domingo, 28 de septiembre de 2014

ARTUR MAS CONSUMA SU FELONÍA

                        No merece otro calificativo. Con la publicación de la Ley de Consultas, como pretexto torticero para convocar el ilegal referéndum, y con la rúbrica solemne del decreto de convocatoria del mismo para el 9-N, su deslealtad y traición al Estado de Derecho y, en definitiva, al pueblo español, incluidos los catalanes, queda más que probado. Una felonía pues, en toda regla, merecedora de la repulsa pública que merecen los traidores. Pero además, una vez traspasada la frontera de la amenaza, ejecutándola, Artur Mas, casi con toda probabilidad, incurre en el grave delito de prevaricación, uno de los peores que pueden cometer los funcionarios públicos, pues no es baladí faltar, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo. Y es obvio, al margen de lo que explícitamente diga el Tribunal Constitucional en su momento, que el Molt Honorable conoce, o tiene la obligación de conocer, que ningún gobernante puede exceder su ámbito competencial ni sus funciones, es decir, lo que tiene asignado legalmente y, como es público y notorio, sin necesidad de ir a Salamanca, que dirían nuestros antepasados, ningún Presidente autonómico, incluido él por supuesto, tiene competencia para convocar un referéndum independentista, ni a nivel de toda España, ni, mucho menos, a nivel de una autonomía (en este caso Cataluña), porque, además de excederse del ámbito competencial, que “per se” lo convertiría en ilegal y delictivo, añadiría la agravante de usurpar al pueblo español nada menos que su soberanía, adjudicándosela de forma caprichosa a quienes arbitrariamente considera oportuno (en este caso a los catalanes). Por tanto, una gravísima decisión por parte de Mas, que, en térmicos político-jurídicos pudiera calificarse, sin andar muy errado, como de Golpe de Estado en toda regla, pues, salvo el requisito de violencia (de momento), es a lo que más se le parece. ¿Acaso no se trata de tomar el poder político por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado? Pues, eso.
Con su conducta, extremadamente irresponsable e indigna de cualquier gobernante democrático, Artur Mas ha preferido ser leal a la promesa que hizo a Oriol Junqueras que a la que hizo al Estado de Derecho cuando asumió el cargo de President de la Generalitat, dejando el destino de Cataluña y, por tanto de España, en un callejón sin salida, muy difícil de sortear. Pero es más grave aún que, al menos por sus declaraciones públicas (y desde luego por las de su socio Junqueras), cuando llegue el momento de ir a las urnas, aunque el mismísimo Tribunal Constitucional desautorizara la consulta por estar convocada ilegalmente, desacatarán la sentencia e impondrán su criterio totalitario. Ya, por si acaso, ante lo que parece evidente, se ha desencadenado una campaña interesada de desprestigio institucional, incluido el del TC, buscando todo tipo de triquiñuelas (que si está al servicio del Gobierno, que si del PP, que si está politizado, que…) para dejar de antemano desvalorizada su sentencia y poner a buena parte de la población catalana contra el Gobierno que, obviamente, recurrirá al TC, con pleno apoyo de PP y PSOE, para detener “ipso facto” esta locura antidemocrática que, sin lugar a dudas, es el mayor ataque que ha sufrido el Estado de Derecho tras aquel esperpéntico golpe frustrado del 23-F, que, junto al 9-N, pasarán, sin duda alguna, a engrosar las páginas negras de la Historia de España. Así pues, como entonces, y como siempre, la medicina no puede ser otra que aplicar e imponer la Ley, pues sin Ley, sencillamente, no hay democracia.
            En fin, la felonía, cuando no algo incluso peor, de Artur Mas y su gobierno, no sólo alienta la división intolerable entre catalanes y resto de españoles, sino además la de catalanes entre sí mismos, dejando de cara al futuro una Cataluña dividida, amenazada por movilizaciones callejeras de unos u otros. En definitiva, amenazada de violencia. No en vano el propio Mas, tras consumar la felonía, insta a los partidarios de la misma a que le apoyen, con un “espero que ayudéis” y que “nadie se asuste porque se exprese la opinión en una urna” (una manipulación más), que suena a incitación a la rebelión, al extremo que los grupos soberanistas ya anuncian manifestaciones para defender la consulta ilegal. Bien sabe Mas que nadie se asusta porque se exprese la opinión en las urnas, ni siquiera, ¡faltaría más!, por lo que se decida en ellas; y bien sabe que nadie tiene que ayudar para que las urnas hablen, pues, afortunadamente son parte de nosotros y deciden nuestra convivencia desde hace ya treinta y seis años. Lo que asusta es que algunos, como él, no respeten su veredicto y, por tanto, la petición de ayuda debe ser para obligarles a respetarlo y a someterse al mismo. ¿Qué se puede esperar de quienes sacralizando las urnas traicionan lo que éstas han dicho anteriormente? ¿Quién puede asegurar que acatarán lo que digan en el futuro? ¿Cómo te puedes fiar de gobernantes que actúan al margen de la ley? Contesten las preguntas ustedes mismo.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 24 de septiembre de 2014

