SECURITÉ

                        Desde hace algún tiempo y especialmente desde los últimos atentados terroristas en París se ha generado en toda Europa un debate sobre la seguridad que, por razones obvias, está liderando Francia, tocándole a un gobierno socialista afrontar con crudeza semejante necesidad. En efecto el país de la “liberté, egalité et fraternité” se ve obligado, por el bien de su ciudadanía, que lo respalda de forma sustancialmente mayoritaria, a añadir el concepto de “securité”. La Asamblea Nacional francesa casi unánimemente prolonga, por razones de seguridad, hasta tres meses el Estado de Emergencia decretado por el Presidente Hollande tras los sangrientos atentados en la capital, requisito indispensable para validar en dicho país la prolongación de la emergencia más allá de doce días. Además en el texto aprobado hay una serie de medidas modernizadoras de la ley de “estado de emergencia” para adaptarla a las necesidades y nuevos retos actuales. En definitiva, por razones de seguridad, quedan suspendidas determinadas libertades, dotando de determinadas competencias al Ejecutivo, totalmente legales y democráticas, para prevenir y perseguir más eficazmente el terrorismo. Por tanto, mientras dure el estado de emergencia, que todos los Estados Democráticos contemplan en su marco legal para situaciones de excepcionalidad, en el país de la “liberté, egalité et fraternité”, pero también de la “securité” (sin ésta, las demás no existen), podrá haber, entre otras medidas, registros domiciliarios sin necesidad de orden judicial, arrestos domiciliarios de quienes se consideren una amenaza a la seguridad, quitar pasaporte a ciudadanos “peligrosos” con doble nacionalidad, declarar ilegales determinadas concentraciones públicas, restringir la circulación de personas y vehículos en cualquier zona ante una amenaza, bloquear desde el Ejecutivo páginas web o redes sociales apologéticas del terrorismo, poner brazaletes electrónicos a quienes hayan cumplido condenas por terrorismo, copiar datos domiciliarios durante los registros policiales a domicilios…… Medidas, todas ellas, que, salvo las lógicas molestias y errores, si se aplican en su justa y razonable medida (en caso contrario hay que tener presente que el Ejecutivo habrá de responder de su responsabilidad), sólo han de temer quienes tienen algo que ocultar. Así lo entiende la inmensa mayoría de ciudadanos que, obviamente, son honrados.

            El Estado de Emergencia es una medida democrática que pueden adoptar los gobiernos en circunstancias o situaciones excepcionales como la perturbación de la paz o del orden interno de un Estado, por razones de origen diverso, que afectan e impiden la vida normal de un país, región o comunidad, por lo que, durante su vigencia, el gobierno se reserva el derecho de poder restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos, al extremo de que, si fuera necesario, hasta las fuerzas armadas del país podrían asumir, con absoluta legalidad democrática (no hay que olvidar el importante papel de validación de las pertinentes asambleas legislativas que representan la soberanía popular), el control de orden interno. Por tanto, ante las tentaciones de tergiversarlo todo por parte de algunos y como aviso a navegantes (la amenaza terrorista no es sólo a Francia) conviene tener bien claro que, en todo caso, el estado de emergencia es una figura perfectamente democrática que, por ejemplo, en España está recogida en sus diversas variables en el art. 116 de la Constitución. ¡Menos mal que no ha sido España quien ha tenido que inaugurar la puesta en marcha del estado de emergencia, pues seguro que, conociendo el paño, la reacción de nuestros políticos no sería equiparable a la madurez y sensatez con la que los políticos franceses han afrontado el asunto!

            Por tanto en este estéril debate entre seguridad y libertad (ambos principios forman o deben formar parte indisoluble de un todo en dosis de equilibrio renovado, renovable y adaptable, según las circunstancias), adobado malintencionadamente con maniqueos planteamientos ideológicos para deteriorar al gobierno de turno al que le toca plantear el estado de emergencia, majadería que, ya ven, en Francia no se ha hecho, sólo debiera limitarse, para no incurrir en irresponsabilidad política, a si las circunstancias de excepcionalidad, perturbadoras de la vida normal, son lo suficientemente graves como para avalar tan excepcional medida, apreciación que, en todo caso, pertenece al ámbito de la subjetividad y que en Francia se ha considerado suficiente la gravedad para que el gobierno tome dicha medida y, si alguna opción política, no lo considerase, debiera, al menos, apechugar con las consecuencias de todo tipo que pudieran derivarse de su posicionamiento más permisivo y menos agresivo contra los hipotéticos terroristas, posición tan democrática como la del gobierno. Lo intolerable, lo absurdo y lo irresponsable es acusar a quienes son más cautelosos a la hora de prevenir nuevos atentados de antidemocráticos y violentos, como algunos suelen hacer con el torticero objetivo de ventajas electorales. Hay que tener en cuenta que el enemigo de los ciudadanos no es el gobierno democrático, sino quienes practican los atentados y la violencia, generando una inseguridad que hace imposible la convivencia en paz y libertad.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena