martes, 27 de octubre de 2015

PARLAMENT, INTOLERABLE FARSA



                        Coincidiendo con la disolución de las Cortes Españolas y la pertinente convocatoria de Elecciones Generales para el 20-D, se constituye el Parlament de Cataluña con el que se inicia la undécima legislatura autonómica catalana desde la recuperación de la democracia. Un Parlament que, a diferencia de los anteriores, se convierte desde el inicio en una intolerable farsa que puede acarrear consecuencias muy graves para todos los españoles y, en especial, para los catalanes. De entrada, para presidirlo los independentistas optan por el perfil más inadecuado, el de Carme Forcadell, que hace gala de su radical parcialidad independentista en su discurso tras su elección, cuando se supone que la presidencia de una Cámara Legislativa, en cualquier democracia del mundo, ha de regirse por la tolerancia a la pluralidad ideológica de sus componentes, el respeto a la ley democráticamente establecida y la imparcialidad más absoluta a la hora de dirigir los debates. Pues bien, Forcadell, elegida con 77 votos a favor (62 de Junts pel Sí, 10 de la CUP, que hubiese sido suficiente, y 5 de Catalunya sí que es Pot, que demuestra las verdaderas intenciones de Podemos) y 57 en blanco (no se puede votar en contra), se permite, sin estar facultada legalmente ni ser elegida para ello, dar por zanjado el “Parlamento regional”, que es a lo que se ha presentado como el resto de diputados catalanes, y abogar por la secesión sin ningún tipo de contemplaciones ni de respeto a más de la mitad de los catalanes que apostaron en las elecciones por candidaturas no independentistas y a sus representantes políticos presentes en el Parlament asegurando que “con esta undécima legislatura del Parlament también cerramos la etapa autonómica; protagonizamos un momento fundacional: de un Parlament regional de competencias limitadas, recortadas y recurridas a un Parlament nacional con plenas atribuciones” y concluye “¡viva la democracia, viva el pueblo soberano y viva la república catalana!”. Es difícil para cualquier demócrata no reaccionar ante semejante declaración totalitaria, atropello a los derechos ciudadanos, usurpación de competencias y, en definitiva, ante semejante atentado contra el Estado de Derecho.
            ¿Quién ha otorgado competencias a Forcadell y los suyos para liquidar y transformar por arte de magia el Parlament autonómico catalán y convertirlo en Parlament nacional de una inexistente República Catalana independiente con plenas atribuciones? ¿Qué legitimidad democrática tienen cuando libremente se han presentado y han sido elegidos como legisladores autonómicos en el ámbito de las competencias que les otorga la legalidad democrática, la misma que les legitima para detentar la autoridad que ahora tienen pero no otra? ¿A qué democracia vitorean si disfrutando de ella pretenden liquidarla y sustituirla a su antojo por el régimen que les viene en gana? ¿A qué pueblo soberano se refieren cuando pretenden ultrajarlo y acabar su soberanía sabiendo que reside en el pueblo español? ¿Y a que imaginaria República Catalana vitorean cuando pretenden crearla bajo las premisas del más puro totalitarismo fascista o marxista? Estas preguntas, y no otras, son las que Forcadell y los suyos debieran responder, sin tapujos ni mentiras, al pueblo español, incluido el catalán, en vez de hacer gala de conceptos abstractos como “democracia”, “derecho a decidir”, “soberanía”, “libertad” y otros tantos por el estilo que están sobradamente acotados y concretados no sólo por la legalidad, nacional e internacional, sino también por el mero sentido común y la razón, aunque sólo sea como garantías de convivencia en paz y libertad, que en ningún caso puede ser ilimitada ni ejercida al libre albedrío, tal como pretenden los independentistas catalanes.
            Ni los independentistas catalanes están legitimados para poner en marcha el proceso de secesión, tal como pretende Forcadell en vez de ceñirse a ejercer el cometido institucional que se le ha encomendado legalmente, ni los catalanes no independentistas merecen tal afrenta totalitaria, ni el resto del pueblo español puede quedarse de brazos cruzados ante tamaños atropellos. De brazos cruzados se quedaron muchos pueblos ante los atropellos totalitarios de Hitler y cuando quisieron reaccionar ya saben lo que pasó. En aquellos momentos los liberticidas actuaban en nombre del nacionalismo y el socialismo (el nacionalsocialismo, de trágico recuerdo), así como en otros lares en nombre del pueblo y la democracia popular (el estalinismo, de idéntico recuerdo), para, en definitiva, imponer mediante la fuerza y de forma unilateral su proyecto totalitario dictatorial. Hoy los independentistas catalanes juegan a lo mismo bajo el mantra de un “derecho a decidir” ilimitado que no existe y la estrategia de un victimismo (como hacía Hitler) para justificar todo tipo de atropellos a la ley democrática. Bien sabemos cómo acabaron aquellos experimentos, pero falta saber cómo acabarán estos, aunque la intolerable farsa de la constitución del nuevo Parlament de Cataluña presagia un final traumático, pues, ya ven, lo que mal empieza mal acaba y esta legislatura autonómica, finiquitada como tal por Forcadell, no ha empezado mal, sino peor.
                            Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 20 de octubre de 2015