PODEMOS NO PUEDE, NI QUIERE

                        Parece ser que Podemos no puede, ni quiere, presentarse a las próximas elecciones municipales; al menos con sus propias siglas. No es que nada ni nadie se lo impida, es que no puede, ni quiere, correr el riesgo de que en cada municipio pequeño, mediano o grande, se le vea el plumero de forma clara y contundente. Así se desprende de un documento elaborado por Iglesias, Monedero, Errejón y compañía, la cúpula dirigente del embrionario partido (según ellos, en los demás partidos, la “casta”), en que se opta por “preservar la marca Podemos” en las municipales para centrarse en las autonómicas y las generales. Y es que no es lo mismo elaborar un teórico proyecto-programa en abstracto desde un laboratorio de ideas, fácil de vender de forma generalizada en situaciones de crisis política y económica, que elaborar cientos y cientos prácticos programas en concreto desde las necesidades y los recursos de cada uno de los municipios. Ni es lo mismo confeccionar una lista a nivel nacional o autonómico con unos cuantos profesores universitarios de fácil oratoria, que confeccionar cientos y cientos de listas en todos y cada uno de los municipios donde casi todos nos conocemos y sabemos de qué pie cojeamos cada uno. En fin, que una cosa es predicar (y hacerlo con el ejemplo) y otra es dar trigo. En definitiva, que Podemos, por conveniencia propia de sus dirigentes (es decir, la “casta”) deja huérfanos de concejales y proyectos municipales a sus ilusionados seguidores, precisamente en aquellas políticas más apegadas al pueblo, al que dicen representar casi en exclusiva, como son las políticas locales, donde se sufre día a día las penurias ocasionadas por la crisis, privándoles así de sus mágicas recetas para solucionar sus problemas cotidianos.
            Lamentablemente en los pueblos habrá que esperar la llegada del maná hasta que los dioses de Podemos, tras poner orden a nivel nacional en la estructura de su recién inventado partido político, que es a lo que ahora se están dedicando, consigan gobernar la nación, su principal objetivo, para imponer su mágico proyecto nacional con propuestas incompatibles con la economía de mercado y algunas ni siquiera con otro tipo de economías, ya que, según los expertos, sólo dos de ellas, como la renta básica y el cambio en las pensiones, dispararían el gasto en 25 puntos. No importa, un gasto infinito ya que convertiría a nuestro país en un paraíso, el único en la Tierra, en el que además las empresas con beneficios no podrían despedir trabajadores, se adelantaría la edad de jubilación, la jornada laboral máxima sería de 35 horas, se nacionalizaría a las empresas y ni se pagaría la deuda pública. Es obvio que incluso todos sus ciudadanos serían buenos y benéficos. Sólo un pequeño problema: ¿de dónde y cómo se sacaría el dinero? Y eso que no creen en la Providencia de Esperanza Aguirre.
            Podemos, que en su proyecto de constitución como partido no se declara ni de izquierdas, de centro o de derechas, no puede, ni quiere, afrontar desde el terreno municipal que sus únicas y escasas propuestas viables, no todas son descabelladas, ya están en los programas de otros partidos políticos y, muy especialmente, en los de IU de donde procede buena parte de sus promotores y la principal víctima del invento, como refleja Monedero, que, al ser preguntado si comparte la aspiración de IU, su antiguo partido, de pactar con Podemos, contesta que “Podemos no va a ser la UCI de ningún partido del régimen del 78”. Más claro, el agua. Para que luego los ingenuos pongan el grito en el cielo cuando el socialista Sánchez dice que no pactará con los populismos. 
            Podemos no puede, ni quiere, asumir que su éxito se debe más a lo que critican que a lo que proponen y como buena parte de su crítica es a los partidos políticos clásicos y a sus formas de funcionar, desde que decidieron crear su propio partido político, distanciándose de aquella inicial propuesta de democracia directa interminable de las movidas en la Puerta del Sol, andan locos en disimular una genuina forma de funcionamiento de Podemos como partido político que parezca distinto a los demás, pero, como casi todo está ya inventado, se trata de una nueva falacia, al igual que sus políticas inasumibles. Valga como muestra que, al margen del nombre que quieran dar a cada cosa, el ya iniciado proceso de constitución como partido, dirigido por Pablo Iglesias y compañía, ya asume que Podemos (como el resto de partidos) tendrá una cúpula y un secretario general como “la representación política e institucional del partido” para “asegurar la coherencia estratégica y la unidad organizativa interna” que además presidirá una especie de consejo ciudadano con representación territorial y un consejo de coordinación (una especie de ejecutivas mayor y menor). Como ven, aunque lo parezca, nada que ver, según ellos, con los partidos tradicionales pues “es verdad que inevitablemente tiene que haber órganos de dirección, pero vinculados a la gente”. Y se quedan tan anchos.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

viernes, 19 de septiembre de 2014

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY


                    Supongo que cualquier demócrata convendrá conmigo que cualquier ciudadano en cualquier Estado de Derecho, democráticamente constituido, está obligado a cumplir la ley y a acatar el veredicto del tribunal competente, asumiendo las consecuencias derivadas. Supongo además que también convendrá que cualquier gobernante democrático de cualquiera de los Estados citados, además de cumplir la ley como el resto de ciudadanos, está obligado a hacerla cumplir (como suele expresarse en el acto de toma de posesión del cargo), a través de los procedimientos, instrumentos e instituciones democráticamente establecidas dentro del marco constitucional. Y, finalmente, supongo que también convendrá conmigo que los partidos políticos democráticos, tanto sus dirigentes como sus militantes, siendo instrumentos básicos de participación política y encauzamiento de la diversidad ideológica ciudadana, han de ser la vanguardia y el baluarte en “cumplir y hacer cumplir la ley” como principio básico y esencial de la convivencia en libertad y en democracia, frente a liberticidas, individuales o colectivos, que precisamente intentan eliminarlo para imponer su santa voluntad  totalitaria y antidemocrática.
            Pues bien, visto lo visto, en España o hay pocos demócratas o hay que hacer un mastodóntico esfuerzo pedagógico para que, al margen de las ideologías que se dicen democráticas, se mejore el comportamiento democrático, individual y colectivo, tanto de palabra como de obra. El esencial principio democrático citado, no puede estar sometido a discusión, ni a la conveniencia o interés de unos u otros, ni a ninguna circunstancia temporal de cada momento político, ni a las estrategias particulares, ni a la legítima confrontación ideológico-programática… Cumplir y hacer cumplir la ley es el principio sustancial de la democracia, pues sin él, simplemente, la democracia no existe. Por ello ha de estar muy arraigado en la ciudadanía y por encima de todo lo demás y, por ello, ha de ser defendido a ultranza por cualquier demócrata. Es la garantía de la democracia y la única forma, no hay otra, de que una sociedad viva en libertad, paz, orden, seguridad e igualdad, al extremo de que no aplicar el cumplimiento de la ley nos lleva al caos y aplicarlo de forma laxa o arbitraria nos lleva a un deterioro progresivo del Estado de Derecho. Por tanto, dicho principio esencial, debiera ser el principal contenido pedagógico desde la educación más temprana; y su defensa, el principal objetivo de los medios de comunicación y de las personas con relevancia pública, generadoras de opinión. Una defensa nítida y contundente, sin titubeos ni incertidumbres, que sitúe claramente ante la opinión pública a los demócratas frente a quienes no lo son sin ningún tipo de dudas, pues estos, los totalitarios, del tipo que sean, son los únicos y verdaderos enemigos de la democracia.
