PUIGDEMONT, LA ÚLTIMA PALABRA

                   Tras la insólita comparecencia de Puigdemont en el Parlament de Cataluña y su ambigua y confusa declaración de independencia, que aplaza y suspende segundos después, para, finalizada la sesión, sin votación alguna y sin replica siquiera a las intervenciones de los parlamentarios de la oposición, encerrarse en una sala del edificio y firmar junto al resto de diputados independentistas una atípica y extraoficial declaración de independencia y la consecuente proclamación de una supuesta República de Cataluña, provocando la pertinente convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario por parte de Rajoy para dar respuesta a tan incomprensible y antidemocrática situación, ha llegado definitivamente la hora de la verdad. En efecto, el Gobierno de España, con el apoyo mayoritario de la oposición en el Congreso (es decir, de PSOE y Ciudadanos, que con el PP suman más del 70% de la Cámara), emplaza a Puigdemont a que urgentemente aclare a las instituciones y a todos los españoles, incluidos los catalanes, si realmente ha proclamado la independencia unilateral de Cataluña y que lo haga con un escueto “sí” o “no” para saber a qué atenernos y despejar definitivamente las dudas y confusiones generadas al respecto con su rocambolesco comportamiento en el Parlament, que ni entienden propios ni extraños, y así, aclarada de forma transparente la situación, poder obrar en consecuencia con los instrumentos democráticos que tiene el Estado de Derecho para afrontar este tipo de situaciones kafkianas. Se acabaron pues las amenazas, los chantajes y las bravuconadas del Govern de la Generalitat hacia el Estado de Derecho, arropadas siempre con excesivas dosis de demagogias y mentiras para alimentar a su vez un victimismo embustero y el odio a todo lo que huela a español, como si los catalanes no fueran artífices y, por tanto, corresponsables, junto al resto de españoles, de la construcción durante siglos del actual Reino de España. Se acabaron definitivamente, o debieran acabarse, los juegos del escondite, la deslealtad y las triquiñuelas por parte del principal representante del Estado Español en Cataluña para burlarlo cuando su deber, como principal autoridad catalana, rango emanado y legitimado por la Constitución, es, o debiera ser, la transparencia, la lealtad, la defensa, el respeto y el acatamiento estricto a las normas de convivencia y a las leyes y procedimientos que entre todos los españoles, incluidos los catalanes, nos hemos dado y que están recogidos en la Constitución, en el Estatut de Autonomía y en el resto de instituciones, organismos y leyes emanadas de los mismos. Por todo ello Puigdemont tiene ahora la última palabra y obviamente la responsabilidad sobre las consecuencias que se deriven de su libre decisión, pues, al fin y al cabo, al margen de sus compañeros de viaje o de aventuras rocambolescas, él es el principal responsable de lo que suceda.

                   Ya no valen escusas o pretextos para eludir responsabilidades, ni demagogias, ni victimismos para justificar lo injustificable. El tortuoso camino del antidemocrático procés secesionista ya no da más de sí y ha desembocado en un precipicio muy peligroso. O retrocedes o te lanzas al vacío. No caben medias tintas. En definitiva, o Puigdemont regresa a la senda democrática (pero esta vez de verdad) o prosigue por los atajos totalitarios que le han llevado a tan lamentable situación; es tan sencillo y tan difícil a la vez como responder claramente si ha proclamado la independencia de Cataluña unilateralmente, como le exigen sus socios de ERC y CUP, o no lo ha hecho, como desean los demócratas del mundo (ya sean de izquierdas, derechas o mediopensionistas) pues sus compañeros del PDeCat (antigua Convergencia) andan divididos y estupefactos ante el declive de su formación desde que iniciara la aventura política independentista, apoyándose en los radicales de izquierda y los anticapitalistas.

                   Tampoco valen nuevas mentiras, aunque ya las andan diciendo los voceros irresponsables en algunos medios. Ni hay amenazas por parte del Estado de Derecho, ni pretendidas humillaciones al “pueblo catalán”, como dicen algunos; simplemente hay una previa advertencia de las consecuencias que puedan derivarse de aplicar la legalidad en caso de proseguir por el camino equivocado del totalitarismo, aunque en este desmadre ideológico independentista y en sectores populistas afines, se considere que aplicar la ley a cualquier ciudadano que la transgreda es una amenaza. Y Puigdemont la ha transgredido reiteradamente, como él y los que le empujan saben de sobra (y si no lo saben, debieran saberlo), actuando al margen de la Constitución, del Tribunal Constitucional, de las sentencias judiciales y del propio Estatut de Autonomía, así como del Parlament y sus reglamentos. ¿Se imaginan que cualquier presidente autonómico, socialista o popular, hubiera hecho la mitad de lo que ha hecho Puigdemont? ¿Dónde estaría? Seguro que lo saben. Y seguro que nadie diría que por ello se humillaba al pueblo que le eligió presidente autonómico. Puigdemont tiene pues la última palabra.   

                        Fdo. Jorge Cremades Sena