FASCISMO EN LA UA



                        Sin lugar a dudas, los españoles tendremos que hacérnoslo mirar lo antes posible si queremos que nuestro sistema democrático, que tanto sacrificio y esfuerzo nos costó construir a quienes ya estamos bien entrados en años, prevalezca en el futuro como garantía de libertad, paz y desarrollo social, pues cada vez en nuestra zarandeada España son más frecuentes los episodios intolerables de violencia política, de atentados y atropellos a los derechos y libertades de los españoles que ampara nuestra Constitución, democráticamente elaborada, para finiquitarla por la fuerza, so pretexto de haber quedado obsoleta y, por tanto,  sustituirla, mediante acoso y derribo, por otra que por arte de magia nos traiga un nuevo régimen paradisiaco, cuando la alternativa a la democracia es el totalitarismo. Con planteamientos fascistas y totalitarios proliferan grupos organizados e incluso partidos políticos, insólitamente legalizados, que, en vez de pretender mejorar nuestro sistema democrático (susceptible de mejoras como todo en la vida) por las vías democráticas establecidas, que es lo que procede en democracia, prefieren imponer su peculiar visión mediante actos violentos, verbales o físicos, desacatando la legalidad, para impedir el normal desarrollo de la convivencia en paz y libertad, pretendiendo hacer irrespirable el sistema democrático para generar así un caldo de cultivo adecuado que justifique ante la opinión pública su violento proceder. Para ellos, cuanto peor, mejor; sobre todo si brilla por su ausencia el único mecanismo legal coercitivo de defensa democrática, que es la imposición de la legalidad establecida o si ésta es demasiado permisiva con los violentos, haciéndoles verdugos de la ciudadanía y convirtiendo a los verdaderos ciudadanos en sus víctimas propiciatorias. Algo así sucede últimamente en España, no siendo casualidad la proliferación de atentados a la democracia y la libertad que, aunque culminen con los dirigidos por los gobernantes catalanes independentistas (verdadero golpe de Estado civil, inexplicable sin un previo proceso plagado de interminables actos ilegales e impunes de menor envergadura), menoscaban, sin lugar a dudas, la calidad de nuestra democracia de forma progresiva.
            Valga como paradigma de lo anterior el intolerable comportamiento de un grupo de supuestos estudiantes que, para manifestar su rechazo al, según ellos, “fomento de las políticas neoliberales en América Latina, la destrucción de lo público y la liberalización y globalización del mercado”, han irrumpido hace unos días en la Universidad de Alicante, pancarta en mano y al grito de “fascista”, “fuera empresarios de la universidad” y “la uni no se vende, la uni se defiende” con el claro objetivo de hacer callar a los conferenciantes en pleno sancta sanctorum del conocimiento, del debate y de la razón que es lo que deben ser las Universidades en vez de, según lo visto, reducto de liberticidas fascistas y totalitarios del signo ideológico que sea, obcecados en imponer el silencio a quienes discrepen de sus totalitarias formas de ver la vida en vez de rebatirlas con argumentos razonados y razonables en y desde la libertad.
            Es más, resulta paradójico y fuera de toda lógica que los protagonistas de semejantes comportamientos fascistas, llamen “fascista” directamente a Felipe González, uno de los conferenciantes, evidenciando, además de su cerrilismo ideológico, un cerrilismo cultural o conceptual, pues justo a Felipe, protagonista indiscutido e indiscutible en la lucha por la libertad democrática, se le podrá tachar seguramente de muchas cosas, pero de “fascista” precisamente sólo cabría hacerlo desde un desconocimiento profundo de la reciente historia de España o del significado del concepto de fascismo (o de ambas cosas a la vez), lo que resulta incluso grotesco en un ámbito universitario. Que chavales veinte o treintañeros, nacidos en un Estado democrático que garantiza plenas libertades y que jamás vivieron en un régimen dictatorial, insulten y arremetan con semejantes comportamientos fascistas a quienes tanto lucharon por erradicar el régimen dictatorial en España para sustituirlo mediante métodos democráticos, que no por la fuerza, por un régimen de democracia plena, homologable con el de nuestros vecinos, posibilitando el mayor periodo de paz, libertad y progreso de toda la Historia de España, no sólo es un gesto de desagradecimiento hipócrita e insulto a nuestra memoria histórica, sino que supone además un grave atentado en toda regla contra la higiene democrática de nuestro actual sistema de convivencia pacífica que tanto nos costó consolidar.
            Ya sólo falta que quienes luchamos durante la dictadura para conseguir mediante el consenso una transición hacia la democracia sin necesidad de usar la violencia, que, en todo caso, tendría cierta justificación durante la dictadura, seamos tachados como fascistas por quienes en plena democracia ejercen métodos fascistas, como los presuntos estudiantes de la UA, para imponer el silencio de sus oponentes cuando disfrutan de todo tipo de libertades y derechos para hacer llegar a la opinión pública sus proyectos políticos propios y para contrastarlos razonadamente con los ajenos. Ya ven, sí había fascistas en la UA… pero, curiosamente, no era Felipe González.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 16 de octubre de 2015