            Por todo ello es incomprensible y preocupante que el Ministro Margallo, preguntado por el peliagudo e ilegal proceso catalán, haya generado un descomunal revuelo mediático y público al contestar que el Gobierno “sólo puede utilizar la ley, pero toda la ley para evitar una consulta que es contraria a la legalidad y que produciría unos efectos pésimos para Cataluña, para España y para la Unión Europea” y por añadir, ante la pregunta de si se incluiría la aplicación del art. 155 de la Constitución, que posibilita hasta la suspensión de la Autonomía, que “incluido lo que haya que incluir”. Declaraciones de un Ministro, que en cualquier otro Estado de Derecho hubiesen sido aplaudidas unánimemente por los demócratas y criticadas sólo por quienes actúan o pretenden actuar al margen de la ley, los únicos que se debieran sentir amenazados, provocan aquí una controversia casi generalizada con todo tipo de descalificaciones. Desde el PSOE, Sánchez  las considera un “error”, Hernando le pide que “no eche más leña al fuego” y Pradas las ve “fuera de lugar”; desde C´s, Rivera le insta a “no matar moscas a cañonazos”; desde Amaiur, Urbina le acusa de “cerrazón” y de posición “antidemocrática”; desde CiU, Mas las considera como “amenaza” y Macías como una más de sus “ocurrencia”; desde ERC, Bosch le tacha de “incendiario” y de actuar con “intransigencia y fanatismo”; desde ICV, Coscubiela las califica de “amenazadoras” instándole a “mucho dialogo, prudencia y poca bravuconería”; y desde el PNV, Esteban le pregunta si prevé “el envío de tanques”. Aparte del lógico apoyo del PP al Ministro, sólo UPyD ha estado a la altura de las circunstancias, manifestando Rosa Diez que el Estado “no puede permitir que nadie incumpla las leyes, ni un ciudadano ni un gobernante y, por tanto, esta es la única línea roja que nadie puede traspasar, tampoco Cataluña”.
            ¿Es una amenaza decir que hay que cumplir la ley? ¿es error, ocurrencia o bravuconería? ¿es echar más leña al fuego o matar moscas a cañonazos? ¿es antidemocrático, incendiario, intransigente o fanático? Bueno y lo de los tanques, mejor ni comentarlo, el propio Ministro ha dicho que no le “parece que esté en la Constitución”.  Que haya esta reacción insólita de comprensión, cuando no de apoyo, a quienes, desafiando el Estado de Derecho de forma permanente amenazan, bravuconean…y todo lo anterior, adjudicándole al ministro dichos comportamientos por decir que hay que cumplir la ley y el Gobierno, como es su obligación, la hará cumplir, es muy alarmante y denota lo deteriorada que está nuestra democracia. Con semejantes declaraciones siempre ganan los intransigentes, fanáticos, bravucones e incendiarios, y pierde el pueblo y su Gobierno de turno hasta que un día gobiernen ellos y conviertan el drama en tragedia.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 14 de septiembre de 2014

