Son
de tal envergadura las dosis de cinismo, manipulación y demagogia del
totalitarismo independentista catalán que, después de atacar reiteradamente al
Estado de Derecho, desobedeciendo una y otra vez las reglas de juego institucional
y constitucionalmente establecidas, se permiten calificar las investigaciones y
sentencias judiciales por hechos y conductas flagrantemente delictivas como un
“ataque a la democracia” cuando son precisamente sus reiterados desacatos a la
legalidad vigente establecida los que constituyen no ya un ataque sino un
peligroso e intolerable atentado contra la democracia, lo que indudablemente
les sería vedado tajantemente en cualquier otro país democrático y desarrollado
de nuestro entorno. En efecto, si hace unos días la desafiante respuesta del
investigado Homs a la sentencia del Tribunal Constitucional, contraria a la
ilegal hoja de ruta del ilegal referéndum, advirtiendo sobre la susceptible
responsabilidad penal de sus promotores, era que “sí o sí habrá urnas, sí o sí
habrá colegios abiertos y no van a mandar ni tanques ni matones”, el
procesamiento de Forcadell y su pertinente comparecencia ante el TC se
convierte en otro desafío al Estado de Derecho en el que consejeros, alcaldes y
dirigentes independentistas, atribuyéndose la representación de Cataluña,
cuando representan al Estado de Derecho Español en las instituciones
autonómicas catalanas, sostienen en comandita ante las mismísimas puertas del
Tribunal que el procesamiento de la Presidenta del Parlament, por desacatar una
sentencia expresa y concreta del mismo, es un ataque a la democracia, mientras
ella niega haber desobedecido al Constitucional y, tergiversando la propia
sentencia, sostiene que el Parlament debatirá la independencia, asunto que el
TC no ha prohibido, en tanto que Puigdemont aprovecha la sentencia para dar
carpetazo al diálogo ofertado por el Gobierno de España sobre todo, excepto,
obviamente, sobre la ilegal consulta, único asunto que a los independentistas
totalitarios les interesa.
Ni
el TC ha prohibido debatir en el Parlament sobre la independencia (en las
asambleas legislativas, ¡faltaría más!, se permite debatir sobre cualquier
asunto), ni nadie amenaza con enviar a Cataluña tanques y matones (salvo que,
obviamente, los totalitarios independentistas dieran un paso más y se alzaran
en armas), pues basta sencillamente con aplicar la ley y ejecutar las penas
firmes que, en última instancia y con todas las garantías procesales,
dictaminen las sentencias de los tribunales a los condenados como sucede con
cualquier otro delincuente. Ha de quedar bien claro, aunque ellos lo
tergiversen, que, tanto Homs como Forcadell y compañía, no son investigados por
defender la independencia de Cataluña, que pueden seguir haciéndolo si así lo
consideran, sino por cometer presuntos delitos para conseguirla al margen de la
ley, lo que, como a cualquier otro ciudadano que actúa al margen de la
legalidad establecida, les convierte de entrada en presuntos delincuentes hasta
que pueda ser probado en los tribunales en cuyo caso tendrían que apechugar,
como cualquier hijo de vecino, con las penas que se les imponga, ya sean
multas, inhabilitaciones o penas de cárcel. Y, obviamente, en caso de negarse a
cumplirlas, convirtiéndose en prófugos, les serían aplicadas las medidas
coercitivas legales de búsqueda y captura, democráticamente establecidas, con
que cuenta el Estado de Derecho. Es así de sencillo de entender. Ni tanques, ni
matones, cuando, de momento, quienes utilizan el matonismo político, el chantaje
y la amenaza son ellos.
Convocar
la cumbre de la consulta ilegal para abordar la ilegal “hoja de ruta de la
autodeterminación”, como hace Puigdemont, desobedecer a la Audiencia Nacional
no acudiendo a su citación ante el juez al no reconocer “la autoridad de ningún
tribunal”, como hace el cupista edil Juan Coma, tramitar la ilegal consulta
media hora después de la denuncia del TC porque “hice lo que correspondía y lo
volvería a hacer”, como hace Forcadell, desobedecer la orden judicial y
alardear de ello rompiendo el auto en las puertas del Ayuntamiento porque
“ningún juez impedirá que ejerzamos nuestro derecho a la representación
política”, como hace el concejal Téllez, y tantos y tantos hechos por el
estilo, cuya lista sería interminable, encierran tal gravedad que para entender
sus perniciosas consecuencias bastaría preguntarnos qué sucedería si todos los
ciudadanos, normales y corrientes, actuáramos de idéntica forma chulesca y
totalitaria, pues sencillamente la convivencia pacífica civilizada saltaría por
los aires que, por lo visto, es lo que semejantes sujetos pretenden salvo que
todos los españoles, incluidos los catalanes, nos sometamos a sus ilegales y
caprichosos designios. Quebrar el principio de legalidad o permitírselo a
quienes lo hacen mirando hacia otro lado es la ideal senda hacia el caos, la
anarquía o el totalitarismo.
Son de tal
envergadura las dosis de cinismo, manipulación y demagogia de los totalitarios
gobernantes independentistas catalanes que, en un democrático Estado de Derecho,
como es el caso, cuya esencia es el respeto escrupuloso a la ley y a las
sentencias judiciales, sostienen sin rubor alguno que lo democrático es justo
lo contrario ya que aplicar la ley, según ellos, supone atacar a la democracia.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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