PATÉTICA Y GROTESCA



                        Toda la parafernalia organizada y protagonizada por las autoridades catalanas con motivo de la comparecencia de Artur Mas ante el TSJC para defenderse de su imputación por organizar el antidemocrático e ilegal referéndum de cartón del 9-N resulta patética y grotesca para cualquier demócrata que se precie. El president de Catalunya en funciones comparece en sede judicial acompañado por su “govern” y por unos cuatrocientos alcaldes, que le hacen un pasillo de entrada, vara de mando en alto, ante el griterío de “independència” y de “fora, fora la justícia espanyola” por parte de unas dos mil quinientas personas que inesperadamente (¡menuda broma!) esperan a la entrada para recibirle en representación espontánea de los más de siete millones de catalanes y, ¡cómo no!, precedidos por Romeva, Junqueras, Baños y compañía, para que, como grita el coro, “no esteu sols”. Sube las escaleras al grito de “Mas president, Catalunya independent” y saluda a los asistentes mientras los alcaldes empuñan en alto su vara de mando. Un mando que, como el de Mas y su govern y el de los ilustres personajes citados, emana de la Constitución y la legalidad española derivada de la misma, que lo legitima, pero que ellos sólo reconocen para lo que les interesa y, ya ven, cuando debieran usar el citado mando para “cumplir y hacer cumplir la ley”, tal como juraron o prometieron al ser investidos, lo utilizan traidoramente para arremeter contra ella no sólo desacatándola sino incitando además a la gente a hacer lo propio mediante triquiñuelas, medias verdades y mentiras, que, sin recato alguno y con el mayor de los cinismos mantiene el president ante los propios jueces y ante los periodistas en su posterior rueda de prensa, convirtiendo en patética y grotesca no sólo el preámbulo de la comparecencia, sino también la propia declaración y el epílogo.
            Patética y grotesca es su estrategia de apelar ante el juez a una supuesta ambigüedad del TC para desautorizar la consulta del 9-N al no responder al recurso de la Generalitat interpuesto dos días antes para que concretara las medidas suspendidas en su fallo previo, como si desconociera que como presidente autonómico no tiene competencias para convocar referéndums de tal naturaleza, ni él ni el Parlament, al que utiliza para justificar su actuación totalitaria alegando que actuó según la decisión mayoritaria del mismo y según lo que le pidieron muchos alcaldes, como si estos también tuviesen dicha capacidad convocante. Y cínico que añada que ninguna instancia decidió actuar para evitar la consulta, cuando eso es lo que deseaba para presentarse ante los independentistas (él antes no lo era) como víctima del perverso gobierno español, que, en todo caso, debiera haber actuado con más contundencia. Y cobarde que asuma ante el juez toda la responsabilidad como “promotor político” de la ilegal consulta pero deje en manos de los ciudadanos voluntarios la “ejecución” del proceso de votación.
            Y patética y grotesca, tras su patética y grotesca salida del juzgado bajo las varas de los alcaldes alzadas en alto, es su posterior rueda de prensa, ya en el Palau de la Generalitat, para, entre otras lindeces, manifestar: “Me siento responsable de haber procurado casar el mandato democrático popular con los marcos legales existentes o nuevos, siendo conscientes que el marco legal se tiene que adaptar a las demandas sociales” (cuando nada hay que casar sino acatar los existentes y en todo caso intentar adaptar los nuevos por vía democrática), “Nuestra responsabilidad como políticos es adaptar y conjugar el mandato de las urnas con los marcos legales existentes o nuevos” (no, la responsabilidad es simplemente, acatar los marcos legales),  “He preguntado al tribunal si actuar como un demócrata equivale a actuar como un delincuente” (el delincuente es quien, como él, actúa al margen de la ley y  al dictado de su peculiar concepción de la democracia), “El 9N se preparó para que lo ejecutase la administración, pero a partir de la suspensión cautelar del TC, la organización recayó en los voluntarios” (si reconoce la suspensión cautelar la administración lo que debe hacer es pararlo) o “La Generalitat ayudaba, informaba y proveía, pero ciertamente no daba instrucciones” (ayudaba, informaba y proveía fomentando el desacato, sólo hubiese bastado que diese instrucciones precisas y concretas, que sacase a la gente a la calle y que incitase claramente a la rebelión). 
            Entretanto, mientras Ana Pastor compara la concentración de apoyo a Mas, organizada por la ANC y Omnium Cultural, con el asedio al Parlament en 2011 y pide que se respete la independencia del TSJC, Miguel Iceta lamenta la judicialización de la política y del “conflicto” entre Catalunya y el Estado Español, pidiendo “pasar página” de la causa judicial abierta por el 9-N para buscar el “encaje” Cataluña-España. ¿Patético y grotesco? Me temo que incluso bastante peor. Ya ven, no hay para más.
                            Fdo. Jorge Cremades Sena

lunes, 12 de octubre de 2015

LA FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA



                        Como cada 12 de octubre, el conjunto de los españoles celebramos en 2015 la Fiesta Nacional de España, al igual que cada Estado que se precie celebra su Fiesta Nacional propia, elegida en el calendario con motivo de alguna efemérides de indiscutible relevancia histórica. En España la Fiesta Nacional está regulada por una Ley cuyo único artículo dice: “Se declara Fiesta Nacional de España, a todos los efectos, el día 12 de octubre” y en la exposición de motivos se explica que “la fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos”. Fin de la cita, que diría Rajoy. Y es que, en efecto, a finales del siglo XV se finiquitaba en buena parte de Europa una forma de entender la vida (Edad Media) y, por tanto, las relaciones sociales, económicas y políticas entre los hombres y los pueblos, dando así paso a un nuevo periodo totalmente distinto (Edad Moderna) tras un largo proceso de sustanciales cambios en todos los órdenes a lo largo de los dos siglos precedentes. Y España, tras aquel memorable 12 de octubre de 1492, que simboliza todo el conjunto de cambios (no sólo la llegada a América), se convertía en pionera de los mismos, construyendo uno de los primeros Estados Modernos de Europa con la referida integración de los diversos Reinos Medievales (Corona de Castilla, Corona de Aragón, Reino de Granada y Reino de Navarra) que existían en la vieja Hispania romana, excepto el Reino de Portugal, entre los que, curiosamente, ni estaban, porque jamás existieron como tales reinos, el País Vasco y Cataluña, territorios que ya formaban parte de algunos de los reinos peninsulares citados por haberse integrado a ellos con anterioridad. Valga pues esta brevísima reseña histórica para entender (o mejor, no entender) algunos comportamientos de algunos de nuestros actuales gobernantes y líderes políticos en nuestra Fiesta Nacional que,  como todos los años, celebramos cinco siglos después de aquellos acontecimientos históricos de indiscutible relevancia nacional e internacional.
            Si se trata de la Fiesta Nacional de España es lógico (aunque este año se haga con mayor énfasis ante las serias amenazas independentistas) que la Jefatura de Estado, es decir, el Rey Felipe VI, y el Gobierno (al margen del color político que tenga, no es cuestión de colores) resalten el valor patriótico, como hacen los demás gobernantes en los demás Estados, pues se trata de manifestar el orgullo de pertenencia al mismo, asumiendo, para lo bueno y para lo malo, el legado de nuestros antepasados. Por ello lo normal es que hayan sido invitados al acto central en el Palacio Real más de 2.000 personas que representan a diferentes colectivos sociales, económicos e institucionales, así como los gobernantes autonómicos y los líderes de los distintos partidos políticos. Lo anormal e ilógico, lo incomprensible, es que a tan trascendental evento institucional rechacen asistir Urkullu, Mas y Barcos, respectivos presidentes de País Vasco, Cataluña y Navarra, así como Pablo Iglesias, líder de Podemos y aspirante a Presidente del Gobierno, olvidando los primeros que, respectivamente, gobiernan para y representan a todos los vascos, catalanes y navarros, por lo que tal olvido les hace indignos como gobernantes de dichos pueblos españoles, y olvidando el segundo que su comportamiento sectario le invalida y descalifica como aspirante a gobernar al conjunto de los españoles tras semejante desprecio a los mismos.
            Ya que estamos en plena precampaña electoral y ya que estamos en plena efervescencia de propuestas reformadoras de nuestra Constitución, no estaría de más que nuestros gobernantes y dirigentes políticos, visto lo visto, introdujeran en sus respectivos programas electorales medidas legales tendentes a que los comportamientos de nuestros gobernantes o aspirantes a serlo deban estar a la altura de la dignidad de los pueblos a los que pretenden gobernar, y medidas educativas para que las generaciones futuras no olviden jamás el legado histórico que le dejaron sus mayores para no repetir lo negativo y afianzar lo positivo que es mucho. Ningún pueblo merece gobernantes que reniegan de su patriotismo o amor a su patria, o sea el “lugar o país en que una persona ha nacido o al que se siente vinculada por razones legales, históricas o sentimentales”, mancillando así el orgullo del patriotismo popular por ser y sentirse parte de la misma; y ningún pueblo sobrevive con amnesia histórica, por lo que es preciso enseñarla de generación en generación para evitar el suicidio colectivo como pueblo. Como españoles, a tiempo estamos para evitarlo, la Historia nos avala sobradamente, no la defraudemos ahora poniendo nuestro futuro en manos de quienes no lo merecen.    
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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