CINISMO IMPRESENTABLE DE JUNQUERAS

                        Si, como dice el diccionario, el cinismo es la “desvergüenza o descaro en el mentir o en la defensa y práctica de actitudes reprochables” Oriol Junqueras, líder de ERC, es maestro de maestros, tal como demuestra en una reciente entrevista que no tiene desperdicio. En su visionaria e insólita concepción de la democracia, en la que la única regla de juego válida es votar cómo sea, dónde sea y sobre lo que sea,  afirma rotundo que España nada puede ofrecerle para que renuncie a la consulta ya que “no hay nada que nadie pueda ofrecer a cambio del derecho fundamental de los ciudadanos de poder votar para decidir su futuro político”, ocultando cínicamente que tal derecho a votar ya existe en el Estado de Derecho español, sujeto, obviamente, como en cualquier otro Estado democrático, a unas reglas, previamente establecidas mediante el voto, que regulan el objeto de las mismas (hay algunos que no pueden votarse, como, por ejemplo, ejecutar a alguien en la plaza pública), su ámbito de aplicación sobre el que aplicar el resultado (no exportable por ejemplo la decisión de una comunidad a otra y menos al conjunto del Estado) y hasta quienes tienen la competencia democrática de convocarlas, aunque exclusivamente para aquellos asuntos que le son de su competencia. Es la única forma democrática de evitar la ley de la selva que Junqueras pretende imponer con su sacralizado concepto del voto que, tal como lo concibe, es la antítesis de la democracia, al extremo de no tener reparo alguno en afirmar que “ha llegado la hora de saltarse las leyes españolas… de prescindir de la legitimidad española para crear la nuestra propia… de saltarse el marco legal anterior para crear el siguiente, como sucede siempre en caso de independencia”. Oculta, cínicamente, que en tiempos presentes y en situaciones de libertad y democracia, como es el caso, ese no puede ser el proceso, salvo que se trate de un golpe de Estado totalitario, cruento o incruento.
            En su cinismo patológico, defiende que “votar es un derecho fundamental e inalienable que prevalece por encima de cualquier ley, como el derecho a la vida, a la libertad y a buscar la propia felicidad (vamos, que si la felicidad de una comunidad de vecinos es apalear al vecino molesto, se vota y, si se gana, a machacarlo), aunque, menos mal, acepta que, si en su consulta ilegal y antidemocrática, “no hay una mayoría independiente aceptaremos el resultado, pero para saberlo es necesario votar” (hay que reconocer que a algunos golpistas esta pequeñez ni les importa). Y sobre la posibilidad de que, como en cualquier otro Estado democrático, Artur Mas pudiera ser condenado, si convoca y pone los medios para celebrar un referéndum sobre el que no tiene competencias, usurpando la soberanía del pueblo español, tiene la cínica desfachatez de afirmar que “estamos convencidos de que nadie en España irá a la cárcel por votar” (en efecto, no iría por votar, sino por incumplir la ley como cualquier hijo de vecino) y de amenazar con que “serían mucho peores para España las consecuencias de encarcelar al presidente Mas que las de permitir la consulta” (me recuerda la típica amenaza del matón cuando te niegas a someterte a sus caprichosos designios). Ni siquiera acepta unas elecciones anticipadas, que obviamente serían legales, ya que “el sistema proporcional” las desvirtuaría “como referéndum”.
            Y ante este elenco de cínicos despropósitos, entre otros por el estilo, cuando se le pregunta por la corrupción de Convergencia, tan sustanciosa para algunos nacionalistas transformados al independentismo, elude la respuesta concreta manifestando sobre la corrupción en general que le “asquea en cualquier circunstancia y casos como Gürtel o Bárcenas demuestra que los que están implicados en ella no luchan por erradicarla; el PP es la prueba más evidente” (sobre el de los Pujol y compañía, al tener el marchamo independentista, mutis por el foro).  
            Pero, por si todo el derroche de cinismo y de planteamientos totalitarios anteriores no fuera suficiente, remata la faena diciendo que “el nuevo Estado catalán querrá tener las mejores relaciones con España; las mismas y excelentes relaciones que España tiene con Chile o con Holanda, que se independizaron hace muchos años”. Obviamente no menciona cínicamente que aquellos tiempos, tanto los de la independencia de Chile como los de Holanda, nada tienen que ver con hoy (y ni siquiera uno con el otro ni en el tiempo ni en el proceso), que, no obstante, fueron ambos procesos violentos, que las circunstancias internacionales eran distintas y que, en todo caso, cuando acaecieron dichos procesos independentistas de territorios lejanos ocupados por España, Cataluña ya formaba parte de la misma desde mucho antes, sin haber sido jamás ocupada ni sometida.
            Juzguen ustedes si, con semejantes planteamientos visionarios, totalitarios, sin respeto alguno por la legalidad vigente, que conforman un proyecto basado en la mentira y en el cinismo más impresentable, alguien puede confiar en semejante personaje. ¿Se lo imaginan como Presidente de esa supuesta República Catalana, al margen del euro, aislada y no reconocida por buena parte de la comunidad internacional como sucedía a aquella España de buena parte de la etapa franquista? Yo prefiero ni imaginarlo. Me causa pavor y una infinita tristeza.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

jueves, 11 de septiembre de 2014

LA DIADA MÁS POLÉMICA

                        Con motivo de la celebración de esta Diada histórica de 2014, al coincidir con el tercer centenario de la caída de Barcelona a manos de Felipe V de Borbón y al ser la primera en que la propia Generalitat exige un referéndum ilegal para independizarse, el President Artur Mas pide a Rajoy que escuche “el clamor del pueblo”, en tanto que la ANC vende de antemano el “éxito de la Diada” incluso antes de celebrarse, con centenares de autobuses contratados para asistir a Barcelona. Entretanto, la fundación Reeixida, vinculada a la Generalitat, reparte banderas negras, que 34 ayuntamientos colgarán, simbolizando la “lucha a ultranza” contra el Estado Español. Y, mientras Mas avisa en la víspera que “el compromiso de la consulta es firme”, Pedro Sánchez, el líder del PSOE, desvela que en el encuentro que tuvo poco antes con el Molt Honorable, éste le dijo que si no hay referéndum convocará elecciones. Al fin y al cabo, según Mas, sólo pide “ser tratados como otras naciones del mundo”, lo que, teniendo en cuenta el inminente referéndum escocés, no deja duda alguna a qué se está refiriendo.
            Pues bien, al margen del éxito o no de los actos de la Diada que, como siempre, se cerrarán con valoraciones subjetivas y desproporcionadas por parte de unos y de otros, sólo con las anteriores pinceladas (si añadimos otros despropósitos hasta sería como para echar a correr), los promotores incurren en varias mentiras y contradicciones que para cualquier observador objetivo no pasan desapercibidas. De entrada, la implicación institucional preparatoria de la Diada y el enfervorizado éxito preconcebido de los asistentes, recuerda, a quienes no hayan perdido la memoria, los éxitos, vendidos luego como espontáneos (el clamor del pueblo), de aquellas famosas celebraciones del 18 de julio, la fecha histórica e inolvidable del franquismo, en que sus enfervorizados asistentes, brazo en alto y con cánticos patrióticos, exhibían banderas y símbolos de su trágica cruzada. Era la forma que tenía el régimen de celebrar su glorioso alzamiento de 1936, obviamente, al margen y contra la legalidad vigente que, por calamitosa que fuese la situación, suponía un clamoroso Golpe de Estado totalitario. Del resto, mejor olvidarnos. Una España dividida e irreconciliable que soportaba, entre otras cosas, el “clamor del pueblo” cada 18 de julio, cuyo éxito, como ahora, estaba previamente garantizado. ¡Faltaría más!
            Pero, aunque a estas alturas hablar de mentiras y contradicciones argumentales, permitidas y no combatidas fehacientemente por el Estado Español hasta hace poco, nada hará cambiar a los enfervorizados independentistas, al menos, debieran tener la decencia de admitir, al margen de proseguir o no con su enloquecido proyecto, que en esta Diada de 2014 (además de su carácter festivo o reivindicativo), se conmemora el tercer centenario de la caída de Barcelona en manos de Felipe de Borbón como consecuencia de una guerra en que, ni Barcelona, ni Cataluña, luchaban por ningún tipo de independencia, sino a favor del Archiduque Carlos, candidato como Felipe, a ocupar el trono vacante de España desde la muerte del rey Carlos II El Hechizado. Por tanto, no era una guerra de secesión, sino de sucesión, en que ambos bandos luchaban por España, su nación y su reino. Algo normal, teniendo en cuenta que Cataluña, como parte de la Corona de Aragón, ya pertenecía al Estado moderno de España desde su fusión con la Corona de Castilla en 1479 con los Reyes Católicos. Por tanto, la Guerra de Sucesión, un asunto interno de España. Y punto.   
            Curiosamente, unos años antes de la posteriormente tergiversada versión de la citada caída de Barcelona en 1714, precisamente en 1707, el Reino de Escocia, creado en 843, soberano e independiente (Cataluña nunca lo fue), se une al Reino de Inglaterra, igualmente soberano e independiente, formando el Reino de Gran Bretaña, mediante un Acta de Unión. Un acuerdo entre dos entes soberanos que, al igual que deciden unirse voluntariamente, conservan la potestad de separarse. Nada que ver con Cataluña que jamás fue un Estado soberano, ni un Reino, ya que de “iure” siempre formó parte de un Estado soberano, aunque de facto, que no “de iure”, durante algunos periodos del medievo el Reino de Francia, al que pertenecía, no pudiera ejercer el control y la autoridad sobre los condados catalanes. Por tanto para “ser tratados como otras naciones del mundo” el primer requisito exigible es ser nación o haberlo sido alguna vez a lo largo de la Historia, lo que podría avalar la recuperación perdida de su soberanía. Cataluña, guste o no, jamás la tuvo, salvo conatos más o menos violentos para conseguirla. Y si ahora es eso lo que pretende, que lo plantee de forma directa pero sin engañar a nadie.   
            Lo grave es que, tergiversando la realidad presente y pasada, a base de repetir mentiras o verdades a medias, sin que nadie le salga al quite, se ha creado desde las propias instituciones gubernamentales catalanas, que representan jurídicamente al Estado Español, un caldo de cultivo frentista y violento contra el mismo (algo insólito e inadmisible en cualquier Estado democrático), para justificar una reivindicación carente de base alguna ni jurídica, ni histórica, ni económica, ni social, tanto a nivel nacional como internacional. Este es el laberinto que desde la propia Generalitat se ha creado en Cataluña. La verdadera tragedia.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 10 de septiembre de 2014

