martes, 28 de febrero de 2017

JUSTICIA COMO ARMA POLÍTICA



                        La coincidencia temporal de sentencias judiciales sobre varios casos de corrupción relevantes (“Gürtel”, “Nóos”, “Tarjetas black”), que en estos días han dictado los respectivos tribunales, pone de relieve el torticero uso de la Justicia como arma política arrojadiza sin reparar, tanto los medios de comunicación como los políticos, en el daño que semejantes comportamientos hacen a nuestro Estado de Derecho, pues una cosa es hacer crítica jurídica a las sentencias que no nos gusten o a las leyes en que se sustenten, ¡faltaría más!, y otra bien distinta es arremeter gratuitamente cuando conviene, sin argumento jurídico alguno, contra tribunales, jueces y fiscales como si formaran parte de un sistema de justicia ideologizada y sometida al poder ejecutivo y, por tanto, carente de independencia (requisito básico de cualquier sistema democrático moderno) y al servicio de los poderosos. Un panorama siniestro alejado de la realidad que algunos, demasiados quizá, dibujan y venden mediáticamente a la sociedad, para obtener particulares beneficios políticos o de audiencia, a través de politicastros de pacotilla o de tertulianos de piñón fijo y a sueldo, que, con verdades a medias, cuando no mentiras, engañan a los televidentes para conseguir sus espurios objetivos a base de desprestigiar malintencionadamente a la Justicia que, en España, mejorable como casi todo en esta vida y como en el resto de países, aunque tarde, funciona y, prueba de ello, son las condenas dictadas, entre otras, a los líderes de los casos citados, sean quienes sean, contradiciendo a los agoreros que, desde el inicio de la investigación y durante el proceso, intoxicaban diciendo lo contrario y, no conformes con ello, ahora siguen intoxicando contra las sentencias dictadas, con tal de deteriorar nuestro Estado de Derecho. Una cosa es hacer crítica jurídica, otra informar y otra opinar basándose en falsedades sobre la actuación de tribunales y aplicación de procedimientos legales, atribuyéndoles maliciosamente arbitrariedades inexistentes o intencionalidades perversas cuando simplemente aplican la ley según lo establecido y, en base a ello, dictan sentencias según su mejor o peor entendimiento, siempre con la garantía de que instancias superiores dictarán el veredicto definitivo. ¿Dónde está el problema, pues?
            Decir, como dicen algunos públicamente, que Urdangarín se va “de rositas”, cuando, de momento, acaba de ser condenado a seis años de cárcel, sabiendo que, como el resto de ciudadanos, tiene derecho a recurrir a instancias superiores hasta que la sentencia sea firme y ejecutable, es simplemente mentir. Y añadir que en España hay una justicia para “exduques” o poderosos, porque no dictan prisión provisional, y otra para los demás, sabiendo que los jueces suelen aplicar la norma general de libertad con cargos cuando no hay riesgo de fuga (supuesto obviamente subjetivo, pero que en Urdangarín no cabe duda al tener escolta), es simplemente una majadería contra los jueces que así lo han acordado. Si se pretende que las condenas se ejecuten antes de ser definitivas, que se elimine entretanto la libertad con cargos o que la aplicación de ésta deje de ser a criterio razonado de los jueces sobre el peligro de fuga, dígase. Y si se considera conveniente socialmente, cámbiese la legislación. Lo inaceptable es arremeter contra los jueces según convenga política o mediáticamente cuando aplican lo establecido y menoscabar su actuación según la condición de los personajes en que recae en vez de los hechos y circunstancias juzgados.
            Arremeter, como arremeten algunos, contra la Infanta Cristina para dañar la imagen de la Monarquía o Jefatura de Estado que democráticamente nos hemos dado los españoles, porque está contenta tras haber sido absuelta de los delitos que se le imputaban y por vivir su vida normal, sabiendo que actúa, como cualquier otro ciudadano en situación similar, es simplemente una hipocresía. Y añadir que la han absuelto por ser quien es, habiendo dicho en principio que ni la iban a sentar en el banquillo, sabiendo que durante el juicio, como no puede ser de otra forma, se han observado todas las garantías procesales y se han amparado todos los derechos de unos y otros, incluido el del recurso, es simplemente una majadería contra la Justicia en España, una de las más garantistas que existen, pero, obviamente para todos y como a todos, incluida la Infanta. Si se pretende realmente una Justicia igual para todos y, cuando así se aplica, lo que realmente se desea es una justicia más represiva y distinta para “exduques” y poderosos que para el común de los mortales, dígase. Ni la Infanta es la única que ha sido absuelta, ni Urdangarín el único condenado, por más que algunos pretendan venderlo así ante la opinión pública. Ni la Infanta, entre los absueltos, es la única que está contenta y vive su vida con normalidad, ni Urdangarín, entre los condenados, es el único que queda en libertad a la espera de la decisión definitiva de la Justicia. Esa es la realidad, pese a quien pese.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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