martes, 24 de marzo de 2015

TRAS LAS ELECCIONES ANDALUZAS

                        En plena resaca por las elecciones andaluzas, como suele suceder tras cualesquiera otros comicios, una serie de valoraciones, análisis, proyecciones, críticas y comentarios en general, más o menos interesados, circulan por doquier añadiendo más confusión a los ciudadanos sobre las causas de lo que ha sucedido y, sobre todo, sobre las consecuencias de cara a lo que puede suceder en el futuro, teniendo en cuenta las diversas confrontaciones electorales  que se avecinan. Por tanto, no pretendo sumarme a esa lista de elucubraciones al respecto que, en todo caso, sería una más, sino comparar los resultados obtenidos con los de los comicios de 2012, así como con las encuestas que, acompañando la campaña electoral, fueron modelando el ánimo de unos u otros, para que ahora sean los lectores quienes con semejantes datos objetivos saquen directamente sus propias conclusiones. Y los resultados no dejan lugar a dudas. En 2012, con Griñán como candidato del PSOE, Arenas del PP y Valderas de IU; con una participación del 62´23%, ganó las elecciones el PP con 1.567.207 votos, el 40´66% y 50 escaños; seguido del PSOE con 1.523.465 votos, el 39´52% y 47 escaños; y de IU con 437.445 votos, el 11´34% y 12 escaños; quedando sin representación el resto de partidos (UPyD con el 3´35% y PA con 2´5% como los más significativos). En 2015, el pasado domingo, con Susana Díaz por el PSOE, Moreno Bonilla por el PP y Maíllo por IU (por citar sólo a los partidos que conformaban la Cámara legislativa), con una participación del 63´94%,  gana las elecciones el PSOE con 1.409.042 votos, el 35´43% y 47 escaños; seguido de PP con 1.064.168 votos, el 26´76% y 33 escaños; de Podemos con 590.011 votos, el 14´84% y 15 escaños; de Ciudadanos con 368.988 votos, el 9´28% y 9 escaños; y de IU con 273.927 votos, el 6´89% y 5 escaños, quedando sin representación el resto de partidos (UPyD con el 1´93% y PA con 1´53% como los más significativos. Estos son los datos objetivos.
            Por otro lado las últimas encuestas, que coinciden en que ganaría el PSOE y en el orden del resto de partidos, varían en porcentaje y en escaños: para SigmaDos (PSOE, 31´1% y 41-44 escaños; PP, 26´8% y 32-36; Podemos, 15´2% y 16-18; Ciudadanos, 11´4% y 11-12; e IU, 6´8% y 4); para Metroscopia (36´7% y 45; 25´1% y 29; 14´7% y 15; 11% y 12; 8´5% y 8); para GAD3, sólo en escaños (40-44, 34-38, 15-18, 8-9 y 5-7); y para