sábado, 27 de junio de 2015

¡Y ERAN CUATRO GOLFOS!



                        Menos mal que Manuel Chaves, al publicarse el presunto caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, dijo que, en el peor de los casos, era un asunto “de cuatro golfos”; si llega a ser de más golfos, hoy no se libraba de ser imputado en la Junta de Andalucía ni el apuntador. El propio Chaves, junto a Griñán, ex presidente de la Junta como él, y los ex consejeros de la misma, Zarrías y Viera, son imputados definitivamente por el Tribunal Supremo por haber permitido todo un plan de ayudas ilegal y arbitrario, que repartía a su antojo (la Administración contabilizó 235 beneficiarios bajo sospecha, de los que 71 eran incluso intrusos)  millones de euros, que debían destinarse a los andaluces más desfavorecidos; así, estos cuatro personajes se suman a los más de 260 acusados hasta el momento por participar en tan grave e intolerable asunto. El Tribunal Supremo (eran aforados, como ven, por méritos propios, y el Supremo es quien puede decidir) considera que “cebaron sin descanso la partida de los ERE” (casi 855 millones de euros que, según el alto tribunal, “podría aumentar”) y en un auto demoledor sostiene que la versión de Chaves “se opone a las reglas de la lógica y linda con lo inexplicable”, que a Griñán “le advirtieron, no de meras irregularidades, sino de auténticas ilegalidades”, y que Zarrías “contribuyó a otorgar las ayudas, a sabiendas de que eran ilegales”. En definitiva, nada nuevo, simplemente lo que era “vox populi” desde hace ya tiempo y que sólo los imputados y sus acólitos y colegas desmentían indecentemente a diestro y siniestro. Ahora, tras este auto del TS, quedan atrás episodios memorables de malos modos e insinuaciones contra la jueza Alaya, encargada de la instrucción, pintorescas declaraciones para eludir responsabilidades, deplorables confesiones sobre el destino de lo indebidamente apropiado y tantas otras historietas más acordes con la película “Alí Babá y los cuarenta ladrones” (allí eran cuarenta, y no cuatro) que con representantes políticos y gobernantes democráticos de distintos niveles.
            No se trata ahora (sería prolijo) de desmenuzar y dar detalles sobre este escabroso caso de corrupción tan repugnante y poner en evidencia el impresentable proceder de sus autores y sus aledaños a lo largo del proceso de investigación judicial (consultar en Blog Ojo crítico, http://jcremadesena.blogspot.com.es/ “ERES FRAUDULENTOS, EXTREMA GRAVEDAD”, abril de 2013, “CARMONA Y LOS ERES FRAUDULENTOS” junio de 2013, “Y GRIÑÁN SE