscura” o “palaciega”, de “visión paternalista de la democracia”, de “sistema despótico de unos pocos”, de miedos a “dar la voz a la ciudadanía”, de transición “tramposa y fraudulenta”, de “torturas”, de que “si no podemos votar, algo huele a podrido en el Reino de España”, de que “los cargos no se heredan; los pueblos no se heredan; no somos muebles”, y de tantos otros despropósitos que nada tienen que ver con la realidad política española, homologable con la del resto de países de la UE. Y más majadería aun cuando lo esgrimen en nombre de la democracia y del pueblo quienes, precisamente por decisión del pueblo en las urnas, representan, entre todos juntos, una minoría sustancial del mismo, que ni siquiera se aclaran entre ellos. Pocos y mal avenidos. ¡Qué harían o dirían si alguna vez obtuvieran la mayoría! Mejor ni pensarlo, es como para echarse a correr.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 8 de junio de 2014

DE JUAN CARLOS I A FELIPE VI

                        Con esta habilidad que tenemos en España para convertir lo normal en anormal y viceversa, la sucesión por parte del Príncipe Felipe tras la abdicación de su padre el rey Juan Carlos I, un hecho normal en cualquier otro Estado constituido como Monarquía Constitucional, trasciende aquí el mero interés mediático, que se le supone a la noticia, para convertirse en un anormal espectáculo político, incomprensible en cualquier otro país democrático y civilizado. En efecto, tratándose de una sucesión normalizada constitucionalmente, que ha de aplicarse con absoluta tranquilidad de acuerdo con las reglas de juego democráticamente establecidas, las anormales peticiones callejeras de oponerse al cumplimiento de lo que establece la Constitución (como sucede en otros tantos asuntos), que algunos presentan como normales, caen, como es lógico, en tales incoherencias y disparates que convierten la legítima aspiración reivindicativa republicana en un espectáculo esperpéntico que perjudica incluso a quienes aspiran legítimamente a que la forma del Estado español sea una República de corte democrático occidental. Cuestión distinta sería cualquier otro modelo autoritario (monárquico o republicano), incluso totalitario, que, ya sea de izquierdas o de derechas, se  consigue, tal como avala la Historia, mediante revoluciones violentas o golpes de Estado, que, al menos para la inmensa mayoría de los españoles, no es de lo que se trata con dichas movilizaciones callejeras.
            Siendo así, no se entiende que haya partidos políticos, incardinados de forma libre y voluntaria en el sistema político constitucional, que se echen al monte reivindicando un cambio de modelo de Estado cuando, teniendo incluso representación parlamentaria en las Cortes Generales, saben muy bien que lo democrático es plantear una reforma de la Constitución para convencer a la ciudadanía de la bonanza de su propuesta y, conseguida la pertinente mayoría, sustituir legalmente la Monarquía Constitucional que, por voluntad popular de los españoles, se contempla en el título preliminar de la Constitución, aprobada por las Cortes y ratificada en referéndum, cuando dice que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Así lo ha decidido el pueblo español, al igual que los procedimientos para modificarlo, si lo considera oportuno, que desde luego no concuerdan ni con algaradas callejeras, ni con demagógicas mentiras