viernes, 2 de junio de 2017

SECESIONISMO, JUGANDO CON FUEGO



                        Dice el refrán que “quien juega con fuego se quema” y eso es lo que le está pasando a España desde hace tiempo con el ilegal “procés” secesionista de Cataluña, al extremo de que estamos a punto de quemarnos, si es que no nos hemos quemado ya. Ni los sucesivos gobiernos que ha habido en España, ni los respectivos partidos que los han sostenido, han estado a la altura de las circunstancias y, más pendientes de las estabilidades gubernamentales o de los réditos electorales que de la consolidación democrática, han ido alimentando la bicha nacionalista, hoy convertida en monstruo independentista, a base de concesiones intolerables a su insaciable voracidad competencial y a base de mirar para otro lado cuando, rebasando dichas competencias, los gobiernos autónomos han ido saltándose, intolerable e indecentemente, la legalidad vigente, actuado descaradamente al margen de la Ley y socavando peligrosamente el Estado de Derecho. Al final, de aquellos polvos, estos lodos, y hoy estamos abocados a afrontar un difícil desafío totalitario, consolidado y plagado de demagogias, mentiras y verdades a medias, que han ido calando impunemente en algunos sectores de la ciudadanía gracias además a las interesadas ambigüedades sobre determinados conceptos y a las equidistancias calculadas con los independentistas por parte de determinados partidos democráticos, que, en vez de posicionarse clara y contundentemente del lado de la democracia y la legalidad sin fisura alguna ni resquicio para otorgar la más mínima credibilidad a los totalitarismos secesionistas, prefieren anteponer sus intereses particulares al esencial interés democrático general. Es inaplazable pues desenmascarar de una vez por todas a quienes están firmemente del lado del Estado de Derecho y a quienes, jugando al despiste, siguen alimentando el monstruo del independentismo totalitario con inexactitudes demagógicas sobre procesos y conceptos básicos que, planteados de forma genérica interesada, se presentan de forma engañosa a la ciudadanía.
            De entrada hay que aclarar que en democracia, en cualquier Estado de Derecho, nadie está por encima de la Ley, democráticamente establecida, ni de los procedimientos acordados para modificarla, por lo que ningún gobernante o institución democrática puede actuar de manera absolutista sobre competencias que no le corresponden. Por tanto, al margen de la bondad o maldad de las pretensiones que se tengan, ni Rajoy ni Puigdemont, ni el Gobierno Español ni la Generalitat de Cataluña, pueden pactar un “referéndum independentista” no contemplado en nuestro marco legal; ni el Parlament tiene potestad para instarlo, pues sólo las Cortes Generales, sede de la soberanía nacional, estarían capacitadas competencialmente para, previa modificación de la ley, permitirlo o no en el futuro. Y Puigdemont se niega a exponer su proyecto en el Congreso, tal como le indica Rajoy, actuando no sólo al margen de la ley, sino además instando a que lo haga el Presidente del Gobierno.
            Y, por si lo anterior no fuera suficiente para oponerse al “procés”, los independentistas engañan a la ciudadanía jugando con conceptos genéricos e imprecisos como el “derecho a decidir”, inexistente en la legalidad internacional y en el derecho constitucional, sin precisar qué decidir y cómo decidirlo, lo que, mezclado con conceptos resbaladizos y ambivalentes, como “nación” o “pueblo”, se convierte en una verdadera bomba antidemocrática en manos de los totalitarismos. En efecto, al igual que ellos hablan de “nación catalana” o “pueblo catalán” está acuñado y asumido en términos jurídicos e históricos los conceptos de “nación española” o “pueblo español”, al que pertenecen, entre otros, el territorio de Cataluña y los catalanes, sobre todo, porque así lo han ido decidiendo conjuntamente a lo largo de la Historia compartida, incluido el referéndum que ratificó la vigente Constitución Española, con amplísimo respaldo de los catalanes, y que define a España como “nación”, fundamentándose en su “indisoluble unidad” como “patria común e indivisible de todos los españoles”. Por tanto, no estamos ante un inexistente, impreciso y genérico “derecho a decidir”, que ya satisficieron los catalanes y el resto de españoles, sino ante el existente, preciso y concreto “derecho a la autodeterminación de los pueblos”, que en el derecho internacional queda restringido a “pueblos y países sujetos a dominación colonial” o a pueblos sometidos a dominación racista o extranjera que no gocen de libertad ni tengan derechos ciudadanos, lo que obviamente no es el caso de Cataluña, por lo que siempre prevalecería el principio de “integridad territorial del estado” al que pertenece y del que forma parte desde hace siglos.
Así pues, una hipotética independencia de Cataluña, máxime si se lograra por vía unilateral y al margen de la ley, estaría condenada directamente a la repulsa generalizada del orden internacional establecido, pues sería una violación al mismo, inadmisible para la inmensa mayoría de los Estados que conforman el actual mapa mundi político. Jugar pues con supuestos derechos a decidir, con nación de naciones españolas y con cosas por el estilo es sencillamente apostar por el totalitarismo frente a la democracia.  
                        Fdo. Jorge Cremades Sena

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