VA”, septiembre de 2013, o “ALAYA, EL PSOE Y LOS ERE”, agosto, 2014; pues el asunto trae cola), sino de lamentar, por un lado, que una lenta justicia y unos partidos incompetentes (como sucede en otros casos), permitan durante años que personajes impresentables detenten las más altas cotas de representación política, y, por otro lado, se trata de felicitarse, porque, afortunadamente, al final se acaba su impunidad por más barreras que el sistema les ofrezca para evitarlo. Chaves (Griñán ya lo hizo) y Zarrías, anuncian que van a dejar sus escaños, Viera se pasa al grupo mixto y deja el partido, algo que debieran haber hecho desde hace mucho tiempo para evitar más erosiones a un PSOE en entredicho. Alaya, según ellos, la jueza empeñada en amargarle la vida al PSOE-A, seguirá con el caso en el futuro, salvo Viera que prefiere el aforamiento, para mayor disgusto, ahora sí, de Susana Díaz que ve peligrar la estabilidad de su gobierno si Ciudadanos, cargándose de argumentos, se decide por fin y de verdad a poner fin a la corrupción política.
Lástima que, tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez, por mera higiene democrática, no hayan actuado antes tomando medidas disciplinarias contra esta cúpula de los ERE fraudulentos, ahora imputada definitivamente. Atrás quedan las socorridas apelaciones a una presunción de inocencia, con sentido en el ámbito judicial pero no político, para justificar el mantenimiento de estos cuatro magníficos en lo más alto de la representación política y para mayor vergüenza de miles y miles de socialistas honrados que, como el resto de ciudadanos, como la jueza Alaya y como el propio Tribunal Supremo, tenían bien claro que, de entrada, sus comportamientos no eran acordes a la decencia exigida a cualquier gobernante. Ahora sabemos que tras sus permanentes declaraciones públicas de inocencia, al margen de lo que decidan finalmente los tribunales, había verdades a medias, cuando no mentiras, pues estaban al corriente de todo, incluso a sabiendas de que lo estaban haciendo mal, y, o no quisieron o no pudieron evitarlo, al margen de si la trama fue urdida o no conscientemente para delinquir (las intencionalidades son muy difíciles de demostrar), lo que añadiría un plus de desvergüenza. Ahora sabemos que Manuel Chaves mintió cuando, para restar importancia al caso, dijo, por si colaba, que eran “cuatro golfos”, salvo que, obviamente, se refiriera concretamente a los cuatro magníficos, por fin imputados, que conformaban la cúpula de la trama.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 23 de junio de 2015

