sábado, 28 de noviembre de 2015

ANALFABETISMO POLÍTICO



                        Sólo desde un contexto de analfabetismo político, real o supuesto, se puede entender que determinados líderes políticos tengan la cara dura de pretender justificar como democráticas sus propuestas totalitarias o de tachar como tales las propuestas democráticas ajenas, con el único objetivo de engañar a buena parte del electorado al que consideran analfabeto, políticamente hablando, pues no cabe pensar que el analfabetismo político radique en ellos mismos, lo que sería el colmo de la incompetencia. Cabe pensar pues que se trata del colmo del sofisma (razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso) y, por tanto, de la prostitución del sistema democrático, pretendiendo validar o invalidar una serie de propuestas no por verdaderas razones políticas, sociales o económicas, contrastables y contrastadas con las demás en el imprescindible debate ideológico democrático, sino por razones espurias para justificar proyectos totalitarios dentro del sistema democrático o descalificar aquellos, acordes con la democracia, ante la incapacidad para rebatirlos democráticamente con argumentos convincentes. Y lo grave es que dichos sofistas obtienen cierto éxito mediante un proselitismo contumaz, no siempre combatido desde las instituciones que conforman el Estado de Derecho, gracias a un ejército de fieles, cada vez más fervorosos, y a la estimable ayuda de determinados medios de comunicación, incluso algunos de ellos públicos, que se hacen eco de sus proclamas totalitarias o torticeras sin rebatirlas apenas e incluso con la más que evidente colaboración de los conductores de los respectivos programas. Por tanto, entre otros muchos asuntos, no debe extrañar que los dos problemas más graves actuales de la sociedad española, el independentismo y la amenaza terrorista, estén en la situación que están, amenazando seriamente nuestro sistema de convivencia.
            Sólo desde el analfabetismo político se puede entender que el “procés” soberanista sea percibido en determinados sectores como un proceso democrático, gracias al sofisma de hacer prevaler la “justicia” sobre la “ley”, apelando al “derecho natural”, pues la justicia fuera de la ley, de naturaleza humana, nos conduciría a una fuente inevitablemente de naturaleza divina, como en el Antiguo Régimen, o divinizada en base a la raza, la clase o la nación, como en cualesquiera de los totalitarismos, lo que nos llevaría a la arbitrariedad más absoluta ya que quedaría reservado el concepto de lo “justo” o “injusto” a cada conciencia individual, lo que, elevado a la condición de fuente de justicia, requeriría imponerse mediante la fuerza y la violencia. Es inexorablemente lo que sucede cuando se