NCReport (43-45, 32-33, 15-16, 10-12 y 4-5), coincidiendo todas ellas en dar menos escaños al PSOE, incluso quienes le daban más porcentaje del obtenido, y mayoritariamente en dar más escaños a Ciudadanos, estando más equilibrado el acierto en el resto de formaciones políticas en términos generales. Por tanto, no demasiado desajustadas estas últimas encuestas, a diferencia de las anteriores que llegaban a colocar a Podemos como segunda fuerza política, por ejemplo.
            En definitiva, los datos objetivos ponen en evidencia que, perdiendo cuatro puntos porcentuales y casi 115.000 votos, el PSOE gana las elecciones, porque el PP pierde casi catorce puntos y algo más de 500.000 votos; que el nuevo Parlamento andaluz queda más fragmentado; que, a pesar de todo, entre PP y PSOE, a gran distancia de los demás, obtienen una representación superior al 62%; que los partidos emergentes no llegan ni al 25% de representación; y que IU se hunde al perder casi la mitad de votos y más de la mitad de escaños, siendo los peores resultados de su historia en Andalucía.
            Y con los citados datos objetivos, sin ningún tipo de valoración añadida, estamos en condiciones de salir al paso de determinadas afirmaciones, interesadas, tendenciosas y propagandísticas para saber si realmente la victoria de Susana Díaz es “histórica”, además de “indiscutible”, que lo es; si mejora la gobernabilidad de Andalucía; si se ha dado la puntilla al bipartidismo; si los partidos emergente son realmente la voz del pueblo, especialmente Podemos que presume de ello; si IU acabará fagocitada por el partido de Iglesias; si UPyD yerra en su estrategia de rechazar a Ciudadanos…y tantas otras sentencias que se han venido esgrimiendo en estos últimos tiempos. Incluso, si nos esmeramos un poco, hasta podríamos reflexionar para sacar algunas conclusiones sobre si la corrupción hace mella en los votantes (dentro de poco habrá elecciones en CCAA que, al igual que Andalucía, están plagadas de casos de corrupción), sobre si el papel de los medios de comunicación (más bien de propaganda) inciden con fuerza en los resultados, sobre si los candidatos designados a dedo (Susana también lo fue) están condenados al fracaso… y tantos otros tópicos que se utilizan para explicar u ocultar otras realidades. Al final, mejor quedarnos con que la democracia es sabia y los pueblos que la ejercen tienen lo que se merecen.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 17 de marzo de 2015