EL PRECIO DE LA LIBERTAD

                        Que la libertad tiene un precio, es indiscutible, tanto para mantenerla, cuando se tiene, como para conseguirla, cuando te la han arrebatado. Bastaría echar un vistazo a la Historia para constatar el alto precio, que incluye incluso la sangre, el esfuerzo, el sudor y las lágrimas, que los hombres han tenido que derramar para mantenerse libres o para liberarse de quienes por la fuerza les esclavizan o pretenden hacerlo. Simplemente el pasado siglo XX es ilustrativo para corroborarlo a nivel nacional e internacional. Por tanto, recordar que la libertad tiene un precio, que vale la pena pagar, honra a quien lo proclama pues es, sin duda, un acicate para que los hombres y los pueblos oprimidos luchen por ella y para que los hombres y los pueblos libres no bajen la guardia ante quienes, interna o externamente, pretenden arrebatársela. Pero, dicho lo anterior, hay que tener presente que la libertad es muy frágil y no es infinita, ni está exenta de riesgos, y, por ello, tanto a nivel individual como colectivo, ha de estar sujeta a determinadas limitaciones; en definitiva, a unas reglas de juego que garanticen la convivencia entre los individuos y entre los pueblos y sirvan de amparo frente a liberticidas individuales o colectivos que, al margen de las mismas, buscan imponer su santa voluntad. Dichas reglas de juego, legítimamente establecidas por todos, conforman los Estados de Derecho, libres y democráticos, que garantizan la libertad de todos sus individuos, convertidos en ciudadanos, y ponen freno a quienes por cualquier medio pretenden imponer su santa voluntad, atropellando los derechos de los demás al margen de las mismas sin respeto alguno al imperio de la ley democrática establecido.
            Así pues, afirmar en y desde la libertad que “los que quieren la libertad saben que la libertad tiene un precio” instando a que los ciudadanos luchen, no para mantenerla, sino para conseguirla, cuando ya la tienen, y a que estén dispuestos a pagar dicho precio, porque el precio de no hacerlo “es quizá más alto”, tal como ha hecho Artur Mas con un grupo de empresarios en referencia a su quimera independentista, es una absurda e infame majadería. Es una infamia decirles la obviedad de que “siempre existe un componente de riesgo” cuando una parte de un Estado intenta independizarse, añadiendo que “lo hay en Escocia, y lo tienen todo acordado”, pero sin aclararles que la gran diferencia es que el proceso escocés, a diferencia del catalán, respeta estrictamente la legalidad de su Estado de Derecho, y, por tanto, no pone en riesgo ni la libertad ni la democracia de sus ciudadanos, mientras aquí lo que se pretende es finiquitar la libertad y la democracia de todos los españoles, incluidos los catalanes. Nada comparable el riesgo lógico de los escoceses de tipo económico, de encaje internacional, de incertidumbre social y económica, etc, tanto para escoceses como británicos que supone la decisión legal de escindirse,  con el riesgo de los catalanes que, a todo lo anterior, tendrían que añadir el merecido repudio democrático nacional e internacional a su proceso ilegal y, por tanto, de carácter totalitario y antidemocrático.
            Nada bueno se puede esperar, salvo el pago de un desorbitado precio, de quien, como Oriol Junqueras, socio de Mas en el ilegal proceso independentista, en y desde la libertad democrática, anima a los catalanes a la “desobediencia civil” en caso de que el Tribunal Constitucional avale que su proceso independentista no se ajusta a las reglas de juego establecidas, es decir, al Estado de Derecho. Supondría un claro golpe de Estado, intolerable, no sólo para el Estado de Derecho del que forma parte Cataluña, es decir, España, sino para el resto de Estados de Derecho del mundo, es decir, para todos los ciudadanos libres. El insólito caso de que en el mundo libre un líder político libre, en este caso el de ERC, incite al pueblo a la insumisión, la rebelión y la desobediencia civil frente a la legalidad democrática, sólo puede enmarcarse en el ámbito de conductas totalitarias dictatoriales. Que el coordinador de CDC, Josep Rull, el partido de Artur Mas, que democráticamente gobierna Cataluña, remate diciendo que no descarta “una declaración unilateral de independencia”, obviamente ilegal, mientras el President de la Generalitat, no sólo no tome medidas contra tan intolerables manifestaciones, desautorizando al instante tanto a Junqueras, su socio, como a Rull o presentando su dimisión “ipso facto”, sino que con la citada infame majadería, entre otras por el estilo, aliente semejantes aberraciones democráticas, engañando adrede a los ciudadanos, sólo se puede enmarcar entre quienes no están dispuestos a pagar el precio de la libertad, en este caso para mantenerla, sino precisamente, entre quienes pretenden, desde la libertad, acabar con ella y arrebatársela a sus depositarios.
Lleva razón Mas afirmando que “pensar que un proceso así se hace de rositas no es posible”, aunque lo enmascara de forma torticera desde el punto de partida, que es la libertad, para camuflar su aberración de que el precio de mantenerla “es quizá más alto” que el de alzarse contra ella y no acatarla, prostituyendo así el Estado de Derecho. A Mas le traiciona su subconsciente seguramente, pues no hay precio más caro para los ciudadanos libres que perder su libertad o ponerla en riesgo como él pretende. Le bastaría repasar la Historia de Cataluña y comprobar que jamás fue tan libre como ahora, gracias a la consolidación de nuestro Estado de Derecho, para regresar a la consciencia y pedir perdón a los catalanes en primer lugar y, en segundo lugar, a los demás españoles.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 3 de septiembre de 2014