pretende concebir la justicia fuera de la codificación legal y muy especialmente si dicha codificación legal ha sido democráticamente establecida. Así se entiende desde el triunfo del “Estado de Derecho”, alternativa liberal-democrática al Antiguo Régimen, que eleva el principio de legalidad al nivel supremo, por lo que la democracia es sustancialmente el “imperio de la ley”, precisamente para que por encima de la ley no haya nadie, ni reyes, ni tiranos, protegiendo así a todos los ciudadanos de visionarios salvapatrias, que pretenden imponer su voluntad como única razón válida de su omnímodo poder, o de la tiranía de masas incontroladas e impunes que, en definitiva, pretenden imponerse arbitrariamente al resto de la población. El Estado de Derecho, que lleva implícito el mecanismo democrático para modificar la legalidad democráticamente, es por tanto la respuesta a quienes, individual o colectivamente, pretenden imponer su voluntad, por interesante o positiva que esta sea. Por ello, bastaría que los secesionistas catalanes dijeran si en su nueva legalidad de la supuesta República Catalana aceptarían desobedecerla a todo aquel que la considerara injusta, tal como hacen ellos con la legalidad española.
            Y sólo desde el analfabetismo político se puede entender la equiparación que hacen algunos entre violencia terrorista y el ejercicio del uso de la fuerza por parte del Estado de Derecho, único autorizado democráticamente para ejercer la fuerza si fuera preciso en defensa precisamente de las libertades y derechos que sus ciudadanos se han dado, especialmente si alguien, desde fuera o desde dentro, atenta contra ellas o amenaza seriamente con hacerlo. No usar la fuerza, incluso bélica, obviamente con todas las garantías democráticas, es dejar a la ciudadanía secuestrada por la violencia totalitaria; y acusar a cualquier gobernante de totalitario, antidemocrático o belicista porque hace uso del derecho a usarla, además de irresponsable, es un comportamiento torticero tendente a soliviantar a los ciudadanos contra lo que está totalmente legalizado seguramente por incapacidad de sus promotores de ofertar una propuesta más eficaz y viable como contrapartida seria y creíble al uso de las armas. Usar el “no a la guerra” genérico para descalificar como demócrata a cualquier gobernante porque se ve obligado a declararla o a participar en ella en razón de los compromisos democráticamente adquiridos para la defensa de sus conciudadanos o los de sus aliados, es la manera más repugnante de prostituir la democracia, renunciando a posibles argumentos, sin descalificaciones previas, que expliquen la no conveniencia política de participar en ella.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 21 de noviembre de 2015