o conatos de violencia verbal o física en las calles. La sucesión de Juan Carlos I supone simplemente cumplir un requisito constitucional, que nada tiene que ver con la apertura de debates (y menos callejeros) sobre el modelo de estado que unos u otros prefieran y, oponerse a ello, es una actitud antidemocrática de primera magnitud, como otras tantas que desgraciadamente se dan en España. Una actitud tan antidemocrática como si en un Estado republicano, a la hora del relevo de su Presidente, por cualquier circunstancia, alguien se negara a llevar a cabo los trámites previstos para una normal sucesión, como, por ejemplo, la convocatoria de elecciones presidenciales, alegando que ese no es su modelo de Estado.
            Dicho lo anterior, es indecente que, al margen de su condición republicana o monárquica, se utilice un trámite sucesorio previsto constitucionalmente, que es de lo que se trata, como arma electoral partidaria, inoportuna y demagógica, que, en el mejor de los casos, obedece a la ignorancia y, en el peor, a la majadería o la ruindad política. Sólo así se puede entender la exigencia callejera de un referéndum (me recuerda a otros que están planteados) no contemplado al respecto en la legalidad vigente (como en los demás estados, ya sean monárquicos o republicanos), cuando los procedimientos legales establecidos son otros y, menos aún, con argumentos, basados en mentiras, tan incoherentes y torticeros que a simple vista caen por su propio peso simplemente observando alrededor.
            Cayo Lara, en la calle, que no en el Parlamento, sostiene que ha llegado el momento de un referéndum para que “el pueblo decida si quiere Monarquía o República” que, según él, es decidir entre “monarquía o democracia” ya que “es inconcebible en el siglo XXI seguir hablando del derecho de sangre” que es “incomprensible” para los ciudadanos. Cayo Lara, como tantos otros, o no sabe, o se olvida de forma torticera para engañar a la gente, que el pueblo español, como hicieron otros pueblos, ya decidió en su momento; que nada tiene que ver el “derecho de sangre” al que se refiere con otro tipo de monarquías no parlamentarias; y que confundir “monarquía o república” con “monarquía o democracia” es sostener que, entre otros, los ingleses, suecos, daneses, holandeses o noruegos viven bajo regímenes no democráticos, mientras que norcoreanos, nigerianos, etíopes, cubanos o venezolanos gozan de las mayores cotas de libertad, progreso e igualdad, garantizados “per se” por tener como modelo de estado la República. ¿Ignorancia supina o majadería política? Júzguenlo ustedes. Entre otros, remata Pablo Iglesias con su escaso 8% de apoyo popular (y sólo para las europeas con todo a favor) diciendo que lo que pretenden quienes tienen más del 80% de apoyos es que el Príncipe herede la Corona “sin contar con la opinión de la gente, tratándonos como si fuéramos súbditos en lugar de ciudadanos”. Se olvida de que el Príncipe simplemente hereda la Corona porque así lo dice la Constitución, refrendada por amplísima mayoría por el soberano pueblo español, que había sido convertido en “súbdito” por quienes se consideraban, como él, poseedores de la verdad absoluta al margen de los pocos apoyos que les dieran las urnas. Afortunadamente los ciudadanos, que no súbditos, se rigen por las mayorías a la hora de tomar las decisiones.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