LA ENCRUCIJADA DE PEDRO SÁNCHEZ



                        Nada que objetar a la magistral puesta en escena del acto de presentación de Pedro Sánchez como candidato socialista a la Presidencia del Gobierno tras su proclamación por el PSOE sin primarias al no obtener ninguno de sus contrincantes los avales necesarios. Imagen de unidad en torno a un líder con todos los barones presentes, recientemente aupados a gobiernos autonómicos gracias a los pactos postelectorales, que no a sus éxitos en los comicios; imagen de hombre de Estado en torno a una gigantesca bandera española proyectada en el escenario, insólito en actos de partidos de izquierdas, como símbolo común de todos los españoles; e imagen de sensatez, prudencia y elegancia en un evento al estilo norteamericano (más propio de campañas de Jefatura de Estado que de Presidencia de Gobierno), con esposa incluida en el escenario y familia en lugar preferente, cuyos organizadores no han dejado al azar el más mínimo detalle ni en el vestir, ni en la gesticulación, ni en el mensaje, ni en la ambientación, obteniendo sin duda un sobresaliente alto por su trabajo. Gracias a ello, por un instante, hemos percibido, sin lugar a dudas, la imagen de un futuro Presidente de Gobierno (o incluso Jefe de Estado, ¿quién sabe?), que pone, como debe ser, la unidad de España, simbolizada en la bandera democráticamente establecida, y la legalidad democrática muy por encima de los legítimos intereses ideológicos para, según sus palabras, “liderar el cambio valiente y coherente” que España necesita; un “cambio moderado” frente a la realidad actual y frente al cambio radical que ofrecen algunas de las fuerzas emergentes, como Podemos, electoralmente pisándole los talones. Al final, Sánchez y el PSOE se dan cuenta de que dejar todo el espectro del centro y la derecha al PP puede ser muy perjudicial para sus intereses y el de los españoles, que radicalizarse para competir exclusivamente por el voto escorado a su izquierda puede ser un suicidio, y que justo en el centro-izquierda (es decir, en la socialdemocracia) es donde el PSOE encontró (y debe encontrar) el espacio idóneo para protagonizar los mejores momentos de gloria de toda su historia. Bienvenida sea pues esta proclama de moderación e identidad progresista propia, que caracterizó al partido en los años ochenta y que jamás debió perder metiéndose en aventuras que no son las suyas.
            Sin embargo es una pena que semejante apuesta, tan estabilizadora y positiva, se haga tras perder estrepitosamente las elecciones locales y autonómicas, maquilladas después con pactos anti-natura, que hoy conducen a Pedro Sánchez a una encrucijada de difícil salida. Es un futurible aventurar qué hubiese pasado si este giro rotundo se hubiese dado antes de los pasados comicios; y, hoy por hoy, es una incógnita el precio a pagar por el PSOE por las cotas de poder conseguidas o entregadas a otros, incluso siendo innecesario como en Barcelona, con el pretexto o único argumento de arrebatarle el gobierno a la derecha a pesar de ser la fuerza más votada por los ciudadanos; una estrategia endiablada frentista y en negativo que le puede abocar a la incoherencia y al descrédito. Lo cierto es que el cambio “coherente” y “moderado” que ahora proclama Sánchez, se contradice con tener y mantener como socios en ayuntamientos y comunidades autónomas a personajes que, investidos de autoridad gubernamental con los votos socialistas, se dedican a pisotear, ultrajar y vejar los símbolos del Estado (bandera, himno, retratos del Jefe de Estado…) o saltarse la legalidad cuando les viene en gana e incluso anunciarlo (“no acataremos las leyes que consideremos injustas”, chirría en nuestros tímpanos), utilizando incluso el cargo para ponerse al frente de quienes pretenden impedir por la fuerza la ejecución de órdenes judiciales en vez de dejar cumplir con su obligación a la autoridad pertinente enviada para ejecutarlas (la imagen de concejales encadenados frente a policías enviados a realizar un desahucio nubla nuestras retinas).
            Y en esta encrucijada innecesaria Sánchez está obligado a decidir cuanto antes qué camino va a tomar de cara a las generales. Todos, comenzando por sus socios, cargados de argumentos, irán al degüello contra su doble incoherencia: por un lado, incumpliendo su promesa electoral de no pactar con populismos radicales antisistema y, por otro, convertidos en socios, renegando de ellos para ofrecerse como el líder moderado y progresista que España necesita. Su “socio” Errejón se ha apresurado advirtiéndole que ambas cosas a la vez son imposibles. Me temo que para hacer creíble su liderazgo de cambio “moderado”, “valiente y coherente”, se requiere, además del valor de reconocer el disgusto por algunas cosas que hacen sus socios radicales, la valentía necesaria de exigirles comportamientos adecuados a su proclamada moderación para seguir apoyándoles, o de desestimar sus exigencias extremas cuando ellos les apoyan, incluso, si fuera necesario, a riesgo de romper sus acuerdos de investidura.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 14 de junio de 2015