SECURITÉ



                        Desde hace algún tiempo y especialmente desde los últimos atentados terroristas en París se ha generado en toda Europa un debate sobre la seguridad que, por razones obvias, está liderando Francia, tocándole a un gobierno socialista afrontar con crudeza semejante necesidad. En efecto el país de la “liberté, egalité et fraternité” se ve obligado, por el bien de su ciudadanía, que lo respalda de forma sustancialmente mayoritaria, a añadir el concepto de “securité”. La Asamblea Nacional francesa casi unánimemente prolonga, por razones de seguridad, hasta tres meses el Estado de Emergencia decretado por el Presidente Hollande tras los sangrientos atentados en la capital, requisito indispensable para validar en dicho país la prolongación de la emergencia más allá de doce días. Además en el texto aprobado hay una serie de medidas modernizadoras de la ley de “estado de emergencia” para adaptarla a las necesidades y nuevos retos actuales. En definitiva, por razones de seguridad, quedan suspendidas determinadas libertades, dotando de determinadas competencias al Ejecutivo, totalmente legales y democráticas, para prevenir y perseguir más eficazmente el terrorismo. Por tanto, mientras dure el estado de emergencia, que todos los Estados Democráticos contemplan en su marco legal para situaciones de excepcionalidad, en el país de la “liberté, egalité et fraternité”, pero también de la “securité” (sin ésta, las demás no existen), podrá haber, entre otras medidas, registros domiciliarios sin necesidad de orden judicial, arrestos domiciliarios de quienes se consideren una amenaza a la seguridad, quitar pasaporte a ciudadanos “peligrosos” con doble nacionalidad, declarar ilegales determinadas concentraciones públicas, restringir la circulación de personas y vehículos en cualquier zona ante una amenaza, bloquear desde el Ejecutivo páginas web o redes sociales apologéticas del terrorismo, poner brazaletes electrónicos a quienes hayan cumplido condenas por terrorismo, copiar datos domiciliarios durante los registros policiales a domicilios…… Medidas, todas ellas, que, salvo las lógicas molestias y errores, si se aplican en su justa y razonable medida (en caso contrario hay que tener presente que el Ejecutivo habrá de responder de su responsabilidad), sólo han de temer quienes tienen algo que ocultar. Así lo entiende la inmensa mayoría de ciudadanos que, obviamente, son honrados.
            El Estado de Emergencia es una medida democrática que pueden adoptar los gobiernos en circunstancias o situaciones excepcionales como la perturbación de la paz o del orden interno de un Estado, por razones de origen diverso, que afectan e impiden la vida normal de un país, región o comunidad, por lo que, durante su vigencia, el gobierno se reserva el derecho de poder restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos, al extremo de que, si fuera necesario, hasta las fuerzas armadas del país podrían asumir, con absoluta legalidad democrática (no hay que olvidar el importante papel de validación de las pertinentes asambleas legislativas que representan la soberanía popular), el control de orden interno. Por tanto, ante las tentaciones de tergiversarlo todo por parte de algunos y como aviso a navegantes (la amenaza terrorista no es sólo a Francia) conviene tener bien claro que, en todo caso, el estado de emergencia es una figura perfectamente democrática que, por ejemplo, en España está recogida en sus diversas variables en el art. 116 de la Constitución. ¡Menos mal que no ha sido España quien ha tenido que inaugurar la puesta en marcha del estado de emergencia, pues seguro que, conociendo el paño, la reacción de nuestros políticos no sería equiparable a la madurez y sensatez con la que los políticos franceses han afrontado el asunto!
            Por tanto en este estéril debate entre seguridad y libertad (ambos principios forman o deben formar parte indisoluble de un todo en dosis de equilibrio renovado, renovable y adaptable, según las circunstancias), adobado malintencionadamente con maniqueos planteamientos ideológicos para deteriorar al gobierno de turno al que le toca plantear el estado de emergencia, majadería que, ya ven, en Francia no se ha hecho, sólo debiera limitarse, para no incurrir en irresponsabilidad política, a si las circunstancias de excepcionalidad, perturbadoras de la vida normal, son lo suficientemente graves como para avalar tan excepcional medida, apreciación que, en todo caso, pertenece al ámbito de la subjetividad y que en Francia se ha considerado suficiente la gravedad para que el gobierno tome dicha medida y, si alguna opción política, no lo considerase, debiera, al menos, apechugar con las consecuencias de todo tipo que pudieran derivarse de su posicionamiento más permisivo y menos agresivo contra los hipotéticos terroristas, posición tan democrática como la del gobierno. Lo intolerable, lo absurdo y lo irresponsable es acusar a quienes son más cautelosos a la hora de prevenir nuevos atentados de antidemocráticos y violentos, como algunos suelen hacer con el torticero objetivo de ventajas electorales. Hay que tener en cuenta que el enemigo de los ciudadanos no es el gobierno democrático, sino quienes practican los atentados y la violencia, generando una inseguridad que hace imposible la convivencia en paz y libertad.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 14 de noviembre de 2015