lunes, 2 de junio de 2014

LA MARAÑA DEL PSOE

                        Al margen de especulaciones de unos u otros, cada una con cierta lógica, lo cierto es que el PSOE, que no levanta cabeza, es incapaz de relevar con normalidad a su cúpula directiva. Y no será porque no ha tenido tiempo de preparar un relevo que todos, menos ellos, veíamos urgente y necesario desde hace años. Incluso algunos, así lo hemos dicho públicamente desde hace tiempo. Pero, instalados en su peculiar maraña de intereses personales o de grupúsculos internos, de acomodos familiares a través de inútiles refriegas, de estrategias demagógicas para mantenerse en los menguantes cargos, de ocurrencias y despropósitos para disimular la ausencia de un verdadero proyecto alternativo, de incoherencias inadmisibles para eludir el fiasco de su gestión gubernamental…y de tantas y tantas otras cuestiones, que les han llevado al mayor descrédito de toda su historia, son incapaces incluso, aunque sólo sea por razones de imagen, de evitar el enésimo espectáculo público cuando obligadamente han de buscar sustituto a Rubalcaba, tras su dimisión a medias, voluntaria o forzada, como Secretario General.
            Al final, lo que debiera ser un proceso normal se convierte, una vez más, en un nuevo capítulo a favor del descrédito progresivo ante la ciudadanía. Una nueva ceremonia de la confusión de nulo interés general salvo el asombro generalizado. Ni es cuestión de hacer un desfile público de modelos con los presuntos candidatos, ni de autos de fe a favor de unos u otros, ni de concursos de méritos sobre sus respectivas dosis de convencimiento democrático, ni de alegatos de sus exigencias previas para presentarse según los procedimientos que se utilicen, ni de debates sobre cuál de ellos es el más democrático, ni tantos y tantos otros asuntos baladíes que sólo buscan situar a unos u otros en el mejor lugar de partida. Es cuestión, simplemente, de aplicar estrictamente los Estatutos, las reglas de juego establecidas, que es lo estricta y verdaderamente democrático, frente a la búsqueda coyuntural de procedimientos a la carta para la ocasión, que satisfagan los intereses o deseos de unos u otros, quienes, incluso, se permiten el lujo de condicionar su presentación de candidatura a la imposición del procedimiento que previamente haya elegido. Hacer un falso debate público sobre las esencias democráticas de unos u otros, según pidan congreso extraordinario, primarias (abiertas o cerradas), con un candidato como en Andalucía o con varios, con voto directo asambleario o representativo, etc, etc. es una burla, la enésima, no sólo a los militantes sino a todos los ciudadanos.
            Y, dicho lo anterior, ¿qué establecen los Estatutos como garantía democrática de seguridad jurídica para todos los militantes emanada del último Congreso y vigentes hasta el siguiente? Salvo que mi memoria me traicione, después de tantos años sin militar en el partido, o hayan sido modificados sustancialmente, una Ejecutiva cesa en sus funciones antes de finalizar su mandato congresual si dimite su Secretario General (caso de Rubalcaba o Patxi López) o si dimite la mitad más uno de sus miembros (caso de la ejecutiva de Castilla y León a instancias de Oscar López). Una vez cesada por cualquiera de las citadas circunstancias, es obligado que el Comité Federal, máximo órgano entre Congresos, nombre una Gestora con el expreso mandato de convocar un Congreso Extraordinario que restablezca de nuevo la normalidad dirigente del Partido, es decir, el nombramiento de una nueva Ejecutiva. Así de simple, así de sencillo y así de democrático. Así lo ha entendido Villarrubia, el Secretario castellano-leonés, pero no lo entienden así ni Rubalcaba, ni Patxi López, que se van pero no del todo, posponiendo su dimisión real al pertinente Congreso Extraordinario en cada uno de sus ámbitos territoriales y, por tanto, permaneciendo hasta entonces en calidad de secretarios en funciones o interinos que en ningún caso, que yo sepa, contemplan los Estatutos. Por ello, muchos socialistas sostienen que el problema es que para poner en marcha los mecanismos de elección de Secretario General lo primero que hay que hacer es que esté vacante la plaza, entendiendo que los dimisionarios a plazos, se quedan para medrar, prostituyendo así el proceso democrático, sea cual fuere, de elección de Secretario General tan meridianamente establecido estatutariamente.
            Algunos, como Barreda, se lamentan con razón de que “no se puede dimitir y no dimitir; ni saltarse los estatutos”, aunque añade que la “mejor respuesta” tiene que ser “abierta, participativa y democrática”, es decir, unas primarias. ¿Contradicción de Barreda? Si, como dice Chacón, que también las pide, así lo estableció el Congreso de Sevilla, ninguna contradicción. Pero, ¿dónde está entonces el problema? Me temo que son tantos los parches y componendas de estos últimos tiempos para salir del paso en cada momento, que ni siquiera han sido capaces de clarificar los mecanismos de funcionamiento interno al respecto. Sólo así se puede entender esta nueva maraña, esta ceremonia de la confusión para propios y extraños, entre partidarios y detractores de congreso extraordinario o primarias abiertas, que probablemente desemboque en un nuevo parche circunstancial, como es una especie de congreso abierto, un híbrido insólito entre los clásicos congresos y las novedosas primarias. El asunto pues está en saber si dicho experimento es legal y democrático estatutariamente hablando. Para muchos barones y viejos socialistas no es cuestión de inventarse historias que parezcan más o menos democráticas, pues lo democrático de verdad es aplicar la legalidad interna de funcionamiento, como siempre se hizo, y, si no gusta, modificarla en el necesario Congreso Extraordinario, que algunos pretenden puentear. Basta pues que el Secretario de Organización en funciones, minutos antes de irse para nombrar la Gestora, lea los Estatutos para que se proceda en consecuencia y, ya de paso, recuerde que, más importante aún es que los aspirantes a Secretario General, aporten su proyecto político diferenciador, no vaya a ser que, una vez, más, como parece, todo se reduzca a una lucha personal por liderar el único proyecto, es decir, la nada.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

Google+ Followers