REVOLUCIÓN MUNICIPAL

                        Constituidos más de 8.100 gobiernos locales no cabe duda alguna que, tras las elecciones del 24-M, se consolida una verdadera revolución municipal sin precedentes. Revolución municipal en el sentido de cambio radical y profundo respecto al periodo anterior, no sólo en la forma sino también en el fondo, que, indudablemente abre expectativas e incertidumbres en la ciudadanía. En definitiva, un vuelco político indiscutible, aunque ahora basta saber si será para bien o para mal a efectos prácticos con su gestión local diaria, que muchos ponen en duda, por lo que, de ser así, la revolución se limitaría estrictamente a un cambio de caras y siglas con slogans ideológicos huecos y vacíos de contenido, más bien de cara a la galería, que, en la práctica, mutarían la citada revolución en meros retoques estéticos que para nada repercutirán en los pueblos gobernados. Por tanto la revolución, de momento, consiste, que no es poco, en que el PP, ganador de las elecciones, pierde el gobierno de 15 capitales de provincia, gobernando sólo en 19 de ellas; en que el PSOE, segundo más votado, gobernará en 17 de ellas gracias al apoyo de Podemos y demás partidos de izquierdas; y en que, Podemos y sus marcas de camuflaje, además de Compromís, consigue, gracias al apoyo del PSOE (reciprocidad de consecuencias imprevisibles y, hoy por hoy, incalculables), actuando en estos casos como partido bisagra, los ayuntamientos de ciudades y grandes pueblos como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, La Coruña o Santiago de Compostela. En resumen, el PP deja de gobernar en el ámbito ciudadano más cercano, el municipio, a más de 16 millones de personas para hacerlo sólo en unos 6 millones, en tanto que el PSOE (perdiendo como el PP un buen puñado de votos) pasa a gobernar en dicho ámbito a 8 millones de personas frente a los 4 millones que gobernaba. Un negocio “a priori”, este de los pactos por “el cambio”, “el progreso” o “las izquierdas”, sin duda ruinoso para el PP y fructífero para el PSOE, pero sobre todo exitoso para los grupos radicales, muchas veces antisistema, que con apoyos claramente inferiores a los partidos clásicos consiguen cotas de poder local desproporcionadas.
            Dicho lo anterior, el ser o no ser de esta revolución municipal sólo acaba de empezar, pues ahora comienza la hora de la verdad. Haber tenido que recurrir a demasiados tripartitos e incluso cuatripartitos en muchas capitales de provincias y en grandes pueblos de España para constituir sus Ayuntamientos, en muchos de ellos simplemente con el compromiso de facilitar la investidura, que no la gobernabilidad, genera no pocas dudas sobre la estabilidad gubernamental de los mismos. La ausencia de programas consensuados en pro del bien general entre socios coyunturales que, por muy de izquierda que sean o que digan ser, cada uno es de su padre y de su madre, deja demasiadas incógnitas abiertas sobre la bonanza de la futura gestión y su viabilidad. Para empezar y sin haber comenzado la gestión de los mismos ya PP, PSOE y Ciudadanos piden a Carmena el cese del concejal Zapata, titular, nada menos que de Cultura, por sus anteriores manifestaciones antisemitas e incitadoras de la violencia (“¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero” o “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcasser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”, son algunas de sus indecentes e intolerables bromas), no quedándose cortas las de otro concejal Pablo Soto (“Matar a un ministro ¿cuántos años de cárcel son?” es una de sus perlas), que califica de “mierda” al ministro que no es de su agrado, o las de García Castaño manifestando que era momento de “empalar” a Toni Cantó. Es el perfil de muchos integrantes de estas listas perdedoras pero convertidas en ganadoras por obra y gracia de los socialistas que, en más de una ocasión, sonrojarán a más de uno por haberles dado su apoyo para convertirse en gobernantes de un país democrático, aunque, teniendo en cuenta que no han tenido reparo alguno en aupar a Colau tras declarar que no acatará las leyes que a ella no le parezcan justas, poco margen de sorpresa queda sobre las razones que avalan semejantes apoyos.
            Sin duda nos espera una legislatura municipal más que divertida si no fuera porque, desgraciadamente, ya no estamos en el periodo de los chistes, de las ocurrencias o los despropósitos, sino en el de gestionar racionalmente los siempre escasos recursos de nuestros pueblos y ciudades frente a las ingentes necesidades que sufren sus habitantes. Ya no vale el “acercaremos la política a la calle”, que tanto gusta a Carmena y Colau, rodeadas de banderas republicanas al grito de “sí se puede”, ahora vale, desde el primer instante de gestión, dejar bien claro y con hechos que es lo que “sí se puede”, no vaya a ser que sea empeorar la situación.