EMERGENCIA EN FRANCIA, ALERTA EN EUROPA



                        Que el yihadismo ha declarado la guerra a Europa es ya indiscutible y quien prefiera llevarse a engaño que apechugue después con las consecuencias que, al final, pagaremos todos. La llamada cultura occidental, nuestra forma de ver la vida y de vivir, nuestro sistema democrático, nuestras libertades, nuestro sentido de la igualdad entre hombres y mujeres, así como de la no discriminación por razón de raza, nacimiento, creencia o cualquier otra diferencia, nuestro sistema político-económico y nuestras relaciones socio-laborales y productivas, así como tantos otros aspectos de la llamada cultura occidental, la que ha generado mayores cotas de progreso económico, paz, bienestar y libertad en todo el Planeta está amenazada de muerte. Y la última batalla de esta declarada guerra sangrienta e irracional, si es que alguna guerra puede llamarse racional, se acaba de librar en París, la capital francesa, con un saldo de más de ciento veinte muertos inocentes y el doble de heridos, algunos de ellos de extrema gravedad, mientras disfrutaban de sus horas de asueto en varios lugares de diversión del centro de la ciudad. Una cadena de atentados, protagonizados por menos de una decena de kamikaces, dispuestos a inmolarse al grito de “Alá es grande” (supongo que al mismísimo Alá se le helará la sangre al contemplar tan horrendos comportamientos) siembra de cadáveres y heridos el centro de París a tiro limpio y con explosivos, incluso adosados a sus cuerpos, desencadenando el terror más sangriento entre los parisinos y la repulsa internacional de los ciudadanos bien nacidos en cualquier lugar del mundo. Incluso el mismísimo Hollande ha tenido que ser evacuado de un estadio de fútbol, después de varias explosiones cerca del mismo, para reunir a su gabinete de crisis y decretar el estado de emergencia en Francia, desplegar al Ejército y cerrar las fronteras del país, mientras España, amenazada igualmente por los yihadistas, como el resto de Europa, ya en alerta, incluso estudia hoy mismo subir el nivel de la misma y decretar la “alerta máxima” al menos en determinados supuestos. Hollande llama a la sociedad a “mantener la grandeza de Francia para derrotar al terrorismo” mientras se hace urgente que el resto de mandatarios europeos hagan idéntica llamada a sus respectivas sociedades y entre todos ellos, incluidos los estados extra-europeos que forman parte de la llamada “civilización occidental”, inciten a sus pueblos a defenderla con uñas y dientes de la sangrienta agresión que está sufriendo, cultivada impunemente incluso dentro de sus propios territorios. Es un grave asunto de mera supervivencia.
            Y mientras Washington afirma que un misil, durante un ataque de EEUU y Reino Unido contra el corazón del yihadismo, ha pulverizado el coche en el que viajaba el principal verdugo del Estado Islámico, quien, por cierto ha reivindicado la autoría del atentado de Paris y ha reiterado las amenazas directas a varios países europeos, en esta Europa en alerta Ángela Merkel se encuentra asediada por sus socios a causa de la política de refugiados. Asimismo, en esta Europa en alerta, los soberanistas catalanes llaman a la desobediencia en la calle, mientras que, según el CIS catalán, independentistas y radicales ganan terreno en Cataluña (encuesta realizada antes del Golpe de Estado diseñado por el Parlament), aunque los no independentistas siguen ganando por la mínima, lo que demuestra, una vez más, la fractura social de la sociedad catalana. Y en esta Europa en alerta la improvisación de Carmena, la alcaldesa de Madrid, al prohibir aparcar en el centro de la ciudad, cuyas restricciones al tráfico logran reducir en un 80% los aparcamientos, desata el caos entre los madrileños que aprenden a vivir contra la contaminación atmosférica, otra amenaza que sufren las grandes ciudades de Europa.  
            Si hoy todos los demócratas europeos nos sentimos franceses y nos solidarizamos con ellos en el dolor, mientras esperamos qué otro pueblo será el siguiente en sufrir directamente los efectos de esta amenaza, que es a todos nosotros, ni hoy ni mañana nos podemos permitir el lujo de olvidar que esta Europa en plena crisis de valores y, precisamente por ello, en plena efervescencia de extremismos religiosos, radicalismos y populismos políticos, totalitarismos nacionalistas y amenazas medioambientales preocupantes, en definitiva, esta vieja Europa decadente, se conduce inevitablemente en esta guerra contra tantos enemigos, salvo que entre todos seamos capaces de cambiar el rumbo, de derrota en derrota, como la de hoy en París, hasta la victoria final. El problema, el verdadero problema es que, si no reaccionamos a tiempo, las soluciones por generación espontánea no existen, ni pueden por tanto cambiar el rumbo de este devenir histórico tan poco esperanzador.
Jorge Cremades Sena