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA, SIN EXCUSAS

                        Sin duda alguna nuestra democracia es manifiestamente mejorable, no ya porque todo, absolutamente todo, sea susceptible de mejora, nada es perfecto, sino porque, transcurridos los años, se han ido agudizando las malévolas conductas que, no estando estrictamente prohibidas, quedaban a la interpretación subjetiva del espíritu de la norma que, a todas luces, ha sido prostituido de forma habitual y casi generalizada, poniendo en grave riesgo la higiene democrática en nuestro país. Por tanto, ningún demócrata en su sano juicio puede negar hoy la urgente necesidad de una regeneración democrática. Ni puede entender que, puesto el asunto sobre la mesa, se pongan excusas para eludirlo o aplazarlo. Es pues incomprensible que, ante la oferta del Gobierno de retomar el diálogo sobre los proyectos de ley de medidas de regeneración democrática, remitidos hace meses al Congreso, y discutir sobre otras nuevas propuestas al respecto aportadas ahora, la mayoría de los partidos de la oposición lo rechacen de plano, cuando lo procedente sería, no sólo aceptar, sino exigir el diálogo y, aportando sus propias propuestas, buscar un consenso lo más amplio posible, sabiendo que la regeneración democrática pasa irremediablemente por quedar plasmada en las leyes, ya que dejarla a la voluntad particular de unos y otros es pura retórica. A la vista está.
            Ya sean las propuestas en fase de tramitación parlamentaria, ya sean las novedosas, ¿quién, visto lo visto, no está de acuerdo, entre otras cuestiones, en mejorar asuntos como el control de la actividad económica financiera de los partidos, el régimen de incompatibilidades de altos cargos, las medidas penales y procesales contra la corrupción…? ¿Quién, en definitiva, puede desdeñar la unificación de criterios para fijar el momento procesal en que un responsable político debe abandonar su cargo público o ser excluido de las candidaturas electorales; o la fortaleza de la participación ciudadana en el proceso legislativo y en la presentación de iniciativas populares; o la reducción y limitación de los aforamientos; o la limitación de gastos en las campañas electorales; o la introducción de mecanismos de control sobre los indultos; o, en definitiva, cualquier otra medida a instancias de cualquiera de los distintos grupos parlamentarios? ¿Por qué entonces la mayoría de los partidos de oposición pretenden reducir el asunto sólo a la propuesta gubernamental de “fortalecimiento del vínculo entre representantes y representados en el ámbito local”, es decir, a que el alcalde sea el candidato más votado por el pueblo, encontrando en la propuesta la excusa idónea para no dialogar con el Ejecutivo y dejar las cosas tan mal cómo están? Nadie lo entiende, y menos aún que, dicha excusa, se pretenda vender como una propuesta antidemocrática, pues sobre modelos de elección de alcaldes, hay ejemplos para todos los gustos en el resto de países democráticos, y, en todo caso, de lo que se trataría es de argumentar qué beneficios o perjuicios aporta cambiar o no el modelo actual, cuando además, ha sido un tema que han incluido a veces otros partidos en sus programas electorales. Ni siquiera el supuesto oportunismo del PP de cara a las próximos comicios justifica la negativa de dialogar al respecto. ¿Qué momento sería el oportuno? Es más, se trata de una propuesta abierta que no se agota cambiando el sistema proporcional, sin más, por el mayoritario (ambos ya utilizados en España según los habitantes de cada municipio), pues en cada uno de ellos caben distintas posibilidades.
            Es por tanto un error garrafal que Sánchez, el líder del PSOE, para alcanzar un pacto de Estado con el PP de Rajoy sobre regeneración democrática, no sólo ponga como excusa la retirada de la propuesta popular sobre elección de alcaldes, sino además la retirada de reforma de leyes como la del aborto o de seguridad ciudadana que, en todo caso, gusten o no, entran en el ámbito de las legítimas políticas partidarias coyunturales y su implantación legal depende de las mayorías suficientes que los ciudadanos conceden a los distintos partidos políticos que las contemplan en sus programas electorales. Si dichas leyes no son del agrado de Sánchez, lo que debe de hacer es convencer a la ciudadanía para que, otorgándole la suficiente mayoría en los próximos comicios, puedan ser derogadas, pero jamás deben servir como excusa o chantaje para impedir reformas de Estado, unánimemente reivindicadas, y, menos aún si, como es el caso, eres dirigente de un partido que, por sus largos periodos de gobierno, tuvo la posibilidad de hacer dichas reformas y no las hizo. Si Sánchez, en su primera entrevista tras ser elegido Secretario General del PSOE, dijo que “debemos anteponer los intereses de España a los intereses de los partidos”, ahora tiene la oportunidad de demostrarlo, pues los intereses de España requieren un paquete de medidas de regeneración democrática. Nadie entendería que, siendo deseable hacerlo entre todos, el PSOE especialmente, permita que lo haga sólo el Gobierno del PP, que puede hacerlo con la mayoría suficiente que los ciudadanos le otorgaron en las pasadas elecciones, sin ni siquiera aceptar la invitación a ese diálogo de búsqueda de un amplio consenso al respecto. No sería lo propio de un partido con vocación mayoritaria para volver a gobernar este país.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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