NO PODEMOS CONFIAR EN PODEMOS

                        Una resolución del Parlamento Europeo, único foro en el que Podemos tiene de momento representación parlamentaria, sitúa definitivamente al partido de Pablo Iglesias en el lado más oscuro de la democracia, si no en la penumbra inquietante de los modelos político-ideológicos autoritarios, cuando no totalitarios, que, seguramente, se esconde tras la autoproclamada indefinición ideológica de Podemos por parte de sus líderes (la mayoría adscritos biográficamente a la izquierda radical), que en el fondo no es más que una calculada estrategia para conquistar el poder mediante una compleja articulación teórica que su ideólogo Monedero, ahora en sus horas más bajas por haber sido pillado con el carrito del helado, define como “leninismo amable”. La resolución europarlamentaria en cuestión, apoyada por los cuatro principales grupos ideológicos europeos (populares, socialistas-demócratas, conservadores-reformistas y liberales), que, ni siquiera exige sanciones a pesar de la petición de los liberales, simplemente expresa “la profunda preocupación por el deterioro de la situación en Venezuela y el uso de violencia contra los manifestantes” y reclama la ”inmediata” liberación de líderes opositores, encarcelados por “ejercer su derecho a la libertad de expresión y sus derechos fundamentales” y el cese de la censura en los medios de comunicación, denunciando situaciones como la detención violenta y “arbitraria” del alcalde de Caracas Antonio Ledezma, las torturas denunciadas en prisión por el opositor Leopoldo López y la muerte por disparos de un menor en una manifestación, y advirtiendo que los opositores son civiles presos en cárceles militares y de que se ha vulnerado su presunción de inocencia. Resolución moderada y comedida, digna de ser apoyada por cualquier demócrata auténtico al margen de la ideología política que tenga, en defensa de la libertad y la convivencia pacífica. Sin embargo, indecentemente, no ha sido apoyada por Podemos (además de IU, ERC, Compromis, e ICV; Dios los cría y ellos se juntan), lo que, en buena lógica debiera suponer la desconfianza política en dicha formación por parte de cualquier demócrata que se precie y esté dispuesto a defender la libertad, puesta en grave riesgo, como todo el mundo sabe, en Venezuela, con la colaboración por acción u omisión, como ven, de los podemistas.
            Los demócratas, al margen de la ideología que tengamos cada uno, no podemos confiar en Podemos y no precisamente por cuestiones programáticas, sino por cuestiones mucho más profundas. De los nuevos partidos surgidos al rebufo del desencanto y el descrédito de los partidos clásicos, es el único que no apuesta por mejorar nuestro apático sistema democrático, aportando aire fresco al mismo, sino que pretende derribarlo para sustituirlo por un nuevo régimen “sui géneris”, una especie de vieja “democracia” con apellidos (popular, ciudadana…, que tanto liberticidio y ruina causaron históricamente), cuyo modelo actual y moderno más genuino es el chavismo venezolano, alabado por los líderes podemistas por activa y pasiva en múltiples ocasiones. Es la única razón convincente del rechazo a la resolución europea, por más razones absurdas que tanto Iglesias como Echenique hayan dado para justificar lo injustificable. Decir, como hace Iglesias, que el rechazo es porque el texto “dice que Venezuela es como Arabia Saudí” es mentir descaradamente, salvo que sea una mala pasada de su subconsciente, pues en el texto no aparece dicha comparación; mantener, como hace Echenique, “que la manera de solventar los conflictos es el diálogo” cuando el texto no se opone al mismo, es confundir sibilinamente a la ciudadanía tergiversándolo todo. Resultan mucho más creíble las palabras de Errejón de que se le “apunte en esa lista” de personas que defienden el régimen de Venezuela porque “en el sur de Europa necesitamos mucho de este cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla”, ya que “Chávez vive, la lucha sigue”. Y ya ven como borra Maduro a los canallas.
            No podemos confiar en Podemos aunque Iglesias argumente “a mí no me gusta que se detenga a un alcalde” pues “ni la prisión preventiva, ni la detención de cargos públicos son algo que a priori a mí me guste” (¡faltaría más!), como si la libertad fuese una cuestión de gustos. No entiende Iglesias y los suyos, cuando habla de diálogo como excusa para no condenar los atropellos de Maduro, que la libertad no es negociable, ni puede, ni debe estar condicionada a estrategias o conveniencias coyunturales y, por tanto, cualquier demócrata, defensor obviamente de la libertad, ha de mojarse siempre en esta dirección. No entiende, en definitiva, que la política no pude, ni debe estar por encima de la ética. Por tanto, condenar la represión política en Venezuela o en cualquier otro lugar, debe estar por encima de cualquier otro interés por legítimo que sea para cualquier demócrata. Ya no es cuestión de estar o no de acuerdo con el programa de deseos que tenía Podemos al inicio, ni con su aparente progresiva acomodación a la viabilidad por razones electorales; no podemos confiar en Podemos sencillamente porque su lucha por las libertades, como ven, deja mucho que desear.    

