La
corrupción en España es un círculo vicioso, nunca mejor dicho, muy difícil de
romper. Y el mejor ejemplo es el último debate al respecto en el Congreso de
los Diputados. Una nueva ocasión perdida, la enésima, para romperlo de una vez
por todas. A la gran mayoría de portavoces de los distintos grupos
parlamentarios de la Cámara no debiera dolerle prendas en reconocer, aceptar y
admitir, como hizo en este caso el Presidente del Gobierno, “problemas serios”
en asuntos de corrupción ya que es público y notorio. Todo el mundo ya ha
perdido hasta la cuenta de los múltiples casos de corrupción que se reparten
entre unos y otros, que unos y otros utilizan como armas arrojadizas para
menoscabar al contrario, olvidando y ocultando los casos propios. Es la
indecente e hipócrita estrategia coyuntural para que las cosas sigan como
están, cuando la ciudadanía ya no tiene más tragaderas y sólo espera y desea
que, de una vez por todas, todos, absolutamente todos, busquen la fórmula
adecuada para acabar definitivamente con tan intolerable situación. Pero,
aunque todos lo esperaban, no fue así. Unas setenta medidas anti-corrupción
propuestas por el Gobierno, ni siquiera fueron tomadas en cuenta como algo
positivo o negativo por parte de casi toda la oposición, rechazándolas con el
desvergonzado e incoherente argumento de que el Presidente Rajoy carece de
credibilidad para liderar la regeneración, y olvidando que, si de credibilidad
se tratara, todos prácticamente deberían hacer las maletas y marcharse a casa,
tal como manifiestan las encuestas. En definitiva, el círculo vicioso de la
corrupción sigue indemne: como todos los partidos carecen de credibilidad, como
todos tienen por qué callar, que ninguno de sus líderes proponga soluciones y
si a alguno, como es el caso, se le ocurre hacerlo, por la razón u objetivo que
sea, ni las valoramos, sino todo lo contrario, las rechazamos recurriendo al
pecado original de su promotor. Por lo visto les es más rentable seguir
poniendo en marcha, una vez más, el ventilador de la basura por perjudicial que
sea para la ciudadanía en su conjunto y para el interés general. Es la triste
realidad.
Imaginen
por un instante que nuestros representantes en el Parlamento estuviesen
decididos a luchar contra la corrupción de verdad, sin trampas ni cartón. En
ese caso, al margen de lo que opine cada uno de Rajoy o de sus razones para
presentar dichas medidas anticorrupción, lo prioritario y sensato sería que se
respaldaran las consideradas como positivas para convertirlas en leyes con
amplio respaldo y se anunciara la predisposición a mejorarlas, vía enmiendas,
en el posterior trámite parlamentario. Lo inexplicable es, como se ha hecho,
rechazarlas de entrada porque su promotor no les merece crédito. Y quienes así
actúan, al menos, debieran explicar a los ciudadanos, por qué no están de
acuerdo y dificultan que se contemple en la ley que, entre otras cosas, se
tipifique por primera vez la financiación ilegal como delito, se fije un plazo
máximo en la instrucción de los macro-procesos judiciales, se prohíba el uso de
tarjetas de crédito a los altos cargos, se exija que los militantes participen
en la elección de los cargos de dirección, se extingan los partidos que no
cumplan las normas, se haga mayor control de los viajes y gastos de los
parlamentarios, se suspenda de militancia cuando se abra juicio oral, se
prohíban las donaciones de personas jurídicas y se limiten las de las físicas hasta
un máximo de 50.000 euros, se prohíba condonar o renegociar la deuda de los
partidos por debajo de los mercados, se obligue a detallar su patrimonio a los
cargos al llegar y al abandonar sus puestos….. ¿acaso estas medidas no
dificultan las prácticas corruptas? ¿es mejor seguir con el “y tú más”? ¡Basta
ya de tanta hipocresía e incoherencia!
Si
de veras queremos romper definitivamente este círculo vicioso de la corrupción,
al margen de la ideología de cada uno, hemos de exigir que espectáculos como el
protagonizado en el Congreso no se vuelvan a repetir. Precisamente es la
institución que puede y debe cambiar el rumbo aprobando una legalidad más
adecuada para combatir a los corruptos. Y los responsables de que no se haga
tienen nombres y apellidos. En primer lugar el Gobierno que, con su mayoría
absoluta, no puede permitirse el lujo de dejar pasar esta legislatura dejando
las cosas como están. En segundo lugar la oposición, que no puede permitirse el
lujo de dejar pasar la legislatura sin aportar una iniciativa global al
respecto y rechazar además la que presenta el Gobierno. Cierto que Rajoy
finalmente anunció que, en caso de que no haya consenso amplio, convertirá las
propuestas en medidas legales con la mayoría absoluta que los ciudadanos le han
otorgado. Es lo que, en todo caso, debe hacer y que cada cual aguante su vela.
Lo intolerable es que finalice la legislatura y, entre unos y otros, quede la
casa sin barrer. El pueblo en las próximas elecciones sabrá valorar lo actuado
por unos y otros. O, al menos, así debiera hacerlo.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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