                        Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 3 de junio de 2015

A COLAU SE LE VE EL PLUMERO

                        Las declaraciones de Ada Colau en una entrevista, como presumible alcaldesa de Barcelona (tras su pírrica victoria en los comicios locales), están levantando ampollas y generando inquietudes en el universo político nacional e internacional, pues dejan mucho que desear, al margen de su ideología, no ya sobre la viabilidad de su proyecto municipal, que también, sino sobre su capacidad como gobernante de una institución democrática (en este caso un ayuntamiento). Si en cuanto al primer asunto (la inviabilidad de su proyecto municipal) cabrían ríos de tinta y, en todo caso, la necesidad de un marco político y un escenario económico totalmente diferente, que no depende de ella, para intentar llevarlo adelante, en cuanto al segundo asunto (su capacidad como gobernante democrática), basta resumirlo en cuatro pinceladas, basadas objetivamente y sin interpretaciones en sus propias declaraciones públicas, claras y diáfanas. Si ya, nada más ganar las elecciones con el 25% de los votos, se apresuró a manifestar rotundamente que era el triunfo de la gente (“Hoy ha ganado la gente”, fue la frase), despreciando al 75% restante o no considerándolo como gente (ciudadanos de un estado democrático), ahora nos dice, solemne y sorprendentemente, cómo impondrá su proyecto por inviable que sea. Interrogada por el entrevistador sobre las dificultades de llevar adelante su mágico proyecto municipal, que, en todo caso, requeriría normas legales que rebasarían sus competencias como regidora de Barcelona, Ada Colau desvela su receta mágica: “Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen”, con lo que el marco legal es lo de menos. Y se queda tan pancha con semejante declaración totalitaria, dictatorial y antidemocrática. De un plumazo, Colau se autoerige en Tribunal Constitucional, en Justiciera Universal de un mundo en la que ella, y sólo ella, decide lo que es justo e injusto, pues supongo que dicha capacidad justiciera se la negará inmediatamente a cualquier barcelonés que, en su momento, considere injusto el IBI, las multas de tráfico o cualquier otra norma que ella misma imponga desde su ilimitada sapiencia personal en la ciudad de Barcelona.
            Obviamente las declaraciones de Colau han sido desautorizadas, como es lógico, por eminentes catedráticos de Derecho Constitucional y, ¡cómo no!, por cualquier demócrata sensato, sosteniendo que en un Estado de Derecho “las leyes son de obligado cumplimiento, con independencia de la valoración que se pueda hacer de ellas”, porque “el día que cada uno desobedezca las leyes que le parecen injustas tendremos un grave problema”. Yo añadiría, si además quienes desobedecen son los gobernantes, que tendríamos la anarquía y la ley del más fuerte, lo que, al final, desembocaría en una dictadura de cualquier tipo. Esta es la triste realidad del mundo mágico de Ada Colau, aunque, visto lo visto, no es extraño en Cataluña, donde Artur Mas con sus colegas independentistas, lo viene disfrutando desde hace tiempo, aunque haya sido incapaz de decirlo tan alto y claro como ella y simplemente se ha pasado la ley por el arco del triunfo, estando imputado por ello junto a otros colaboradores suyos.
            Y todo en un contexto complejo y delicado. Imaginen si Colau hubiese ganado con mayoría absoluta, como la que tiene hoy Rajoy a nivel de España. Hay que recordar los resultados en Barcelona: Podemos-Barcelona en Comú, 25´2% de votos y 11 concejales; CiU, 22´7% y 10; Ciudadanos, 11% y 5; ERC en coalición, 11% y 5; PSC, 9´6% y 4; PP, 8´7% y 3; y CUP en coalición, 7´4% y 3, que conforman los 41 ediles barceloneses, con mayoría absoluta en 22 concejales. Si sólo con 11 concejales (el triunfo de la gente) ya se le ve el plumero antidemocrático a la futura alcaldesa, imagínensela con más de 21 propios y sin necesitar el respaldo de al menos tres grupos para llegar a dicha mayoría absoluta. Pero Ada Colau no tiene problemas para conseguirlo, si ERC le exige que se proclame, como ellos, independentista, frente a lo que prometió en campaña electoral, se declara ahora “aliada real del proceso” (ya cuenta con 5 concejales más). Ya faltan menos. Si el PSC le exige algo, aunque fuera tan trascendental como lo anterior (¡ya sólo le faltan dos!, ¿CUP, por ejemplo?) para conseguir la tan ansiada y homogénea mayoría abrumadora de la izquierda. “¡Qué pena que algún grupo, aunque exigiera la implantación de la pena de muerte, no haya sacado al menos esos dos escaños que faltan para conseguir la cuadratura del círculo con un ramplón 5% de los votos!”, pensarán algunos. Al final, como ven, el fin (en este caso gobernar) justifica los medios y lo menos importante son los principios, aunque sean los principios en que se sustenta la democracia. Ya decía Marx (Groucho) “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”. A Colau se le ve el plumero antidemocrático o el de la incompetencia e ignorancia, que siempre es atrevida, ya que sólo así se puede explicar semejante atrevimiento.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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