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

viernes, 13 de marzo de 2015

EL ÁTICO DE LA DISCORDIA

                        Menudo lío se ha formado con el ya famoso ático de Ignacio González, sin duda el ático de la discordia, que, al final, le ha costado al Presidente de la Comunidad de Madrid la candidatura a la misma, en favor de Cristina Cifuentes. Si, en principio, Rajoy acierta sin duda, las informaciones aparecidas al respecto demuestran que se ha quedado corto al descartar a González de la candidatura, debiera haberlo acompañado con una petición pública de dimisión inmediata. No en vano, el caso del ático de la discordia y todo lo que le rodea, al margen del recorrido judicial que tenga, es paradigmático de conductas reprobables en cualquier gobernante que, como otros anteriores demasiado abundantes y de cualquier color político, han causado daños irreparables en la credibilidad de los ciudadanos en la Política y en la Democracia, viendo cómo, siendo elegidos para gestionar los recursos públicos, se lucran y enriquecen impunemente con el mayor descaro a costa de los mismos. Rajoy ha perdido pues una gran oportunidad para demostrar que va en serio su anunciado objetivo anticorrupción, pues no basta con que el Ministro Fernández Díaz afirme que las grabaciones de la conversación de González sobre su ático con dos comisarios en la madrileña cafetería La Mallorquina son parte de una investigación irregular, hecha al margen de los protocolos establecidos, ni que (aunque también) es el juez quien debe pedir explicaciones y las grabaciones, pues, justo por todo ello y además de ello, corresponde políticamente al Ministro explicar a la opinión pública esas prácticas policiales irregulares, aclarar el desorbitado patrimonio empresarial del comisario Villarejo y, por supuesto, esclarecer la génesis, bastante rocambolesca e irregular, cuando no ilegal, de la compra del ático por parte de Ignacio González.
            En efecto, tanto el proceso de adquisición del ático, como la investigación del mismo y las circunstancias que lo rodean generan demasiadas incertidumbres que alguien debe aclarar de una vez por todas. El asunto se destapa cuando los abogados de un político del PP, el partido de González, acusado por cobrar del pelotazo de Arganda (uno de tantos pelotazos a lo largo y ancho de toda España) reconoce ante la policía que su cliente ha cobrado pero que González se ha embolsado dos millones del pelotazo, parte en metálico y parte en un piso en la Costa del Sol. Y, ya se sabe, tirando del hilo, se llega al ovillo. En efecto, González y su esposa disfrutaban de un lujoso ático en Estepona, a nombre de una sociedad extranjera, aunque los vecinos de la urbanización, dicen que “es del político”, que “él dice que está de alquiler, pero es suyo” y que “lo sabe toda la urbanización”. Al final resulta que el ático se vendió a una sociedad misteriosa, que no a González, ubicada curiosamente en Delaware, un paraíso fiscal, a la que González dice que paga un alquiler, una ganga sospechosa (2.000 euros cuando sólo el gasto de comunidad es de 600 euros mensuales), hasta que la policía descubre que el dueño oficial es un americano, amigo de Enrique Cerezo, que lo había comprado a través de una sociedad de Panamá… En fin, toda una historia rocambolesca para algo tan sencillo como alquilar o comprar un piso, por lujoso que sea, obviamente si se tiene el dinero o el crédito necesario para adquirirlo, declararlo y pagar los impuestos correspondientes.
            Y con estos datos se produce el pintoresco encuentro de González con los comisarios, quienes, grabadora oculta en mano, prosiguen una investigación tan rocambolesca como los hechos investigados. Le dicen estar tras el ático porque un investigado por la Gürtel lo ha contado; le dan algunos detalles de los arriba mencionados. González lo niega, aunque, cuando le ofrecen arreglar el asunto para que no trascienda con la aportación de un recibo de luz o pago de alquiler, que en ningún caso aporta, se deduce de la conversación cierto reconocimiento y preocupación, afirmando, entre otras cosas, que “el tema es que si sale…y eso es lo que yo no quiero”. ¿Por qué si todo es normal? Acaba la reunión sin aclarar nada;  luego poco más descubre la policía. Ni denuncias de chantaje, ni nada de nada, hasta que la prensa publica que se investiga sobre el ático. Ruido mediático. González  reconoce que compra el ático. Dimite Aguirre y asciende a la Presidencia de la Comunidad. Todo parece zanjado. Pero, su posterior y reciente estrategia agresiva, incluyendo acusaciones de chantaje por parte de la policía, se vuelve contra él. Nunca mencionó la reunión en La Mallorquina y cuando pide que se aporten todos los documentos para demostrar que le investigan ilegalmente, la policía entrega incluso la nota que refleja la reunión secreta… y se filtran las grabaciones. Demasiadas conductas sorprendentes de unos y otros, que requieren algo más que el descarte de la candidatura de González.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