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

martes, 10 de noviembre de 2015

CATALUÑA, YA NO CABEN MEDIAS TINTAS



                        Lo sucedido en el Parlament de Cataluña es de tamaña gravedad que ya no caben medias tintas a la hora de posicionarse: o estás a favor del golpe de Estado de los independentistas catalanes o estás a favor del Estado de Derecho. Si desde hace tiempo se veía venir tan caótica situación y nadie hacía lo suficiente para evitarlo (entre todos la mataron y ella sola se murió), ahora, ya no caben reproches, ni golpes de pecho, ni amaños impresentables, ni equidistancias intolerables, ni razonamientos lógicos, ni concesiones estúpidas para tener la fiesta en paz, ni tolerar lo intolerable en actos ilegales de tono menor, ni cálculos políticos electorales, ni promesas sobre encajes territoriales… ni nada de nada. Ahora sólo cabe permitir que se imponga la razón de la fuerza, apoyando el totalitario planteamiento de Romeva, que dice “esto ya no se puede parar”, o luchar para que triunfe la fuerza de la razón, apoyando el democrático planteamiento de Rajoy, que dice “el Gobierno no permitirá que esto continúe”; en definitiva, que se imponga el totalitarismo o que se consolide la democracia, que triunfen los liberticidas o los demócratas. España, como en otros muchos episodios a lo largo de su larga historia, enfrenta un nuevo reto fascista (en sentido amplio del término), ya que un grupo de personas, al margen de la ley, pretende, sí o sí, imponer su santa voluntad a la inmensa mayoría de españoles que, civilizadamente, respetando la legalidad vigente, esperan que sus derechos y libertades no sean vilmente atropellados como en otros momentos históricos de infausto recuerdo. Y para salir de semejante atolladero se requiere un apoyo unánime y sin fisuras por parte de todos los partidos democráticos e instituciones políticas y sociales al Presidente del Gobierno, cuando dice, de forma exquisita, “utilizaremos sólo la Ley, pero toda la Ley; sólo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho; sólo la Democracia, pero toda la fuerza de la Democracia”. El intolerable desafío de los independentistas totalitarios no es ni al Gobierno español de turno, ni a este o aquel partido político, ni a esta o aquella ideología (prueba de ello es la amalgama ideológica, desde la derecha a la izquierda radical, incluyendo a los antisistema, que fervorosamente ha aprobado el ilegal secesionismo unilateral en el Parlament), sino que es un desafío a España, incluida Cataluña, y a todos los españoles, incluidos los catalanes. Y somos todos, con el Gobierno a la cabeza, quienes hemos de evitar y derrotar tan repugnante desafío.
            Por tanto todo el mundo, al margen de la ideología democrática que tenga, debe tener presente que la advertencia del Presidente del Gobierno de utilizar sólo la Ley, el Estado de Derecho y la Democracia, límites que, a diferencia de lo que hacen los totalitarios, jamás se han de rebasar, pero utilizadas en toda su dimensión, requiere, a diferencia de lo que viene pasando, desembarazarse de todo tipo de complejos, ya que, precisamente para protegerse de los liberticidas, la democracia dota al Estado de Derecho de mecanismos legales suficientes, incluida la fuerza y el uso de las armas si fuese preciso, para someter a quienes tienen como objetivo y actúan al efecto para subvertir el orden constitucional como es el caso. Todo ello en consonancia  progresiva y proporcional al nivel de desacato y desobediencia que en cada momento utilicen los rebeldes. En definitiva, al Gobierno no debe temblarle el pulso a la hora de tomar duras decisiones contra los independentistas totalitarios, sobre quienes ha de recaer todo el peso de la Ley, que, sí o sí, han de cumplir como el resto de ciudadanos y, en caso contrario, si se negaran a ello, apechugar a rajatabla con las pertinentes sanciones que les impongan los pertinentes tribunales. Y la mejor fórmula para que a ningún gobierno le tiemble la mano en trance tan grave es contar con el respaldo de toda la ciudadanía para afrontar dicho asunto.
            Que habrá que coordinar con la oposición las medidas a tomar en cada momento, sin duda. Que habrá que informar de ellas de forma fluida a la ciudadanía, por supuesto. Y que habrá que hacer una labor de pedagogía política para que todo el mundo las entienda, frente al victimismo y acusaciones demagógicas que utilizarán los rebeldes, desde luego. Pero nada, absolutamente nada, debe desviar la atención a la hora de apoyar, por dura que sea, cualquier medida legal en favor del mantenimiento de las libertades y los derechos que los españoles nos hemos dado para convivir en paz. No en vano si, como dice Rajoy, la resolución del Parlament es una “inaceptable vía de hecho que dinamita la Constitución”, evitar semejante atentado al edificio constitucional requiere aplicar con contundencia una “urgente vía de derecho sin contemplación alguna”, que diría cualquier demócrata que se precie.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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