Comparece
José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo para declarar voluntariamente como
imputado por el escándalo de los ERE fraudulentos, anticipándose al
requerimiento del tribunal, previa autorización de las Cortes como es
preceptivo cuando se trata de imputaciones a aforados, y no se considera
responsable del “gran fraude” que, al menos, reconoce que existió. Con dos
frases contundentes, “No creo que hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude
y eso significa que algunos controles pudieron fallar” y “Los ERE, una
barbaridad; mi conducta, irreprochable”, despacha el asunto y se queda tan
fresco, aunque, menos da una piedra, pues hay que recordar que, cuando se
publicaron las primeras noticias del caso, desde las más altas instancias de la
Junta de Andalucía, concretamente Manuel Chaves, también imputado como Griñán y
en vísperas de comparecer ante el TS, sostenían que, en todo caso, “era un
asunto de tres o cuatro golfos” y no ese “gran fraude” (masivo, diría yo) que
ahora reconoce su compañero Griñán, quien, no obstante, elude cualquier tipo de
responsabilidad política o jurídica en el mismo, argumentando que si dimitió
como Presidente de la Junta fue para no dañar la imagen del Gobierno autonómico
(como si el daño no fuera en sí mismo la existencia de tan “gran fraude”) y que,
durante su gestión como Consejero de Economía y Hacienda (2004-09) o como
Presidente (2009-13), jamás cometió ninguna irregularidad. Simplemente, no se
enteró de nada durante todos esos años; pero, ya ven, califica su conducta de
“irreprochable”, como si la incompetencia, en el mejor de los casos, no fuera
susceptible de reproche político al menos.
Incluso Griñán,
en la misma línea de defensa que su colega Viera, ex consejero de Empleo, que
declaró el martes, responsabiliza del caso a cargos inferiores, es decir, que
estaban bajo su cargo, supervisión y control (¿a quiénes responsabilizará
Chaves cuando le toque declarar?), con lo que, como nos descuidemos, al final,
pagarán el pato los “tres o cuatro golfos” citados por el ex presidente Chaves.
Pero si Viera, para eludir sus responsabilidades, declaró que ignoraba el
mecanismo de las ayudas irregulares porque carecía de “formación jurídica”, ya
que era “de profesión maestro” (¡menuda jeta y menudo insulto a los maestros!)
y confiaba “plenamente” en su equipo, Griñán, licenciado en Derecho e Inspector
de Trabajo (lo que le impediría alegar ignorancia por razones profesionales,
pues ya sería el colmo), se escuda en que no recibió los informes de la
Intervención y que sólo recibió las “memorias anuales”, que se “presupuestó”
correctamente, aunque con cambios en la “ejecución” de los pagos, que el
sistema era perfectamente legal y se usa en todas las administraciones
(esperemos que no en todas se cometa el mismo “gran fraude”), que pudieron fallar los “controles”…. en
definitiva, una serie de argumentos técnicos que le alejan, en todo caso, de la
alegada ignorancia de su compañero Viera. Al final no se sabe que es peor, si
declararse ignorante o avivado experto, pues lo pésimo es que bajo las altas
responsabilidades encomendadas a uno u otro, nadie se enteraba del “gran
fraude”, con premeditado plan o sin él, que se estaba perpetrando durante
tantos años desde instancias directas de la Junta y con el dinero público de
todos los andaluces y de todos los españoles, ni nadie hacía nada para
impedirlo.
Por tanto,
dando por sentada la presunción de inocencia (en el ámbito jurídico, que no se
olvide), decepcionante comparecencia de Griñán en el Tribunal Supremo, pues, en
el ámbito político al menos, es indecente comparecer como aforado (es decir,
ostentando altas responsabilidades políticas y representativas), para reconocer
la perpetración de un “gran fraude”, continuado durante años, durante su mandato,
cometido por quienes estaban bajo su
responsabilidad y en sus propias narices, lo que debiera incapacitarle para el
ejercicio de nuevas responsabilidades políticas (su manifiesta incompetencia o
irresponsabilidad es manifiesta), al margen de las responsabilidades penales
que pudieran derivarse o no durante el transcurso del procedimiento encaminado
a establecer la verdad jurídica, que no siempre se corresponde con la verdad
real, pues la comisión de un delito a veces no se puede demostrar, ni las diferentes
responsabilidades de todos y cada uno de los que, por acción u omisión, están
relacionados con él. Griñán, como el resto de investigados (ya no se dice
imputados) en relación con el “gran fraude” de los ERE, debiera haber comparecido
ante los tribunales ordinarios como cualquier ciudadano normal, señal
inequívoca de que su conducta política, manifiestamente reprochable, no le hace
merecedor de nuevas responsabilidades políticas, por más que nada se consiga
reprochar a su conducta desde el punto de vista jurídico. El “gran fraude” de
los ERE es real y, como tal, debe tener responsables políticos y jurídicos. Mal
asunto si, mezclando churras con merinas, somos, como ven, incapaces de
entenderlo.
Fdo. Jorge Cremades
Sena
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