lunes, 9 de marzo de 2015

ANDALUCÍA, EN CAMPAÑA ELECTORAL

                        Por decisión personal de Susana Díaz, que había heredado un sólido gobierno pactado con IU, tras la dimisión de Griñán en agosto de 2013, quince meses después del inicio de legislatura, Andalucía está inmersa en una campaña electoral anticipada cuando la legislatura andaluza, en circunstancias normales, debiera haber durado hasta la primavera de 2016. Para unos, un adelanto electoral innecesario que obedece más bien a intereses estratégicos personales en clave interna de la propia Presidenta de Andalucía, en su supuesta lucha por el liderazgo del PSOE con Pedro Sánchez, que a los intereses generales de los andaluces; para otros, un adelanto inteligente ante el peligro de que el arrollador avance de Podemos menoscabe aún más el deterioro de un PSOE tras las elecciones locales, autonómicas y generales (en caso de malos resultados electorales), lo que repercutiría negativamente en un PSOE-A, bajo la espada de Damocles de lo que depare el avance de la investigación de los conocidos casos de corrupción vinculados a la Junta de Andalucía… En ningún caso pues una necesidad por cuestiones de ingobernabilidad, aunque obviamente IU, ante un año tan electoral como éste, se permitiera algún que otro gesto público de crítica para dar la imagen de diferenciarse de su socio mayoritario en la Junta, que en ningún caso hubiera supuesto la ruptura del pacto gubernamental. Por tanto, sólo los resultados de estas elecciones andaluzas darán o no la razón a la decisión de Susana Díaz, al margen de las razones por las que las adelantó innecesariamente en términos de política general. Y, de momento, las encuestas configuran un panorama político en Andalucía que genera demasiadas incertidumbres en términos de estabilidad gubernamental, lo que puede suponer que el remedio es peor que la enfermedad, sobre todo, cuando ésta, en todo caso, era leve.
            En efecto, si el resultado de las elecciones de marzo de 2012 (PP, 40´6% de votos y 50 escaños; PSOE, 39´5% y 47; e IU, 11´3% y 12) permitieron un sólido pacto de gobierno PSOE-IU, que superaba ampliamente los 55 escaños que se requieren para la mayoría absoluta, la última encuesta de NCReport (PSOE, 33´1% y 44-46 escaños; PP, 28´2% y 34-36; Podemos, 14´3% y 14-16; Ciudadanos, 10´1% y 8-10; e IU, 7´2% y 5-7) diseña un panorama de ingobernabilidad preocupante, obligando a Susana Díaz, como ganadora, a un acuerdo  con Podemos o con PP, lo que, a todas luces, supone que, en el mejor de los caso, para este viaje no se necesitaban alforjas. Una encuesta de SigmaDos en el mes pasado (PSOE, 34´7% y 43-45; PP, 30´2% y 39-42; Podemos, 15´6% y 17-19; e IU, 8´2% y 5-7), tras la convocatoria de elecciones anunciada por Díaz en enero, comparada con la de NCReport, confirmaría una leve tendencia a la baja de PSOE, PP, Podemos e IU, y un importante ascenso de Ciudadanos que del 3´4% pasaría a ese 10´1% consiguiendo casi 10 escaños, con lo que si sigue dicha tendencia durante la campaña electoral les colocaría en posición privilegiada para una posterior gobernabilidad.
            Para que cada cual saque sus propias conclusiones, basta añadir que en febrero de 2014, antes de que Podemos y CiU irrumpieran como partidos políticos de ámbito nacional, según el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, que con toda seguridad tendría en cuenta Susana Díaz para adelantar elecciones, el PSOE ganaría las andaluzas con el 36´7% de votos, seguido de PP con el 31´1%, IU con el 15´5% y UPyD con el 7´4%. Ya ven, las cosas han cambiado pues de forma sustancial en sólo un año, obviamente a peor en términos de gobernabilidad.
            Si la campaña electoral en Andalucía sirve para aclarar de alguna forma este esbozo de ingobernabilidad manifiesta, cuando hasta 2016 era gobernable, bienvenida sea la decisión de Susana Díaz. En caso contrario sería lamentable. Susana Díaz en Andalucía, al igual que Artur Mas en Cataluña, tenía la posibilidad de convocar elecciones después de la vertiginosa experiencia electoral que se avecina, pero ha preferido ser pionera en estos tiempos convulsos de cambio. Ya aconsejaba Ignacio de Loyola que “en tiempo de tribulación no hacer mudanzas” y Susana no ha hecho caso del tradicional consejo. Si las cosas van bien ¿a qué cambiarlas? Ya lo hizo Artur Mas en Cataluña y, aunque ahora lo repite, le fue fatal, no sólo a él y a su partido, sino al pueblo catalán. Esperemos que, por el bien de Andalucía, no repercuta el experimento de forma negativa en el pueblo andaluz, pues convertirse en crisol de ensayos electorales inciertos, pudiendo ser recipiente sólido de experiencias contrastadas, a primera vista, no parece ser un buen negocio. Ya decía Alfonso Guerra que los experimentos con gaseosa. Los andaluces tienen la última palabra y los partidos políticos pocos días para convencerles de que lo peor es optar por la ingobernabilidad.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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