Avanzar en la solución
del problema independentista catalán no sé si avanzamos; ahora bien, en marear
la perdiz y darle vueltas y vueltas al asunto, somos expertos. Por fin, tras
varios meses de silencios calculados, Rajoy y Mas se entrevistarán en Moncloa
el próximo 30 de julio. Según la Generalitat, hablarán de todo, pero,
obviamente, del prioritario asunto de la consulta ilegal. Es decir, de lo que
menos hay que hablar, pues ya sabemos la respuesta nacional e internacional,
que, obviamente es, que la consulta no se celebrará ni puede celebrarse, pues
supondría un atentado a la soberanía nacional que reside en todos los
españoles. En todo caso, Rajoy, tras modificar Moncloa su agenda para dar
prioridad a Sánchez, como debe ser al tratarse del líder de la oposición,
hablará con él dos días antes de su reunión con Mas para intentar pactar con el
PSOE una “respuesta de Estado” al President catalán. Así debe ser entre los dos
partidos que han protagonizado la gobernabilidad en España durante casi todo el
periodo democrático. Obviamente Rajoy también se verá antes con el Rey, a
quien, por cierto, en su visita a Francia, Hollande le ha planteado la
“superación de la crisis económica” como antídoto frente al independentismo.
Así las cosas, una “respuesta de
Estado” ante un verdadero problema de Estado, excede los legítimos intereses
del Gobierno, del partido que lo sostiene y de los partidos de la oposición que
quieran situarse simplemente en la responsabilidad democrática. Un problema de
Estado va mucho más allá que cualquier otro problema al afectar al conjunto de
todos los españoles al margen de ideologías, credos u objetivos de ámbitos
sectoriales, ya sean económicos, políticos, territoriales o de cualquier otro
tipo. Y, ante un problema de Estado, como el que nos ocupa, la solución pasa,
en primer lugar, por un escrupuloso y estricto respeto a la legalidad vigente,
sin que ello impida, en todo caso, la búsqueda de compromisos futuros que,
además del gobierno de turno, siempre dependerían del Legislativo, es decir, de
la representación y expresión de la soberanía nacional que, en definitiva, es
quien tendría la última palabra para aceptarlos, enmendarlos o rechazarlos. Por
tanto, ni Rajoy puede ni debe ir más allá, ni Mas puede ni debe quedarse donde
está, pues su obligación como representante del Estado Español en Cataluña, que
es lo que es, le obliga a cumplir estrictamente la legalidad vigente, que, por
cierto, demandada al Tribunal Constitucional, por si alguien tenía alguna duda,
dice que la consulta que pretende Mas es ilegal. Por tanto, cualquier respuesta
de Estado, pactada o no con el PSOE o con quien sea, pasa inevitablemente
porque Artur Mas desista de la anunciada consulta o referéndum. Lo contrario no
sería una “respuesta de Estado” sino una respuesta contra el Estado en toda
regla. Toca pues que cada cual asuma en toda su dimensión sus respectivas
responsabilidades, pero justo las que el pueblo español les ha dado o, en caso
contrario, que renuncie a ellas dimitiendo del cargo que ostenta, para evitar
que sea la propia ley quien se las retire.
Si de verdad se trata de encauzar el futuro
de Cataluña por los derroteros de la legalidad democrática, bienvenida sea la
entrevista de Rajoy con Sánchez, con Mas y con quien haga falta, pero si se
trata de buscar una salida digna para el President Catalán del berenjenal en que
libremente se ha metido sobra cualquier entrevista, cualquier componenda o
cualquier chapuza. Los españoles, incluidos los catalanes, no merecerían tanta
ignominia. El asunto ha llegado a tal extremo que a estas alturas requiere que
cada palo aguante su vela. Con mantenimiento o no del actual Estado de las
Autonomías, con modificaciones para mejorarlo, con previsiones de cambiarlo por
un Estado Federal (habría que ver de qué tipo, cómo y cuándo) o con cualquier
otro objetivo de modelo de estado de cara al futuro, pactado o no ahora, el
presente requiere que Artur Mas anuncie, como dice Rajoy, que la consulta
ilegal prevista para noviembre no se hará. Que, por ser ilegal, no se convocará
desde ninguna institución del Estado. Pero, desgraciadamente, Mas no lo hará;
le supondría suicidarse políticamente, si es que ya no lo ha hecho, al ponerse
al servicio de los sectores independentistas de la derecha dentro de CiU y
echarse en los brazos de los independentistas de izquierdas agrupados en ERC,
ANC, CUP y compañía, en vez de asumir su papel como President de la
Generalitat, es decir, de todos los catalanes, garantizándoles, como españoles
que son, el futuro del Estado de Derecho del que Cataluña forma parte. Esta es
la tragedia personal de Mas, su callejón sin salida. Su muerte política. Los
demás, a quienes ha servido como tonto útil, ni siquiera le avalarían un último
gesto de honestidad democrática en caso de que se decidiera a entonar el mea
culpa, rectificando su errada y antidemocrática conducta. Él es el único
responsable, él y su partido que se lo ha permitido. Él es el President. Los
demás pueden seguir, con él o sin él, con su pantomima. Ellos no gobiernan. Es
la sustancial diferencia entre unos y otros.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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