Tras
casi cuatro años de instrucción del “caso de los ERE fraudulentos” la jueza
Alaya envía a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la exposición razonada
“relativa a varias personas aforadas” en la actualidad sobre las que, junto a
decenas y decenas de imputados no aforados hoy, ve claros indicios de delito.
Lo que comenzó como noticia mediática y fue calificado por los dirigentes
socialistas de entonces como “cosa de cuatro pillos” se ha convertido en una
verdadera bomba de relojería para la Junta de Andalucía y, especialmente, para
el nuevo PSOE, inmerso en un esperado proceso de regeneración política, cuya
credibilidad depende, entre otras cosas, de cómo gestionen sus dirigentes
actuales a nivel interno y público este macrofraude institucionalizado de
gigantescas proporciones e imprevisibles consecuencias políticas y jurídicas. Con
un elenco variopinto de presuntos delincuentes, entre ellos más de veinte altos
cargos de la Junta (incluidos Chávez y Griñán, sus dos anteriores presidentes,
así como varios exconsejeros, viceconsejeros, exinterventores, secretarios
generales técnicos, directores generales, delegados provinciales…) y otros
personajes de distintas condiciones sociales (sindicalistas, empresarios,
letrados de despachos de abogados, testaferros, mediadores, conseguidores e intrusos
para beneficiarse fraudulentamente de las ayudas), y con un variado abanico de
presuntos delitos (prevaricación, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de
capitales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda
pública, falsedad documental…) no basta con mirar a otro lado, ni con el
silencio, ni con declaraciones genéricas sobre honorabilidades, presunciones de
inocencia y otras cosas por el estilo que a nivel jurídico tienen plena validez
pero a nivel político ninguna credibilidad.
Por
tanto, no vale que la reacción se limite a una declaración del Secretario de
Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, definiendo la actuación de Alaya
como “un paso lógico que llega tres años y medio después” y puntualizando que
es “lo que todo el mundo venía reclamando” y, sobre todo, Chaves y Griñán por
haber “sido señalados injustamente sin poderse defender”, ya que “nos consta
que ellos han reclamado poder declarar en el TS y esperamos que ahora se les
permita”, para concluir defendiendo la “honorabilidad” de ambos ex presidentes
y recordando que la presunción de inocencia se ha de mantener. No cabe
escudarse en eternas instrucciones, habituales en nuestros tribunales, ni en que
unos u otros reclamen su pronta finalización, incluidos Griñán y Chavez que,
como aforados, saben que no podían declarar antes de que la jueza, finalizada
su instrucción, diese paso a este trámite y, por tanto, no es que nadie se lo
impida. Menos aún en que no han podido defenderse con anterioridad, hubiese
bastado con renunciar al privilegio del aforamiento, dimitiendo de sus cargos,
para haberse defendido como los demás en la instancia ordinaria. Por tanto, mal
asunto si, ante un problemón tan descomunal, al margen de la culpabilidad o no
que corresponda a cada uno, desde la cúpula del PSOE sólo se quedan en excusas
de mal pagador (como lamentablemente hacen los demás) o en previas sentencias
de señalamientos injustos, que en todo caso está por ver, de determinados
imputados, por grande que pueda ser el concepto de “honorabilidad” que sobre
los mismos tengan algunos. Ya la mismísima Susana Díaz, tras ser nombrada
Consejera de Presidencia e Igualdad tachó a la Guardia Civil hace más de dos
años de actuar en el asunto de los ERE como la Inquisición. Hoy, nombrada por
Griñán su sucesora, es la Presidenta y las cosas han cambiado mucho en este
tiempo, en el que ya no cuelan las tácticas de la vieja escuela.
Al
margen de la presunción de inocencia, que se da por hecho, el escándalo global
sobre las prácticas fraudulentas (o irresponsables, como mínimo) por parte de
la Junta en la gestión de los ERE fraudulentos, además de otros asuntos en investigación
(facturas falsas, formación), que incluso pueden ser aún peores (ya dijo
Guerrero, el ex alto cargo imputado en los ERE, que “los ERE eran 54 millones
al año, para formación había 290”), merece una respuesta política contundente
ante la opinión pública, una petición de perdón por todo lo acaecido, que, al
margen de culpabilidades, ya nadie pone en duda, y una autocrítica, acompañada
de la firme promesa de que semejante forma de proceder y gestionar los bienes
públicos ya no caben en el nuevo PSOE de Pedro Sánchez. Está en juego, nada
menos, que la credibilidad en la “honradez intransigente”, necesaria y urgente,
que Sánchez prometiera en la clausura del congreso socialista, así como la
demostración de “su liderazgo”, puesto en duda, entre otros por el PP, frente a
Susana Díaz que, a todas luces, le hizo ganar el Congreso. Desactivar la bomba
de relojería o no, está en manos de la nueva dirección socialista. La cuenta
atrás está activada. Y no son pocos quienes, en su momento desearán que
explote. Ya IU, socio de Susana Díaz, ha amenazado con exigir una comisión de
investigación en el Parlamento andaluz. Susana no dice nada. Las declaraciones
de Pradas, insuficientes. Pedro Sánchez tiene la última palabra.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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